Hijas e hijos de la violencia de género

Se estima que en España hay 800.000 niños y niñas víctimas de la violencia de género. De estos, 200.000 son hijos e hijas de mujeres que han recibido órdenes de protección y se calcula que de ellos, tan sólo el 4 por ciento reciben atención personalizada. Esas son las pocas cifras que hemos podido rescatar y que impiden retratar con fidelidad la situación de ese conjunto de infancias marcadas por el terror.

Hay que tener en cuenta que las estimaciones siempre se hacen a partir de las mujeres que entran al sistema por alguna de las vías previstas. El resto de cifras que se barajan tienen como objeto de atención a las mujeres que son víctimas de la violencia de género, como los datos oficiales publicados por el mismo Ministerio de Igualdad, el Observatorio de la Violencia de Género o el Consejo General del Poder Judicial.

“El escollo principal que nos encontramos es que no existen apenas registros fiables acerca del número de niños y niñas que sufren violencia de género en el hogar. La mayoría de la información en torno a éstos no se recoge de forma sistemática, o bien no se procesa. Generalmente, queda reflejada solo en el atestado policial”, afirma Elena Ayllón, Coordinadora del Proyecto Daphne de la organización Save the Children.

El dato de 800.000 menores sometidos a la violencia de género en nuestro país resulta aún más alarmante cuando se sabe que la inmensa mayoría de estos niños y niñas no están siendo atendidos adecuadamente.

Faltan recursos.

Pepa Horno Goicoechea es consultora en infancia, afectividad y protección. Para ella, el primer problema radica en que estos niños y niñas no se reconocen como víctimas de violencia de género, con unas características especiales y, por tanto, con un tipo de necesidades específicas.

“Los centros no tienen recursos adecuados, las personas profesionales que se ocupan de su tratamiento carecen de la formación necesaria. O son especialistas en el tratamiento de mujeres víctimas de violencia de género o son especialistas en infancia, pero no en el tratamiento de niños y niñas víctimas de violencia de género específicamente. Necesitamos formar un sistema de protección a las mujeres y a sus hijos e hijas, capaz de compaginar esas dos visiones y de actuar con cohesión y coordinación”, asegura.

La Ley de Medidas de Protección Integral de 2004 recoge en la exposición de motivos los efectos de la violencia de género sobre los niños y niñas, pero no especifica medidas concretas para atenderlos. Esta Ley se creó como respuesta a un contexto social que demandaba la atención a las mujeres.

“El hecho de que una madre acuda a un determinado recurso social para ser atendida como víctima de violencia de género y no exista la garantía de que este recurso va a contactar con el área de infancia y a coordinarse con sus profesionales, es lamentable”, asegura Ayllón. Para la especialista, sería necesario introducir de manera obligatoria la valoración de los hijos y las hijas de las mujeres que denuncian cuando el proceso llega a la Fiscalía.

En 2006, el informe publicado por Save the Children puso en evidencia estas carencias en la atención al colectivo. Desde entonces, las instituciones se han implicado en la respuesta a aquella denuncia con campañas sociales, creación de recursos terapéuticos especializados en varias comunidades autónomas o programas de formación para profesionales. Pero queda mucho por hacer y uno de los mayores impedimentos es el desconocimiento.

Invisibles.

“Pensar que un niño o niña es menos víctima de la violencia que sufre su madre porque, en vez de recibir también palizas o presenciarlas, las oye desde la habitación de al lado es no entender bien qué significa ser víctima de violencia. Los niños y niñas son víctimas directas de la violencia de género, víctimas de violencia psicológica y a veces también física” explica Horno.

Independientemente de que los niños y las niñas hayan estado presentes o no en escenas de violencia explícita, la tensión que se vive en estos hogares les afecta directamente y tiene consecuencias a corto, medio y largo plazo, afectando a todas las esferas de su desarrollo.

Los síntomas que sufren estos niños y niñas van desde síndromes postraumáticos como fobias, pesadillas, etc., hasta problemas de atención y concentración y muchas dificultades de relación, especialmente a la hora de establecer relaciones de confianza.

