Adiós al sur de Europa.

Que China está en auge es un hecho sabido. En el año 2000, China era la sexta economía del mundo. Diez años después, ya es la segunda. Y de seguir así las cosas, en 2050 asumirá el liderazgo como primera economía mundial. A largo plazo, los efectos para Europa de este desplazamiento de poder serán profundísimos: si hoy hay siete países europeos entre las 20 economías más grandes del mundo, esta cifra se va a ir reduciendo progresivamente hasta que en torno a 2050 solo queden cuatro, y ninguno de ellos estará entre los cinco primeros.

Para el sur de Europa los efectos son evidentes sin necesidad de acudir al largo plazo. Alemania no solo exporta ya más a China que a España sino que el potencial de crecimiento de esa relación comercial es prácticamente ilimitado en comparación al atractivo que ofrece el mercado español. Por ello, cada vez más, y especialmente como consecuencia de la actual crisis financiera y de deuda, Alemania percibe al sur de Europa como una rémora, y no, como hizo en el pasado, como un aliado estratégico.

La indiferencia hacia el sur de Europa con la que Alemania está gestionando la revisión del Tratado de Lisboa lo dice todo respecto a cuáles son las prioridades de Berlín estos días. El alza registrada por las primas de riesgo de Irlanda y Portugal, también de España y Grecia, prueba que estamos ante un círculo vicioso que se estrecha progresivamente hasta estrangular al sur de Europa: Alemania promueve una discusión sobre un mecanismo de reestructuración de deuda que, lejos de ser un ejercicio teórico o institucional, se acaba convirtiendo, debido al nerviosismo que desata en los mercados financieros, no solo en un factor que justifica la puesta en marcha de ese mecanismo, sino en un elemento más que, a sus ojos, prueba la debilidad del sur de Europa. En definitiva, una profecía autocumplida.

Como consecuencia de la crisis, el sur de Europa no solo despierta cada vez menos el interés de Alemania, sino que, inversamente, sus debilidades llaman cada vez más la atención de China. El compromiso adquirido en Lisboa por el presidente chino, Hu Jintao, de comprar deuda portuguesa para ayudar a un “amigo en dificultades”, sumado a las recientes adquisiciones chinas de deuda española y griega, dejan entrever algo bastante preocupante: que después de haber comprado las materias primas de África a golpe de talonario, los líderes chinos se han fijado un nuevo objetivo en Europa, y se están aproximando a ella por su periferia más débil.

Curiosamente, sin embargo, la crítica recurrente que se hace sobre la deliberada ausencia de condicionalidad política en la estrategia africana de Pekín no puede hacerse en el caso de Europa. Más bien al contrario, si en el continente africano China obvia las cuestiones relacionadas con la democracia y los derechos humanos, en Europa su sensibilidad es exactamente la contraria ya que utiliza sin rubor las palancas de la deuda y la inversión para obtener todo tipo de concesiones políticas, especialmente en materia de derechos humanos. Prueba de ello es la confianza que el Gobierno ha depositado en su petición pública, más bien conminación, a los embajadores europeos en Oslo para que no acudan a la ceremonia de concesión del Premio Nobel de la Paz a Liu Xiaobo. Pekín cruza aquí una evidente línea roja al coaccionar a los europeos de forma tan pública como descarada. Cierto que, hasta ahora, la estrategia de Pekín de sobre reaccionar agresivamente en todo lo relacionado con su soberanía ha funcionado satisfactoriamente.

Víctima del éxito de sus intimidaciones, Pekín no se da cuenta, sin embargo, de que está exponiendo de forma tan flagrante sus inseguridades y debilidades que, en algún momento, los demás van a aprender a explotarlas. Es difícil que Alemania y Reino Unido, con una diplomacia más acostumbrada a las fricciones en materia de derechos humanos, se dobleguen ante las presiones chinas. Pero para los europeos del Sur las cosas son más difíciles, pues juegan entre la supervivencia a corto plazo y la irrelevancia en el largo plazo. Alarmado ante la visión de un Sarkozy que en dos semanas ha dado dos importantes golpes de timón (con Londres en materia de defensa y con Berlín en lo relativo a la gobernanza del euro), en ambos casos sin contar con el sur de Europa, el ministro de Exteriores italiano, Franco Frattini, ha sugerido crear un directorio o G-6 europeo que agrupara a los seis grandes de la UE. Sin embargo, París, Londres y Berlín ni siquiera han respondido, tan centrados como están en ocuparse de sus propios intereses globales. El sur de Europa debe ponerse a pensar, ya.

José Ignacio Torreblanca – El País


La UE tranquiliza a los mercados.

La UE anda perdiendo el trasero esta mañana -inquieta, desasosegada, sin haber dormido en toda la noche- para “tranquilizar a los mercados”, según nos cuentan los titulares.

