¿Qué hemos hecho los españoles para merecer esto?

Menos dinero para la depedencia y las víctimas de violencia de género

Los Presupuestos Generales del Estado contemplan un recorte del 15,7% en los fondos para política de servicios sociales. Las partidas que más se reducen son las destinadas a Inmigración (54,8%), Familia e Infancia (42,6%), Mayores (38,6%), Emigrantes (23,1%) y violencia de género (21,3%).

Según el proyecto presentado en el Congreso de los Diputados, estos fondos se gestionan en tres bloques: Promoción Social, Gestión de Servicios Sociales y Acción Social, que recibirá la mayor partida, 2.010,19 millones de euros, porque engloba los servicios sociales para la tercera edad, discapacitados, migrantes, drogadicción, infancia y familia.

Dependencia: 91 millones menos

La partida para la Ley de Dependencia será finalmente de 1.407 millones, lo que significa una reducción de 91 millones con respecto a lo presupuestado el año anterior, un 13,7%.

En concreto, del total previsto para la atención a la Dependencia, unos 1.287 millones de euros corresponden a la financiación del mínimo garantizado por el Estado (cuantía mensual que el Gobierno transfiere a las CCAA por cada persona dependiente). El Gobierno destaca que es muy significativa y sube un 18,6%, unos 202 millones.

Sin embargo, se metido la ‘tijera’ en las dotaciones para el nivel convenido de dependencia con las comunidades autónomas -una partida de carácter básico establecida al margen del número de dependientes realmente atendidos en cada región-. Se han suprimido los 283 millones.

La dotación global para la política de servicios sociales asciende a 2.119 millones de euros lo que supone una disminución del 15,7% respecto al anterior ejercicio.

El bloque de Acción Social abarca también, el programa de envejecimiento activo del IMSERSO, dotado con 124,34 millones de euros; el de prestaciones económicas y de accesibilidad universal para personas con discapacidad (74,55 millones) y la red básica de servicios sociales (centros de servicios sociales, albergues y centros de acogida), que suma 49,29 millones. Asimismo, recoge las iniciativas de atención a la infancia y a las familias, que cuentan con 5,36 millones, un 42,6% menos que en 2001.

En el presupuesto de Acción Social se incluyen los 89,7 millones para el programa de acciones en favor de los emigrantes y españoles retornados, con un crédito de 70,62 millones de euros para las ‘prestaciones por razón de necesidad’ y 9,35 millones de euros para las pensiones de los ‘Niños de la Guerra’. En total, estas partidas se han reducido un 23,1% respecto del año pasado.

Integración de inmigrantes

En cuanto a los inmigrantes, se suspende el Fondo para la Acogida, Integración y Refuerzo Educativo de los Inmigrantes, que llegó a contar con 200 millones de euros de presupuesto y que tras quedarse reducido a 67 millones en 2011 pierde ahora toda su dotación.

Por otro lado, el Gobierno ha previsto 77,48 millones de euros para el bloque de Promoción Social, con los que se financiarán los programas de juventud, que contarán con 28,6 millones de euros (un 9,4% menos que el año pasado, cuando contaban con 31,5 millones) y los de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, cuya partida se queda en 24,97 millones de euros tras una reducción del 19,9%.

Asimismo, incluye la financiación de las acciones de prevención integral de la violencia de género, que tienen asignados este año 23,91 millones de euros, lo que, según el Gobierno, supone unareducción del 21,3% respecto del año pasado, cuando fueron 30,3 millones de euros presupuestados.

No obstante, en el año 2011 sólo la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia de Género contó con un presupuesto superior a los 30,3 millones de euros, y, según las cifras del entones vigente Ministerio de Igualdad, los fondos globales de toda la Administración General del Estado para la lucha contra esta lacra ascendían a 384 millones de euros.

Fuente: El Mundo

Después de la utopía. Entrevista Antoni Domènech / Daniel Raventós.

La revista cuatrimestral del Círculo de Bellas Artes de Madrid, Minerva, entrevistó en mayo a Antoni Domènech y Daniel Raventós. Reproducimos esta entrevista, realizada por Esther Ramón y cuya redacción final hizo Carolina del Olmo, que se publicó en el número 15 de Minerva correspondiente al último cuatrimestre de 2010.

Antoni Domènech y Daniel Raventós, colaboradores habituales en distintos proyectos académicos, editoriales y políticos, son dos voces clave en la crítica de las ciencias sociales contemporáneas. Raventós –profesor titular en la Facultad de Economía de la Universidad de Barcelona, presidente de la Red Renta Básica y miembro del Consejo Asesor de ATTAC– es conocido particularmente por sus trabajos en torno a la renta ciudadana universal. Domènech, catedrático de Filosofía de las Ciencias Sociales en la Universidad de Barcelona, es uno de los más importantes filósofos políticos de nuestro país. Ambos son fundadores de la revista Sin Permiso.

Utopía y catástrofe

Domènech: La historia de las utopías modernas muestra que estas suelen aparecer en momentos catastróficos, de derrota. Sin ir más lejos, la Utopía de Tomás Moro es en buena medida una reacción al desastre de la conquista de América: Rafael Hytlodeo es un portugués que le cuenta a Moro lo felices que vivían los indios hasta la llegada de los invasores. Además, el primer libro de la Utopía de Moro analiza con mucho detalle la catástrofe que supuso la destrucción de los bienes comunes en la Inglaterra de comienzos del siglo XVI. Del mismo modo, el llamado “socialismo utópico” es una reacción a la contrarrevolución, a la catástrofe política que supuso para los movimientos populares la derrota de Robespierre. Precisamente, la eclosión del socialismo no utópico, el marxismo y el anarquismo, se produce cuando el movimiento obrero retoma la iniciativa. En ocasiones, las utopías pueden proponer reflexiones interesantes, críticas y lúcidas, como es el caso de William Morris o Diderot, pero a menudo resultan muy reaccionarias. Por supuesto, no hay nada más despótico que la República de Platón. Pero también, a pesar de lo que a menudo se dice, Tomás Moro era profundamente conservador. En Utopía había esclavos públicos, muchos de ellos emigrantes pobres que se esclavizan voluntariamente, un patrioterismo feroz… En general, la utopía se asocia a una derrota mal aceptada, a una huida de la realidad que tiene un componente autoritario. Las utopías suelen estar más preocupadas por la armonía y la felicidad que por la libertad, al contrario que los movimientos revolucionarios reales.

