El presupuesto del Ministerio de Sanidad se reducirá entre un 13 y un 15% en 2013

 

El departamento que dirige Ana Mato recibirá un nuevo tijeretazo el próximo año y sólo dispondrá de unos 2.000 millones de euros

La reduccion de entre el 13 y el 15 %, supone unos 300 y 346 millones.

El Presupuesto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdadse reducirá entre un 13 y un 15% para el próximo ejercicio 2013, según informaron a Europa Press fuentes del Ejecutivo. Este recorte se sumará al ya aplicado para el presente ejercicio y que supuso también la reducción de un 13,7%.

Esta nueva reducción presupuestaria situará la disponibilidad del Ministerio que dirige Ana Mato en el entorno de los 2.000 millones de euros, entre 1.962 y 2.008 millones, en función del porcentaje final que se aplique.

Las fuentes consultadas por Europa Press explicaron que la reducción inicialmente planteada fue del 15%. Sin embargo, el Ministerio negocia con la Vicepresidencia para que el recorte no sea tan elevado, con lo que, precisan, podría estar finalmente entre el 13 y el 15%, lo que supondría, en cualquier caso, un recorte de entre 300 y 346 millones de euros sobre el presupuesto de 2012, que ya experimentó un recorte de otros 365 millones.

Este recorte estará un poco por encima de la media del que se aplicará al conjunto de los ministerios y que se situará en el entorno del 12%, según se anunció en la presentación del cuadro macroeconómico. Aunque hay ministerios, como el de Agricultura, que sufrirán un recorte mucho mayor de la media. En el caso del departamento que dirige Miguel Arias Cañete, la merma estará alrededor del 30% en la capacidad de gasto.

Las fuentes consultadas explicaron que en el caso del Ministerio de Sanidad, la intención es que esta nueva rebaja en el gasto afecte lo menos posible a los programas que financia el departamento de Mato. Es decir, que se centre más en la reducción de gastos internos de funcionamiento y que, en la medida de lo posible, no afecte a los servicios que se prestan.

No obstante, esto sí ha ocurrido con el presupuesto del presente año, en el que se vieron afectadas partidas correspondientes al nivel convenido de Dependencia , al que se le aplicó una reducción del presupuesto de 283 millones de euros. Aunque en las cuentas del presente ejercicio también hubo algunas partidas que aumentaron como la destinada al Fondo de Cohesión Sanitaria que se situó en 93,3 millones de euros.

Fuente: CAS-Madrid.org

Avanzar al pasado: la sanidad como mercancía

 

Joan Benach

 

La obtención del derecho a la atención sanitaria ha sido una de las conquistas sociales más importantes de la segunda mitad del siglo XX, un bien público equiparable al derecho al voto, la educación o tener una pensión Un referente histórico de los países con sistemas sanitarios públicos financiados directamente con impuestos fue el National Health Servicebritánico que en 1948 propuso una asistencia preventiva y curativa para “todo ciudadano sin excepción”. Junto al Reino Unido, los países nórdicos y otros países europeos siguieron procesos parecidos estableciendo sistemas sanitarios según los principios de financiación pública, acceso universal y una amplia oferta de servicios sanitarios con independencia de los ingresos, posición social o lugar de residencia.

En España ese proceso fue tardío. Durante el periodo final de la dictadura franquista dos tercios de la población tenía alguna cobertura sanitaria. En 1978, cuando la Constitución estableció el derecho a la protección de la salud ciudadana, cuatro de cada cinco personas estaba ya cubierta por la Seguridad Social. En 1986 se produjo un cambio fundamental cuando la Ley General de Sanidad sentó las bases de un Sistema Nacional de Salud (SNS) que amplió la cobertura y proveyó atención sanitaria de mayor calidad para casi toda la población. En esos mismos años, sin embargo, el sector sanitario público se situó bajo el punto de mira de gobiernos conservadores, instituciones internacionales y grandes empresas (farmacéuticas, seguros, tecnológicas y hospitalarias), aumentando progresivamente la presión para mercantilizar la sanidad. La razón es fácil de entender: en una fase de estancamiento capitalista y reducción de beneficios, la atención sanitaria era un lugar ideal para hacer negocios. En 1987 y 1993 dos relevantes informes del Banco Mundial ya plantearon la necesidad de adoptar criterios mercantiles, desinstitucionalizar la atención sanitaria y otorgar un mayor papel a las aseguradoras y prestadores privados de servicios. No olvidemos que los sistemas sanitarios público y privado son como “vasos comunicantes”: para que el privado tenga posibilidades de lucro primero hay que desprestigiar, debilitar o “parasitar” al público.

En 1991, el “Informe Abril” se convirtió en el primer intento serio de promover la mercantilización del sistema sanitario en España. Se abogaba por mejorar su eficiencia mediante la separación de la financiación pública de la provisión de servicios o la instauración de conceptos como la “prestación adicional” y “complementaria” cofinanciados por el usuario. Los argumentos ideológicos, repetidos desde entonces hasta la saciedad, son bien conocidos: el sector público es “insostenible” y “burocrático”, el sistema privado es “más eficiente” que el público, “la salud pertenece al ámbito personal”, los usuarios son responsables de “abusar de la sanidad”. Ni la investigación científica ni la propia OMS confirman esos supuestos.La sanidad pública es más equitativa (sobre todo cuando tiene financiación suficiente finalista), eficiente (sobre todo si se impulsa la atención primaria) y tiene más calidad que la privada (con las excepciones del confort y el tiempo de espera).