Para Consuelo Abril, portavoz de la Comisión para la Investigación de los Malos Tratos ante el Congreso, una organización de expertas y juristas que, además, cuenta con un departamento especializado en terapia con menores, “es prioritario trabajar con estos menores para que se recuperen y no reproduzcan la violencia que han vivido”.

“Tu hijo o hija sufre igual que tú”

La abogada insiste en ayudar a despejar dudas, temores, prejuicios que dificultan aún más este grave problema. “Las mujeres tienen que saber que van a tener la custodia de sus hijos e hijas de modo automático porque son víctimas de la violencia de género. Tienen que proteger a sus hijos, priorizarlos, separarlos de la violencia”. Para Abril “sería necesario cuestionar también el régimen de visitas a los padres que son maltratadores”.

La concienciación de las madres es fundamental. El maltrato a los hijos e hijas es una de las fórmulas que encuentra el agresor para hacer daño a su pareja. “En muchos casos las madres creen que los niños y niñas no se están dando cuenta”, asegura Pepa, “el momento en el que estas mujeres se dan cuenta de lo que están viviendo sus hijos es muy duro”. La especialista lanza a las madres un mensaje: “ellos también sufren, igual que tú”.

Muchos niños y niñas están viviendo en el terror de sus hogares sin que nadie se dé cuenta o sin que nadie haga nada por evitarlo. Esto pone de manifiesto que hay que fomentar los mecanismos de detección y prevención de la violencia de género. Un campo en el que el profesorado y el personal médico de atención primaria juegan un papel fundamental, pero que debe implicar a las organizaciones políticas y sociales y al conjunto de la sociedad. Y no sólo debemos plantearnos los mecanismos, sino la actitud y el emplazamiento ante un conflicto, una violencia que, aún en su cruel silencio, atraviesa las paredes y golpea en nuestras conciencias. Los niños y niñas son una parte de nosotros mismos como conjunto humano.

Fuente: Ameco Press. Gloria López.

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Mujeres inmigrantes y Violencia de Género

El 40% de las mujeres fallecidas en 2010 por violencia de género eran extranjeras, a pesar de que la población foránea sólo representa el 12% del total. Apelar a la falta de civismo de sus maridos, por el hecho de ser extranjeros, es un error, según los expertos. El análisis de estas 21 muertes indica que influyeron otros factores. Las garantías legales, por ejemplo.

La ley da la misma protección a las sin papeles agredidas que a las españolas y a las extranjeras regulares (incluso, les concede un permiso de residencia “por circunstancias excepcionales” si hay sentencia condenatoria de maltrato). Sin embargo, las consecuencias de acudir a comisaría para unas y otras varían: cuando una indocumentada denuncia a un maltratador en dependencias policiales, además de atender su caso, se le incoa un expediente de expulsión del país.

“Por este motivo, muchas se muestran reacias”, denuncia Vladimir Paspuel, presidente de la asociación hispano ecuatoriana Rumiñahui. No obstante, la expulsión se paraliza hasta que haya una sentencia firme del juez, según el Artículo 31 de la Ley de Extranjería. Si no se logra demostrar el maltrato, se la expulsará.

Uno de los objetivos de esta medida es evitar las denuncias falsas, que las sin papeles simulen una agresión para obtener la documentación. Pero esto sólo ocurre en uno de cada 530 casos, según el informe que presentó en octubre de 2009 el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El delegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente, defiende que en 2010 no se ha expulsado a ninguna sin papeles que haya acudido a comisaría por este motivo. Pero aunque no se haga efectivo, “la ley recoge la posibilidad de la expulsión y eso les aterra”, incide Paspuel.

El reglamento de la ley

Las asociaciones de inmigrantes tienen puesta su esperanza en el reglamento de la Ley de Extranjería, que se presentará en diciembre. Lorente se muestra cauto, “a la espera de los informes del Gobierno”, antes de anunciar posibles modificaciones del texto.

La nueva normativa de Extranjería aunó en diciembre de 2009 las leyes, directivas y resoluciones aprobadas al respecto en los últimos años. Pese al polémico cabo suelto de las no regularizadas, las normas han aumentado la protección a las víctimas (permisos de residencia independientes del maltratador, órdenes de alejamiento, acceso a casas de protección…).