Neoliberalismo y utopía

Raventós: Si pervive una utopía particularmente poderosa, esa es la liberal. De todo el programa neoliberal que se puso en marcha hace unos treinta años no se ha cumplido prácticamente nada; por eso es, en sentido estricto, una utopía reaccionaria, que logró convencer en un momento determinado a buena parte de la sociedad gracias a un aparato de propaganda muy eficaz. ¿Cuánta izquierda no se ha dejado seducir por las grandes proclamas neoliberales? Por ejemplo, nunca se llevó a cabo ninguna reconversión industrial tan brutal como la que pusieron en marcha los gobiernos de Felipe González.

Es importante no subestimar la impresionante elocuencia y capacidad de militancia de algunos neoliberales para resucitar una teoría que después de la Segunda Guerra Mundial había quedado arrinconada por el keynesianismo. John Kenneth Galbraith en su Historia de la economía, que escribe en el momento en que Reagan gana sus primeras elecciones, se muestra perplejo del retorno de lo que él llama la “economía neoclásica”. Pero también es cierto que este proceso implicó una estrategia deliberada de manipulación en la que desempeñaron un papel protagonista los medios de comunicación. La destrucción de los sindicatos y el tejido social en beneficio de la mercantilización generalizada requiere una intervención administrativa a enorme escala que, cuando la resistencia es muy fuerte, se convierte en una liberalizaciónmanu militari, como sucedió en Chile y en Argentina. Precisamente hace poco acaban de detener en Argentina por genocida a Martínez de la Hoz, el gran ministro neoliberal de economía de Videla, un auténtico “chico de Chicago”. También existen procesos de influencia directa, por decirlo así. La cantidad de dinero que se mueve en el mercadeo político de Washington o Bruselas es impresionante. El Tribunal Constitucional norteamericano ha permitido recientemente que las empresas de ese país den todo el dinero que les de la gana a los candidatos electorales, una decisión que muchos, desde el presidente Obama a Noam Chomsky, han considerado un golpe mortal a la democracia.

Domènech: El neoliberalismo puede considerarse una utopía en el sentido de que constituye una auténtica huida de la realidad. La idea de que la expansión de los mercados financieros ha supuesto un retroceso del Estado es sencillamente imaginaria. A estas alturas debería ser obvio que la crisis económica actual es en buena medida el resultado de una política activa de inflación de activos financieros e inmobiliarios por parte de la reserva federal estadounidense y los bancos centrales de muchos países. Y, tras el estallido de la burbuja, la intervención ha sido de nuevo masiva: la inyección de dinero del gobierno de Estados Unidos en la economía real ronda los cuatro billones de dólares, casi cuatro veces el producto interior bruto de España y, en dólares constantes, el mismo coste de la intervención estadounidense en la Segunda Guerra Mundial.

La desregulación de los mercados es un mal chiste. Lo que tenemos son unos mercados profundamente intervenidos en favor de los intereses de rentistas financieros e inmobiliarios en guerra pugnaz con el movimiento obrero organizado y, de un modo más descuidado, con el capital productivo real. La globalización es la venganza de los rentistas, que habían sido contenidos por las políticas reformistas keynesianas de la coalición antifascista de la Segunda Guerra Mundial. El problema es que las élites que nos gobiernan se han creído sus propias mentiras hasta tal punto que han dejado de entender cómo funciona el capitalismo real. Las cuatro semanas agónicas que vivió Grecia hasta que intervino el Banco Central Europeo fueron descabelladas. Cualquier persona que tuviera unas mínimas nociones de macroeconomía sabía que la quiebra de Grecia era inadmisible y que la manera de rescatar su economía pasaba por comprar deuda pública griega. Se tardó tanto en tomar esta decisión no sólo por intereses electorales regionales de la señora Merkel, sino porque la Comisión Europea y los ministros de finanzas europeos no acaban de entender cómo funciona el mundo. Es para acordarse del rey Lear: «Sino de nuestros tiempos es que los ciegos guíen a los locos».

La utopización sobrevenida

Domènech: En las últimas décadas hemos asistido a un desplazamiento hacia la derecha del centro de gravedad del sentido común político. A finales de los años sesenta, cuando estaba estudiando en Alemania, presencié un debate en la televisión pública entre Kurt Kiesinger y Willy Brandt. En determinado momento, Brandt acusó a Kiesinger de querer autorizar las televisiones privadas. Este último puso el grito en el cielo: la democracia cristiana jamás permitiría la existencia de televisiones privadas, dijo, eso sería la muerte de la democracia de la República Federal… Imaginaos lo que pasaría si alguien dijera hoy que las televisiones privadas son problemáticas, como poco se le acusaría de autoritarismo terminal. En aquello años existía un consenso en torno a unos puntos mínimos que hoy se ha roto. En la televisión pública de Cataluña, donde hay un gobierno de coalición de izquierdas, los tertulianos invitados oscilan entre la extrema derecha y el centro, el centro izquierda está sencillamente excluido. Las reformas más elementales y factibles, realizadas mil veces entre 1937 y 1975, ahora parecerían utópicas, irrealizables o peligrosamente totalitarias. Esto ha destruido ideológicamente a la izquierda. La tasa de sindicalización en todo el mundo ha bajado a menos de la mitad en treinta años. El movimiento popular ha sido desvertebrado, desorganizado y eso explica que tengamos una izquierda que, por un lado, parece utópica (porque cualquier cosa parece utópica) y, por otro, reacciona enquistándose sectariamente. Como explicó Rosa Luxemburgo, sin reforma no hay revolución. Y viceversa: para hacer buena reforma necesitas amenazar con algo. Necesitamos recuperar ese tipo de dialéctica.

