PRIORIDAD PARA CURAR A QUIENES PAGAN.

Los recortes abren una sanidad a dos velocidades en Cataluña

Los ajustes llevan a los hospitales a operar antes a los pacientes dispuestos a pagar

 

Una mujer se ahorra siete meses de espera en La Seu d’Urgell

 

FERRAN BALSELLS Barcelona 9 FEB 2012 – 00:23 CET67

 

Recepción del Hospital de la Seu d’Urgell, en Lleida. / DIARI SEGRE

 

Los recortes en Cataluña están abriendo la vía a una sanidad a dos velocidades, en la que un mismo hospital y médico operan antes a quien está dispuesto a pagar para saltarse la lista de espera. El último caso ha sido el del hospital de La Seu d’Urgell (Lleida), que desde el lunes ofrece sus quirófanos, cerrados por la tarde por los recortes, al sector privado. Teresa Tosas, de 66 años y pendiente de una intervención en la rodilla, evitó siete meses de espera gracias a su seguro privado, que ha alcanzado un acuerdo con el centro.

Este caso puede generalizarse pronto en Cataluña, donde solo ocho de los cerca de 70 hospitales que actúan como públicos son directamente gestionados por la Generalitat. El resto son financiados con dinero público, pero gestionados por otras Administraciones —locales, comarcales…— o entidades privadas sin afán de lucro, como la Iglesia. El de La Seu d’Urgell es del Ayuntamiento y el obispado. La dureza de los recortes ha hecho que muchos de estos centros tengan ahora instalaciones infrautilizadas que su autonomía de gestión les permite poner en el mercado en busca de ingresos. “La Generalitat contrata menos servicios, pero los hospitales necesitan mantener sus ingresos”, detalla Juan Cobacho, responsable de sanidad de UGT .

“Se está creando un sistema que solo será rápido para el que pague”, dice el PSC

“Está empezando a configurarse un sistema donde solo el que pueda pagar tendrá una sanidad rápida y eficaz”, alerta el responsable de sanidad del PSC en el Parlamento, Josep Maria Sabaté. Hasta la llegada de los recortes, algunos de estos hospitales tenían acuerdos puntuales con algunas mutuas o seguros privados. Pero para los pacientes de la sanidad pública existía la garantía de ser operados antes de seis meses, límite que ha eliminado el Gobierno de Artur Mas (CiU). Con el aumento de las listas de espera causado por los recortes (un 23% en el primer semestre de 2011, último del que se han hecho públicos los datos), la opción de pagar para saltarse la lista de espera resulta ya interesante para muchos.

“Lo que es nuevo es que la combinación entre recortes y la independencia de gestión de los centros está creando dos listas de espera”, afirma Sabaté.

La reforma para convertir en empresas los ocho hospitales de la Generalitat amenaza con ahondar la brecha

El hospital de La Seu d’Urgell dejó de programar en verano intervenciones quirúrgicas por las tardes y ahora ha empezado a alquilar esos quirófanos a unos 400 euros la hora. Este lunes se realizaron las primeras operaciones, entre ellas la de Teresa Tosas. Al igual que el hospital, el traumatólogo que la operó trabaja para la sanidad pública a través de este hospital y además tiene consulta privada. “El médico dijo que tendría que esperar siete meses o más”, relata la mujer. “Pero que existía la posibilidad de un acuerdo con el hospital para utilizar sus quirófanos para que me operara antes de un mes”.

“Es una perversión del sistema: el paciente acude al mismo centro y le trata el mismo médico que con la sanidad pública, pero además tiene que pagar”, lamenta Cobacho. “Hasta ahora la Generalitat tutelaba que no existiera una diferencia de trato entre la sanidad pública y la privada en los hospitales concertados”, asegura Sabaté. “El trato era similar. Ahora aquellos que contraten una mutua saben que se les opera antes. En muchos hospitales cuando ingresa el paciente ya le preguntan si tiene mutua”, destaca.

La reforma que prepara la Generalitat para convertir en empresas los ocho hospitales que gestiona amenaza con ahondar la brecha. CiU pretende que estos centros presten servicios a la sanidad privada para garantizar la rentabilidad de los centros. “Uno llegará a un mismo hospital y verá dos puertas”, advierte Cobacho. “Solo avanzará deprisa la de los que pagan de más. Y al paciente le preguntarán: ¿Qué puerta quiere?”.