A finales de la década de los 90 el proceso mercantilizador se acelerará. En 1997, bajo el gobierno de José María Aznar, el PP aprobó (con el apoyo de PSOE y PNV) la Ley 15/97 que permitía la entrada de entidades privadas en la gestión de los centros sanitarios públicos, y en 1999, con la construcción y gestión del hospital de La Ribera en Alzira, se abrió el camino a la mercantilización de la sanidad y el fomento a“modelos de negocio” privados. La Generalitat valenciana del PP de Eduardo Zaplana lo puso en manos de un consorcio formado por el grupo Ribera (gestión sanitaria), Adeslas (aseguradora médica), Lubasa (inmobiliaria) y Dragados (constructora). En Madrid, la cesión en 2005 delhospital de Valdemoro a la empresa de capital sueco Capio se convirtió, bajo el PP de Esperanza Aguirre, en la punta de lanza de la construcción de centros privados. En Cataluña, se configuró históricamente un sistema de gestión sanitaria mixto donde junto a los hospitales públicos hay una extensa red de centros semipúblicos con una amplia presencia de instituciones locales y grupos privados y eclesiásticos, y un modelo público con una concepción empresarial. En 1995 se aceptó el ánimo de lucro en la gestión de la sanidad pública, y las sucesivas reformas legales de CiU y el tripartito (PSC, ERC; ICV-EUA) reforzaron aún más el llamado “modelo catalán”. La reforma del Institut Català de la Salut de 2007 y la llamada “Ley Omnibus” contemplaron la posibilidad de que los hospitales públicos alquilaran operadores privados en las plantas cerradas o los quirófanos que dejaran de operar por las tardes.

A lo largo del proceso histórico sucintamente resumido, las estrategias para mercantilizar y privatizar la sanidad han sido permanentes, un goteo constante. El resultado ha sido reducir progresivamente la capacidad asistencial de los centros públicos, cerrándose camas, consultas y quirófanos hospitalarios, restringiendo urgencias ambulatorias y alargando las listas de espera. A decir de políticos tan significados como Esperanza Aguirre o Artur Mas, se trata de reducir la sanidad pública a su “núcleo básico” manteniendo la gratuidad de los servicios sanitarios imprescindibles. Si las clases medias dejan el sistema público, éste se debilitará y convertirá básicamente en un sistema de y para los pobres.

Bajo el discurso de una supuesta insostenibilidad financiera, haber “vivido por encima de nuestras posibilidades” y con una población en “shock” por la crisis actual, tras el goteo, llega ahora el turno al chorro de agua helada en forma de un Real Decreto-Ley (RDL 16/2012, 20 de abril) que comporta pasar de un sistema nacional de salud a unsistema tripartito basado en los seguros sanitarios para los ricos, la seguridad social para los trabajadores y la beneficencia para el resto de personas. El RDL del gobierno del PP es una contrarreforma sanitaria que nos lleva tres décadas atrás. Primero, porque se pasa de un sistema financiado con impuestos directos a un sistema basado en la financiación de un modelo de seguros con el pago del afiliado (asegurado) o el protegido (beneficiario) por la Seguridad Social y numerosos copagos. Segundo, porquese renuncia a la atención sanitaria universal excluyendo a los sectores más débiles de la sociedad española: inmigrantes sin papeles y discapacitados con una discapacidad menor del 65%, entre otros colectivos. Tercero, porque se establecen tres niveles de servicios sin definir aún, lo que apunta a una reducción de las prestaciones básicas y la generación de un sistema de beneficencia que “arrastrará” a la clase media hacia los seguros privados con prestaciones complementarias sometidas a repago. Millones de de pensionistas, cuya economía raya en la subsistencia, deberán realizar “repagos”(un “impuesto sobre la enfermedad”) según su nivel de renta (una gestión que es compleja e injusta), y pagar por fármacos que sirven para “síntomas menores”. Y cuarto, ya que se niega la sanidad a inmigrantes o personas enfermas socialmente excluidas, el “nuevo” sistema acarrearáproblemas de salud pública con la saturación de los servicios de urgencias y la probable aparición de epidemias. Además, es un modelo implantado en forma autoritaria y anticonstitucional que producirá graves problemas de salud y desigualdades, especialmente en pobres, enfermos crónicos, discapacitados y quienes deban desplazarse a los centros sanitarios. Ese modelo significa “avanzar” hacia una sanidad mercantilizada, injusta, que rompe el concepto de ciudadanía y solidaridad social, que abre paso al clasismo, la desigualdad y es el fin del derecho universal a la sanidad y la salud.

Los sistemas de sanidad públicos, accesibles, con organización y gestión esencialmente públicas y una elevada calidad de prestaciones, ofrecen resultados globales de salud mejores que otros modelos. Que el sistema sanitario público pueda mejorar su eficiencia (con más atención primaria y menos gasto farmacéutico), calidad (con más atención en salud mental por ejemplo) y equidad (protegiendo a toda la población) no puede ser excusa para que las fuerzas económicas y políticas que favorecen la mercantilización sanitaria destruyan un modelo conseguido a través de largas luchas sociales. La atención sanitaria debe ser un derecho ciudadano independientemente de la condición social y el lugar donde se viva y no una mercancía que sólo consuman los “clientes” que puedan pagarla.

