Los médicos de la industria.

Los periódicos El Mundo y Público publicaron ayer una noticia que cuenta que a pesar de los conflictos de intereses que pueden producirse muchos doctores siguen manteniendo lazos con la industria farmacéutica. Así lo refleja un nuevo estudio publicado en el último número de la revista Archives of Internal Medicine que analiza la situación en Estados Unidos. Los resultados se basan en una encuesta realizada a 3.500 especialistas en referencia a sus actividades con la industria durante 2009. Aunque el estudio compara los datos de 2009 con otro trabajo anterior de 2004 y concluye que ahora  el compadreo de médicos y laboratorios es algo menor que un lustro antes, los datos son escandalosos:

El 84% de los médicos mantiene lazos con el poderoso sector farmacéutico, uno de los que más invierte en publicidad y márketing de todo el mercado (alrededor del 30% del presupuesto).

El Mundo explica que “las farmacéuticas no son el enemigo, pero no cabe duda de que tienen intereses comerciales y lucrativos que chocan con la importancia de poner el beneficio del paciente por encima de todo, tal y como prometen los médicos en el juramento hipocrático“.

El diario argumenta que en España no hay cifras acerca de estas relaciones. Sólo cita una pequeña encuesta realizada en centros de Atención Primaria catalanes en 2005 que reveló que el 44% de los médicos recibía a los visitadores entre dos y tres veces por semana y el 87% consideraba necesario este contacto. Pero sí que hay otros trabajos, como el que publicamos hace poco en este blog que concluye con datos de manera alarmante que:

“El 98,4% de los doctores recibe a los visitadores. El 77,8% a diario. Los vendedores aparecen como segunda fuente de información sobre medicamentos para los galenos. La opinión sobre la utilidad de la visita es mayoritariamente favorable entre los profesionales sanitarios. Cuando asisten a un congreso, el 60,3% reconoce hacerlo invitado por la IF. Suelen asistir a comidas/cenas de los visitadores el 61,9%. El 55,6% ha recibido alguna vez un regalo de los laboratorios“.

Por su parte Público ya en su titular destaca que esto es algo que ocurre en EE.UU. cuando como vemos también por estos lares sufrimos las consecuencias del “colecho” entre estos dos ámbitos, el industrial y el medicinal, en apariencia tan alejados entre sí e incluso con intereses en un principio contrapuestos (los primeros tienen como fin ganar dinero con la venta de remedios a personas enfermas y los segundos tienen como objetivo ayudarlas a sanar).

Más claro se muestra Periodismo Humano:

Una comisión de expertos del Parlamento Inglés redactó un dossier hace unos años en el que admitía que los intereses de la industria y la población no coinciden, y proponía ‘poner en marcha un régimen regulador eficaz que consiga que la industria farmacéutica no perjudique el bien común‘. (…) La búsqueda deun nuevo marco ético que rija las actuaciones y las relaciones de la industria farmacéutica con la sociedad constituye un fin en sí mismo”.

Miguel Jara

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Confesiones de una ex camella de drogas.

El título de este post coincide con el de un libro. Durante los últimos años se está produciendo un fenómeno que antes no ocurría o al menos no como ahora. Personas que trabajan o han trabajado en lo que conocemos por Industria Farmacéutica (concepto muy general pues en torno a los medicamentos se mueven muchas empresas con muy diferentes actitudes y enfoques), están saliendo a la palestra para contarnos las verdades incómodas sobre la misma. Para ello supongo que es especialmente interesante la difusión que se consigue a través de Internet ¿dónde si no iban a contarlo? En este caso se trata de una mujer, Gwen Olsen, que ha estado trabajando en la industria farmacéutica durante 15 años como representante, lo que aquí conocemos como visitadora médica. Es la autora del libro citado. Afirma que era una de las mejores entre los mejores. Yo no lo dudo pues he conocido a vendedores de la industria que podían acreditar que estaban entre los mejores y fueron despedidos (por lo general) o se marcharon por no poder aguantar lo que les obligaban a hacer.