Fuente: El País

Jugando con el dinero Público: Los nuevos hospitales de Madrid.

Costes de los 8 nuevos hospitales privados y lo que llevamos pagado en concepto de alquiler (“canon”) a las empresas propietarias.

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El copago sanitario atenta gravemente contra la salud

 

Jueves, 24 de Noviembre de 2011  inSurGente.org

Un artículo de Ángeles Maestro.

Pocas veces ha llegado tan alto el grado de alienación del discurso electoral. Sólo comparable con el nivel de descrédito generalizado del mismo. El centro del debate político ha sido la salida de la crisis, cuando todo el mundo sabe que después del túnel solo se vislumbra otro aún más negro.

Los candidatos han hablado de que la protección social es intocable cuando acaban de pactar una reforma constitucional que establece la prioridad absoluta del pago de la deuda, de sus intereses y el cumplimiento a rajatabla de los objetivos de déficit público. En roman paladino, la traducción práctica de esa reforma es blindar drásticos recortes del gasto público que, como bien sabemos, no se aplicarán a la financiación pública de bancos u cajas de ahorros, ni a la financiación de la iglesia católica, ni a la de la enseñanza privada – directa o por la vía de la desgravación – ni a los gastos en armamento,.. etc. Gobierno y oposición están atados a una lógica que, como se está demostrando, nos lleva directamente al precipicio. Han eliminado la única opción alternativa: no pagar la deuda para priorizar el gasto social y reestructurar el sector productivo.

Para confirmar la verdad que las paredes gritan: “Otro capitalismo es imposible”, el presidente de la Generalitat de Cataluña no ha tardado ni 48 horas en anunciar nuevas medidas de ahorro, incluido el más emblemático de todos: el copago sanitario y/o farmacéutico.

Todos lo negaron públicamente durante la campaña, nadie lo llevaba en el programa y todos han callado cuando Artur Mas ha hablado. Las encuestan hablan claramente de un rechazo mayoritario a la introducción de cualquier tipo de tasa por el uso de los servicios sanitarios o farmacéuticos, pero ahora, con los votos ya amasados, ha llegado el momento de introducirlo y no sólo para el pueblo catalán.

La introducción de cual tipo de tasa sanitaria o la modificación en la aportación del paciente, activo o pensionista, en los medicamentos tiene necesariamente que ser establecida por una norma de ámbito estatal. En el caso del pago de los medicamentos sería preciso reformar la Ley 29/2006 de garantía y uso racional de los medicamentos y en el caso de la tasa para acudir a consultas, urgencias, medios diagnósticos ..etc, sería necesario modificar el Real Decreto 1030/2006 que regula el contenido de la Cartera de Servicios Básicos y Comunes para todo el Estado. Cuando se publicó un informe interno de la Consejería de Sanidad de diciembre de 2010 en que se analizaban las “prestaciones prescindibles o de acceso restringido” y se calculaba el ahorro producido por su eliminación o exigencia de copago, se hacía referencia al Real Decreto citado. La conclusión lógica[1] fue que tal Informe era uno de los 17 encargados por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud a las CC.AA. al tiempo que ministras y altos cargos negaban enfáticamente la introducción de cualquier tipo de tasa.

La falacia de “desincentivar el abuso”.

El copago, como bien sabemos es repago, ahora más que nunca. El impuesto sobre las rentas de la población asalariada, detraído directamente de la nómina, supone ya el 85% de lo recaudado por el IRPF, el fraude fiscal – del capital – llega al 25% del PIB y, en medio de la crisis, la parte de la renta nacional que se llevan los beneficios empresariales ha crecido dos puntos pasando del 44,7 al 46,5%. Todo ello sin entrar a analizar un sistema fiscal en el que tributa más el dinero ganado trabajando que las rentas del capital, el escándalo de las SICAV, la continua reducción o eliminación de impuestos como patrimonio, sucesiones, la desgravación por el uso de la sanidad y la enseñanza privada, etc.

El pago de una cantidad por el uso de una prestación sanitaria supone gravar a la persona precisamente en el momento de máxima vulnerabilidad – cuando está enfermo – y cuando además aumentan los gastos de todo tipo y disminuyen los recursos como ocurre con la baja laboral.

