Mujeres inmigrantes y Violencia de Género

El 40% de las mujeres fallecidas en 2010 por violencia de género eran extranjeras, a pesar de que la población foránea sólo representa el 12% del total. Apelar a la falta de civismo de sus maridos, por el hecho de ser extranjeros, es un error, según los expertos. El análisis de estas 21 muertes indica que influyeron otros factores. Las garantías legales, por ejemplo.

La ley da la misma protección a las sin papeles agredidas que a las españolas y a las extranjeras regulares (incluso, les concede un permiso de residencia “por circunstancias excepcionales” si hay sentencia condenatoria de maltrato). Sin embargo, las consecuencias de acudir a comisaría para unas y otras varían: cuando una indocumentada denuncia a un maltratador en dependencias policiales, además de atender su caso, se le incoa un expediente de expulsión del país.

“Por este motivo, muchas se muestran reacias”, denuncia Vladimir Paspuel, presidente de la asociación hispano ecuatoriana Rumiñahui. No obstante, la expulsión se paraliza hasta que haya una sentencia firme del juez, según el Artículo 31 de la Ley de Extranjería. Si no se logra demostrar el maltrato, se la expulsará.

Uno de los objetivos de esta medida es evitar las denuncias falsas, que las sin papeles simulen una agresión para obtener la documentación. Pero esto sólo ocurre en uno de cada 530 casos, según el informe que presentó en octubre de 2009 el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El delegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente, defiende que en 2010 no se ha expulsado a ninguna sin papeles que haya acudido a comisaría por este motivo. Pero aunque no se haga efectivo, “la ley recoge la posibilidad de la expulsión y eso les aterra”, incide Paspuel.

El reglamento de la ley

Las asociaciones de inmigrantes tienen puesta su esperanza en el reglamento de la Ley de Extranjería, que se presentará en diciembre. Lorente se muestra cauto, “a la espera de los informes del Gobierno”, antes de anunciar posibles modificaciones del texto.

La nueva normativa de Extranjería aunó en diciembre de 2009 las leyes, directivas y resoluciones aprobadas al respecto en los últimos años. Pese al polémico cabo suelto de las no regularizadas, las normas han aumentado la protección a las víctimas (permisos de residencia independientes del maltratador, órdenes de alejamiento, acceso a casas de protección…).

“La legislación española es la más completa y la que más protege a las víctimas en Europa”, defiende Lorente. Sin embargo, además del miedo a ser expulsadas, muchas extranjeras se resisten a denunciar por otro motivo: “Carecen de una red social de apoyo en España, de familia y amigos. Aquí, muchas víctimas sólo tienen a sus parejas”, sostiene Paspuel.

Relaciones de poder

“El problema es la relación de poder que se establece”, opina la abogada Edurne de la Hera. La letrada pone como ejemplo “cuando el permiso de residencia de la mujer depende del hombre, porque lo obtuvo gracias a la reagrupación familiar. Si hay maltrato, una española puede irse de casa porque tiene familia o amigos, pero muchas extranjeras se sienten atadas. Y el maltratador lo aprovecha para someterla”.

Mariola, víctima latinoamericana de 24 años, critica la falta de formación en extranjería de algunos abogados. En teoría, en el juicio tendrían que haberle entregado un permiso de residencia independiente del de su pareja. “Pero nadie me asesoró, ha vencido el plazo y me he quedado sin papeles”. Sufrió agresiones durante un año. La primera vez, cuando estaba embarazada de cuatro meses. La última, después de dar a luz. Su pareja le rompió un labio, una ceja y un brazo. Al igual que el resto de víctimas del reportaje, su nombre es ficticio.

Lorente rechaza que el miedo a la expulsión sea determinante para no acudir a comisaría y esboza en tres líneas el porqué del 40% de víctimas extranjeras. En primer lugar, apela a la referencia cultural: “La violencia de género está relacionada con el dominio y el sometimiento de la mujer. Y en algunos países, está más arraigado”. Además, “al llegar a España, la mujer suele integrarse más rápido por la tipología de trabajos que desempeña y por su participación en más redes sociales. El agresor teme esta autonomía y, a veces, se cree ridiculizado. Cuando ella le va a dejar, se siente aún más cuestionado. Es entonces cuando se producen la mayoría de las muertes”.