Joan Benaches profesor de salud pública y miembro de GREDS-EMCONET (UPF). Su último libro publicado es “La sanidad está en venta” (Icaria). Firman también este artículo Carles Muntaner, Gemma Tarafa y Clara Valverde.

El País, 16 de agosto de 2012

PRIORIDAD PARA CURAR A QUIENES PAGAN.

Los recortes abren una sanidad a dos velocidades en Cataluña

Los ajustes llevan a los hospitales a operar antes a los pacientes dispuestos a pagar

 

Una mujer se ahorra siete meses de espera en La Seu d’Urgell

 

FERRAN BALSELLS Barcelona 9 FEB 2012 – 00:23 CET67

 

Recepción del Hospital de la Seu d’Urgell, en Lleida. / DIARI SEGRE

 

Los recortes en Cataluña están abriendo la vía a una sanidad a dos velocidades, en la que un mismo hospital y médico operan antes a quien está dispuesto a pagar para saltarse la lista de espera. El último caso ha sido el del hospital de La Seu d’Urgell (Lleida), que desde el lunes ofrece sus quirófanos, cerrados por la tarde por los recortes, al sector privado. Teresa Tosas, de 66 años y pendiente de una intervención en la rodilla, evitó siete meses de espera gracias a su seguro privado, que ha alcanzado un acuerdo con el centro.

Este caso puede generalizarse pronto en Cataluña, donde solo ocho de los cerca de 70 hospitales que actúan como públicos son directamente gestionados por la Generalitat. El resto son financiados con dinero público, pero gestionados por otras Administraciones —locales, comarcales…— o entidades privadas sin afán de lucro, como la Iglesia. El de La Seu d’Urgell es del Ayuntamiento y el obispado. La dureza de los recortes ha hecho que muchos de estos centros tengan ahora instalaciones infrautilizadas que su autonomía de gestión les permite poner en el mercado en busca de ingresos. “La Generalitat contrata menos servicios, pero los hospitales necesitan mantener sus ingresos”, detalla Juan Cobacho, responsable de sanidad de UGT .

“Se está creando un sistema que solo será rápido para el que pague”, dice el PSC

“Está empezando a configurarse un sistema donde solo el que pueda pagar tendrá una sanidad rápida y eficaz”, alerta el responsable de sanidad del PSC en el Parlamento, Josep Maria Sabaté. Hasta la llegada de los recortes, algunos de estos hospitales tenían acuerdos puntuales con algunas mutuas o seguros privados. Pero para los pacientes de la sanidad pública existía la garantía de ser operados antes de seis meses, límite que ha eliminado el Gobierno de Artur Mas (CiU). Con el aumento de las listas de espera causado por los recortes (un 23% en el primer semestre de 2011, último del que se han hecho públicos los datos), la opción de pagar para saltarse la lista de espera resulta ya interesante para muchos.

“Lo que es nuevo es que la combinación entre recortes y la independencia de gestión de los centros está creando dos listas de espera”, afirma Sabaté.

La reforma para convertir en empresas los ocho hospitales de la Generalitat amenaza con ahondar la brecha

El hospital de La Seu d’Urgell dejó de programar en verano intervenciones quirúrgicas por las tardes y ahora ha empezado a alquilar esos quirófanos a unos 400 euros la hora. Este lunes se realizaron las primeras operaciones, entre ellas la de Teresa Tosas. Al igual que el hospital, el traumatólogo que la operó trabaja para la sanidad pública a través de este hospital y además tiene consulta privada. “El médico dijo que tendría que esperar siete meses o más”, relata la mujer. “Pero que existía la posibilidad de un acuerdo con el hospital para utilizar sus quirófanos para que me operara antes de un mes”.

“Es una perversión del sistema: el paciente acude al mismo centro y le trata el mismo médico que con la sanidad pública, pero además tiene que pagar”, lamenta Cobacho. “Hasta ahora la Generalitat tutelaba que no existiera una diferencia de trato entre la sanidad pública y la privada en los hospitales concertados”, asegura Sabaté. “El trato era similar. Ahora aquellos que contraten una mutua saben que se les opera antes. En muchos hospitales cuando ingresa el paciente ya le preguntan si tiene mutua”, destaca.

La reforma que prepara la Generalitat para convertir en empresas los ocho hospitales que gestiona amenaza con ahondar la brecha. CiU pretende que estos centros presten servicios a la sanidad privada para garantizar la rentabilidad de los centros. “Uno llegará a un mismo hospital y verá dos puertas”, advierte Cobacho. “Solo avanzará deprisa la de los que pagan de más. Y al paciente le preguntarán: ¿Qué puerta quiere?”.

Fuente: El País

Iniciativa discriminatoria que afectará a la salud ciudadana.

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La Asociación para a Defensa da Sanidade Pública rechaza el copago en las recetas de pensionistas.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) –

   La Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública ha expresado este viernes su rechazo a la posibilidad apuntada por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de aplicar el copago en la prestación farmacéutica y ha calificado de "injusta" este medida, en concreto, para el colectivo de pensionistas.

   "Las declaraciones del presidente de la Xunta de Galicia sobre su intención de aplicar copagos en la prestación farmacéutica supone un nuevo paso en su estrategia solapada, pero cada vez más acelerada, de introducir los copagos en la sanidad pública gallega con el argumento de que la crisis obliga a recortar gasto pública", denuncia la asociación.