Raventós: No se trata sólo de cuestiones ideológicas. Las políticas públicas relacionadas con la redistribución de las rentas consideradas normales hace apenas tres décadas son hoy impensables. Durante los Treinta Gloriosos [1945-1973], los tipos impositivos para los más ricos llegaron a estar en el 91% en Estados Unidos. Las rentas superiores a los doscientos mil dólares tributaban –bajo un presidente de derechas como Eisenhower– al 93 %. Y eso ocurría en una época en la que no existían los instrumentos de evasión fiscal actuales. Estamos hablando de la época anterior a la ruptura de Nixon con Breton Woods en 1971, que desancló el dólar, levantó el control de los movimientos de capitales y permitió el retorno al capitalismo anterior a la Segunda Guerra Mundial. Hoy, a efectos prácticos, con los correspondientes y abundantes descuentos, la tributación de las grandes fortunas viene a rondar el 20% y, si son beneficios del capital, el 15%. Actualmente, en el Reino de España, las SICAV, cómodo y legalísimo refugio de las grandes fortunas, tributan al 1%. La normativa que permite semejante barbaridad se aprobó en España con todos los votos parlamentarios menos los de Izquierda Unida. Así que no es sólo que si hoy alguien propusiera recuperar las propuestas de la derecha norteamericana de los años sesenta sería tachado de demente bolchevique, sino que se oculta sistemáticamente esta realidad. Es impresionante el velo de silencio que ha cubierto este asunto.

Domènech: Hay que insistir en que la globalización no es un fenómeno nuevo relacionado con el multiculturalismo e Internet, sino el sistema social dominante hasta la Segunda Guerra Mundial. La reforma del capitalismo de Roosevelt y la izquierda burguesa consistió en una desmundialización de la economía que introdujo controles en los movimientos de capital, ese es el núcleo del keynesianismo. Sólo así fue posible la política socialdemócrata de la década de los cincuenta y sesenta, con unos sindicatos fuertes –capaces de obligar a la patronal a sentarse a negociar porque no podía mover los capitales a su antojo– y constituciones como la alemana o la italiana, que brindaron a los trabajadores derechos que hubieran parecido increíbles en los años veinte. Cuando desapareció la posibilidad de controlar los movimientos del capital se creó lo que Keynes llamaba un “parlamento virtual” donde los mercados financieros votan y su voto cuenta más que el de los parlamentos políticos. En ese contexto, que es el nuestro, el populismo de derechas puede arrasar, como está ocurriendo en Estados Unidos con el movimiento de los Tea Parties. El auge de esta nueva extrema derecha populista se explica por la impotencia de Obama frente a los mercados financieros. Y no hay que olvidar que los asesores económicos de Obama son el equipo de halcones que llevó a la destrucción la Rusia de Yeltsin.

No obstante, hay fenómenos que nos permiten no ser completamente pesimistas. Por ejemplo, tras la quiebra de la economía islandesa, el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea pusieron unas condiciones de rescate muy duras que el Parlamento de Islandia aceptó. Pero entonces hubo una gran manifestación de protesta exigiendo un referéndum. Se convocó el referéndum y las medidas fueron rechazadas por un 94% de los votantes. La sumisión al FMI no es la única opción. Por ejemplo, como ha propuesto Randall Wray, un país podría decir a sus deudores que les devolverá el dinero que les debe con títulos fiscales: no te puedo pagar lo que te debo, pero si inviertes en mi país, todos tus beneficios estarán exentos de impuestos. Lo impresionante es que estas medidas de sentido común quedan circunscritas a la discusión de pequeños círculos académicos. La vulgata es “hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”, “hay que apretarse el cinturón”… Auténticas idioteces. Yo suspendo a los estudiantes que dicen estas cosas y, sin embargo, es lo que los grandes “expertos” cuentan en todos los periódicos.

Alternativas

Domènech: Hay fenómenos poco visibles pero importantes que permiten imaginar transformaciones profundas perfectamente factibles. Por ejemplo, un parte significativa de la economía mundial funciona cooperativamente. Hay 800 millones de trabajadores que trabajan directamente o indirectamente en cooperativa, más del 10% de la población mundial. El trabajo asalariado es la minoría mayoritaria en el mundo, pero hay 1.600 millones de trabajadores no asalariados –entre cooperativistas, personas que trabajan en bienes comunales o en propiedades fundadas en el trabajo personal y esclavos–, y 1.000 millones de personas que simplemente están fuera de la economía mundial. El capitalismo no es, como creen los estructuralistas, una gran unidad funcional, sino una realidad histórica muy compleja.

En España tenemos un ejemplo paradigmático, como es la cooperativa Mondragón, la mayor del mundo, con más de 90.000 empleados. Los propietarios de esta empresa son los trabajadores. Hay empleados que no son propietarios, pero todos tienen la posibilidad de llegar a serlo, para ello tienen un banco propio que concede los créditos necesarios para convertirse en copropietario. De este modo, reciben dividendos, tienen voto en las asambleas, que funcionan democráticamente… El abanico salarial es de 5 o 6 a 1, pero son ratios que se pueden revisar en las asambleas. Es una realidad social económica que abundaría mucho más en Europa si no estuviera durísimamente castigada por las políticas económicas de los gobiernos. En el programa de un gobierno de izquierdas podría figurar el fomento de las cooperativas de trabajadores. No todo tiene por qué ser ayudas a las multinacionales…

Raventós: Otra alternativa factible es la renta básica. La renta básica es posible dentro del marco capitalista, como lo fue en su momento la asistencia sanitaria universal. Los que creen que la renta básica es una medida que, de suyo, puede acabar con el capitalismo o bien no entienden cómo funciona el capitalismo o, en todo caso, dan una importancia a la renta básica que no tiene. Pero eso sí, con una renta básica el capitalismo sería muy diferente del que conocemos. No sólo porque cubriría las necesidades básicas y aseguraría el traspaso del umbral de la pobreza. Tan importante como la posible mejora en las condiciones materiales es el aumento del poder de negociación de los trabajadores que supondría. La renta básica, al menos en mi forma de entenderla, es una opción social y económica que supone la intervención del mercado. El mercado, contra lo que se acostumbra a suponer muy precipitadamente, siempre ha estado intervenido. La diferencia entre partidarios de los ricos y de los pobres, para decirlo de forma simplificada, no es que los primeros defiendan el mercado libre y los segundos quieran intervenirlo. La diferencia exacta es la siguiente: los primeros quieren intervenir el mercado para favorecer sus intereses y los segundos quieren intervenir el mercado para favorecer los suyos. Así que la renta básica, como decía, es una opción de política económica en defensa de la mayor parte de la población. No de la parte más rica. Exactamente lo contrario de lo que se ha venido haciendo a lo largo de los últimos treinta y cinco años, si atendemos a ingredientes centrales como la distribución de la renta que se ha producido en este tiempo. Un mero ejemplo, si en 1976 el 1% más rico de EE UU acaparaba el 9% de la renta nacional, en 2006 ya acumulaba el 20%. 2006 es justamente el año anterior a la crisis. Actualmente la desigualdad y la polarización son mayores. La crisis económica, provocada y ahora perfectamente aprovechada por los especuladores y banqueros, está haciendo estragos entre las clases populares.