El argumento, sistemáticamente utilizado por todos los defensores del copago “desincentivar el abuso” es una falacia. Sin negar que existan casos de uso injustificado de consultas, que deben resolverse de forma individualizada, los datos[2] relativos a las consultas médicas en atención primaria indican con claridad que si se excluyen las consultas de carácter administrativo y las que pueden ser atendidas por otros profesionales – como se hace en otros países – la frecuentación está por debajo de la media de la UE.

Por otro lado no hay que olvidar que es el médico y no el paciente el que prescribe ir al especialista, realizar determinadas pruebas diagnósticas o administrar determinado tipo de medicamentos.

El copago al servicio de la privatización

Dependiendo de la cuantía de la tasa la discriminación económica puede ser mayor o menor. La experiencia de introducir tickets moderadores muy bajos (menos de 2 euros) ya se ha realizado en otros en otros países, como Canadá y ha tenido efectos demoledores: se reduce drásticamente el uso el uso de servicio sanitarios o medicamentos para el 20% más pobre de la población, para quien esa cantidad es relativamente importante, independientemente de la gravedad de su padecimiento. En el caso de tasas sanitarias como las que se introdujeron el pasado mes de julio en Italia (10 euros/consulta atención primaria, 25 euros/ consulta especialista, 25 euros/ atención en urgencias sin ingreso, etc) los efectos, aun no cuantificados, serán demoledores para amplias capas de la población con menos recursos. Así está sucediendo en Portugal donde también se están cobrando 10 euros para acceder a la consulta de atención primaria. Médicos procedentes del Estado español que trabajan en el Alentejo refieren estar viendo cánceres con un nivel de desarrollo aquí desconocido como resultado de que la población más pobre prescinde de programas preventivos y retrasa la consulta.

Además de las graves y prioritaria consecuencias para la salud del copago, el impacto sobre el gasto sanitario es justo el contrario: el coste de los tratamientos aumenta.

En Grecia los drásticos recortes en sanidad (despidos, cierres de servicios, etc) han disminuido las consultas en medicina general y especializada, pero se han incrementado entre 2009 y 2010 en un 24% los ingresos hospitalarios.

Si la reducción del gasto no se produce, sino todo lo contrario – habida cuenta además de los costes administrativos generados por la recaudación – , y ellos lo saben, ¿cuál es la finalidad que persiguen?

Si tenemos en cuenta que en sanidad el 15% de la población (personas mayores, enfermos crónicos y pobres, en general) consume el 80% del gasto sanitario, dificultar el acceso a las prestaciones sanitarias o farmacéuticas a ese sector social, asegura el negocio privado en sanidad. Todo el mundo sabe que ante una patología compleja o costosa está asegurada la derivación a los hospitales públicos desde la sanidad privada.

Si a ello añadimos que el capital está trabajando con datos de desempleo en el Estado español del 30% sine die, se está configurando una situación bien diferente de la del pleno empleo que aconsejó sistemas sanitarios públicos, gratuitos, de calidad y universales para restaurar rápidamente la fuerza de trabajo. El futuro que nos diseñan es el de una sanidad tipo beneficencia para la población con menos recursos, como en EE.UU., y una asistencia sanitaria de calidad para quienes puedan pagarla. El copago encaja las piezas del puzzle: pobres, personas mayores y enfermos crónicos consumirán menos servicios sanitarios y medicamentos, independientemente de la trascendencia del medicamento o la gravedad de la enfermedad.

Hay soluciones, exactamente en sentido contrario

El sistema sanitario público tiene problemas serios de calidad y de despilfarro que las privatizaciones y los recortes agravan. Tanto el gasto farmacéutico injustificado o como la sobrecarga de las urgencias tiene razones múltiples, bien conocidas, entre las que destaca el déficit de personal sanitario, la consiguiente masificación de las consultas de atención primaria, sobre las que también recaen demandas socio-sanitarias, de salud mental y las consecuencias de la práctica inexistencia de la medicina preventiva, que a falta de otros recursos se “resuelven” con recetas. A todo ello hay que añadir la parasitación de la sanidad pública por parte de la privada, además del encarecimiento y la incompetencia manifiesta de la gestión privada de la sanidad pública en la resolución de enfermedades graves.

Las medidas deberían ir dirigidas al aumento y racionalización de los recursos sanitarios públicos, sobre todo los preventivos y de atención primaria, además de medidas integrales de política del medicamento: fabricación pública de medicamentos esenciales, eliminación del registro de medicamentos inútiles o injustificadamente caros, distribución de medicamentos en la cantidad requerida en los centros de salud, etc. Todo ello redundaría a medio plazo en una reducción del gasto y en lo que es más importante: la mejora en la calidad de la atención.