   En este sentido, considera que esta medida "pretende hacer pagar las recetas a los pensionistas", lo que supone una iniciativa "discriminatoria que limitará el acceso de los pensionistas a la atención sanitaria y afectará a su salud", apostilla.

   "Los pensionistas son las personas con menos ingresos y con mas necesidades de medicamentos por padecer enfermedades crónicas. Son muy pocos los pensionistas que no toman medicación de manera habitual y frecuentemente suelen necesitar varios medicamentos para su múltiples dolencias", recuerda la asociación.

   Por ello, señala que esta medida "es injusta además por que los responsables de la prescripción no son los pensionistas sino los médicos que recetan los medicamentos", que, matiza, "sufren la presión de la industria farmacéutica".

   "Núñez Feijóo da un paso más en su estrategia de hacer pagar la crisis a los sectores más vulnerables y desprotegidos, mientas promete rebajar los impuestos a los más ricos y poderosos", concluye la Asociación para a Defensa da Sanidade Pública.

Una entrevista a un premio Nobel de Medicina que no tiene desperdicio

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Hace unos días se publicó una nota sobre datos revelados que muestran que las grandes compañías farmacéuticas en Estados Unidos gastan cientos de millones de dólares al año pagando a doctores para que éstos promuevan sus medicamentos.  Para complementar reproducimos esta entrevista con el Premio Nobel de Medicina Richard J. Roberts quien señala que los fármacos que curan no son rentables y por eso no son desarrollados por las farmacéuticas que en cambio sí desarrollan medicamentos cronificadores que sean consumidos de forma serializada. Esto, señala Roberts, también hace que algunos fármacos que podrían curar del todo una enfermedad no sean investigados. Y se pregunta hasta qué punto es válido y ético que la industria de la salud se rija por los mismos valores y principios que el mercado capitalista, los cuales llegan a parecerse mucho a los de la mafia. La entrevista originalmente fue publicada por el diario editado en Barcelona, La Vanguardia:

 

¿La investigación se puede planificar?

 

– Si yo fuera ministro de Sanidad o el responsable de Ciencia y Tecnología, buscaría a gente entusiasta con proyectos interesantes; les daría el dinero justo para que no pudieran hacer nada más que investigar y les dejaría trabajar diez años para sorprendernos.

– Parece una buena política.

 

– Se suele creer que, para llegar muy lejos, tienes que apoyar la investigación básica; pero si quieres resultados más inmediatos y rentables, debes apostar por la aplicada…

 

– ¿Y no es así?

 

– A menudo, los descubrimientos más rentables se han hecho a partir de preguntas muy básicas. Así nació la gigantesca y billonaria industria biotech estadounidense para la que trabajo.

 

– ¿Cómo nació?

 

– La biotecnología surgió cuando gente apasionada se empezó a preguntar si podría clonar genes y empezó a estudiarlos y a intentar purificarlos.

– Toda una aventura.
– Sí, pero nadie esperaba hacerse rico con esas preguntas. Era difícil obtener fondos para investigar las respuestas hasta que Nixon lanzó la guerra contra el cáncer en 1971.

– ¿Fue científicamente productiva?

– Permitió, con una enorme cantidad de fondos públicos, mucha investigación, como la mía, que no servía directamente contra el cáncer, pero fue útil para entender los mecanismos que permiten la vida.

– ¿Qué descubrió usted?

– Phillip Allen Sharp y yo fuimos premiados por el descubrimiento de los intrones en el ADN eucariótico y el mecanismo de gen splicing (empalme de genes).

– ¿Para qué sirvió?

– Ese descubrimiento permitió entender cómo funciona el ADN y, sin embargo, sólo tiene una relación indirecta con el cáncer.

– ¿Qué modelo de investigación le parece más eficaz, el estadounidense o el europeo?

– Es obvio que el estadounidense, en el que toma parte activa el capital privado, es mucho más eficiente. Tómese por ejemplo el espectacular avance de la industria informática, donde es el dinero privado el que financia la investigación básica y aplicada, pero respecto a la industria de la salud… Tengo mis reservas.

– Le escucho.

– La investigación en la salud humana no puede depender tan sólo de su rentabilidad económica. Lo que es bueno para los dividendos de las empresas no siempre es bueno para las personas.

– Explíquese.

– La industria farmacéutica quiere servir a los mercados de capital…

– Como cualquier otra industria.

– Es que no es cualquier otra industria: estamos hablando de nuestra salud y nuestras vidas y las de nuestros hijos y millones de seres humanos.

– Pero si son rentables, investigarán mejor.
– Si sólo piensas en los beneficios, dejas de preocuparte por servir a los seres humanos.

– Por ejemplo…

– He comprobado como en algunos casos los investigadores dependientes de fondos privados hubieran descubierto medicinas muy eficaces que hubieran acabado por completo con una enfermedad…

– ¿Y por qué dejan de investigar?
– Porque las farmacéuticas a menudo no están tan interesadas en curarle a usted como en sacarle dinero, así que esa investigación, de repente, es desviada hacia el descubrimiento de medicinas que no curan del todo, sino que hacen crónica la enfermedad y le hacen experimentar una mejoría que desaparece cuando deja de tomar el medicamento.

– Es una grave acusación.
– Pues es habitual que las farmacéuticas estén interesadas en líneas de investigación no para curar sino sólo para convertir en crónicas dolencias con medicamentos cronificadores mucho más rentables que los que curan del todo y de una vez para siempre. Y no tiene más que seguir el análisis financiero de la industria farmacológica y comprobará lo que le digo.