Domenech: Soy bastante escéptico respecto a las políticas “alterglobalizadoras” que hoy ocupan a buena parte de la izquierda. Creo que, por lo pronto, hay que desandar buena parte de lo andado, enderezar la economía y recuperar la soberanía popular controlando los movimientos de capitales. Hay que hacer una amplia coalición que destruya la élite rentista que se ha apoderado de la dinámica económica del mundo y que nos ha llevado a la catástrofe. Porque, es importante que lo tengamos presente, lo que vemos es la punta de un iceberg que se ha consolidado a lo largo de los últimos treinta años y que incluye también un enorme aumento de la pobreza en todo el mundo o la destrucción masiva de los ecosistemas. La situación actual ya la conocemos, este es el capitalismo desbridado de la Belle Époque. Tenemos conocimientos muy elaborados para saber cómo se pueden hacer reformas, lo que falta es voluntad política para emprenderlas y, sobre todo, un gran movimiento social como el que sí existía en los años treinta.

Arrebato social en Francia.

Ignacio Ramonet – Consejo Científico de ATTAC España.

No es una sorpresa. Desde hace más de dos siglos, la protesta está en el código genético político de la sociedad francesa. Además de ser derechos constitucionales, la manifestación callejera y la huelga constituyen modos naturales de ejercer la plena ciudadanía. Cada nueva generación considera que participar en los cíclicos arrebatos de cólera social es un rito de paso para acceder a la mayoría de edad democrática.

Esta vez, el detonante de la crisis ha sido el presidente francés. Desacreditado y enfangado en varios hediondos escándalos, obcecado por el FMI y las agencias de calificación, Nicolas Sarkozy se muestra sordo a las quejas del pueblo y pretende demoler una de las joyas principales del Estado de bienestar: el derecho a jubilarse a los 60 años.

Conquistado tras decenios de enfrentamientos, este avance social es percibido, en el imaginario colectivo, como un totem intocable. Sarkozy -que, en 2008, prometió respetarlo- ha subestimado el apego de los ciudadanos a ese derecho. Y aprovechando el choque causado por la crisis, desea imponer una reforma que retrasa la edad legal de jubilación de los 60 a los 62 años, amplía el periodo de pago de cotizaciones a 41,5 años y retrasa la edad para cobrar una pensión completa de los 65 a los 67 años.

Algunos creen que, en realidad, Sarkozy quiere romper el régimen público de jubilación por repartición, basado en la solidaridad entre las generaciones, y sustituirlo por un régimen privado que representaría un mercado de entre 40.000 y 100.000 millones de euros. Denuncian que la compañía de seguros que más se beneficiaría de ello es el grupo Malakoff Médéric cuyo consejero delegado es… Guillaume Sarkozy, el hermano del Presidente.

La reacción de los principales sindicatos es unánime. Sin rechazarla en totalidad, reclaman modificaciones argumentando que el coste de la reforma recaerá esencialmente sobre los asalariados, vapuleados ya por la crisis, y que ello agravará las desigualdades. Organizaron varias jornadas de movilización antes del verano. Pero el Gobierno, en una actitud prepotente, mantuvo su rechazo de negociar.

Grave error. Con la vuelta al trabajo, en septiembre, se reunieron asambleas generales en centenares de empresas y administraciones. Los asalariados confirmaron su decisión de no dar “ni un paso atrás”. Convencidos que si se cedía en algo tan sagrado como la jubilación a los 60 años, se les vendría encima una avalancha de nuevos recortes en la Seguridad Social, la sanidad, la educación y los servicios públicos.

Estas asambleas demostraron que las direcciones sindicales eran mucho menos radicales que sus bases exasperadas por los constantes retrocesos sociales. Inmediatamente, regueros de acciones colectivas se extendieron por todo el país; millones de personas se echaron a la calle; la huelga popular prolongada entorpeció el funcionamiento de los transportes; algunas ciudades, como Marsella, quedaron paralizadas… A medida que se repiten las jornadas de acción, nuevas categorías sociales se van sumando a una protesta que adopta expresiones inéditas.

Lo más original es el bloqueo de las refinerías y los depósitos de carburante. Lo más notable es la masiva incorporación de los estudiantes de secundaria. Algunos imaginaban a esta “generación Facebook” ensimismada y autista, pero su energía contestataria reveló su angustia frente al derrumbe del futuro… Y su temor a que, por vez primera desde 1945, si nada cambia, le toque vivir en peores condiciones que sus padres. El nuevo modelo neoliberal destroza el ascensor social…

La protesta cristaliza un malestar social profundo y una suma de descontentos acumulados: desempleo, precariedad, pobreza (hay ocho millones de pobres), dureza de la vida diaria… Ya no es sólo un asunto de pensiones sino una batalla por otro modelo social.

Lo más significativo es el apoyo popular, entre el 60% y el 70% de los franceses aprueba la protesta. Nadie acaba de entender cómo la Francia arruinada de 1945 pudo costear el Estado de bienestar, y la Francia de hoy, quinta potencia económica mundial, es incapaz de hacerlo. Nunca ha habido tanta riqueza. Los cinco principales bancos franceses obtuvieron, en 2009, unas ganancias de 11.000 millones de euros. Y las cuarenta principales empresas obtuvieron, ese mismo año, beneficios de 47.000 millones de euros…. ¿Por qué no gravar, en provecho de los pensionistas, tan cuantiosos capitales? La Comisión Europea estima que una pequeña tasa sobre las transacciones financieras aportaría al conjunto de los Estados de la Unión Europea, cada año, entre 145.000 y 372.000 millones de euros… Más que suficiente para pagar el aumento de los sistemas de pensiones.

Pero el dogma neoliberal exige que se exonere el capital y se ajusten más los salarios. De ahí el pulso actual en Francia. La sensación general es que ninguno de los dos antagonistas puede transigir. Las organizaciones sindicales, empujadas por una corriente de radicalización, siguen unidas después de varios meses de ofensiva. Ceder constituiría un fracaso semejante al de los mineros británicos en 1985 frente a Margaret Thatcher. Lo que significó el fin de la resistencia obrera en el Reino Unido y abrió la puerta a las “terapias de choque” ultraliberales.

