La pieza que falta: políticas tras el 29-S.

Pese a las movilizaciones en Europa y el relativo éxito de la huelga general del 29-S, no se vislumbran cambios en las políticas económicas ni del Gobierno español ni de la UE.

El éxito de la movilización del pasado 29-S se arriesga a empantanarse en la arena política. A diferencia de Francia, donde una serie de huelgas sostiene la creciente ola de movilizaciones contra los ataques de Sarkozy, aquí parece que la huelga haya consumido toda la combatividad de CC OO y UGT.

Tras el 29-S, el silencio. El otoño caliente que nos prometían parece que no pasará de octubre y ya se nos ha echado encima un crudo invierno de recetas neoliberales. Y mientras que en Francia van a por la octava, aquí parece que tendremos que ver cómo el PSOE completa su giro neoliberal prácticamente sin oposición, retardando la jubilación a los 67 años y ampliando el cálculo de las pensiones de 15 a 20 –bajada efectiva de un 5,54% en las pensiones resultantes–.

Sin embargo, aquí como allá, una misma política provoca rechazo: otra vuelta de tuerca neoliberal a la que la izquierda gestionaria, desde el PSOE a las grandes centrales sindicales pasando por la izquierda subalterna (IU-ICV, ERC, BNG, etc.), no sabe –o, peor aún, no quiere– dar respuesta ni batalla. Ciertamente, en Francia esta izquierda claudicante y claudicada puede sumarse a las luchas con la misma facilidad con que la izquierda que nos gobierna se incorporó en su día contra la LOU, el Prestige o la Guerra. La pregunta, no obstante, no es quién nos causa el mal, sino cómo nos defendemos de esta izquierda que acepta el papel de alternante en el turnismo neoliberal.

Antes de nada urge comprender la naturaleza de la crisis, la manera en que afecta al trabajo al tiempo que afirma el mando del capital. Desde que a principios de los ‘80 el neoliberalismo emprendiese la estrategia de readaptación del mando al desafío de la ola de movilizaciones de los ‘60 y ‘70, hemos asistido a una lenta agonía de una modalidad de trabajo; un trabajo que había sido constitucionalizado tras la segunda postguerra mundial por medio del ‘wellfarismo’ y la acción social concertada –la negociación colectiva que implicaba en el mando a las grandes agencias del trabajo: las centrales sindicales–.

Modelo productivo.

En el caso de las dictaduras del Mediterráneo sólo en la segunda mitad de los ‘70 se produjo esta incorporación al capitalismo europeo occidental. El crecimiento de las últimas décadas, sin embargo, no modificó sustantivamente el modelo productivo. Turismo y construcción, sabido es, han sostenido el crecimiento en un país que liquidó industrias enteras o las vendió a los socios europeos en la firme convicción de que el proceso de unificación económica europea revertiría en beneficio propio.

Los tiempos del europeísmo pasaron y el repliegue sobre los Estados nacionales se dejó notar, si bien no en la variante de un europeísmo de clase, sino más bien de reacciones resistencialistas y defensivas a la manera del “no” francés al Tratado de Constitución Europea. Sintomáticamente, ha sido la extrema derecha y no la extrema izquierda quien ha acabado capitalizando la crisis del proyecto europeo. No defendemos con esto el TCE, claro está.

Pero a juzgar por lo sucedido –sobre todo desde la crisis– tampoco parece que la estrategia centrada en la defensa de la estructura interna del trabajo tardofordista y sus modelos organizativos hayan servido para cambiar las tornas. De acuerdo con distintas corrientes teóricas –escuela de la regulación, ‘neoschumpeterianos’, ‘postoperaistas’, etc.–, el tránsito al postfordismo comporta diferentes procesos que afectan a la composición social del trabajo –desterritorialización, inmaterialización, etc.–. En el postfordismo, las instituciones del fordismo –partido obrero, sindicatos, etc.– se han quedado desfasadas. A ello contribuye tanto el éxito –histórico– del movimiento obrero como la ausencia de reflexión teórica crítica. Y es que el éxito dificulta la autocrítica.

No es extraño escuchar en nuestros días apologías de la socialdemocracia como si ésta no hubiera sido liquidada por el social-liberalismo. En vano los herederos del eurocomunismo se emocionan con Die Linke y la posibilidad de ocupar el espacio socialdemócrata –en un notorio desconocimiento de la política alemana, por cierto–. Tampoco sorprende escuchar a anarquistas, trotskistas e independentistas, ideologemas como la necesidad de repetir el modelo insurreccionalista, la organización leninista o los movimientos de liberación nacional, como si su éxito otrora fuera una garantía de futuro. La Historia se repite como farsa.