Si no se abordan este tipo de medidas es porque la estrategia privatizadora está bien arraigada y el beneficio privado es incompatible con la universalidad y la calidad de la asistencia sanitaria pública.

Por el contrario, la valoración desde principios irrenunciables de equidad, salud y servicio público sólo puede ser la siguiente:

– No se puede aceptar ningún tipo de pago para el acceso a servicios sanitarios, ni ningún aumento en la aportación del paciente a los medicamentos, ni de activos, ni de pensionistas, que sólo contribuiría a empeorar la accesibilidad económica, ya muy deteriorada por la caída en picado de las condiciones de vida de la población.

– El servicio sanitario público debe ser gratuito en el momento de uso. Son los impuestos directos, los que gravan la riqueza, los que deben establecer diferencias en las aportaciones a las finanzas públicas.

– El co-pago que pretenden justificar desde objetivos recaudatorios o de racionalización en el uso de las prestaciones sanitarias, obedece al objetivo real de favorecer la privatización (si hay que pagar por ir al médico, ¿por qué no pagar una póliza en la sanidad privada?) y quitarse de en medio a los mayores obstáculos al negocio privado en sanidad: enfermos crónicos, personas mayores y pobres en general.

No es ninguna exageración decir que el copago sanitario o farmacéutico pone en riesgo la vida de muchas personas. Es este un asunto altamente sensible que puede movilizar a muchas personas. Más temprano que tarde hay que ponerse manos a la obra.

Si privatizar empresas es un robo, privatizar servicios públicos como la sanidad es un crimen[3].

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[1] Un análisis pormenorizado del Informe citado puede encontrarse en Maestro, A. (2011) “Datos concretos del copago sanitario” http://www.rebelion.org/noticia.php?id=122105

[2] Consultar http://blogs.publico.es/dominiopublico/1759/el-copago-sanitario/

[3] http://www.redroja.net/index.php/documentos/campanas/501-privatizar-es-un-crimen

Artículo escrito para "El Otro País"

La privatización de la sanidad.

Debido a la propuesta que tanto el Sr. Rajoy del Partido Popular como el Sr. Artur Mas de Convergència i Unio han realizado de privatizar la sanidad pública, volvemos a colgar en el blog los siguientes artículos referentes a este tema, publicados en el diario Público.

¿Sanidad pública o privada?

La revista médica británica British Medical Journal acaba de publicar un estudio (Quality of care for profit and not for profit nursing homes, 2009, vol. 339) que incide de lleno en el debate que se está desarrollando en España y otros países sobre quién ofrece mejores servicios médicos a la población: la sanidad privada o la sanidad pública. La credibilidad del estudio viene asegurada no sólo por el prestigio de la revista (una de las más respetadas en la comunidad científica internacional), sino también por la enorme credibilidad del autor principal del estudio, el Dr. Gordon Guyatt, catedrático de Medicina de la McMaster University de Hamilton, en Canadá. El Dr. Guyatt es el fundador de Evidence-Based Medicine (medicina basada en la evidencia científica), la corriente científica en medicina que exige que cualquier cambio en la práctica médica se base en criterios médicos de probada eficacia. Su bien merecida reputación añade gran valor a su estudio. Este consiste en el análisis de 82 estudios de investigación que han analizado en EEUU la calidad de la asistencia sanitaria proveída en centros sanitarios estadounidenses de atención a enfermedades crónicas, personas con discapacidades graves y pacientes convalecientes (en inglés, nursing homes). La mayoría de la población atendida en estas instituciones son ancianos. En EEUU hay 1,5 millones de personas en las 16.000 nursing homes, con la posibilidad de que, cada año, más de tres millones pasen algún tiempo en estos centros. La mayoría (las dos terceras partes) de estos centros son privados, con afán de lucro. Los restantes son públicos (término que en EEUU se define como de financiación pública o privados sin afán de lucro). Las conclusiones de este análisis son claras y contundentes. En general, la calidad de los servicios médicos proveídos por las instituciones con afán de lucro es menor que la proveída por las instituciones sin afán de lucro. Entre otros muchos indicadores de calidad estudiados se incluían:

1) las cualificaciones del personal de las instituciones.

2) el número de complicaciones en el tratamiento clínico.