Les aconsejo que vean el video entero pues sólo son siete minutos. Dice Olsen que “la industria farmacéutica se ha vuelto loca“. Y entiendo perfectamente a qué se refiere pues por lo general, los grandes laboratorios multinacionales y sus imitadores, han entrado en una fase de mercantilismo tal e interés absoluto por el beneficio económico que de alguna manera ni ellos mismos son capaces de controlarse. Estoy de acuerdo con ella en que los ciudadanos debemos recuperar nuestro poder (y no sólo sobre nuestra salud) y exigirles responsabilidades a los laboratorios por los productos defectuosos que colocan en el mercado y por numerosas prácticas que bordean la ley cuando no la saltan sin complejos. Y no digamos ya la ética. Y aprender a diferenciar entre enfermedades reales y desarreglos cotidianos, como explica la ex visitadora refiriéndose al fenómeno del tráfico o invención de enfermedades, disease mongering, que dicen los anglosajones (intentar que todos estemos enfermos aunque no lo estemos).

Tras tantos años en la industria esta mujer cree que hay alternativas más eficaes que los fármacos, como vigilar los aspectos nutricionales de nuestra dieta y nuestro estilo de vida, hacer ejercicio. Pero sobre todo autoeducarnos, cuidarnos nosotros mismos para no ser manipulados.

Miguel Jara

El Supremo reabre el caso de un hombre en coma desde 1989.

El tribunal puede reabrir el caso de Antonio Meño, paralizado durante 21 años tras una operación.- Un nuevo testigo contradice los argumentos de la defensa de la clínica y el anestesista.

Pablo De Llano, 03/11/2010

Después de meses durmiendo en la calle y tras 21 años cuidando a su hijo, en coma por un problema durante una rinoplastia, la familia de Antonio Meño se encontró en febrero pasado con lo más parecido a un rayo de esperanza para su caso. Un médico que pasó por su campamento en la plaza de Jacinto Benavente ha resultado ser, para la acusación, un testigo clave tras dos décadas de un litigio interminable cuyo penúltimo capítulo se saldó, en 2008, con una condena del Supremo a la familia. Esta mañana el alto tribunal ha acogido la vista oral para decidir si acepta o no la demanda de revisión solicitada por los padres de Meño, que ha salido por primera vez del campamento, tras 505 días postrado en la cama, para asistir al juicio.

La historia de este juicio sin fin se remonta a 1989. Antonio Meño entró en un quirófano de la madrileña clínica Nuestra Señora de la América para operarse la nariz. Durante la operación, Meño pierde la respiración asistida, y su cerebro se queda sin oxígeno, por lo que quedó en coma. Sus padres llevaron a los tribunales a la clínica privada donde lo operaron, Nuestra Señora de América, y al médico responsable de la anestesia. Pero tras batallar hasta llegar al Supremo, este tribunal exculpó de lo ocurrido a la clínica y condenó a la familia a pagar 400.000 euros por los costes del juicio. Los padres de Meño decidieron protestar y acamparon en una plaza cercana a la Puerta del Sol, junto al Ministerio de Justicia. Por allí pasó una noche de febrero un médico colegiado, I. F. G., que entregó días después al abogado de la familia una declaración con una versión de lo que ocurrió en el quirófano distinta a la que sostienen los testigos de la defensa.

El nuevo supuesto testigo asegura que estaba en la operación de Meño como aprendiz y que vio cómo las pulsaciones del paciente se alteraban en una pantalla, una vez que el anestesista ya no estaba en el quirófano. “Apareció al cabo de unos minutos, levantó los paños que cubrían la cabeza del paciente y comprobó que el tubo a través del que respiraba se había desconectado. Exclamó: ‘Dios mío, se ha desconectado”, escribió en el documento que entregó al letrado familiar, Luis Bertelli, y en el que llega a precisar detalles del personal que estaba presente en la sala. Los testimonios que apoyan la versión del anestesista sostienen que, una vez terminada la intervención, el especialista desentubó al paciente y, por respiración espontánea, este aspiró su propio vómito.

Tras conocer el nuevo testimonio, el abogado pidió al Supremo que revisara la sentencia de 2008 y el fiscal mandó un escrito al tribunal valorando que el testimonio era un indicio de “maquinación fraudulenta”, es decir, de ocultación de pruebas.

La abogada del anestesista, condenado en 1993 por un juzgado de primera instancia a indemnizar a la familia, argumenta que no se puede aceptar la demanda de revisión bajo el supuesto de maquinación fraudulenta ya que los demandantes nunca solicitaron una prueba testimonial de todo el personal que estaba en el quirófano, es decir, que no pudieron esconder unas pruebas que nunca se pidieron. Además, cuestiona la credibilidad del testigo, cuya declaración no puede tener, según la abogada, más validez que el resto de testimonios.