Irlanda tiene problemas -y bien que se los cobran “los mercados” en intereses, a Irlanda y a todos los que nos han metido en el saco de sus objetivos especuladores- y los pobrecitos mercados se asustan. Son tan volubles, además. Irlanda era su ojito derecho pero algo hizo mal, no sabemos qué, y ahora hay que castigarla. En las pasiones, la entrega es mala consejera: desmotiva. Aunque igual no es eso lo que ha ocurrido.

Sensible, ojerosa, reteniendo las lágrimas con pudor, preocupada ante el amo y el amor -que tantas veces se confunden en las relaciones enfermizas-, la UE le dice a su mimado objeto de deseo que el fondo de rescate de Irlanda “no contempla que los inversores privados de los bonos irlandeses asuman pérdidas” en el caso de que este rescate llegue a producirse. Ya lo harán los asalariados, pensionistas o parados.

Los inversores privados solo están para ganar dinero. Nada más. Sin producir nada que contribuya al bienestar de la sociedad. Lo único que importa es su propio disfrute, a costa de lo que sea. Los ciudadanos de los países únicamente justifican su existencia en que los mercados ganen dinero. En magnitudes obscenas en numerosos casos.

Pero, aún así, los mercados dudan. ¡Cómo son! ¿Les ha dado algún motivo la UE y todos los gobiernos que la componen para dudar?

Rosa María Artal – Comité de Apoyo de ATTAC España

Una “dictablanda” en Europa.

Portugal, entre 1926 y 1974, España, entre 1939 y 1975, y Grecia, entre 1967 y 1974, vivieron bajo regímenes dictatoriales. Los procesos de democratización casi simultáneos de estos países fueron considerados como la primera manifestación de una ola democratizadora que en los años siguientes habría de recorrer los países del subcontinente latinoamericano. Si no hacemos nada para corregir el curso de las cosas, dentro de algunos años se dirá que Portugal, España y Grecia vivieron, entre fines del siglo XX y principios del siglo XXI, un brillante pero breve interregno democrático. Habrá durado menos de cuarenta años, entre 1974/1975 y 2010.

La dictadura portuguesa fue la más larga de todas y en ella me concentro en este análisis, aunque mucho de lo dicho se aplique a España y Grecia. En los 48 años que precedieron a la revolución del 25 de abril de 1974 (la Revolución de los Claveles), Portugal vivió bajo una dictadura civil nacionalista, personalizada en la figura de Oliveira Salazar. A partir de 2010 entró en otro período de dictadura civil, esta vez internacionalista y despersonalizada, conducida por una entidad abstracta llamada “los mercados”. Las dos dictaduras comenzaron por razones financieras y después crearon sus propias razones para quedarse. Ambas llevaron la pobreza al pueblo portugués, al que dejaron a la zaga de los pueblos europeos. Pero mientras la primera eliminó el juego democrático, destruyó las libertades e instauró un régimen de fascismo político, la segunda mantiene el juego democrático, pero redujo al mínimo las opciones ideológicas, mantiene las libertades, pero destruyó las posibilidades de que sean efectivamente ejercidas e instauró un régimen de democracia política combinado con fascismo social. Por esta razón, la segunda dictadura puede ser designada como “dictablanda”.

Las señales más preocupantes de la actual coyuntura son las siguientes. Primero, está aumentando la desigualdad social en una sociedad que ya es la más desigual de Europa. Entre 2006 y 2009 aumentó en un 38,5 por ciento el número de trabajadores que perciben el salario mínimo (450 euros): ahora son 804 mil, es decir, cerca del 15 por ciento de la población activa; en 2008 un pequeño grupo de ciudadanos ricos (4051 unidades fiscales) tenían ingresos similares al de un gran número de ciudadanos pobres (634.836 unidades fiscales). Si es verdad que las democracias europeas valen lo que valen sus clases medias, la democracia portuguesa puede estar a punto de suicidarse.

Segundo, el estado de bie-nestar, que permite corregir en parte los efectos de la desigualdad, es muy débil en Portugal y aun así está bajo un ataque cerrado. La opinión pública portuguesa está siendo intoxicada por comentaristas políticos y económicos conservadores –dominan los medios de comunicación como en ningún otro país europeo—, para quienes el estado de bienestar se reduce a los impuestos: sus hijos son educados en colegios privados, tienen buenos seguros de salud y sentirían que sus vidas corren peligro si tuvieran que recurrir “a la porquería de los hospitales públicos”, no utilizan el transporte público, reciben cuantiosos salarios y acumulan cuantiosas pensiones. El estado de bienestar debe ser abatido. Con un sadismo indignante y un monolitismo ensordecedor, van insultando a los portugueses empobrecidos con la letanía liberal de que viven por encima de sus posibilidades y que la fiesta se terminó. Como si aspirar a una vida digna y decente, y comer tres comidas diarias fueran lujos reprobables.