Autonomía, no autoexclusión.

Pero si la izquierda tradicional no da para grandes esperanzas, por parte de una cierta autonomía la cosa no está mucho mejor: la confusión de autonomía con negación, como si ambas fuesen una misma cosa, es muy frecuente entre activistas de todo tipo. Nos encontramos así que, aunque no falta quien entiende el desafío postfordista, acaba finalmente enrocado en posiciones pseudoautónomas, esto es, en posiciones determinadas, en rigor, por la propia heteronomía del capital desde el margen que la sociedad de la opulencia deja al antagonismo a fin de determinar su propia vulnerabilidad, sus necesidades de readaptación y riesgos efectivos en la implementación del neoliberalismo.

Llegado este punto la cosa se pone realmente complicada, porque la izquierda no parece que esté por refundarse en serio y el interfaz representativo del movimiento es la pieza que falta contra el neoliberalismo. Subvertir los viejos lugares ideológicos de la izquierda es una tarea primera, la desobediencia a sus repertorios para visibilizar las otras realidades del trabajo –a la manera, por ejemplo, del Moviment del 25–, una prioridad. Pero tampoco lo es menos pensar las maneras de influir sobre los partidos y sindicatos. El ejemplo del Tea Party y su presión sobre el Partido Republicano, con todas las salvedades debidas, muestra hasta qué punto la extrema derecha lleva ventaja.

Así las cosas, más nos valdría aprestarnos a organizar las herramientas que impidan las derivas neoliberales de las izquierdas y no a consumirnos en los partidos imposibles y derivas electoralistas. La ley electoral no está ahí para nada. Si no se dispone de capacidad para cambiarla hay que adaptarse. El municipalismo puede ser una herramienta en pequeños ayuntamientos, pero a escalas mayores radicalizar la democracia pasa por imponerse a las opciones presentes en las instituciones. El movimiento debe alcanzar su madurez. Esta se expresa hoy en entender los efectos de la maquinaria legislativa e influir sobre quien la hace funcionar.

Raimundo Viejo Viñas.

  • Profesor de la Universidad Pompeu Fabra.
  • Investigador del Instituto de Gobierno y Políticas Publicas de la Universidad Autónoma de Barcelona IGOP/UAB.

CCOO y UGT aceptan el diálogo social sobre la reforma laboral, los recortes en pensiones y la negociación colectiva.

En lugar de dar continuidad a la huelga general hasta echar abajo los planes, aceptan una nueva fase de una farsa que sólo traerá nuevos recortes (pensiones, negociación colectiva…).

Poco margen para el éxito, ninguno para el fracaso La distancia entre Gobierno y sindicatos dificulta el pacto, pero otra ruptura debilitaría el diálogo social.

La crisis interna de la patronal complica aún más los posibles acuerdos.

“Si vuelve a fracasar, la gente va a decir: ¿Ustedes por qué están ahí?”, analiza Fernando Moreno, antiguo alto cargo de CEOE y abogado de Cuatrecasas. Algo parecido piensa Rodríguez: “El diálogo social tiene que dar frutos, si no, se debilita”. “Ahora, no es momento de pensar en el fracaso”, matiza, aunque añade inmediatamente que si se da el caso, el Ejecutivo gobernará, “no podemos abdicar de eso”.

“Es necesario y urgente abrir el diálogo social”, explica el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, “pero lo necesario es que el Gobierno defina los contenidos”. Probablemente las materias están definidas, lo que sucede es que tanto para UGT como CC OO, no se ha dado el paso previo que reclaman: la rectificación en la reforma laboral. Y sin eso, el margen es muy estrecho.

Los frentes abiertos son el desarrollo de la reforma laboral -que tiene 15 mandatos a desarrollo-, negociación colectiva y cambios en el sistema de pensiones. Tres puntos, solo tres, pero con una envergadura que llevan al catedrático de Derecho Laboral Jesús Cruz Villalón a aconsejar paciencia: “Sería arriesgado y con una seria posibilidad de fracaso abordar los tres temas a la vez”. Pero no hay opción.