La fiscalía, sin embargo, ha pedido expresamente que se acepte la demanda de revisión ya que el nuevo testimonio “podía haber dado lugar a una sentencia totalmente distinta”. “Entiendo que las declaraciones del testigo son contundentes y que habrá que llevarlas a los órganos judiciales para que las valoren con el resto de las pruebas encima de la mesa”, ha dicho la fiscal, para quien el testimonio es un argumento suficiente “para romper el principio sagrado de inquebrantabilidad de la sentencia en firme del Tribunal Supremo”.

La decisión tomada hoy será comunicada a las partes en un plazo mínimo de 10 días. Una negativa del Supremo corroboraría la condena a la familia de su última sentencia. Pero si aceptase la demanda, el juicio empezaría desde cero, con la anulación de todo el proceso. Y en ese caso, según fuentes de ambas partes, lo más probable es que se llegue a un acuerdo para pactar una indemnización.

Tras dos décadas de juicios por negligencia, el Supremo revisa el ‘caso Meño’.

Pablo De Llano, 03/11/2010

Antonio Meño lleva 21 años en coma. Mientras tanto, su historia judicial avanza, se detiene, se cierra, vuelve a respirar: en 1989 salió de una operación de cirugía estética con el cuerpo y el cerebro paralizados; sus padres pusieron una denuncia por negligencia, un juzgado sentenció a la clínica en 1993 a pagarles una indemnización (más de un millón de euros) y empezaron las apelaciones.

Primero otro juzgado que les quitó la razón, luego la Audiencia Provincial se la volvió a quitar, y por último el Tribunal Supremo, que los condenó a pagar 400.000 euros por los costes del juicio. 400.000 euros y un hijo paralizado.

Sus padres, dos panaderos de Móstoles jubilados, se echaron a la calle con él en junio de 2009 y montaron una caseta de lonas y madera en la plaza de Jacinto Benavente. Para pedir justicia; clemencia al menos. Un anochecer de febrero de 2010 se encuentran un testigo. Y otra vez, el caso de Antonio Meño, vuelve a respirar. El Tribunal Supremo ha reabierto el caso del hombre en coma 21 años después de la cirugía fatídica, 16 meses después de que los padres, Juana Ortega y Antonio Meño, dos sexagenarios de Móstoles retirados de su panadería, se asentasen en la plaza de Jacinto Benavente, a una calle de la Puerta del Sol, a seis pasos de una sede del Ministerio de Justicia.

El responsable del vuelco judicial es un médico de familia. Un hombre que pasó por la plaza una noche del mes de febrero pasado, preguntó a Juana Ortega qué le ocurría a su hijo, si podía llevarse un pasquín de su taco de denuncias del caso y luego siguió su camino, según relataba ayer la madre. “No lo he vuelto a ver desde aquel momento”.

I. F. G., el supuesto caminante circunstancial, entregó unos días después al abogado de la familia, Luis Bertelli, una declaración en la que daba una versión desconocida de lo que ocurrió en la clínica privada Nuestra Señora de América, donde Meño, que ahora tiene 41 años, se quedó en coma siendo un estudiante de Derecho con el antojo de tener una nariz bonita.

Este médico asegura que estaba de aprendiz en la operación y vio cómo las pulsaciones de Meño se alteraban en una pantalla. Dice que el anestesista se había ido del quirófano: “Apareció al cabo de unos minutos, levantó los paños que cubrían la cabeza del paciente y comprobó que el tubo a través del que respiraba se había desconectado. Exclamó: ‘Dios mío, se ha desconectado”, se lee en su documento, en el que nombra a los cirujanos que estaban en la sala de operaciones, al anestesista y llega a precisar el color de ojos y de pelo de la enfermera.

En los juicios que han exculpado a la clínica se ha aceptado hasta ahora que el cerebro de Meño se asfixió porque el paciente vomitó sin motivo pasada la cirugía, cuando el anestesista lo había desentubado y había recuperado la respiración. La versión de I. F. G., del que no se supo nada en todos estos años de pleitos (en su escrito explica que creyó que al final se había indemnizado a la familia), no menciona ningún vómito. Apunta a un fallo durante la anestesia.