Nicolas Sarkozy cuenta con el apoyo de la Unión Europea (1), del FMI, de la banca y del empresariado europeo(2) temeroso de que la “chispa francesa” incendie la pradera social del continente. El abandono de su reforma le condenaría a la derrota electoral en 2012.

La historia social francesa enseña que cuando una protesta ha ido tan lejos como la actual, jamás se ha desinflado. Siempre ha vencido.

Notas:

(1) El Consejo Europeo, en Barcelona, en marzo de 2002, recomendó: “Para 2010 deberá intentarse elevar progresivamente en torno a cinco años la edad media en que se produzca el cese efectivo de actividad de las personas en la Unión Europea”.

(2) En España, el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, defiende como “imprescindible y aconsejable”, la subida de “la edad de jubilación a los 70 años”. Añade que “los asalariados deben trabajar más y, desgraciadamente, ganar menos”. Pide ampliar el periodo de cálculo de la pensión a “toda la vida laboral”, y que los ciudadanos se hagan “pensiones privadas”. Europa Press, 26 de julio de 2010 y ABC, Madrid, 15 de octubre de 2010.

Artículo publicado en Le Monde Diplomatique

No dejes que la pobreza se alimente más de la crisis: ¡Rebélate contra la pobreza!

Alianza española contra la pobreza: Manifiesto 17 de octubre de 2010

La Alianza Española Contra la Pobreza, formada por más de 800 asociaciones y colectivos españoles, sindicatos, ONGD, organizaciones ecologistas, de mujeres, de profesionales, de jóvenes y otros movimientos y redes ciudadanas, llamamos a la ciudadanía a movilizarse a favor de la lucha contra la pobreza y la desigualdad.

De los últimos seis años en que hemos convocado a la ciudadanía contra la pobreza el estallido de la crisis actual ha sido, tal vez, el fenómeno más relevante. Esta crisis se ha medido únicamente por sus aspectos financieros, sin contemplar como ha afectado a cientos de millones de personas, que se han vuelto más vulnerables económica, ecológica y socialmente. La crisis está en todas partes y en todas las bocas.

Pero la pobreza no está en crisis. El número de personas que viven en pobreza extrema ha aumentado hasta alcanzar la cifra de 1.400 millones. Ya son casi 1.000 millones las que pasan hambre a diario. Y la pobreza no cesa de crecer a la par que las desigualdades. Hoy en día el 1% de la población mundial controla el 50% de la riqueza y el 20 % consume el 80% de los recursos.

La Cumbre de Nueva York del pasado mes de septiembre, ha evidenciado que los gobiernos de los países desarrollados no han cumplido con sus compromisos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Incluso en Europa, 80 millones de personas viven en situación de pobreza y exclusión social. Un cuarto mundo en el primer mundo, que convive con la opulencia en condiciones inaceptables. Los derechos sociales, económicos, laborales y ambientales de millones de personas se han visto recortados por unos gobiernos acorralados por las Instituciones Financieras Internacionales que han sembrado deuda ilegítima en innumerables países empobrecidos.

Las medidas anunciadas hasta ahora por el conjunto de países más poderosos son meros parches que se dirigen sólo a las consecuencias de la crisis y no cuestionan el modelo estructural que la ha causado. Los planes gubernamentales se empeñan en seguir adelante con el actual modelo económico de producción y consumo desenfrenado que ahondan en la crisis, perpetúan la pobreza y ponen en serio peligro la vida en el planeta, como lo ha demostrado el hecho que la comunidad internacional se mostrara incapaz de luchar eficazmente contra el cambio climático. En este contexto, la ciudadanía europea sigue pidiendo un compromiso claro de sus dirigentes políticos por unas políticas de ayuda oficial al desarrollo más eficientes y mejor dotadas. Tan importante como la ayuda al desarrollo, está la necesidad de revisar las políticas –migratorias, comerciales, militares, económicas, laborales, etc.- que crean pobreza en nuestro país y más allá de sus fronteras.

Por todo lo anterior los gobiernos deben responder y asumir su responsabilidad de la lucha contra la pobreza y por ello pedimos al gobierno español que:

1. Lleve a cabo políticas coherentes con el desarrollo sostenible y humano, cumpliendo todo lo acordado en el Pacto de Estado contra la Pobreza y asuma el compromiso de alcanzar el 0,7% en el 2015 de la Renta Nacional Bruta para ayuda oficial al desarrollo.

2. Anteponga el cumplimiento de los Derechos Humanos por encima de los intereses económicos y comerciales y elimine los abusos a las personas que viven en pobreza, así como que promueva el derecho a un trabajo digno, mediante su inclusión en los Acuerdos Internacionales.

3. No se perjudique a los países del Sur imponiendo acuerdos comerciales que les empobrecen y que revise también la deuda externa, que carga excesivamente a estos países, impidiendo el progreso hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

4. Regule los mercados financieros y controle a las instituciones financieras, que han debilitado las economías de todos los países y han causado la crisis actual, imponiendo para ello una tasa a las transacciones financieras internacionales y eliminando los paraísos fiscales.

5. Ante la sociedad española, promueva una reflexión sobre nuestro modelo actual de producción y consumo, y refuerce los valores de solidaridad, igualdad y justicia. Que adopte las medidas necesarias para luchar contra el cambio climático y se garantice la sostenibilidad ambiental, e impulse el valor de la cooperación frente a la competitividad y la especulación.

La lucha contra la pobreza es responsabilidad de todos y todas. Debemos exigir a los Gobiernos el cumplimiento de sus compromisos en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Pero la ciudadanía debe exigirse a sí misma coherencia y solidaridad porque el cambio global que necesitamos sólo será posible gracias a la suma de los cambios individuales que nos lleven a una universalización de los derechos y a un desarrollo sostenible. Las políticas de nuestros estados y las acciones individuales deben de estar alineadas con valores de justicia, igualdad y solidaridad con los más empobrecidos.