Tercero, Portugal se transformó en una pequeña isla de lujo para los especuladores internacionales. ¿Tienen otro sentido los actuales intereses de la deuda soberana de un país del euro y miembro de la Unión Europea? ¿Dónde está el principio de cohesión del proyecto europeo? Para regocijo de los profetas de la desgracia nacional, el FMI ya está dentro del gobierno portugués y, en breve, anunciará lo que los gobernantes no quieren anunciar: que este proyecto europeo terminó.

Revertir este proceso en Portugal es tan difícil como revertirlo en Grecia o España, pero es posible. Mucho deberá hacerse a nivel europeo y a mediano plazo. En el corto plazo, los ciudadanos tendrán que decir basta al fascismo difuso instalado en sus vidas y reaprender a defender la democracia y la solidaridad, tanto en la calle como en el Parlamento. La huelga general será más efectiva cuanta más gente salga a las calles para manifestar sus protestas, como ha sucedido en Francia. El crecimiento ambientalmente sostenible, la promoción del empleo, la inversión pública, la justicia fiscal, la defensa del estado de bienestar, la democracia participativa, la solidaridad activa con los inmigrantes y el repudio de las políticas xenófobas (que a veces alcanzan a los propios ciudadanos europeos, como pasa con la población gitana en Francia) tendrán que regresar al vocabulario político a través de acuerdos eficaces entre los movimientos sociales y los partidos de izquierda que resistieron la devastación neoliberal de las últimas dos décadas.

Boaventura de Sousa Santos – Página 12


Ignacio Ramonet: «Los periodos de crisis hacen surgir a monstruos como Hitler o Stalin».

Entrevista en La Opinión de Málaga

No acostumbra a fumar puros. Tampoco luce una barba prusiana, pero su literatura, cerebral y atrevida, le ha convertido en uno de los grandes gurús de los movimientos sociales. Profesor de La Sorbona, consultor de la ONU, ideólogo de Attac, Ramonet participó ayer en el ciclo de conferencias Europa en el mundo: nuevos retos y compromisos, organizado en el marco de la iniciativa Málaga Mundi.

¿Europa está haciendo los deberes para salir de la crisis?
Europa no ha aprendido la lección y no ha sabido plantear una alternativa al sistema, pese a que en el momento de estallido de la crisis, la mayoría de los países apostaba por regularizar el mercado. El capitalismo se basa en la armonía entre las leyes y el mercado y la deriva ultraliberal tiene sólo treinta años. La historia ha demostrado que los dos extremos son perversos, la intervención totalitaria en la economía y la ausencia de controles. Los países más poderosos han optado por salir de la crisis mediante dos vías: estimulando la economía, como está haciendo Estados Unidos, o priorizando la fortaleza de su moneda, que es el objetivo de Europa, lo que hace que muchos países deficitarios no puedan subirse a la evolución. Sin alternativas, la crisis volverá.

¿Hacia dónde se encamina la Unión Europea?
La Unión Europea es un concepto insólito en el mundo. Nunca antes se habían unido países tan diferentes con un objetivo común, lo que ocurre es que lo que antes se podía entrever como una solución puede llegar a ser un problema. Muchos países se han beneficiado de su entrada en la UE, pero en el futuro no es descabellado que se dé un movimiento centrífugo. La fortaleza del euro impide que muchos gobiernos puedan devaluar su moneda y sacar ventajas de las exportaciones, por lo que se intenta reducir costes a cuenta de los trabajadores. No hay que olvidar que el retraso de la jubilación responde a una consigna europea aprobada en 2002.

¿Se ha perdido la oportunidad de humanizar el capitalismo?
La sensación es ésa. Hace ya años que agentes como el Papa Juan Pablo II hablaban de la necesidad de humanizar el mercado, pero en eso es difícil en una fase tan neoliberal como la actual. Materialmente, sin embargo, es más que posible. Europa camina hacia el desmantelamiento del Estado del Bienestar y la gente se pregunta cómo puede ocurrir si se tiene en cuenta que la situación económica, a pesar de la crisis, es mucho más poderosa que cuando se crearon sistemas como la Seguridad Social, con un continente arruinado por la guerra.

¿El proceso de pérdida de derechos es inexorable?
Es una de las consecuencias de la globalización. Actualmente no hay nada que se mueva más rápido que el capital. La competencia de un trabajador español no es un trabajador español sino uno de países en los que los costes de producción, por la falta de garantías, son más baratos. Las empresas se deslocalizan e, incluso, en algunos casos ofrecen a los trabajadores la oportunidad de contar con ellos, pero eso sí, con el salario de este tipo de países.

¿Qué me dice de la ola de protestas ciudadanas? ¿Podrían dar otro rumbo a la historia?
Por el momento lo que se ha visto es la desesperación. Hay muchas personas que ya han agotado las prestaciones sociales. Se han dado casos de movilizaciones violentas, execrables, como las de Grecia, que miden el nivel de falta de soluciones de la población. Hasta ahora, no han servido para que los países cambien de política, pero la historia todavía no está escrita.