– Hay dividendos que matan.

– Por eso le decía que la salud no puede ser un mercado más ni puede entenderse tan sólo como un medio para ganar dinero. Y por eso creo que el modelo europeo mixto de capital público y privado es menos fácil que propicie ese tipo de abusos.

– ¿Un ejemplo de esos abusos?

– Se han dejado de investigar antibióticos porque son demasiado efectivos y curaban del todo. Como no se han desarrollado nuevos antibióticos, los microorganismos infecciosos se han vuelto resistentes y hoy la tuberculosis, que en mi niñez había sido derrotada, está resurgiendo y ha matado este año pasado a un millón de personas.

– ¿No me habla usted del Tercer Mundo?

– Ése es otro triste capítulo: apenas se investigan las enfermedades tercermundistas, porque los medicamentos que las combatirían no serían rentables. Pero yo le estoy hablando de nuestro Primer Mundo: la medicina que cura del todo no es rentable y por eso no investigan en ella.

– ¿Los políticos no intervienen?

– No se haga ilusiones: en nuestro sistema, los políticos son meros empleados de los grandes capitales, que invierten lo necesario para que salgan elegidos sus chicos, y si no salen, compran a los que son elegidos.

– De todo habrá.

– Al capital sólo le interesa multiplicarse. Casi todos los políticos – y sé de lo que hablo- dependen descaradamente de esas multinacionales farmacéuticas que financian sus campañas. Lo demás son palabras…

Fuente: Diario Digital Insurgente

El copago sanitario ya está en los impuestos.

Al sistema sanitario español le aprietan las costuras. Instaurado hace 25 años, y tras el revulsivo que supuso la descentralización que acabó en 2003, arrastra un déficit que ronda los 10.000 millones de euros. Gratuito y casi universal, supone el 6,2% del PIB español. Con esos números, el objetivo de ahorrar es una constante. Y, periódicamente, llegan las propuestas de implantar un copago o tique moderador: que los usuarios paguen una cantidad simbólica, por ir al médico o al hospital, o que participen en gastos como la comida que se les da cuando están ingresados.

La idea no es nueva. Ya en 1991 el informe abril lo sugirió, pero nadie se ha atrevido a aplicarlo. El lunes pasado, en una entrevista a EL PAÍS, el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, volvió a mencionar la idea: “En este momento, a 31 de enero de 2011 [el copago], no está en la agenda inmediata, por más que se utiliza en muchos países. No será en este momento, pero es algo que habrá que reconsiderar en el futuro”, dijo. La declaración encendió las alarmas en el Gobierno. Al día siguiente el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, le desmintió. El ahorro que representa el copago “es muy escaso” y “no merece la pena”, dijo.

También la ministra de Sanidad es tajante. “La postura del Gobierno sobre este asunto no es una postura dogmática, ni siquiera ideológica. Es una postura después de haber estudiado el modelo sanitario de otros países europeos y de ver si merece la pena o no introducir una medida que recaiga directamente en el bolsillo de los ciudadanos en función, no ya de su renta, sino de si necesitan más la sanidad o no. Y en eso no estoy de acuerdo por varias razones: primero, porque no ahorra lo suficiente para garantizar la sostenibilidad del sistema. En segundo lugar, porque puede producir un riesgo serio de inequidad, ya que un ciudadano que tenga que pagarse una radiografía y que tenga problemas económicos puede dejar de hacérsela”.

Debe de ser una de las pocas propuestas sanitarias que despierta unanimidad en los partidos mayoritarios. La exministra de Sanidad y secretaria de Política Social del PP, Ana Pastor, es tajante en su rechazo: “Rotundamente, no”, dice cuando se le pregunta. “Los ciudadanos ya pagan la sanidad con sus impuestos”, afirma. “Lo que se necesita son reformas estructurales, para las que ya están las dos hojas de ruta: la ley de ordenación de las profesiones sanitarias y la de cohesión y calidad [ambas se aprobaron siendo ella ministra]“, afirma.

IU va más allá. Su único diputado, Gaspar Llamazares, que es además presidente de la Comisión de Sanidad del Congreso y médico, cree que las declaraciones como las del secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, “no son gratuitas ni improvisadas”. “Por el contrario, el equipo económico del Gobierno, con la vicepresidenta segunda Salgado al timón [también exministra de Sanidad], realizan manifestaciones de estas características de forma intencionada y en momentos puntuales de la crisis económica”, añade. “Pretenden marcar así el rumbo a otros Ministerios, como el de Sanidad, sin importarles tampoco ignorar al Congreso de los Diputados, que ya ha rechazado en esta legislatura esta fórmula por unanimidad, tras una iniciativa registrada por Izquierda Unida. Y esa unanimidad, por supuesto, incluyó el voto de los diputados socialistas”.

El mismo día 2, el grupo parlamentario IU-ICV-ERC presentó una proposición en la que se afirma que el Congreso de los Diputados reitera su “rechazo de la introducción de fórmulas de copago (euro, tique, etcétera) por parte de los usuarios del Sistema Nacional de Salud, al entender que afectarían gravemente a principios básicos del derecho constitucional a la salud, como la accesibilidad, la universalidad y la gratuidad de la atención integral de salud sin aportar, a cambio, avances significativos en la organización de la demanda y mucho menos en la financiación del Sistema Nacional de Salud”.