“La legislación española es la más completa y la que más protege a las víctimas en Europa”, defiende Lorente. Sin embargo, además del miedo a ser expulsadas, muchas extranjeras se resisten a denunciar por otro motivo: “Carecen de una red social de apoyo en España, de familia y amigos. Aquí, muchas víctimas sólo tienen a sus parejas”, sostiene Paspuel.

Relaciones de poder

“El problema es la relación de poder que se establece”, opina la abogada Edurne de la Hera. La letrada pone como ejemplo “cuando el permiso de residencia de la mujer depende del hombre, porque lo obtuvo gracias a la reagrupación familiar. Si hay maltrato, una española puede irse de casa porque tiene familia o amigos, pero muchas extranjeras se sienten atadas. Y el maltratador lo aprovecha para someterla”.

Mariola, víctima latinoamericana de 24 años, critica la falta de formación en extranjería de algunos abogados. En teoría, en el juicio tendrían que haberle entregado un permiso de residencia independiente del de su pareja. “Pero nadie me asesoró, ha vencido el plazo y me he quedado sin papeles”. Sufrió agresiones durante un año. La primera vez, cuando estaba embarazada de cuatro meses. La última, después de dar a luz. Su pareja le rompió un labio, una ceja y un brazo. Al igual que el resto de víctimas del reportaje, su nombre es ficticio.

Lorente rechaza que el miedo a la expulsión sea determinante para no acudir a comisaría y esboza en tres líneas el porqué del 40% de víctimas extranjeras. En primer lugar, apela a la referencia cultural: “La violencia de género está relacionada con el dominio y el sometimiento de la mujer. Y en algunos países, está más arraigado”. Además, “al llegar a España, la mujer suele integrarse más rápido por la tipología de trabajos que desempeña y por su participación en más redes sociales. El agresor teme esta autonomía y, a veces, se cree ridiculizado. Cuando ella le va a dejar, se siente aún más cuestionado. Es entonces cuando se producen la mayoría de las muertes”.

No obstante, Lorente resta importancia a la procedencia de los agresores y se centra en la edad de los inmigrantes que viven en España. Para él, es el indicador más importante. Gran parte de las discusiones de pareja y casos de violencia de género los protagonizan personas de entre 21 y 50 años. El 46% de la población está en este tramo. “Entre la colonia inmigrante es aún mayor: el 64%. Y esto les hace ser más propensos”, asegura.

Mayor castigo para foráneos

Por otra parte, las sentencias tienen mayores consecuencias para los extranjeros que para los nacionales, porque suelen impedir la renovación de sus permisos de residencia.

“A veces, son excesivas”, reflexiona Laura, también víctima latina de 24 años. Por un momento quita peso a su condición de maltratada. Hace pocas semanas que salió de un centro de protección.

¿Mereció la pena denunciar al maltratador? Sus dos hijas enfermas son lo único que le hace vacilar. “Ahora, al tener antecedentes penales, mi ex marido ya no podrá renovar su permiso de residencia, ni trabajar, y no habrá dinero para pagar la operación de las niñas. Sin papeles, yo tampoco consigo trabajo”, lamenta. Incluso sus propios padres le recriminaron en su día que denunciase a su pareja: “Tienes que pensar en ellos, en tus hijos, no en ti”, le instigaron.

Apenas llevaba seis meses en España cuando recibió el primer puñetazo. “Si no le hubiera denunciado, la siguiente vez me podría haber matado”, valora unos minutos después. “En el fondo, sí que mereció la pena denunciarle. Fue la única forma de asegurar que seguiría con vida”, concluye.

Fuente: Público

Veinte Hombres Planean Matar a su Mujer, Según las Estadísticas

«Quince o veinte hombres están pensando ahora mismo en matar a su mujer». Es un planteamiento teórico, pero provocador el que desgrana Miguel Lorente, delegado del Gobierno para la Violencia de Género. Se basa en datos objetivos (una media de 5,2 víctimas asesinadas al mes) y en una inferencia: se está produciendo un efecto imitación en este tipo de violencia, igual que ocurre con los suicidios o con los incendios provocados.