Basándose en el nuevo testimonio, el abogado de la familia pidió una revisión de la sentencia de 2008 del Supremo. El fiscal Félix Herrero Abad envió el mes de mayo pasado un escrito a este tribunal valorando que la prueba era un indicio de “maquinación fraudulenta”, es decir, que se ocultaron pruebas en el juicio. La Fiscalía sostenía que la prueba supuestamente escamoteada “podía haber dado lugar a una sentencia totalmente distinta”.

Por entonces, la abogada del anestesista, que ahora trabaja en un hospital público, se limitó a cuestionar la credibilidad del nuevo testigo, diciendo que su cliente negaba que estuviera en el quirófano. Y la clínica se opuso a hablar del caso.

El 4 de octubre pasado habló el Tribunal Supremo. Ha admitido el recurso y citado a las partes a una vista que se celebrará en noviembre. Ahí decidirá si estima la demanda de revisión, con lo que anularía su sentencia anterior y juzgaría de nuevo el caso, o si confirma su pronunciamiento de 2008: absolución de los acusados y condena de pago de costas a la familia.

El primer paso -que el Supremo acceda a estimar un recurso contra una sentencia en firme suya- es un fenómeno judicial infrecuente. Tanto como que un matrimonio de jubilados esté 485 días acampado en la calle con un hijo en coma vigil. Igual que un paseante casual se convierta en un testigo crucial. No más que un chico se quede muerto en vida por un arreglo en la nariz.

Juana Ortega, alma de la caseta de madera y lonas de la plaza de Jacinto Benavente, tampoco asimila el último recodo del caso Meño: “Estoy contenta. Pero también estoy incrédula”.

El País

Un trabajo científico recomienda a los médicos que eviten la información de los laboratorios.

Les escribía hace poco sobre el escaso material publicado en revistas médicas o científicas sobre la influencia de los departamentos de ventas y marketing de los laboratorios farmacéuticos en la prescripción de medicamentos. En nuestro país contamos con el trabajo publicado en la Revista Clínica de Medicina de Familia. Ahora, PLOS Medicine, una de las publicaciones médico científicas más prestigiosas e independientes (creo que en el índice de influencia está en el quinto puesto, detrás de British Medical Journal (BMJ) para la que tengo el gusto de trabajar) ofrece un nuevo estudio sobre la informacion brindada a los médicos por la industria y sus consecuencias. Se titula La información de las compañías farmacéuticas y la calidad, cantidad y costo de la prescripción médica: una revisión sistemática.

Los antecedentes, nos cuenta PLOS Medicine son que

“en el año 2004, las compañías farmacéuticas gastaron 57,5 mil millones dólares en la promoción farmacéutica en los Estados Unidos. La industria farmacéutica (IF) afirma que la promoción ofrece información científica y educativa a los médicos. Mientras que algunos datos indican que la promoción puede influir negativamente en la prescripción, los médicos tienen varios puntos de vista sobre la promoción farmacéutica. El objetivo de esta revisión fue examinar la relación entre la exposición a la información de las compañías farmacéuticas y de la calidad, cantidad y costo de la prescripción médica”.

Les ahorro el apartado dedicado a la metodología empleada en este estudio científico y paso a las conclusiones del mismo:

-La “información” de las compañías está relacionada con una mayor prescripción de medicamentos por parte de los médicos.

-También con mayor desembolso para cubrir la factura de fármacos por parte de las administraciones sanitarias.

-Incluso con una menor calidad de la prescripción, es decir, que los facultativos optan por medicamentos que no son mejores que los ya existentes.

El análisis concluye:

“Recomendamos que los médicos sigan el principio de precaución y así eviten la exposición a la información de las compañías farmacéuticas”.

Las publicaciones médico científicas son la primera fuente de información de los médicos pero los visitadores o comerciales de los laboratorios son la segunda.

Miguel Jara

Visitadores médicos independientes de la industria.

Equilibrar las fuerzas como primer paso a la hora de que los médicos se informen sobre los nuevos medicamentos de manera independiente de los delegados de ventas de las farmacéuticas. Así lo están haciendo en varios centros de salud de Cáceres. Avalados por la Consejería de Salud de Extremadura se ha formado a un grupo de 24 informadores médicos independientes de la industria para contrarrestar la información de ésta. Se trata de que los profesionales sanitarios sepan distinguir la “buena mesa” de la “cocina basura”; la información de la promoción. Así lo señala Luis Palomo, responsable de este Programa de Formación en Práctica Clínica Basada en la Evidencia.