Los mismos argumentos son los repetidos por organizaciones como el Foro Español de Pacientes o la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Salud Pública. Pero detrás de esta postura firme, se atisban fisuras. Prueba de que hay una corriente favorable, aunque no lo suficientemente fuerte como para imponerse, ha sido el debate en Cataluña. El melón del copago lo abrió en 2004, durante la primera legislatura del tripartito, la consejera de Salud, Marina Geli. Ya entonces se hablaba de que la época de vacas gordas había tocado fin y que la endeudada sanidad catalana (2.900 millones de euros) necesitaba de “sacrificios individuales”, que se vaticinaban añadidos a la implantación del céntimo sanitario por litro de gasolina. Semanas después, el Gobierno catalán rectificó y aseguró que “nunca impondría” el sistema de copago para financiar el sistema. Pero no había pasado ni un mes cuando Geli anunció que estudiaría el pago de un euro por visita para regular la demanda. Un grupo de sabios consultado por la Generalitat lo descartó. Tanto cambio de opinión responde, en parte, a la disparidad de opiniones en el seno del tripartito. La idea se retomó y se volvió a rechazar en 2008 entre presiones de oposición y pacientes. Con la llegada de Convergència i Unió al poder, el actual consejero, Boi Ruiz, sostiene que no es el momento. “Son medidas a tomar en su momento, pero no ahora”, dijo ante el Parlamento, y defendió que no se puede exigir un sobrecoste a colectivos como los parados o los jubilados.

Esta unanimidad contra el copago contrasta con lo que sucede en otros países. En 2004, con Jacques Chirac en la presidencia de la República, Francia impuso el copago sanitario en las consultas médicas. A partir de entonces, los franceses pagan un euro cada vez que acuden al médico, al especialista, se hacen un análisis o una radiografía. La medida tenía dos objetivos: concienciar a la población de que la medicina pública debía usarse con moderación y aliviar algo las exhaustas arcas de la Seguridad Social francesa. Hay pocas excepciones a esta medida. Solo se libran los afectados por una enfermedad de larga duración, los que sufren una baja laboral permanente, los titulares de una pensión por invalidez, los jubilados o las mujeres embarazadas a partir del sexto mes.

En su tiempo, las asociaciones de pacientes -muy poderosas en Francia-, los consumidores y los sindicatos médicos se opusieron con fuerza a este copago. Igual que ahora en España, por cierto. Con el tiempo, aquella medida pionera se ha revelado como la primera de una serie de pequeños recortes en la sanidad pública francesa. “Aquello fue el principio”, recuerda el periodista especializado en asuntos médicos Cyril Dupuis. Es cierto: ya con Nicolás Sarkozy como jefe del Estado, se han producido modificaciones: desde 2008 cada francés debe pagar también 50 céntimos de euro por cada medicamento, cada visita al fisioterapeuta, y para los médicos de enfermería. También tienen que pagar 50 céntimos para el transporte al hospital o al centro médico. Nunca, en cualquier caso, el usuario debe pagar más de 50 euros al año.

Francia no está sola. El copago rige para servicios proporcionados por la asistencia pública, como por ejemplo la consulta de un médico especializado (dermatólogo, ortopeda, etcétera). Y es eje central de la reforma que se aprobó en noviembre pasado. Hasta entonces, el paciente pagaba un 10% del servicio, que suele corresponder a un mínimo de cinco y un máximo de 10 euros. El pago del servicio vale para tres meses, en los que el paciente puede acudir a la misma consulta las veces que quiera sin pagar más. Esta suma, sin embargo, puede ahora ser aumentada por las mutuas, según sus necesidades. “El problema es que esos costes ulteriores los tendrá que soportar únicamente el empleado sin participación alguna del dueño de la empresa”, añade Karl Lauterbach, experto en sanidad del Partido Socialdemócrata, en la oposición, quien condena además la reforma por ser demasiado poco transparente.

El Gobierno defendió la reforma en particular porque permitía ahorrar y porque permitiría bajar los precios de los fármacos. “Esta ley hará el sistema sanitario mejor y más justo”, argumentó el ministro de Sanidad Philipp Rösler.

Quizá la postura que mejor defina lo que piensan los políticos sea la de otro exministro, Bernat Soria, que ha presentado un informe sobre el sistema sanitario patrocinado por el laboratorio Abbott. Soria, como sus excompañeros, recuerda que “el copago ya existe” en los medicamentos, que los trabajadores en activo pagan en parte (el 40% si están en el régimen general de la Seguridad Social). Por eso cree que si se implanta, “sería un repago, un pago adicional e individualizado”. “Parece más razonable plantear una gestión más eficiente y la corresponsabilidad de todos los agentes, por ejemplo, reforzando la figura del personal sanitario”.

Hasta aquí, todo en línea. Pero Soria matiza todo esto con un “de momento”. Lo mismo que dijo el secretario de Estado de Hacienda -”no será en este momento”- o el consejero catalán Boi Ruiz. O subyace en las opiniones de Ana Pastor o Leire Pajín, cuando dicen que “antes” hay muchas cosas por hacer. Lo que no está claro es qué pasará después. Seguro que se vuelve a hablar de copago.

Con información de Clara Blanchar (Barcelona), Antonio Jiménez Barca (París) y Laura Lucchini (Berlín).

Emilio de Benito – El País


La privatización de la sanidad.

Debido a la propuesta que tanto el Sr. Rajoy del Partido Popular como el Sr. Artur Mas de Convergència i Unio han realizado de privatizar la sanidad pública, volvemos a colgar en el blog los siguientes artículos referentes a este tema, publicados en el diario Público.