No es culpa de nadie, pero todos tenemos algo de responsabilidad. Estamos ante lo que Lorente llama «criminales morales», con sus elaboradas convicciones a lo largo del tiempo y «sus» argumentos cargados de razón, que van llenando de resentimiento, de ahí que se sepa que hay un grupo de varones que albergan la idea del asesinato. Esa es la razón que explica también por qué el 40 por ciento de estos agresores se suicidan o lo intentan tras cometer su crimen.

«Cuantos más mensajes perciba que apoyen su idea, más se refuerza» —explica Lorente—. La imagen de la víctima muerta en mitad de la calle; su madre que la llora, las amigas descompuestas… «Así la tengo que ver yo», piensa el que se convertirá en futuro asesino mientras elabora su plan. La imitación desencadena acumulación de asesinatos en cortos periodos de tiempo —en abril y julio hubo nueve mujeres muertas cada mes—, por un lado, y repetición de formas de matar extrañas, por otro. Solo hay que observar este septiembre. El día 10 un hombre de Guinea Bissau mató a martillazos a su ex pareja; cinco días más tarde, un español acabó de la misma forma con la vida de su mujer, de la que se estaba separando, en un pueblo de La Coruña. La semana pasada, otro maltratador decapitó a su ex mujer en Córdoba antes de suicidarse; se lanzó desde un poste eléctrico cuando iban a detenerlo. Su imitador degolló a su antigua pareja, que vivía aterrorizada, siete días después en Moncada (Castellón).

La guerra de cifras es una de las constantes al hablar de violencia machista: 52 mujeres han sido asesinadas en lo que va de año y hay tres casos más que se investigan, según datos del Ministerio de Igualdad. De confirmarse las muertes en estudio, ya se habría llegado al total del año pasado que fue, es cierto, el menos sangriento de la década.  Así estamos ante un terrible 25 por ciento de aumento de la peor cara de la violencia machista, la que nunca tiene vuelta atrás, y eso mientras ha descendido el número de denuncias y según datos de la Fiscalía y de Interior se han producido menos faltas y delitos en el ámbito de la violencia familiar en lo que llevamos de año. La caída de denuncias, al contrario de lo que se piensa, es un mal indicador. Algunos de los datos de este «terrorismo doméstico» provocan dentelladas: solo una de cada cuatro mujeres ya enterradas había denunciado este año (13).

«Tenemos que mejorar el elemento de seguridad en cuanto a valoración del riesgo, las herramientas que nos pueden ayudar a identificar mejor si una víctima corre peligro», señala el forense Lorente. La psicóloga María José Bueno, responsable del Área de violencia de la Federación de Mujeres Progresistas, coincide. «Denunciar no es la panacea, pero sí el mecanismo necesario para activar los elementos de seguridad y protección». No se sabe a ciencia cierta por qué han descendido las denuncias aunque hay algunas pistas.

Denuncias falsas

«La campaña de ciertos sectores en torno a las denuncias falsas de mujeres les está haciendo mucho daño», sostiene Lorente. «Si perciben una actitud crítica hacia ellas, se retraen a la hora de pedir ayuda». «La respuesta judicial, a veces insuficiente, provoca que se retiren del proceso», explica la psicóloga María José Bueno. «Y para muchas víctimas es inasumible pensar en que el padre de sus hijos, la persona a la que tanto han querido puede acabar en la cárcel si ellas le señalan con el dedo».

El tercer motivo pasa por la «victimización» en la que a veces se ven inmersas. No todos los servicios de atención están a la altura. «Con un buen parte de lesiones, es raro que haya problema. Cuestión distinta es el caso de la violencia psicológica que machaca y anula como la peor bofetada o paliza. Aquí queda mucho por hacer», recalca Bueno.

Esta semana el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ofrecía un dato contundente: 37 mujeres están en situación de riesgo extremo o lo que es lo mismo: cualquiera de ellas puede ser la siguiente de la lista negra. Además hay otras 32.848 víctimas que cuentan con protección. Cada una no puede tener un policía en su puerta, pero existen algunos instrumentos para valorar ese peligro: si el individuo tiene armas, si está sometido a una situación de especial estrés, si bebe o se droga, aunque estos consumos no tienen nada que ver con los asesinatos. Todo suma y todo asusta. Por eso, para quitar ese miedo y que la violencia entre cuatro paredes quede sin condena, los fiscales acaban de proponer que las maltratadas tengan que declarar de forma obligatoria contra su cónyuge. Lo contrario, la dispensa, se ha convertido en una vía de escape e impunidad.