La reforma laboral impone plazos a su desarrollo. Por ejemplo, antes de que acabe el año el Gobierno tiene que tener listo el reglamento sobre los expedientes de empleo (entre ellos el de reducción de jornada, el modelo alemán). Será la oportunidad para hablar sobre las causas y el despido -la polémica previsión de pérdidas- a la que se ha referido Gómez en alguna ocasión. En el PSOE, tienen grandes esperanzas en ello. Pero Cruz Villalón replica: “Ahí no veo posibilidad de entrar en las causas, que es la clave. Los reglamentos no pueden modificar la ley”.

Conscientes de esto último, tanto Ramón Górriz, de CC OO, como Ferrer anuncian que ellos acudirán a cuantas convocatorias reciban. “Pero defenderemos nuestro planteamiento”, matiza Ferrer. “Vamos a ir a todos los sitios, pero los reglamentos dan escaso margen, si no se modifican los elementos centrales”, apostilla Górriz.

Más espacio ofrecen las políticas activas de empleo y Trabajo ya tiene plazo: febrero. “Por ahí podríamos empezar con sindicatos y empresarios. También con autonomías”, explica Rodríguez.

“Hay una gran posibilidad en la regulación de los servicios públicos”, comparte el ex director general de Empleo José Ignacio Pérez Infante, “no solo se autoriza a las agencia privadas de colocación [la reforma que el reglamento esté listo antes de fin de año]. Hay materias que no se han tocado como la formación profesional a parados y ocupados. Y hay que mejorar la coordinación con las autonomías. Ahí sí que hay posibilidad de que intervengan y participen los interlocutores sociales”.

Otras asignatura pendiente que deja abierta la reforma, no cuenta, por ahora, con el Gobierno: la reforma de los convenios. Antes de marzo, sindicatos y patronal tienen que pactarla, de lo contrario Gómez actuará. “Tiene que haber un texto legal”, explica Moreno, “es posible un acuerdo exhaustivo, pero es difícil”. Mucho más pesimista es Cruz Villalón, “apenas han comenzado los primeros sondeos, pero una de las partes no tiene interlocutor [en referencia a las elecciones de CEOE]”. Los mismo opina uno de los negociadores. “La patronal está instalada en la crisis”, defiende Górriz, de CC OO.

Si hay algo que centrará la atención en los próximos meses será la reforma de las pensiones. El Gobierno quiere tener listo su proyecto antes de fin de año. Las conversaciones se encuentran ahora en el Pacto de Toledo, donde los grupos políticos todavía no han abordado el punto más conflictivo: el retraso de la edad de jubilación a los 67 años. El nuevo gabinete se ha mostrado partidario de negociar sin aclarar si está dispuesto a renunciar a un punto tan polémico como este. Si no lo hace -y ahí tiene difícil encontrar apoyo en el arco parlamentario- de nuevo se encontrará frente a los sindicatos. Y el diálogo social sumará un nuevo fracaso.

El Derecho al Trabajo.

El pasado 29 de septiembre, día de huelga general en España, escuchamos al gobierno, a la derecha política del Partido Popular, a los medios y sus analistas, expresar su preocupación por que pudieran ejercer su derecho al trabajo quienes no desearan secundar la huelga. Efectivamente, el 29 de septiembre, en España, cuatro millones de personas no pudieron ejercitar su derecho al trabajo. Tampoco pudieron el día anterior, ni el siguiente, ni hoy. Son los cuatro millones de parados a los que el sistema político y económico vigente en España no les permite ejercer su derecho al trabajo.

Sin embargo, ese derecho sólo surge en el discurso de gobiernos, derecha y medios los días en que se convoca una huelga. Ya no lo volveremos a escuchar ni exigir para los días siguientes. El uso discursivo del derecho al trabajo es una de las muestras más hipócritas del capitalismo y sus portavoces. Quienes permiten que no se garantice a millones de personas por imperativo del mercado se desesperan cuando no se garantiza por imperativo de la lucha social. En Centroamérica, en la década de los ochenta, observé una situación similar con la violencia; la repercusión y la trascendencia internacional que tenían las muertes durante los conflictos armados entre gobiernos neoliberales y guerrilla desapareció cuando se firmó la paz a pesar de que las cifras de violencia seguían igual o aumentaron debido a la delincuencia común y la pobreza.

Los defensores del capitalismo aceptan sin rechistar las muertes y los desempleos inherentes a su modelo económico, sin embargo no los soportan cuando van ligados a las luchas sociales. La conclusión es clara: en el fondo, incluso cuando aparentan preocuparse por la violación de los derechos, lo único que les molesta es que los ciudadanos se levanten para luchar por ellos.

Fuente: Pascual Serrano / Rebelión