¿Teme un avance de la xenofobia y de la ultraderecha?
Ese avance ya se está produciendo. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, nunca hubo tantos países gobernados por la ultraderecha. Se tiende a culpar a los más débiles, al extranjero y eso se está dando también en gobiernos más moderados como el de Sarkozy. En Europa cunde la islamofobia y ahí está el peligro. No hay que confiar en la crisis para una solución constructiva y democrática, estos momentos históricos hacen aparecer monstruos como Hitler o Stalin.

Usted es hijo de republicanos exiliados, ¿cómo ha vivido la polémica en torno a la recuperación de la memoria histórica?
El proceso contra Garzón ha sido escandaloso. Es un caso insólito en Europa y ha sorprendido al mundo, que empieza a pensar si la instalación de la democracia está o no concluida en España. Exhumar las sepulturas es, si me apura, de caridad cristiana y no tiene nada que ver con reavivar los odios. Una controversia así impide a España dar lecciones a los países latinoamericanos que salen de regímenes totalitarios.

El ajuste de Krugman.

Hace algún tiempo el Nobel Krugman, refiriéndose a la economía española y tras observar el gran déficit de la balanza por cuenta corriente que había acumulado, que revelaba su débil posición competitiva, sostuvo que nuestro país se enfrentaba a un dilema. O bien recurría a la devaluación para abaratar las exportaciones y encarecer las importaciones, o bien producía un ajuste interno de precios y salarios con los mismos objetivos. Pero llegaba, inicialmente, a la conclusión que la devaluación no era posible por la pertenencia a la moneda común del euro, al cual lo consideraba como algo irreversible, decantándose, en consecuencia, por el ajuste interno.

Posteriormente cambió de opinión y vino a decir que aunque la operación de abandonar el euro era costosa y compleja, al final la estimaba como la opción más lógica, pensando en los interrogantes de los efectos y en las dificultades de un ajuste interno. En todo caso, hasta ahora la salida del euro no se ha producido, no se vislumbra en lo inmediato a pesar de que la economía española y otras economías integradas en la moneda única no acaban de digerir la pertenencia al euro y en ocasiones ha habido momentos, como en mayo pasado, en que todo parecía posible.

Se puede afirmar, pues, que la opción por el ajuste interno es la que prima por el momento. Y no tanto porque haya sido la alternativa elegida ante el dilema como porque se está imponiendo hasta el momento por la vía de los hechos. No hay un pacto social como postulaba Krugman para abordar el problema -cosa que podía considerarse imposible-, pero la realidad es que los salarios, fundamentalmente, están ajustándose a la baja, ya sea por las condiciones socioeconómicas, el paro masivo, la paralización de la negociación de los convenios o el recorte por la vía legal ,como ha sucedido con los sueldos de los funcionarios.

Frente a la devaluación, es decir la salida del euro, el ajuste interno tenía dos inconvenientes. El primero es que con él no se lograba el efecto general de abaratar exportaciones y encarecer importaciones como ocurre cuando un país devalúa su moneda: todas las mercancías y todos los servicios que se intercambia con el exterior recogen de inmediato el impacto de la variación del tipo de cambio. Un ajuste interno, por el contrario, como es producto de las circunstancias particulares de los distintos sectores productivos y de la casuística que se da en las empresas, desde situación económica de ellas, la posición defensiva de los sindicatos, y reacciones empresariales para obtener beneficios, origina un cambio muy desigual en los precios de los distintos bienes y servicios, y por tanto un ajuste también muy irregular en los precios de las exportaciones, con efecto más difíciles de evaluar en los intercambios exteriores.

Por otro lado, una devaluación de la moneda no tiene efectos depresivos sino más bien lo contrario, ya que favorece las exportaciones y la demanda interna frente a las importaciones, mientras que el ajuste interno de salarios, en la medida en que no se acompaña de un ajuste inmediato y semejante de los precios (en ese caso todos los precios relativos internos no se modificarían, pero sí con respecto a los precios exteriores, lo que sería equivalente a la devaluación), tiene un impacto recesivo sobre la actividad y la demanda, lo que si bien puede resultar beneficioso para corregir el problema del déficit exterior de una economía, agrava otros problemas como pueden ser una mayor desigualdad en la distribución de la renta, el aumento del déficit público por el impacto de la depresión en la recaudación impositiva y, sobre todo, lleva aparejado un incremento del paro, que en el caso de la economía española no se puede considerar como una secuela secundaria.

El déficit por cuenta corriente de la balanza de pagos española se ha corregido de un modo acusado a lo largo de 2009 y 2010. Desde el 9,7% del PIB que se registró en 2008, quedó reducido al 5,4% en 2009, y estará en torno al 4,7% en este año. Se podría pensar, por tanto, que la opción del ajuste interno está produciendo los efectos deseados y que cuando la economía se encamine a una recuperación no lo hará ya con la rémora de un desequilibrio exterior insostenible. De hecho el Gobierno de los brotes verdes, proclive a ver en el canto de un pajarillo, en cualquier dato insignificante, un anuncio de que lo peor de la crisis ya se ha superado, no deja pasar ocasión de resaltar y apuntarse como un éxito que el déficit exterior ha disminuido considerablemente.