¿Sanidad pública o privada?

La revista médica británica British Medical Journal acaba de publicar un estudio (Quality of care for profit and not for profit nursing homes, 2009, vol. 339) que incide de lleno en el debate que se está desarrollando en España y otros países sobre quién ofrece mejores servicios médicos a la población: la sanidad privada o la sanidad pública. La credibilidad del estudio viene asegurada no sólo por el prestigio de la revista (una de las más respetadas en la comunidad científica internacional), sino también por la enorme credibilidad del autor principal del estudio, el Dr. Gordon Guyatt, catedrático de Medicina de la McMaster University de Hamilton, en Canadá. El Dr. Guyatt es el fundador de Evidence-Based Medicine (medicina basada en la evidencia científica), la corriente científica en medicina que exige que cualquier cambio en la práctica médica se base en criterios médicos de probada eficacia. Su bien merecida reputación añade gran valor a su estudio. Este consiste en el análisis de 82 estudios de investigación que han analizado en EEUU la calidad de la asistencia sanitaria proveída en centros sanitarios estadounidenses de atención a enfermedades crónicas, personas con discapacidades graves y pacientes convalecientes (en inglés, nursing homes). La mayoría de la población atendida en estas instituciones son ancianos. En EEUU hay 1,5 millones de personas en las 16.000 nursing homes, con la posibilidad de que, cada año, más de tres millones pasen algún tiempo en estos centros. La mayoría (las dos terceras partes) de estos centros son privados, con afán de lucro. Los restantes son públicos (término que en EEUU se define como de financiación pública o privados sin afán de lucro). Las conclusiones de este análisis son claras y contundentes. En general, la calidad de los servicios médicos proveídos por las instituciones con afán de lucro es menor que la proveída por las instituciones sin afán de lucro. Entre otros muchos indicadores de calidad estudiados se incluían:

1) las cualificaciones del personal de las instituciones.

2) el número de complicaciones en el tratamiento clínico.

3) utilización de medidas que restringían la movilidad de los pacientes (como sobredosis de calmantes) que disminuyesen sus exigencias de atención.

4) violaciones de las normativas gubernamentales para garantizar la calidad de los servicios.

En cada uno de estos indicadores de calidad, las instituciones con afán de lucro estaban muy por detrás de las instituciones públicas. La evidencia existente de la diferencia en la calidad entre ambas instituciones es también abrumadora en otros estudios que han analizado la atención hospitalaria y otros servicios, como los servicios de diálisis externos. La mortalidad (para el mismo tipo de pacientes) es mayor en las instituciones con afán de lucro que en las que no tienen tal afán.

La importancia de estos estudios recae en que refuerzan la evidencia acumulada en la literatura científica, que el afán de lucro en medicina entra en conflicto con la calidad de los servicios sanitarios. La supuesta mayor eficiencia del sector privado comercial se basa en medidas como el ahorro en personal cualificado (tienen menos personal cualificado, como enfermeras, y tienen más personal con menor cualificación), hecho que claramente daña la calidad de la atención médica. Tal como indica el Dr. Guyatt, “las empresas con afán de lucro, en los servicios sanitarios, tienen que ahorrar fondos en áreas que afectan a la calidad de los servicios, a fin de conseguir el dinero que necesitan para pagar a sus accionistas y a sus gestores”. El afán de lucro no encaja con unos servicios cuyo objetivo debiera ser siempre servir a los pacientes, anteponiendo este objetivo al de optimizar los ingresos para conseguir mayores dividendos a los accionistas o para pagar mejor a los gestores. Estos últimos, por cierto, tienen unos niveles de remuneración mucho más elevados que los existentes en las instituciones no lucrativas.

No se han realizado estudios semejantes en España. Pero existe una percepción generalizada entre la mayoría de los expertos de que la calidad de la atención sanitaria pública es mejor que la privada, de manera que, si usted está enfermo de verdad, le aconsejo que vaya a la pública. Existe una dimensión, sin embargo, en la que, en general, la privada es mejor que la pública. El aspecto hotelero y de confort es, en general, mejor en la privada que en la pública. Y los tiempos de espera son menores en la privada que en la pública. Ello explica su expansión. La mayor causa de estas deficiencias del sector público está en la enorme escasez del gasto público sanitario, el más bajo (y por mucho) de la Unión Europea a quince. Mientras que el PIB per cápita de España es ya el 93% del promedio de la UE-15, el gasto público sanitario es sólo el 65% del promedio de la UE. Y ahí está el mayor problema de la sanidad española, problema del cual el establishment político y mediático del país (que pertenece al 30% de renta superior de la población) no es plenamente consciente, pues utiliza los servicios de la sanidad privada o recibe trato preferencial (en el caso de las élites políticas) cuando van a la pública. Debiera dictarse una norma en el sistema político español que indicara que, para que una persona pudiera optar a representar a la población, se comprometiese a utilizar los mismos servicios sanitarios que la mayoría de sus electores, que son mayoritariamente de clases populares y que utilizan la sanidad pública sin haber recibido trato preferencial. Esto contribuiría a que se redujera la excesiva distancia, que existe en España entre representantes y representados y ayudaría a los primeros a sensibilizarse de los problemas de los segundos.