Fuente: ABC

Igualdad explicará cómo tratar la violencia machista en los medios de comunicación

El Ministerio de Igualdad quiere impartir cursos a los periodistas en materia de violencia de machista. A través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, el ministerio de Bibiana Aído ha remitido una carta a los medios de comunicación para ofrecer dichos talleres a sus redactores.

El delegado en la materia, Miguel Lorente, incide en la importancia de “mejorar la forma de informar sobre violencia de género, no sólo para concienciar sino para no generar elementos que puedan suponer un mayor riesgo” para las víctimas.

Los cursos se realizarán en las propias redacciones para que acuda el mayor número de personas. Y cómo material de trabajo utilizarán “el que ellos mismos elaboran para ver aquellos elementos que son positivos y tratar de corregir y mejorar aquellos aspectos que pueden actuar en sentido contrario, tanto por el contenido como por la forma de abordarlo”, explica Lorente.

El objetivo es “hacerlo primero” en las redacciones de contenidos “informativos” y después, a las de “entretenimiento, donde hay mucho sector social que recibe mensajes que pueden ser equívocos”.

Asimismo, Lorente confirma que se celebrará una reunión del Ministerio de Igualdad con las comunidades autónomas a la vuelta del verano para tratar, entre otros, la cobertura informativa de la violencia de género “para que la información que den sea útil para el objeto de informar, de formar opinión y actuar críticamente con los maltratadores”.

Evitar el efecto imitación

Lorente sostiene que en la sucesión de crímenes machistas influye un “efecto imitación” por el que un agresor que ya tiene en mente matar a su víctima, recibe por los medios de comunicación elementos como para precipitar su decisión y llevarla a la práctica, teoría que ha sido cuestionada en sede parlamentaria por el Grupo Popular.

“El efecto imitación existe, lo que tenemos que identificar es cómo se produce y en qué casos se lleva a cabo”, explica el delegado del Gobierno, para quien “la repetición de conductas es algo muy humano” y muchas veces el agresor “necesita elementos que refuercen su decisión”.

No obstante, aclara que “eso no quiere decir que el efecto imitación sea el precipitante ni el único elemento, que siempre será la voluntad del agresor”. “Pero se trata de elementos que facilitan o no facilitan y tenemos que entender que actúa en un porcentaje de casos, aunque bajo, y que lo hace de manera muy diferente y muy distinta respecto de unos agresores u otros”, añade.

Fuente: El Mundo

La mayoría de mujeres maltratadas ha pensado en suicidarse

El suicidio continúa figurando como un camino de salida falso para las mujeres que sufren violencia machista. El 80 por ciento de la población femenina maltratada ha pensado en suicidarse, mientras que un 64 por ciento de ellas lo ha intentado.

Así lo confirma un estudio que englobó los casos de 100 víctimas de violencia de género durante el año 2005. La investigación ha sido publicada en el libro “Suicidio y violencia de género”, en el cual se presentan los datos derivados de un análisis en siete comunidades autónomas en centros de acogida y puntos de atención a víctimas de maltrato.

Con el fin de visibilizar estos datos y trabajar para que los niveles del suicidio en la población femenina sean considerados como una prueba de la comisión de delito de inducción al suicidio, la abogada Cruz Sánchez de Lara, debatió y analizó este tema la tarde de ayer en el Taller-Conferencia; “Violencia de género y suicidio”, realizada en la sede de la Plataforma de Mujeres Artistas contra la Violencia de Género.

“Es necesario que se tenga en cuenta el riesgo de suicidio que sufren las mujeres sometidas a violencia doméstica” aseguró la abogada, y llamó la atención acerca de que las estadísticas de suicidio se deben tener en cuenta las variables e incidencia para poder castigar jurídicamente a los hombres que ejercen violencia contra ellas y las “inducen” al suicidio.