Los objetivos del Milenio, aunque demasiado modestos, no se alcanzarán en 2015

Eric Toussaint – Consejo Científico de ATTAC Francia

1. Los objetivos del Milenio, aunque demasiado modestos, no se alcanzarán en 2015. A escala mundial, la reducción limitada del porcentaje de la población mundial que vive con menos de 1,25 dólares es el resultado de la evolución en China y en la India [2] , países que no aplicaron el consenso de Washington. La humanidad tiene las posibilidades materiales de garantizar a cada uno y cada una todos los derechos humanos básicos mas allá de los modestos objetivos del Milenio. Es evidente que no faltan los recursos.

2. La explicación que prevalece en los documentos producidos por instituciones como el BM, el FMI y la OCDE no es convincente, y además desemboca sobre la consolidación de políticas que provocaron la crisis y fragilizaron la economías de los países en desarrollo que acataron su recomendaciones.

En la base de las recomendaciones o imposiciones de estas instituciones, encontramos varios dogmas:

El dogma de financiar el desarrollo con endeudamiento. Esto lleva a la gran mayoría de los gobiernos de los países llamados en vía de desarrollo a un comportamiento absurdo. La inmensa mayoría de las reservas internacionales en dólares están en manos de los PED, principalmente los exportadores de materias primas y China. Aunque tienen una gran cantidad de reservas en divisas (dólares sobre todo) siguen endeudándose. ¿Qué hacen? Compran con sus reservas bonos del tesoro de EEUU, es decir, otorgan prestamos al gobierno de EEUU. Depositan estos bonos en las arcas de su Banco Central para luego emitir bonos de deuda pública, ya sea en Wall Street o en su mercado interno. Es realmente absurdo: compran bonos del tesoro con un rendimiento muy bajo y emiten bonos remunerando a los prestamistas en dólares con tasa de interés mucho mas alta [3] . En lugar de hacer esto, tendrían que dejar de endeudarse y utilizar sus reservas para inversiones productivas y gastos sociales para mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanas y ciudadanos.

Segundo dogma: el libre comercio y la libre circulación de los capitales, bienes y servicios. Que en la práctica de los países mas industrializados excluye la libre circulación de los trabajadores y de las personas en general. Esto se hace en completa contradicción con su propia teoría: vale la pena recordar que Adam Smith, adulado por los neoliberales, abogaba a favor de la libre circulación y libre establecimiento de los trabajadores. Otra teoría de moda o dogma totalmente en contradicción con la realidad: la idea según la cual se puede superar la pobreza dando a los pobres un mejor y mayor acceso al mercado, cuando son los Estados los que pueden y deben erradicar la pobreza a través de cambios estructurales, poniendo fin a la injusticia social.

El rol nefasto de las políticas macroeconómicas conocidas como Consenso de Washington se ha puesto en evidencia, en numerosos ocasiones, a lo largo de los últimos 20 años.

Un ejemplo: la crisis alimentaría de 2007-2008.

En 2007-2008, la cantidad de personas que padecían hambre aumentó en 140 millones. Este aumento neto se debió a la fuerte subida del precio de los productos alimentarios. [4] En muchos países, este aumento de los precios de venta de alimentos al por menor llegó a ser, a veces, del 50 %.

¿Por qué se produjo este aumento?

Por una parte, los poderes públicos del Norte han aumentado sus ayudas y sus subvenciones a los agrocombustibles (llamados erróneamente biocombustibles, cuando no tienen nada de bio, «de ecológico»). De pronto se volvió rentable reemplazar los cultivos para la alimentación humana por cultivos de forrajes y de oleaginosas, o desviar una parte de la cosecha de granos (maíz, trigo…) hacia la producción de agrocombustibles. De esto resultó una reducción de la oferta de alimentos en el mercado mundial y un aumento de los precios en el nivel mundial.

Por otra parte, después del estallido de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, y luego, de rebote, en el resto del mundo, la especulación de los grandes inversores (fondos de pensión, bancos de inversiones, hedge funds…) se desplazó hacia los mercados donde se negocian los contratos de los productos primarios alimentarios —principalmente en tres bolsas de Estados Unidos especializadas en el mercado a término de granos: Chicago, Kansas City y Minneapolis—.

Los países en desarrollo estuvieron especialmente desprotegidos ante la crisis alimentaria, ya que las políticas impuestas por el FMI y el Banco Mundial desde la crisis de la deuda los han privado de la protección imprescindible. Reducción de las superficies destinadas a cultivos alimentarios y especialización en uno o dos productos para la exportación, desaparición de los sistemas de estabilización de los precios, abandono de la autosuficiencia de cereales, reducción de las reservas de cereales, debilitamiento de las economías por una extrema dependencia de las evoluciones de los mercados mundiales, fuerte reducción de los presupuestos sociales, supresión de las subvenciones a los productos básicos, apertura de los mercados y apertura a la competencia injusta de los pequeños productores locales contra sociedades multinacionales… Maestras en el arte del escaqueo, las instituciones cuestionadas reconocen algunos errores para permanecer mejor en el centro del juego internacional. Pero un tímido mea culpa en un informe semiconfidencial no puede ser suficiente, ya que cometieron el crimen de imponer un modelo económico que, de forma deliberada, privó a las poblaciones pobres de las protecciones imprescindibles y las dejó a merced de la codicia de los especuladores más salvajes.

Según la FAO, la situación mejoró en 2010, [5] pero es claro que el OMD n°1 no se habrá alcanzado en 2015.

Después de haber analizado rápidamente las causas de la crisis alimentaria de los años 2007-2008, es relevante citar al Sr. Fantu Cheru, experto independiente de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, quien ya escribía en 1999:

«El ajuste estructural va más allá de la simple imposición de una serie de políticas macroeconómicas a escala nacional. Representa un proyecto político, una estrategia consciente de transformación social a escala mundial, principalmente para hacer que el mundo sea seguro para las empresas transnacionales. En pocas palabras, los programas de ajuste estructural sirven de “correa de transmisión” para facilitar el proceso de mundialización, mediante la liberalización y la desregulación y la reducción de la función del Estado en el desarrollo nacional»[6]

3. No crean que estas políticas han sido abandonadas. Si bien el Banco Mundial y el FMI afirman que substituyeron las recetas del consenso por otras políticas, la realidad de los hechos es completamente diferente. Tanto estas instituciones como la OCDE siguen grosso modo con las mismas recomendaciones, cuando no imposiciones. Éste es incluso el caso en 2010 de Haití [7] o de Pakistán, [8] países cuyos ciudadanos han sido afectados muy duramente por catástrofes naturales. También el FMI sigue apoyando a dictaduras: en septiembre de 2010 decidió otorgar un crédito de 192 millones de dólares al régimen dictatorial de Honduras.