La sanidad española

Existe una visión excesivamente complaciente de la sanidad española que señala que España se gasta ya en sanidad lo que le corresponde por su nivel de riqueza. Los que sostienen tales tesis presentan los últimos datos de la OCDE (el grupo de países más ricos del mundo) que muestran que España se gasta un porcentaje de su PIB casi idéntico al del promedio de los países de la OCDE. Este dato, sin embargo, es desorientador y poco significativo. La OCDE es un grupo de países de enorme diversidad en su nivel económico, incluyendo países como México y Chile, que tienen un PIB per cápita y un gasto sanitario muy bajos. De ahí que el promedio sea relativamente bajo, lo cual nos da una buena imagen, que es lo que desean quienes utilizan tal indicador. El indicador más valioso para medir el grado de desarrollo de la sanidad pública española es el gasto público sanitario por habitante comparándolo con el promedio de la UE-15, el grupo de países de la UE de semejante nivel de desarrollo al nuestro. Y ahí sí que no hay razones para la complacencia. Continuamos estando, junto con Grecia y Portugal, a la cola de la UE-15. Si en lugar de tal indicador escogemos el gasto público sanitario como porcentaje del PIB o el porcentaje de la población adulta que trabaja en sanidad, vemos que también estamos a la cola de la UE-15.

Este bajo gasto público explica la polarización por clase social de la sanidad española, de manera que el 30% de la población española (la de renta superior) utiliza la sanidad privada, y el 70% restante, las clases populares (la clase trabajadora y la mayoría de las clases medias), utilizan los servicios públicos. Esta polarización de la sanidad no es buena ni para las personas de rentas superiores ni para la mayoría de la población, puesto que, aun cuando la privada sea, en general, mejor que la pública en confort (una cama por habitación hospitalaria, por ejemplo), tiempo de visita más largo, listas de espera más cortas y mejor trato personal, la pública es mucho mejor en la calidad del personal y apoyo científico tecnológico que la sanidad privada. Con lo cual, si el lector cae enfermo de verdad, le aconsejo que vaya a la pública, tal como hizo el rey de España.

Lo que se requeriría sería una sanidad pública multiclasista que tuviera el confort de la privada, manteniendo la calidad de la pública. Ahora bien, para ello se necesita mucho más dinero. En realidad, la subfinanciación de la sanidad pública se ha agravado como consecuencia de la crisis, lo cual ha forzado a las autoridades públicas a considerar varias opciones a fin de conseguir recursos para la sanidad pública. Algo que debiera ya haberse hecho desde hace tiempo (y que estaba en los programas electorales de los partidos de izquierda, incluyendo el PSOE), era una mayor carga impositiva (y muy en especial de los sectores que se han beneficiado más estos últimos años de la gran bonanza económica) que conllevará mayores recursos al Estado. Es escandaloso que, mientras el porcentaje en impuestos que paga un trabajador de la manufactura en España sea el 74% del que paga su homólogo sueco, el de un gran empresario sea sólo el 38% de su equivalente sueco. Otra medida que debería considerarse es el incremento de impuestos finalistas sobre el tabaco y el alcohol, mucho más bajos que en el promedio de la UE-15. Otra fuente de ingresos debería ser el pago que las mutuas laborales controladas por la patronal tendrían que hacer a la sanidad pública con el fin de cubrir el coste de atender las enfermedades laborales, que significan casi el 18% de todos los enfermos hospitalizados. Las mutuas laborales (las entidades con mayores beneficios en el mundo mutual) no pagan –como deberían– estos gastos. Si lo hicieran, el Estado conseguiría unos ingresos considerables. Los medios de información de mayor difusión han olvidado estas fuentes de ingresos, centrándose en los copagos (y, muy en particular, el copago de un euro por visita, cantidad que se justifica frecuentemente como medida disuasoria para reducir la demanda). Se asume erróneamente que el usuario español abusa del sistema, tomando el elevado número de visitas sanitarias por habitante (nueve visitas) como ejemplo de este abuso (el promedio de la UE-15 es de seis). Pero lo que no se dice es que, de estas nueve visitas, hay al menos tres que en otros países son atendidas por o bien una enfermera o bien un administrativo, y que en España, en cambio, las hace el médico. El médico está sobrecargado, pero ello no quiere decir que el usuario abuse, pues en otros países las enfermeras tienen mayor responsabilidad y los médicos tienen mayor apoyo administrativo. Las reformas del sistema, priorizando la atención sanitaria comunitaria, como se está haciendo en Catalunya, es una manera de disminuir la demanda. Por otra parte, quien genera la demanda que ocasiona gastos (farmacia, pruebas clínicas, intervenciones) no es el usuario, sino el médico.

En España ya existe el copago en farmacia y este puede mejorarse en cuanto a su equidad. Pero es erróneo centrarse en el copago a costa de las otras intervenciones públicas más generadoras de recursos. Ello no niega la importancia que el copago pueda tener para conseguir fondos para proveer nuevos servicios (como podología u odontología), siempre que sus precios sean regulados y equitativos. Lo que no puede permitirse es que continuemos a la cola de la UE-15 en gasto público. El riesgo de privatización y de mantenimiento de la polarización pública-privada no procede de los copagos, sino de la desgravación de las mutuas sanitarias privadas, lo cual, además de significar un coste al erario público (cualquier desgravación es un subsidio público), incrementaría todavía más la polarización del sistema sanitario por clase social, lo cual sería un gran error.

Vicenç Navarro

  • Consejo Científico de ATTAC España.
  • Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra.
  • Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University.