“Los hombres que llevan a las mujeres que maltratan a la muerte deben ser culpables por ello. Las mujeres no son conscientes de que son víctimas de violencia y elijen el camino falso; de forma desesperada ven la muerte como una solución” explicó Sánchez de Lara al nutrido aforo que se acercó a debatir y comentar el estudio.

Según la investigación, un 73% de las mujeres que quería morir tenían hijas e hijos, el método más utilizado para el intento de suicidio fue la ingesta de pastillas y el 69% de las mujeres que atentó contra su vida había sido víctima de maltrato físico y psicológico. Sin embargo, las parejas de esas mujeres no se sintieron culpables de sus actos violentos y las culparon a ellas de intentar quitarse la vida.

“La reacción de las parejas no era la de sentirse culpables, ellos terminaban culpándolas a ellas por intentar suicidarse” agregó la también responsable del área jurídica de la Plataforma de Mujeres Artistas.

La conferencista y el público participante coincidieron en trabajar para que el sistema sanitario de España “contemple el suicidio en mujeres víctimas del maltrato como un factor y una evidencia de la comisión del delito, pudiendo incluso condenarse en concurso con el delito de inducción al suicidio a los maltratadores”.

“Jurídicamente las mujeres no estamos protegidas completamente. No tenemos un sistema que nos proteja en estos casos, y como muchas mujeres maltratadas no saben que lo son, y no denuncian, la problemática aumenta” indicó Cruz Sánchez.

El libro es un trabajo de investigación realizado por el forense Miguel Lorente, la abogada Cruz Sánchez de Lara y la psicóloga Covadonga Naredo.

Fuente: Ameco Press. Argelia Villegas López.

El IAM Atendió 2.300 Consultas de Inmigrantes sobre Violencia de Género.

“Cada vez son más las mujeres que emigran solas para mejorar económicamente y tienen menos miedo a denunciar un caso de violencia de género”, apunta Soledad Pérez, directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM). Son las conclusiones que más destacan después de un año en el que fueron atendidas 15.314 mujeres inmigrantes en el IAM de las 319.707 empadronadas en Andalucía.

La mayoría eran jóvenes de entre 20 y 35 años y procedían de Sudamérica, el Magreb y Europa del Este, según informó ayer la consejera de Igualdad, Micaela Navarro.

Entre los distintos servicios prestados, ya sea desde los centros provinciales y municipales de Información a la Mujer como los realizados en colaboración con las ONG, destacan los casos relacionados con la violencia de género (2.317 consultas, que representan un 15%) y el asesoramiento especializado en derecho de extranjería (1.818 consultas, que suponen casi un 12%).

Pérez cree que, tras la modificación de la ley de derechos y libertades de los extranjeros en España, aprobada en diciembre de 2009, serán más las inmigrantes maltratadas que acudan al IAM para ser aconsejadas, sin miedo a denunciar al agresor. “La mujer sin permiso de residencia temía denunciar por miedo a que su situación de irregularidad se descubriera y fuera expulsada del país”, recuerda. La nueva norma se elaboró con el objetivo de que las mujeres inmigrantes denunciaran. La mujer que dé este paso puede permanecer en el país hasta que se dicte sentencia, que “suele conocerse por juicio rápido, en menos de tres meses”. En el caso de que el acusado sea culpable, la víctima consigue el permiso de residencia y de trabajo, según Pérez.

“Hace 10 años, la inmigración estaba muy masculinizada”. La consejera destacó que las mujeres inmigrantes tienen su propio proyecto migratorio, motivado por la búsqueda de mejoras económicas. A través del servicio de atención jurídica, el instituto, en colaboración con las ONG con las que trabaja, asesoró a las mujeres que, por motivos de arraigo, estaban interesadas en conocer asuntos especializados en derecho de extranjería: por motivos conyugales, sociolaborales, permiso de trabajo. La mayoría de las atendidas procedían de países sudamericanos. Según Pérez, existe una diferencia fundamental entre estas mujeres que emigran solas y las que proceden de África: “Las primeras intentan reagrupar a su familia en torno a ella, mientras que las africanas emigran en momentos puntuales para trabajar -en campañas agrícolas- y, luego, vuelven a su país de origen”.

Fuente: El País