Extremadura ha creado una Oficina de Evaluación de Medicamentos, similar a las ya existentes en otras regiones, que está elaborando informes detallados sobre fármacos, su seguridad, su eficacia, si aportan alguna novedad terapéutica y el coste de su uso por el sistema sanitario comparado con otros similares. Los farmacéuticos formados por esta institución rondan con su experiencia e información depurada los centros de salud extremeños mediante un formato similar en el tiempo al que ocupa la denominada visita médica.

De alguna manera es deshacer lo andado. Corregir los fallos de la “información” sobre medicamentos que proporcionan los laboratorios, pura propaganda. ¿No sería mejor reorganizar el trabajo de los médicos para que pudiesen atender bien a sus pacientes y disponer de tiempo para informarse con rigor sobre las novedades y las no novedades en medicinay así actualizarse? Hay médicos que se forman a sí mismos con los ingentes recursos que ofrece, por ejemplo, Internet.

“Estoy de acuerdo -me comenta Palomo-. De todas maneras piensa que recibir a los visitadores es completamente voluntario, que nadie obliga a recibir visita médica. Lamentablemente puedo contar con los dedos de la mano los médicos que conozco que no recibimos visitadores“.

En el mismo edificio de Cáceres, Luis Palomo comparte amistad con el farmacéutico Galo Sánchez y sienten una preocupación activa por los asuntos de la gestión del conocimiento, la formación médica continuada y el sostenimiento de la sanidad pública. Galo fue subdirector de Farmacia de Extremadura y es la otra voz cantante de este proyecto ambicioso.

La propia Oficina de Evaluación de Medicamentos de Extremadura forma farmacéuticos que de manera voluntaria hacen una visita de extensión que prefieren llamar por su nombre original outreach visit, para evitar el concepto visita médica. La iniciativa está desarrollándose en numerosos ambulatorios de Extremadura. Los farmacéuticos, elegidos por sus dotes como líderes de opinión, son enseñados con material de gran calidad sobre los medicamentos nuevos que van apareciendo en el mercado y que el sistema sanitario ha de costear. Es información exhaustiva e independiente. En un cuarto de año 30 farmacéuticos han recuperado su vocación y más de 300 médicos, de los 800 que encierran las consultas de los centros sanitarios extremeños, han practicado un vis a vis con los anteriores para recibir información real sobre nuevos fármacos.

El proyecto podría haber interesado a los laboratorios, al fin y al cabo estos honestos visitadores hacen lo que predican las farmacéuticas, informar a los galenos. Pero las conclusiones del análisis de la primera molécula que hizo el equipo de Galo no eran para tirar cohetes. La rosuvastatina, de la marca Crestor, fabricada por AstraZeneca, suspendió el examen. Calificación: NO SUPONE AVANCE TERAPÉUTICO. Alguien comentó que esto enfadó al laboratorio que engrasó la atención de sus abogados por si acaso. Alguien le estaba tocando los rebaños. Galo y Luis han entregado unas encuestas a los profesionales visitados para conocer su grado de satisfacción con la iniciativa. Según los resultados, la aceptación del proyecto y el grado de comprensión de la información son muy altos. Además el 83,3% de los médicos que habían respondido coincidían con las conclusiones del análisis, ponían en duda la relevancia clínica del medicamento.

El equipo extremeño continúa revisando otras nuevas moléculas y expandiendo su fórmula de vis a vis entre farmacéuticos y médicos.

Miguel Jara

La privatización de la sanidad.

Debido a la propuesta que tanto el Sr. Rajoy del Partido Popular como el Sr. Artur Mas de Convergència i Unio han realizado de privatizar la sanidad pública, volvemos a colgar en el blog los siguientes artículos referentes a este tema, publicados en el diario Público.

¿Sanidad pública o privada?