En mi opinión, sin embargo, no sólo hay que ser más precavidos sino que sostengo que la importante cuestión de si la economía española podrá sobrevivir en el euro no se ha resuelto y está pendiente. Es indiscutible: el déficit se ha reducido sensiblemente, pero también hay poca duda de que esa reducción es resultado ante todo del grave hundimiento que ha sufrido la economía en los dos últimos años, como consecuencia de la crisis financiera internacional y la recesión generalizada posterior, del estallido de la burbuja inmobiliaria y del estrangulamiento del crédito que ha tenido lugar. Lo ocurrido en la balanza de pagos no es una mejora atribuible en lo fundamental a un ajuste interno de precios y salarios sino a la conmoción sufrida por la economía desde que se inició la crisis internacional en la segunda mitad de 2008.

Sería un error imputar a un ajuste interno la disminución del déficit exterior puesto que, sin perjuicio de que ese ajuste se haya visto facilitado por la depresión de los últimos dos años, esa mejora no cabe proyectarla en el futuro. Estamos hablando de una mejora que ha sucedido con una destrucción de 2 millones de puestos de trabajo, con una evolución del paro cuya tasa casi se ha duplicado hasta llegar al 20% de la población activa, con una caída acumulada a lo largo de 2009 y 2010 del 8% en la demanda interna y del 25% en la formación de capital bruta. De repetirse algo parecido, podría pensarse en una reducción aún mayor del déficit de la balanza por cuenta corriente, pero al precio ya de una catástrofe económica.

Sin que suponga anunciar la recuperación de la economía -problemas acumulados como el que se comenta y riesgos agudos impiden tal pronóstico-, cabe imaginar que se adentrase en un moderado crecimiento, el mínimo siquiera para evitar un aumento del paro. Es decir, una economía avanzando en torno al 2%, mínimo crecimiento estimado para generar algún empleo. Ello supondría que se detendría la disminución del déficit exterior y que comenzaría de nuevo a aumentar, desde un nivel nada despreciable, sin parangón con los registrados en otros momentos históricos con la peseta como moneda, y en unas condiciones en que el peso de la deuda exterior de la economía española es aún insoportable, en un país bajo sospecha de quiebra y con unos mercados financieros enrarecidos.

A este respecto hay que destacar que la reducción del déficit no se ha traducido en una mejora de la posición exterior de la economía, puesto que todo déficit implica lo contrario. Los pasivos financieros brutos de nuestro país frente al exterior -lo que se debe y nos pueden reclamar- ascendían a finales de junio de este año a 2,3 billones de euros, casi el 230% del PIB. Descontando los activos frente al exterior, que alcanzan 1,4 billones de euros, la posición deudora neta de la economía española frente al resto del mundo es de 0,9 billones de euros, una cifra casi equivalente a la del PIB, que es de 1,05 billones de euros. Esa posición deudora origina un saldo neto desfavorable de pago de intereses y rentas de inversión, que fijándolo sólo en un tipo de interés del 3% (los tipos de interés son más altos y tienden a aumentar por la desconfianza en la solvencia del país), significa que cada año la economía española inicia el ejercicio con el hándicap de un déficit exterior de la balanza por cuenta corriente de casi 3% del PIB.

Como es normal, una recuperación económica por modesta que sea implica un empeoramiento de la balanza de cuenta corriente, por el incremento que se produce de las importaciones, tanto más cuanto que en esta ocasión la recuperación no vendrá del estímulo a las exportaciones, como sucedió en la crisis de 1992/93 cuando las devaluaciones sucesivas de la peseta permitieron un crecimiento considerable de ellas, a las que cabe atribuir el papel catalizador de salida de aquella crisis. El panorama se enturbia algo más por el hecho de que la crisis de la economía española ha llevado a una destrucción considerable de tejido productivo, que se traducirá en una mayor dependencia de las importaciones en el futuro. Por otro lado, nuestro país estará en el ojo del huracán de toda crisis financiera general o particular de la zona del euro, por la simple razón de que es uno de los países más endeudados del mundo.

En las condiciones descritas, cabe poner muy serias reservas a la opinión de que la crisis exterior de la economía española está resuelta, que sólo debemos preocuparnos de algunos problemas internos (las reformas estructurales pendiente en el lenguaje dominante) para que la recuperación se inicie y que una vez puesta en marcha todo el camino se encuentra despejado.

Nada más lejos de la realidad, como he tratado de exponer. La crisis económica ha venido para quedarse, atrapado el país en una posición exterior insostenible de deuda y déficit, sin solución posible por la vía del ajuste interno que alguna vez, fugazmente, pensó Krugman. La izquierda, toda, debe tomar nota para preparar su estrategia.

Pedro Montes – Miembro de la Coordinadora Federal de Socialismo 21

Ataque a la Europa Social.