No obstante, Lorente resta importancia a la procedencia de los agresores y se centra en la edad de los inmigrantes que viven en España. Para él, es el indicador más importante. Gran parte de las discusiones de pareja y casos de violencia de género los protagonizan personas de entre 21 y 50 años. El 46% de la población está en este tramo. “Entre la colonia inmigrante es aún mayor: el 64%. Y esto les hace ser más propensos”, asegura.

Mayor castigo para foráneos

Por otra parte, las sentencias tienen mayores consecuencias para los extranjeros que para los nacionales, porque suelen impedir la renovación de sus permisos de residencia.

“A veces, son excesivas”, reflexiona Laura, también víctima latina de 24 años. Por un momento quita peso a su condición de maltratada. Hace pocas semanas que salió de un centro de protección.

¿Mereció la pena denunciar al maltratador? Sus dos hijas enfermas son lo único que le hace vacilar. “Ahora, al tener antecedentes penales, mi ex marido ya no podrá renovar su permiso de residencia, ni trabajar, y no habrá dinero para pagar la operación de las niñas. Sin papeles, yo tampoco consigo trabajo”, lamenta. Incluso sus propios padres le recriminaron en su día que denunciase a su pareja: “Tienes que pensar en ellos, en tus hijos, no en ti”, le instigaron.

Apenas llevaba seis meses en España cuando recibió el primer puñetazo. “Si no le hubiera denunciado, la siguiente vez me podría haber matado”, valora unos minutos después. “En el fondo, sí que mereció la pena denunciarle. Fue la única forma de asegurar que seguiría con vida”, concluye.

Fuente: Público

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El IAM Atendió 2.300 Consultas de Inmigrantes sobre Violencia de Género.

“Cada vez son más las mujeres que emigran solas para mejorar económicamente y tienen menos miedo a denunciar un caso de violencia de género”, apunta Soledad Pérez, directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM). Son las conclusiones que más destacan después de un año en el que fueron atendidas 15.314 mujeres inmigrantes en el IAM de las 319.707 empadronadas en Andalucía.

La mayoría eran jóvenes de entre 20 y 35 años y procedían de Sudamérica, el Magreb y Europa del Este, según informó ayer la consejera de Igualdad, Micaela Navarro.

Entre los distintos servicios prestados, ya sea desde los centros provinciales y municipales de Información a la Mujer como los realizados en colaboración con las ONG, destacan los casos relacionados con la violencia de género (2.317 consultas, que representan un 15%) y el asesoramiento especializado en derecho de extranjería (1.818 consultas, que suponen casi un 12%).

Pérez cree que, tras la modificación de la ley de derechos y libertades de los extranjeros en España, aprobada en diciembre de 2009, serán más las inmigrantes maltratadas que acudan al IAM para ser aconsejadas, sin miedo a denunciar al agresor. “La mujer sin permiso de residencia temía denunciar por miedo a que su situación de irregularidad se descubriera y fuera expulsada del país”, recuerda. La nueva norma se elaboró con el objetivo de que las mujeres inmigrantes denunciaran. La mujer que dé este paso puede permanecer en el país hasta que se dicte sentencia, que “suele conocerse por juicio rápido, en menos de tres meses”. En el caso de que el acusado sea culpable, la víctima consigue el permiso de residencia y de trabajo, según Pérez.

“Hace 10 años, la inmigración estaba muy masculinizada”. La consejera destacó que las mujeres inmigrantes tienen su propio proyecto migratorio, motivado por la búsqueda de mejoras económicas. A través del servicio de atención jurídica, el instituto, en colaboración con las ONG con las que trabaja, asesoró a las mujeres que, por motivos de arraigo, estaban interesadas en conocer asuntos especializados en derecho de extranjería: por motivos conyugales, sociolaborales, permiso de trabajo. La mayoría de las atendidas procedían de países sudamericanos. Según Pérez, existe una diferencia fundamental entre estas mujeres que emigran solas y las que proceden de África: “Las primeras intentan reagrupar a su familia en torno a ella, mientras que las africanas emigran en momentos puntuales para trabajar -en campañas agrícolas- y, luego, vuelven a su país de origen”.

Fuente: El País