La revista médica británica British Medical Journal acaba de publicar un estudio (Quality of care for profit and not for profit nursing homes, 2009, vol. 339) que incide de lleno en el debate que se está desarrollando en España y otros países sobre quién ofrece mejores servicios médicos a la población: la sanidad privada o la sanidad pública. La credibilidad del estudio viene asegurada no sólo por el prestigio de la revista (una de las más respetadas en la comunidad científica internacional), sino también por la enorme credibilidad del autor principal del estudio, el Dr. Gordon Guyatt, catedrático de Medicina de la McMaster University de Hamilton, en Canadá. El Dr. Guyatt es el fundador de Evidence-Based Medicine (medicina basada en la evidencia científica), la corriente científica en medicina que exige que cualquier cambio en la práctica médica se base en criterios médicos de probada eficacia. Su bien merecida reputación añade gran valor a su estudio. Este consiste en el análisis de 82 estudios de investigación que han analizado en EEUU la calidad de la asistencia sanitaria proveída en centros sanitarios estadounidenses de atención a enfermedades crónicas, personas con discapacidades graves y pacientes convalecientes (en inglés, nursing homes). La mayoría de la población atendida en estas instituciones son ancianos. En EEUU hay 1,5 millones de personas en las 16.000 nursing homes, con la posibilidad de que, cada año, más de tres millones pasen algún tiempo en estos centros. La mayoría (las dos terceras partes) de estos centros son privados, con afán de lucro. Los restantes son públicos (término que en EEUU se define como de financiación pública o privados sin afán de lucro). Las conclusiones de este análisis son claras y contundentes. En general, la calidad de los servicios médicos proveídos por las instituciones con afán de lucro es menor que la proveída por las instituciones sin afán de lucro. Entre otros muchos indicadores de calidad estudiados se incluían:

1) las cualificaciones del personal de las instituciones.

2) el número de complicaciones en el tratamiento clínico.

3) utilización de medidas que restringían la movilidad de los pacientes (como sobredosis de calmantes) que disminuyesen sus exigencias de atención.

4) violaciones de las normativas gubernamentales para garantizar la calidad de los servicios.

En cada uno de estos indicadores de calidad, las instituciones con afán de lucro estaban muy por detrás de las instituciones públicas. La evidencia existente de la diferencia en la calidad entre ambas instituciones es también abrumadora en otros estudios que han analizado la atención hospitalaria y otros servicios, como los servicios de diálisis externos. La mortalidad (para el mismo tipo de pacientes) es mayor en las instituciones con afán de lucro que en las que no tienen tal afán.

La importancia de estos estudios recae en que refuerzan la evidencia acumulada en la literatura científica, que el afán de lucro en medicina entra en conflicto con la calidad de los servicios sanitarios. La supuesta mayor eficiencia del sector privado comercial se basa en medidas como el ahorro en personal cualificado (tienen menos personal cualificado, como enfermeras, y tienen más personal con menor cualificación), hecho que claramente daña la calidad de la atención médica. Tal como indica el Dr. Guyatt, “las empresas con afán de lucro, en los servicios sanitarios, tienen que ahorrar fondos en áreas que afectan a la calidad de los servicios, a fin de conseguir el dinero que necesitan para pagar a sus accionistas y a sus gestores”. El afán de lucro no encaja con unos servicios cuyo objetivo debiera ser siempre servir a los pacientes, anteponiendo este objetivo al de optimizar los ingresos para conseguir mayores dividendos a los accionistas o para pagar mejor a los gestores. Estos últimos, por cierto, tienen unos niveles de remuneración mucho más elevados que los existentes en las instituciones no lucrativas.

No se han realizado estudios semejantes en España. Pero existe una percepción generalizada entre la mayoría de los expertos de que la calidad de la atención sanitaria pública es mejor que la privada, de manera que, si usted está enfermo de verdad, le aconsejo que vaya a la pública. Existe una dimensión, sin embargo, en la que, en general, la privada es mejor que la pública. El aspecto hotelero y de confort es, en general, mejor en la privada que en la pública. Y los tiempos de espera son menores en la privada que en la pública. Ello explica su expansión. La mayor causa de estas deficiencias del sector público está en la enorme escasez del gasto público sanitario, el más bajo (y por mucho) de la Unión Europea a quince. Mientras que el PIB per cápita de España es ya el 93% del promedio de la UE-15, el gasto público sanitario es sólo el 65% del promedio de la UE. Y ahí está el mayor problema de la sanidad española, problema del cual el establishment político y mediático del país (que pertenece al 30% de renta superior de la población) no es plenamente consciente, pues utiliza los servicios de la sanidad privada o recibe trato preferencial (en el caso de las élites políticas) cuando van a la pública. Debiera dictarse una norma en el sistema político español que indicara que, para que una persona pudiera optar a representar a la población, se comprometiese a utilizar los mismos servicios sanitarios que la mayoría de sus electores, que son mayoritariamente de clases populares y que utilizan la sanidad pública sin haber recibido trato preferencial. Esto contribuiría a que se redujera la excesiva distancia, que existe en España entre representantes y representados y ayudaría a los primeros a sensibilizarse de los problemas de los segundos.