Hoy en día estamos viviendo un ataque frontal a la Europa Social. La supervivencia de los estados del bienestar de los países de la Unión Europea (y, muy en especial, de los países de la Eurozona) están siendo amenazados debido al desarrollo de políticas de austeridad del gasto público social, como parte de una estrategia de reducción de los déficits públicos y las deudas públicas de tales países. La lista de países y recortes es larga. España e Italia están recortando 15.000 millones de euros y 25.000 millones de euros respectivamente de sus presupuestos. Portugal está bajando su déficit para reducirlo a 3% del PIB en 2013, con unos recortes equivalentes al 6% del PIB en tres años. En Grecia el recorte es incluso más acentuado, 10% en tres años. En Alemania, la canciller Merkel decidió, ya en 2009, eliminar el déficit completamente para el año 2016, recortando 10.000 millones de euros por año. Un tanto semejante está ocurriendo en Francia, bajo la dirección del gobierno Sarkozy. País por país, los recortes son muy acentuados y generalizados.

Estas reducciones, sin precedentes en la Unión Europea, se están haciendo bajo el supuesto de que la disminución del déficit es condición indispensable para que se dé la recuperación económica y se inicie, de nuevo, el crecimiento económico. Se asume que el bajísimo crecimiento que hemos visto hasta ahora (el promedio en los países de la Eurozona ha sido sólo de un 1% por año desde 2001) se debe a que existe escasez de dinero en el sector privado, consecuencia del excesivo gasto público. Es más, se nos dice que esta escasez hace subir el precio del dinero (es decir, aumentar los intereses bancarios) y aumentar la inflación. De ahí la necesidad de reducir el déficit y el gasto público.

El problema con esta creencia (basada en fe, más que en evidencia) es que cada uno de estos supuestos es erróneo. Y además es fácil demostrarlo. Uno de los países que ha recortado más su déficit en la UE ha sido Irlanda. Tales recortes han contribuido a que su PIB colapsara, descendiendo nada menos que un 9% por año. Nunca un país había visto, desde el colapso de EE.UU. a principios del siglo XX -durante la Gran Depresión-, un colapso de su PIB tan acentuado. Ello determinó, por cierto, el consiguiente aumento del déficit público, mostrando, una vez más, que la mejor manera de reducir el déficit no es reduciendo el gasto público, sino aumentando el crecimiento económico. Un tanto semejante ha ocurrido en Grecia, donde la reducción del déficit impuesto por el FMI ha llevado a un colapso del PIB (que se calcula llegará a ser del 20%).

Que ello ocurra no debiera sorprender, pues la enorme recesión, que puede convertirse en depresión, se debe a un problema de demanda, consecuencia de la enorme polarización de la rentas, con descenso de las rentas del trabajo (y consiguiente bajada de la masa salarial como porcentaje de la renta nacional). Tal descenso de las rentas del trabajo ha forzado un enorme endeudamiento de las familias, que al colapsarse el crédito, resultado de la crisis financiera, crea un enorme problema de la demanda, que debe sustituirse rápidamente por la demanda creada con el gasto público. Reducir, en lugar de aumentarse el gasto público es un suicidio, no sólo para Europa, por cierto, sino para la economía mundial. De ahí que dirigentes de la política económica estadounidense como el director de la oficina económica de la Administración Obama, el Sr. Larry Summers, y el homólogo del Ministro de Economía y Hacienda en España, el Sr. Timothy Geithner, hayan criticado duramente las políticas de austeridad seguidas en la Unión Europea.

Pero, empeorando todavía más la situación, los poderes financieros, dirigidos por el Banco Central Europeo, están favoreciendo el incremento de los intereses bancarios para finales del 2010, y se resisten también a crear más liquidez (es decir, imprimir dinero) con el argumento de que puede aumentar la inflación, ignorando que el mayor problema que tiene la UE es la deflación, lo contrario a la inflación. Cada una de estas intervenciones mantendrá a la UE y la Eurozona en la Gran Recesión. Y en el peor de los casos pueden llevar a la Gran Depresión.

La pregunta que debemos hacernos es ¿por qué estas políticas, tan claramente erróneas, se están realizando? Y la respuesta tiene que ver con el enorme poder del capital financiero por un parte y el gran poder de clase por otra. Éste es responsable de una enorme polarización de la rentas del capital a costa de las rentas del trabajo, polarización alcanzada a base del desarrollo de las políticas neoliberales llevadas a cabo en ambos lados del Atlántico, desde los años ochenta. En realidad, fue esta misma polarización de las rentas la que explica el enorme crecimiento del capital financiero, que se ha beneficiado del elevado endeudamiento, creado por el descenso de las rentas del trabajo. El neoliberalismo es la ideología del capital financiero y de las clases dominantes a ambos lados del Atlántico. Y es el dogma de los establishments financieros, mediáticos y políticos de la UE (hoy controlados por las derechas).

¿Qué es lo que debiera hacerse?