4. ¿Se ha superado la crisis económica-financiera internacional que empezó en EE UU en 2007? Existen tres factores que alivian el peso de la crisis para los PED (Países en Desarrollo), pero que pueden degradarse rápidamente: altos precios de las materias primas (y entonces altos niveles de reservas); baja tasa de interés y de prima de riesgo país; flujo de capital de cartera hacia las bolsas de los países emergentes.

Cuando los Bancos Centrales de los principales países industrializados (Reserva federal, Banco Central Europeo, Banco de Inglaterra y Banco de Japón) decidan aumentar la tasa de interés, aumentará bruscamente el costo de refinanciamiento de la deuda externa de los Países en Desarrollo y podrían caer los precios de las materias primas, porque su precio depende ahora de la inmensa liquidez monetaria internacional y de la especulación. Además, si la economía de China entra en crisis, también podría producirse una caída de precios de las materias primas.

5. Necesidad de volver a las recomendaciones contenidas en la Declaración sobre el derecho al desarrollo, adoptada por la Asamblea General en su resolución 41/128, de 4 de diciembre de 1986. Es necesario actuar en el nivel de la comunidad internacional y también en el de cada Estado nacional soberano, que puede tomar medidas unilaterales basadas en el derecho internacional. El articulo I de la declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho al desarrollo dice: «1.2. El derecho humano al desarrollo implica también la plena realización del derecho de los pueblos a la libre determinación, que incluye, con sujeción a las disposiciones pertinentes de ambos Pactos internacionales de derechos humanos, el ejercicio de su derecho inalienable a la plena soberanía sobre todas sus riquezas y recursos naturales». El articulo VIII dice: «Deben hacerse reformas económicas y sociales adecuadas con el objeto de erradicar todas las injusticias sociales».

6. Recomendaciones o alternativas concretas que pueden proponer y llevar a cabo tanto la comunidad internacional como los estados soberanos

  • Tasa globales: por ejemplo, una tasa tipo Tobin.
  • Aumento de la ayuda oficial al desarrollo para llegar a los 0,7% del PIB de los países más industrializados (en 2010, los países del OECD dedican 0,35 %, la mitad del compromiso, además la cifra está muy aumentada) y convertirla en un fondo de reparación por los daños causados a los pueblos del Sur durante los últimos 5 siglos de pillaje o dominación por parte de las potencias del Norte.
  • Una nueva disciplina financiera internacional: prohibir las transacciones con los paraísos fiscales.
  • Aplicar en cada país un reforma tributaria redistributiva.
  • Devolver a los pueblos los bienes mal adquiridos por las elites dominantes, que los invirtieron en los países del Norte y en los paraísos fiscales.
  • Reducir drásticamente los gastos de armamento e invertir las sumas ahorradas en políticas sociales.
  • Hacer auditorías de la deuda pública para determinar la parte ilegitima de la misma y anularla o repudiarla.

El ejemplo de Noruega en 2006: anulación unilateral de la deuda con 5 países del Sur (Ecuador, Perú, Egipto, Sierra Leona, Jamaica). Noruega consideró que los créditos otorgados no servían al desarrollo de estos 5 países. Reconoció que fueron otorgados en realidad para ayudar a la industria noruega de la construcción naval y a la exportación de barcos.

El ejemplo de Ecuador en 2007-2009: Este país creó una comisión de auditoría integral de la deuda pública interna y externa (en la que participé). Sobre la base de las conclusiones de la auditoría [9] decidió unilateralmente suspender el pago de 3.200 millones de dólares de deuda en forma de bonos y logró ahorrar más de 2.000 millones de dólares.

  • Dotarse de nuevas instituciones en el nivel regional: el ejemplo del Banco del Sur.
  • Además, es necesario remplazar instituciones como el BM y el FMI con instituciones internacionales realmente democráticas y que respeten la carta magna de las Naciones Unidas y todos los pactos y tratados internacionales sobre derechos humanos.
  • Recuperar el control nacional sobre los recursos naturales.
  • Realizar una reforma agraria, distribuyendo las tierras a las y los que la trabajan, garantizando la soberanía alimentaria.

La crisis climática en curso afecta y afectará a todos los pueblos, pero especialmente a los pueblos del Sur del planeta; es necesario inspirarse en las conclusiones de la cumbre de los pueblos sobre el cambio climático realizada en Cochabamba en abril de 2010, por iniciativa del gobierno de Bolivia.

Sí, es posible erradicar la pobreza y la injusticia, pero dentro de un nuevo orden internacional y con otro modelo de desarrollo humano, respetuoso de la naturaleza.

Artículo publicado en CADTM.

Objetivos que tardarán un milenio.

Les recomiendo que esta semana no coman viendo el telediario, porque les van a fastidiar el cocido con las clásicas imágenes de niños hambrientos que todas las televisiones tienen en el fondo de armario. Nos esperan tres días de datos abrumadores, acompañados de discursos graves, buenas intenciones y campañas de sensibilización protagonizadas por famosos y deportistas.

Se reúne la Cumbre de Naciones Unidas sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, donde los gobernantes del planeta repasarán el grado de cumplimiento de todo aquello que prometieron hace diez años. Uno lee hoy los objetivos y le da la risa por no llorar: resulta que en 2000 se juntaron los mandamases planetarios y dijeron, venga, que nosotros podemos, que vamos a reducir la pobreza y el hambre a la mitad, universalizar la educación, reducir la mortalidad infantil, lograr trabajo decente para toda la humanidad, y frenar la malaria y el sida. Y un jamón, añadiría algún ministro gracioso en el brindis final.

Tal vez los participantes en aquella cumbre pensaron que lo de “objetivos del milenio” se refería al plazo en que debían cumplirlos: un milenio. Pero no, el plazo era mucho más corto: antes de 2015.

Y no crean que nos tomaban el pelo, ni que eran unos ingenuos. Según el FMI, que de estas cosas sabe un rato, las cosas iban bien, estábamos en el buen camino para cumplir los objetivos en plazo… Pero, ay, estalló la crisis y se fue todo al garete. Sólo en este año, 64 millones de personas más a la pobreza extrema, y lo mismo con el resto de indicadores. Pero ya digo, que si no llega a ser por la crisis, palabrita que tenemos un mundo sin miseria en cinco años.