La sanidad española

Existe una visión excesivamente complaciente de la sanidad española que señala que España se gasta ya en sanidad lo que le corresponde por su nivel de riqueza. Los que sostienen tales tesis presentan los últimos datos de la OCDE (el grupo de países más ricos del mundo) que muestran que España se gasta un porcentaje de su PIB casi idéntico al del promedio de los países de la OCDE. Este dato, sin embargo, es desorientador y poco significativo. La OCDE es un grupo de países de enorme diversidad en su nivel económico, incluyendo países como México y Chile, que tienen un PIB per cápita y un gasto sanitario muy bajos. De ahí que el promedio sea relativamente bajo, lo cual nos da una buena imagen, que es lo que desean quienes utilizan tal indicador. El indicador más valioso para medir el grado de desarrollo de la sanidad pública española es el gasto público sanitario por habitante comparándolo con el promedio de la UE-15, el grupo de países de la UE de semejante nivel de desarrollo al nuestro. Y ahí sí que no hay razones para la complacencia. Continuamos estando, junto con Grecia y Portugal, a la cola de la UE-15. Si en lugar de tal indicador escogemos el gasto público sanitario como porcentaje del PIB o el porcentaje de la población adulta que trabaja en sanidad, vemos que también estamos a la cola de la UE-15.

Este bajo gasto público explica la polarización por clase social de la sanidad española, de manera que el 30% de la población española (la de renta superior) utiliza la sanidad privada, y el 70% restante, las clases populares (la clase trabajadora y la mayoría de las clases medias), utilizan los servicios públicos. Esta polarización de la sanidad no es buena ni para las personas de rentas superiores ni para la mayoría de la población, puesto que, aun cuando la privada sea, en general, mejor que la pública en confort (una cama por habitación hospitalaria, por ejemplo), tiempo de visita más largo, listas de espera más cortas y mejor trato personal, la pública es mucho mejor en la calidad del personal y apoyo científico tecnológico que la sanidad privada. Con lo cual, si el lector cae enfermo de verdad, le aconsejo que vaya a la pública, tal como hizo el rey de España.

Lo que se requeriría sería una sanidad pública multiclasista que tuviera el confort de la privada, manteniendo la calidad de la pública. Ahora bien, para ello se necesita mucho más dinero. En realidad, la subfinanciación de la sanidad pública se ha agravado como consecuencia de la crisis, lo cual ha forzado a las autoridades públicas a considerar varias opciones a fin de conseguir recursos para la sanidad pública. Algo que debiera ya haberse hecho desde hace tiempo (y que estaba en los programas electorales de los partidos de izquierda, incluyendo el PSOE), era una mayor carga impositiva (y muy en especial de los sectores que se han beneficiado más estos últimos años de la gran bonanza económica) que conllevará mayores recursos al Estado. Es escandaloso que, mientras el porcentaje en impuestos que paga un trabajador de la manufactura en España sea el 74% del que paga su homólogo sueco, el de un gran empresario sea sólo el 38% de su equivalente sueco. Otra medida que debería considerarse es el incremento de impuestos finalistas sobre el tabaco y el alcohol, mucho más bajos que en el promedio de la UE-15. Otra fuente de ingresos debería ser el pago que las mutuas laborales controladas por la patronal tendrían que hacer a la sanidad pública con el fin de cubrir el coste de atender las enfermedades laborales, que significan casi el 18% de todos los enfermos hospitalizados. Las mutuas laborales (las entidades con mayores beneficios en el mundo mutual) no pagan –como deberían– estos gastos. Si lo hicieran, el Estado conseguiría unos ingresos considerables. Los medios de información de mayor difusión han olvidado estas fuentes de ingresos, centrándose en los copagos (y, muy en particular, el copago de un euro por visita, cantidad que se justifica frecuentemente como medida disuasoria para reducir la demanda). Se asume erróneamente que el usuario español abusa del sistema, tomando el elevado número de visitas sanitarias por habitante (nueve visitas) como ejemplo de este abuso (el promedio de la UE-15 es de seis). Pero lo que no se dice es que, de estas nueve visitas, hay al menos tres que en otros países son atendidas por o bien una enfermera o bien un administrativo, y que en España, en cambio, las hace el médico. El médico está sobrecargado, pero ello no quiere decir que el usuario abuse, pues en otros países las enfermeras tienen mayor responsabilidad y los médicos tienen mayor apoyo administrativo. Las reformas del sistema, priorizando la atención sanitaria comunitaria, como se está haciendo en Catalunya, es una manera de disminuir la demanda. Por otra parte, quien genera la demanda que ocasiona gastos (farmacia, pruebas clínicas, intervenciones) no es el usuario, sino el médico.