La respuesta es bastante fácil. A nivel teórico, la experiencia del siglo XX es aleccionadora. Una, es la corrección de la obscena concentración de las rentas y de la propiedad. Nunca antes (desde los años veinte en el siglo XX) se había alcanzado tal concentración. Se requiere eliminar las reformas profundamente regresivas que tomaron lugar durante estos últimos cincuenta años. Tales cambios generarían enormes recursos al estado, que debieran invertirse en áreas sociales y físicas, creadoras de empleo, así como en nuevas áreas productivas (como, por ejemplo, nuevas formas de energía y transporte), todas ellas actividades que estimularían el crecimiento económico que disminuiría el déficit público y la deuda pública.

Estas medidas debieran complementarse con cambios muy sustanciales del sistema financiero, con redefinición de los objetivos de tal sistema, priorizando aquellos que sirven a la economía y no sólo a los banqueros y accionistas. Debiera recuperarse el concepto de servicios financieros, con creación de bancas públicas, redefiniendo las funciones del BCE para convertirlo en un Banco Central (que hoy no lo es), en lugar de ser un lobby de la Banca. Como tal, el BCE debiera responderle al gobierno europeo y al parlamento europeo (tal como ocurre con otras bancas centrales, como el Federal Reserve Board en EE.UU. y el Banco Central de Japón), con la responsabilidad de ayudar a los estados y a la UE a desarrollar sus políticas económicas (incluyendo la compra de deuda pública, revirtiendo los intereses a los países deudores). Una medida inmediata sería la impresión de euros en dosis mucho más acentuadas de lo que hace ahora. El BCE no ha tenido ninguna duda en imprimir millones y millones de euros para salvar a los bancos europeos. Pues bien, el BCE debiera hacer lo mismo para salvar a los estados de la Eurozona. El peligro de inflación no es inmediato. De ahí la urgencia de este tipo de intervención, pues el mayor riesgo es el de la deflación, no el de inflación. Por cierto, existe el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (EBRD) que parece adormecido y que debiera reavivarse para facilitar las inversiones en nuevos sectores productivos y de servicios.

Pero además de estas medidas, es importante y urgente hacer cambios importantes en la regulación del capital financiero y de sus mercados. Convendría que se desincentivaran las actividades financieras especulativas, gravando las transacciones a corto plazo (la Tasa Tobin). George Irvin ha calculado que un impuesto de un euro por cada mil de transacción generaría 220.000 millones de euros al año, más del doble del presupuesto actual de la UE.

¿Se tomarán estas medidas?

La respuesta depende del cambio de mentalidad de las izquierdas gobernantes en la UE, hasta ahora estancadas en el territorio neoliberal. Su falta de visión, su actitud acomodaticia y su carencia de coraje político les ha convertido en parte del problema, en lugar de en parte de la solución. De ahí que sin una transformación muy importante de estas izquierdas o su substicición por otras, estas alternativas no tendrán lugar. Ni que decir tiene que el poder económico y político y mediático de las derechas es enorme. Pero, por muy fuerte que sea (y lo es) puede vencerse si hay voluntad política, aunque España no es un ejemplo de ello. No ha habido voluntad política del gobierno PSOE de aliarse con las izquierdas, ni en 1993, ni en 2008. Y ello se debe a que el marco conceptual que dirigió sus políticas económicas era neoliberal. Y ahí está la raíz del problema.

Vicenç Navarro – Artículo publicado en El Viejo Topo

  • Consejo Científico de ATTAC España.
  • Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra.
  • Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University.

Arrebato social en Francia.

Ignacio Ramonet – Consejo Científico de ATTAC España.

No es una sorpresa. Desde hace más de dos siglos, la protesta está en el código genético político de la sociedad francesa. Además de ser derechos constitucionales, la manifestación callejera y la huelga constituyen modos naturales de ejercer la plena ciudadanía. Cada nueva generación considera que participar en los cíclicos arrebatos de cólera social es un rito de paso para acceder a la mayoría de edad democrática.

Esta vez, el detonante de la crisis ha sido el presidente francés. Desacreditado y enfangado en varios hediondos escándalos, obcecado por el FMI y las agencias de calificación, Nicolas Sarkozy se muestra sordo a las quejas del pueblo y pretende demoler una de las joyas principales del Estado de bienestar: el derecho a jubilarse a los 60 años.

Conquistado tras decenios de enfrentamientos, este avance social es percibido, en el imaginario colectivo, como un totem intocable. Sarkozy -que, en 2008, prometió respetarlo- ha subestimado el apego de los ciudadanos a ese derecho. Y aprovechando el choque causado por la crisis, desea imponer una reforma que retrasa la edad legal de jubilación de los 60 a los 62 años, amplía el periodo de pago de cotizaciones a 41,5 años y retrasa la edad para cobrar una pensión completa de los 65 a los 67 años.