Perdonen tanto sarcasmo, pero es que estos megaplanes me parecen una broma. Según el optimista Ban, bastarían 100.000 millones de dólares más los próximos cinco años para conseguir los objetivos; una minucia al lado de lo gastado en salvar el sistema financiero. Mientras no cambie un sistema económico que funciona como un balancín, haciendo necesarios millones de miserables abajo para que unos pocos nos mantengamos arriba, ya pueden prometer.

Fuente: Isaac Rosa / Público

La causa de la crisis.

Mucho se ha escrito sobre los factores que nos han llevado a la crisis económica más importante que hemos sufrido desde la Gran Depresión de inicios del siglo XX. Pero poco se ha dicho de las raíces de tal crisis, que es la enorme polarización de las rentas a ambos lados del Atlántico, consecuencia, en gran parte, de la aplicación de las políticas neoliberales desarrolladas por la mayoría de gobiernos de la OCDE (el club de países más ricos del mundo) desde los años ochenta.

La revolución neoliberal iniciada por el presidente Reagan en EEUU y por Thatcher en Reino Unido ha creado, al aplicarse sus políticas (disminución de los impuestos de las rentas superiores, aumento de la regresividad fiscal, desregulación de los mercados laborales con el fin de debilitar a los sindicatos y a la fuerza laboral, disminución del gasto público, dilución de los derechos laborales y sociales, entre otras medidas) un enorme crecimiento de las rentas superiores a costa de las rentas medias e inferiores. En otras palabras, las rentas del capital se han disparado a costa de las rentas del trabajo, que han disminuido. Es decir, en lenguaje claro, los ricos se han convertido en súper ricos a costa de todos los demás (clase trabajadora y clases medias). Y ahí está la raíz del problema, la realidad más oculta y silenciada en nuestros medios.

Miremos los datos y analicemos los del país donde se inició la crisis: EEUU. Según afirma el que fue ministro de Trabajo bajo la Administración Clinton, Robert B. Reich, en el artículo How to end the Great Recession (The New York Times, 03-09-10), el salario medio del hombre trabajador (ajustado a la inflación) en aquel país es más bajo hoy que hace 30 años. Este descenso ha forzado a las familias estadounidenses a que –a fin de mantener su nivel de vida– más miembros de la familia trabajen, siendo ello una de las causas más importantes de la integración de la mujer al mercado de trabajo. Mientras que sólo el 32% de las mujeres con niños trabajaba en 1970, hoy lo hace el 60%. Otra manera de compensar la bajada de salarios ha sido aumentar las horas de trabajo. El trabajador en esta década está trabajando 100 horas más al año (y la trabajadora 200 más) que hace sólo 20 años.

Pero, incluso con estos cambios, la capacidad adquisitiva de las familias ha ido bajando, lo cual les ha forzado a endeudarse. Las familias estadounidenses se endeudaron hasta la médula, lo que pudieron hacer porque el aval de sus deudas, la vivienda, iba subiendo de precio. Hasta que la burbuja explotó. Y ahora las familias tienen una enorme deuda. Nada menos que 2,3 billones de dólares.

Hasta aquí la descripción de lo que ha pasado con la mayoría de la población. Veamos ahora qué ha pasado con los ricos. El hecho de que la masa salarial (la suma de los salarios) fuera descendiendo como porcentaje de la renta nacional (y ello a pesar del aumento del número de trabajadores) quiere decir que las rentas del capital iban subiendo. Lo que esto significa es que el crecimiento de la riqueza del país (lo que se llama el crecimiento del PIB) beneficiaba mucho más a las renta superiores (que derivan su renta, en general, de la propiedad) que al resto de la población (que deriva su renta del trabajo). Como consecuencia, los ricos se convirtieron en superricos. El 1% de la población que poseía el 9% de la renta nacional en los años setenta del siglo XX, ha pasado a gozar ahora del 23,5% de la renta total, el mismo porcentaje, por cierto, que cuando se inició la Gran Depresión al principio del siglo XX. Y ahí está el problema. Como dice Robert B. Reich, los superricos tienen tanto dinero que consumen un porcentaje menor de su renta que el ciudadano normal y corriente. O sea, que el 23,5% de la renta nacional que controlan se utiliza menos en consumo y demanda que si lo tuvieran personas normales y corrientes. La demanda total, que es la que mueve la economía (pues es la que estimula el crecimiento económico y la creación de empleo) ha descendido dramáticamente, en parte porque la mayoría de las familias ha perdido gran capacidad de consumo y los superricos han sacado del consumo el 23,5% de la renta total del país, consumiendo mucho menos que el ciudadano medio.

Y por si esto fuera poco, la situación se agrava incluso más como consecuencia de que los superricos depositan su dinero en paraísos fiscales y/o invierten en actividades especulativas que tienen elevada rentabilidad, como los famosos hedge funds, facilitado por la desregulación de los mercados financieros. Y ahí está la raíz de la crisis financiera y el colapso del sistema bancario, que ha sido salvado con fondos públicos –es decir, impuestos– procedentes de las familias profundamente endeudadas.

La solución es fácil de ver. Se requiere una redistribución de las rentas de manera que el 1% de la población vuelva a tener el 9% de la renta nacional (en realidad, con el 3% bastaría). Con ello se aumentaría el consumo, y así el estímulo económico y la creación de empleo. Es más, las intervenciones redistributivas del Estado generarían más recursos públicos, con los cuales se podría, incluso, crear más empleo, resolviendo el mayor problema que hoy existe, que es el elevado desempleo. Pero los superricos, junto con los ricos y las clases medias de rentas altas (el 20% de la población) se oponen por todos los medios a estas políticas redistributivas. Esto ocurre en EEUU (como lo atestiguan los enormes problemas con los que se enfrenta la Administración Obama, en su intento de gravar a las rentas superiores y crear empleo público) y también en los países del sur de la UE, incluyendo España. Estos países tienen las mayores desigualdades de renta de la UE-15, lo cual explica que sean también los más afectados por la crisis. Y en España, el Gobierno socialista ni se atreve a subir los impuestos de los superricos. Ello muestra que la causa de la crisis es política: la excesiva concentración del poder económico y político en nuestras democracias.

Vicenç Navarro

  • Consejo Científico de ATTAC España.
  • Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra.
  • Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University.