En España ya existe el copago en farmacia y este puede mejorarse en cuanto a su equidad. Pero es erróneo centrarse en el copago a costa de las otras intervenciones públicas más generadoras de recursos. Ello no niega la importancia que el copago pueda tener para conseguir fondos para proveer nuevos servicios (como podología u odontología), siempre que sus precios sean regulados y equitativos. Lo que no puede permitirse es que continuemos a la cola de la UE-15 en gasto público. El riesgo de privatización y de mantenimiento de la polarización pública-privada no procede de los copagos, sino de la desgravación de las mutuas sanitarias privadas, lo cual, además de significar un coste al erario público (cualquier desgravación es un subsidio público), incrementaría todavía más la polarización del sistema sanitario por clase social, lo cual sería un gran error.

Vicenç Navarro

  • Consejo Científico de ATTAC España.
  • Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra.
  • Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University.

Menores psicofármacodrogados.

El 99% de los niños españoles diagnosticados y tratados con anfetaminas de trastornos por déficit de atención con hiperactividad (TDA/H) no están enfermos en realidad, sino que han sido víctimas de un ‘exceso en el diagnóstico‘ cometido por los psiquiatras que les trataron y por sus propios padres, que demandan la ‘pastilla mágica’ que acabe con las molestias que pueden dar los hijos”.

Así de contundente comienza un teletipo de la Agencia Europa Press que pone en boca de la médico psiquiatra Eglée Iciarte, doctora de la Universidad Autónoma de Madrid, estas declaraciones. Esta profesional habla de la “trivialización de los diagnósticos” que realizan muchos profesionales de esta especialidad por “tratar un síntoma a nivel de enfermedad“.

“Este error es fruto de un exceso de diagnóstico, de la ‘medicalización‘ de la vida y de un intento de responder a las demandas de los propios padres, quienes piden la pastilla mágica que acabe con los problemas que tienen y dan los hijos”, según la experta, que recordó que España es el tercer país del mundo, sólo por detrás de Estados Unidos y Canadá, en administrar psicofármacos a menores.

¿La consecuencia? Según esta psiquiatra, los niños y jóvenes al ser tratados con psicofármacos antes de que su personalidad y su sistema nervioso esté totalmente formado, pueden sufrir desde diabetes hasta dificultades en el crecimiento. Además, estos diagnósticos precipitados pueden convertirlos en adictos a las drogas en el futuro o generarles verdaderos problemas psicológicos.

El comunicado de Europa Press cita unas declaraciones que vamos a trabajar desde aquí. El portavoz de  la Regional Humanista Europea, Giorgio Schultze, denuncia que en Italia, farmacéuticas como Lilly, fabricante de Prozac, está “realizando test psicológicos en las escuelas donde se está diagnosticando hiperactividad a más del 50% de los niños“. “Esto es exagerado y nos preocupa que muchos menores estén siendo tratados con psicofármacos sin necesidad porque los padres tienen miedo de que expulsen a sus hijos del colegio”, dice Schultze.

En su blog Cavilaciones, la psiocóloga Liliana Castro publica un artículo en perenne actualización titulado TDAH ¿creer o no creer? en el que ofrece un montón de información pro y contra el diagnóstico del Trastorno de Déficit de Atención con o sin Hiperactividad.

Fuente: Miguel Jara