Algunos creen que, en realidad, Sarkozy quiere romper el régimen público de jubilación por repartición, basado en la solidaridad entre las generaciones, y sustituirlo por un régimen privado que representaría un mercado de entre 40.000 y 100.000 millones de euros. Denuncian que la compañía de seguros que más se beneficiaría de ello es el grupo Malakoff Médéric cuyo consejero delegado es… Guillaume Sarkozy, el hermano del Presidente.

La reacción de los principales sindicatos es unánime. Sin rechazarla en totalidad, reclaman modificaciones argumentando que el coste de la reforma recaerá esencialmente sobre los asalariados, vapuleados ya por la crisis, y que ello agravará las desigualdades. Organizaron varias jornadas de movilización antes del verano. Pero el Gobierno, en una actitud prepotente, mantuvo su rechazo de negociar.

Grave error. Con la vuelta al trabajo, en septiembre, se reunieron asambleas generales en centenares de empresas y administraciones. Los asalariados confirmaron su decisión de no dar “ni un paso atrás”. Convencidos que si se cedía en algo tan sagrado como la jubilación a los 60 años, se les vendría encima una avalancha de nuevos recortes en la Seguridad Social, la sanidad, la educación y los servicios públicos.

Estas asambleas demostraron que las direcciones sindicales eran mucho menos radicales que sus bases exasperadas por los constantes retrocesos sociales. Inmediatamente, regueros de acciones colectivas se extendieron por todo el país; millones de personas se echaron a la calle; la huelga popular prolongada entorpeció el funcionamiento de los transportes; algunas ciudades, como Marsella, quedaron paralizadas… A medida que se repiten las jornadas de acción, nuevas categorías sociales se van sumando a una protesta que adopta expresiones inéditas.

Lo más original es el bloqueo de las refinerías y los depósitos de carburante. Lo más notable es la masiva incorporación de los estudiantes de secundaria. Algunos imaginaban a esta “generación Facebook” ensimismada y autista, pero su energía contestataria reveló su angustia frente al derrumbe del futuro… Y su temor a que, por vez primera desde 1945, si nada cambia, le toque vivir en peores condiciones que sus padres. El nuevo modelo neoliberal destroza el ascensor social…

La protesta cristaliza un malestar social profundo y una suma de descontentos acumulados: desempleo, precariedad, pobreza (hay ocho millones de pobres), dureza de la vida diaria… Ya no es sólo un asunto de pensiones sino una batalla por otro modelo social.

Lo más significativo es el apoyo popular, entre el 60% y el 70% de los franceses aprueba la protesta. Nadie acaba de entender cómo la Francia arruinada de 1945 pudo costear el Estado de bienestar, y la Francia de hoy, quinta potencia económica mundial, es incapaz de hacerlo. Nunca ha habido tanta riqueza. Los cinco principales bancos franceses obtuvieron, en 2009, unas ganancias de 11.000 millones de euros. Y las cuarenta principales empresas obtuvieron, ese mismo año, beneficios de 47.000 millones de euros…. ¿Por qué no gravar, en provecho de los pensionistas, tan cuantiosos capitales? La Comisión Europea estima que una pequeña tasa sobre las transacciones financieras aportaría al conjunto de los Estados de la Unión Europea, cada año, entre 145.000 y 372.000 millones de euros… Más que suficiente para pagar el aumento de los sistemas de pensiones.

Pero el dogma neoliberal exige que se exonere el capital y se ajusten más los salarios. De ahí el pulso actual en Francia. La sensación general es que ninguno de los dos antagonistas puede transigir. Las organizaciones sindicales, empujadas por una corriente de radicalización, siguen unidas después de varios meses de ofensiva. Ceder constituiría un fracaso semejante al de los mineros británicos en 1985 frente a Margaret Thatcher. Lo que significó el fin de la resistencia obrera en el Reino Unido y abrió la puerta a las “terapias de choque” ultraliberales.

Nicolas Sarkozy cuenta con el apoyo de la Unión Europea (1), del FMI, de la banca y del empresariado europeo(2) temeroso de que la “chispa francesa” incendie la pradera social del continente. El abandono de su reforma le condenaría a la derrota electoral en 2012.

La historia social francesa enseña que cuando una protesta ha ido tan lejos como la actual, jamás se ha desinflado. Siempre ha vencido.

Notas:

(1) El Consejo Europeo, en Barcelona, en marzo de 2002, recomendó: “Para 2010 deberá intentarse elevar progresivamente en torno a cinco años la edad media en que se produzca el cese efectivo de actividad de las personas en la Unión Europea”.

(2) En España, el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, defiende como “imprescindible y aconsejable”, la subida de “la edad de jubilación a los 70 años”. Añade que “los asalariados deben trabajar más y, desgraciadamente, ganar menos”. Pide ampliar el periodo de cálculo de la pensión a “toda la vida laboral”, y que los ciudadanos se hagan “pensiones privadas”. Europa Press, 26 de julio de 2010 y ABC, Madrid, 15 de octubre de 2010.

Artículo publicado en Le Monde Diplomatique