3) utilización de medidas que restringían la movilidad de los pacientes (como sobredosis de calmantes) que disminuyesen sus exigencias de atención.

4) violaciones de las normativas gubernamentales para garantizar la calidad de los servicios.

En cada uno de estos indicadores de calidad, las instituciones con afán de lucro estaban muy por detrás de las instituciones públicas. La evidencia existente de la diferencia en la calidad entre ambas instituciones es también abrumadora en otros estudios que han analizado la atención hospitalaria y otros servicios, como los servicios de diálisis externos. La mortalidad (para el mismo tipo de pacientes) es mayor en las instituciones con afán de lucro que en las que no tienen tal afán.

La importancia de estos estudios recae en que refuerzan la evidencia acumulada en la literatura científica, que el afán de lucro en medicina entra en conflicto con la calidad de los servicios sanitarios. La supuesta mayor eficiencia del sector privado comercial se basa en medidas como el ahorro en personal cualificado (tienen menos personal cualificado, como enfermeras, y tienen más personal con menor cualificación), hecho que claramente daña la calidad de la atención médica. Tal como indica el Dr. Guyatt, “las empresas con afán de lucro, en los servicios sanitarios, tienen que ahorrar fondos en áreas que afectan a la calidad de los servicios, a fin de conseguir el dinero que necesitan para pagar a sus accionistas y a sus gestores”. El afán de lucro no encaja con unos servicios cuyo objetivo debiera ser siempre servir a los pacientes, anteponiendo este objetivo al de optimizar los ingresos para conseguir mayores dividendos a los accionistas o para pagar mejor a los gestores. Estos últimos, por cierto, tienen unos niveles de remuneración mucho más elevados que los existentes en las instituciones no lucrativas.

No se han realizado estudios semejantes en España. Pero existe una percepción generalizada entre la mayoría de los expertos de que la calidad de la atención sanitaria pública es mejor que la privada, de manera que, si usted está enfermo de verdad, le aconsejo que vaya a la pública. Existe una dimensión, sin embargo, en la que, en general, la privada es mejor que la pública. El aspecto hotelero y de confort es, en general, mejor en la privada que en la pública. Y los tiempos de espera son menores en la privada que en la pública. Ello explica su expansión. La mayor causa de estas deficiencias del sector público está en la enorme escasez del gasto público sanitario, el más bajo (y por mucho) de la Unión Europea a quince. Mientras que el PIB per cápita de España es ya el 93% del promedio de la UE-15, el gasto público sanitario es sólo el 65% del promedio de la UE. Y ahí está el mayor problema de la sanidad española, problema del cual el establishment político y mediático del país (que pertenece al 30% de renta superior de la población) no es plenamente consciente, pues utiliza los servicios de la sanidad privada o recibe trato preferencial (en el caso de las élites políticas) cuando van a la pública. Debiera dictarse una norma en el sistema político español que indicara que, para que una persona pudiera optar a representar a la población, se comprometiese a utilizar los mismos servicios sanitarios que la mayoría de sus electores, que son mayoritariamente de clases populares y que utilizan la sanidad pública sin haber recibido trato preferencial. Esto contribuiría a que se redujera la excesiva distancia, que existe en España entre representantes y representados y ayudaría a los primeros a sensibilizarse de los problemas de los segundos.

La sanidad española

Existe una visión excesivamente complaciente de la sanidad española que señala que España se gasta ya en sanidad lo que le corresponde por su nivel de riqueza. Los que sostienen tales tesis presentan los últimos datos de la OCDE (el grupo de países más ricos del mundo) que muestran que España se gasta un porcentaje de su PIB casi idéntico al del promedio de los países de la OCDE. Este dato, sin embargo, es desorientador y poco significativo. La OCDE es un grupo de países de enorme diversidad en su nivel económico, incluyendo países como México y Chile, que tienen un PIB per cápita y un gasto sanitario muy bajos. De ahí que el promedio sea relativamente bajo, lo cual nos da una buena imagen, que es lo que desean quienes utilizan tal indicador. El indicador más valioso para medir el grado de desarrollo de la sanidad pública española es el gasto público sanitario por habitante comparándolo con el promedio de la UE-15, el grupo de países de la UE de semejante nivel de desarrollo al nuestro. Y ahí sí que no hay razones para la complacencia. Continuamos estando, junto con Grecia y Portugal, a la cola de la UE-15. Si en lugar de tal indicador escogemos el gasto público sanitario como porcentaje del PIB o el porcentaje de la población adulta que trabaja en sanidad, vemos que también estamos a la cola de la UE-15.

Este bajo gasto público explica la polarización por clase social de la sanidad española, de manera que el 30% de la población española (la de renta superior) utiliza la sanidad privada, y el 70% restante, las clases populares (la clase trabajadora y la mayoría de las clases medias), utilizan los servicios públicos. Esta polarización de la sanidad no es buena ni para las personas de rentas superiores ni para la mayoría de la población, puesto que, aun cuando la privada sea, en general, mejor que la pública en confort (una cama por habitación hospitalaria, por ejemplo), tiempo de visita más largo, listas de espera más cortas y mejor trato personal, la pública es mucho mejor en la calidad del personal y apoyo científico tecnológico que la sanidad privada. Con lo cual, si el lector cae enfermo de verdad, le aconsejo que vaya a la pública, tal como hizo el rey de España.

Lo que se requeriría sería una sanidad pública multiclasista que tuviera el confort de la privada, manteniendo la calidad de la pública. Ahora bien, para ello se necesita mucho más dinero. En realidad, la subfinanciación de la sanidad pública se ha agravado como consecuencia de la crisis, lo cual ha forzado a las autoridades públicas a considerar varias opciones a fin de conseguir recursos para la sanidad pública. Algo que debiera ya haberse hecho desde hace tiempo (y que estaba en los programas electorales de los partidos de izquierda, incluyendo el PSOE), era una mayor carga impositiva (y muy en especial de los sectores que se han beneficiado más estos últimos años de la gran bonanza económica) que conllevará mayores recursos al Estado. Es escandaloso que, mientras el porcentaje en impuestos que paga un trabajador de la manufactura en España sea el 74% del que paga su homólogo sueco, el de un gran empresario sea sólo el 38% de su equivalente sueco. Otra medida que debería considerarse es el incremento de impuestos finalistas sobre el tabaco y el alcohol, mucho más bajos que en el promedio de la UE-15. Otra fuente de ingresos debería ser el pago que las mutuas laborales controladas por la patronal tendrían que hacer a la sanidad pública con el fin de cubrir el coste de atender las enfermedades laborales, que significan casi el 18% de todos los enfermos hospitalizados. Las mutuas laborales (las entidades con mayores beneficios en el mundo mutual) no pagan –como deberían– estos gastos. Si lo hicieran, el Estado conseguiría unos ingresos considerables. Los medios de información de mayor difusión han olvidado estas fuentes de ingresos, centrándose en los copagos (y, muy en particular, el copago de un euro por visita, cantidad que se justifica frecuentemente como medida disuasoria para reducir la demanda). Se asume erróneamente que el usuario español abusa del sistema, tomando el elevado número de visitas sanitarias por habitante (nueve visitas) como ejemplo de este abuso (el promedio de la UE-15 es de seis). Pero lo que no se dice es que, de estas nueve visitas, hay al menos tres que en otros países son atendidas por o bien una enfermera o bien un administrativo, y que en España, en cambio, las hace el médico. El médico está sobrecargado, pero ello no quiere decir que el usuario abuse, pues en otros países las enfermeras tienen mayor responsabilidad y los médicos tienen mayor apoyo administrativo. Las reformas del sistema, priorizando la atención sanitaria comunitaria, como se está haciendo en Catalunya, es una manera de disminuir la demanda. Por otra parte, quien genera la demanda que ocasiona gastos (farmacia, pruebas clínicas, intervenciones) no es el usuario, sino el médico.

En España ya existe el copago en farmacia y este puede mejorarse en cuanto a su equidad. Pero es erróneo centrarse en el copago a costa de las otras intervenciones públicas más generadoras de recursos. Ello no niega la importancia que el copago pueda tener para conseguir fondos para proveer nuevos servicios (como podología u odontología), siempre que sus precios sean regulados y equitativos. Lo que no puede permitirse es que continuemos a la cola de la UE-15 en gasto público. El riesgo de privatización y de mantenimiento de la polarización pública-privada no procede de los copagos, sino de la desgravación de las mutuas sanitarias privadas, lo cual, además de significar un coste al erario público (cualquier desgravación es un subsidio público), incrementaría todavía más la polarización del sistema sanitario por clase social, lo cual sería un gran error.

Vicenç Navarro

  • Consejo Científico de ATTAC España.
  • Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra.
  • Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University.