El Supremo reabre el caso de un hombre en coma desde 1989.

El tribunal puede reabrir el caso de Antonio Meño, paralizado durante 21 años tras una operación.- Un nuevo testigo contradice los argumentos de la defensa de la clínica y el anestesista.

Pablo De Llano, 03/11/2010

Después de meses durmiendo en la calle y tras 21 años cuidando a su hijo, en coma por un problema durante una rinoplastia, la familia de Antonio Meño se encontró en febrero pasado con lo más parecido a un rayo de esperanza para su caso. Un médico que pasó por su campamento en la plaza de Jacinto Benavente ha resultado ser, para la acusación, un testigo clave tras dos décadas de un litigio interminable cuyo penúltimo capítulo se saldó, en 2008, con una condena del Supremo a la familia. Esta mañana el alto tribunal ha acogido la vista oral para decidir si acepta o no la demanda de revisión solicitada por los padres de Meño, que ha salido por primera vez del campamento, tras 505 días postrado en la cama, para asistir al juicio.

La historia de este juicio sin fin se remonta a 1989. Antonio Meño entró en un quirófano de la madrileña clínica Nuestra Señora de la América para operarse la nariz. Durante la operación, Meño pierde la respiración asistida, y su cerebro se queda sin oxígeno, por lo que quedó en coma. Sus padres llevaron a los tribunales a la clínica privada donde lo operaron, Nuestra Señora de América, y al médico responsable de la anestesia. Pero tras batallar hasta llegar al Supremo, este tribunal exculpó de lo ocurrido a la clínica y condenó a la familia a pagar 400.000 euros por los costes del juicio. Los padres de Meño decidieron protestar y acamparon en una plaza cercana a la Puerta del Sol, junto al Ministerio de Justicia. Por allí pasó una noche de febrero un médico colegiado, I. F. G., que entregó días después al abogado de la familia una declaración con una versión de lo que ocurrió en el quirófano distinta a la que sostienen los testigos de la defensa.

El nuevo supuesto testigo asegura que estaba en la operación de Meño como aprendiz y que vio cómo las pulsaciones del paciente se alteraban en una pantalla, una vez que el anestesista ya no estaba en el quirófano. “Apareció al cabo de unos minutos, levantó los paños que cubrían la cabeza del paciente y comprobó que el tubo a través del que respiraba se había desconectado. Exclamó: ‘Dios mío, se ha desconectado”, escribió en el documento que entregó al letrado familiar, Luis Bertelli, y en el que llega a precisar detalles del personal que estaba presente en la sala. Los testimonios que apoyan la versión del anestesista sostienen que, una vez terminada la intervención, el especialista desentubó al paciente y, por respiración espontánea, este aspiró su propio vómito.

Tras conocer el nuevo testimonio, el abogado pidió al Supremo que revisara la sentencia de 2008 y el fiscal mandó un escrito al tribunal valorando que el testimonio era un indicio de “maquinación fraudulenta”, es decir, de ocultación de pruebas.

La abogada del anestesista, condenado en 1993 por un juzgado de primera instancia a indemnizar a la familia, argumenta que no se puede aceptar la demanda de revisión bajo el supuesto de maquinación fraudulenta ya que los demandantes nunca solicitaron una prueba testimonial de todo el personal que estaba en el quirófano, es decir, que no pudieron esconder unas pruebas que nunca se pidieron. Además, cuestiona la credibilidad del testigo, cuya declaración no puede tener, según la abogada, más validez que el resto de testimonios.

La fiscalía, sin embargo, ha pedido expresamente que se acepte la demanda de revisión ya que el nuevo testimonio “podía haber dado lugar a una sentencia totalmente distinta”. “Entiendo que las declaraciones del testigo son contundentes y que habrá que llevarlas a los órganos judiciales para que las valoren con el resto de las pruebas encima de la mesa”, ha dicho la fiscal, para quien el testimonio es un argumento suficiente “para romper el principio sagrado de inquebrantabilidad de la sentencia en firme del Tribunal Supremo”.

La decisión tomada hoy será comunicada a las partes en un plazo mínimo de 10 días. Una negativa del Supremo corroboraría la condena a la familia de su última sentencia. Pero si aceptase la demanda, el juicio empezaría desde cero, con la anulación de todo el proceso. Y en ese caso, según fuentes de ambas partes, lo más probable es que se llegue a un acuerdo para pactar una indemnización.

Tras dos décadas de juicios por negligencia, el Supremo revisa el ‘caso Meño’.

Pablo De Llano, 03/11/2010

Antonio Meño lleva 21 años en coma. Mientras tanto, su historia judicial avanza, se detiene, se cierra, vuelve a respirar: en 1989 salió de una operación de cirugía estética con el cuerpo y el cerebro paralizados; sus padres pusieron una denuncia por negligencia, un juzgado sentenció a la clínica en 1993 a pagarles una indemnización (más de un millón de euros) y empezaron las apelaciones.

Primero otro juzgado que les quitó la razón, luego la Audiencia Provincial se la volvió a quitar, y por último el Tribunal Supremo, que los condenó a pagar 400.000 euros por los costes del juicio. 400.000 euros y un hijo paralizado.

Sus padres, dos panaderos de Móstoles jubilados, se echaron a la calle con él en junio de 2009 y montaron una caseta de lonas y madera en la plaza de Jacinto Benavente. Para pedir justicia; clemencia al menos. Un anochecer de febrero de 2010 se encuentran un testigo. Y otra vez, el caso de Antonio Meño, vuelve a respirar. El Tribunal Supremo ha reabierto el caso del hombre en coma 21 años después de la cirugía fatídica, 16 meses después de que los padres, Juana Ortega y Antonio Meño, dos sexagenarios de Móstoles retirados de su panadería, se asentasen en la plaza de Jacinto Benavente, a una calle de la Puerta del Sol, a seis pasos de una sede del Ministerio de Justicia.

El responsable del vuelco judicial es un médico de familia. Un hombre que pasó por la plaza una noche del mes de febrero pasado, preguntó a Juana Ortega qué le ocurría a su hijo, si podía llevarse un pasquín de su taco de denuncias del caso y luego siguió su camino, según relataba ayer la madre. “No lo he vuelto a ver desde aquel momento”.

I. F. G., el supuesto caminante circunstancial, entregó unos días después al abogado de la familia, Luis Bertelli, una declaración en la que daba una versión desconocida de lo que ocurrió en la clínica privada Nuestra Señora de América, donde Meño, que ahora tiene 41 años, se quedó en coma siendo un estudiante de Derecho con el antojo de tener una nariz bonita.

Este médico asegura que estaba de aprendiz en la operación y vio cómo las pulsaciones de Meño se alteraban en una pantalla. Dice que el anestesista se había ido del quirófano: “Apareció al cabo de unos minutos, levantó los paños que cubrían la cabeza del paciente y comprobó que el tubo a través del que respiraba se había desconectado. Exclamó: ‘Dios mío, se ha desconectado”, se lee en su documento, en el que nombra a los cirujanos que estaban en la sala de operaciones, al anestesista y llega a precisar el color de ojos y de pelo de la enfermera.

En los juicios que han exculpado a la clínica se ha aceptado hasta ahora que el cerebro de Meño se asfixió porque el paciente vomitó sin motivo pasada la cirugía, cuando el anestesista lo había desentubado y había recuperado la respiración. La versión de I. F. G., del que no se supo nada en todos estos años de pleitos (en su escrito explica que creyó que al final se había indemnizado a la familia), no menciona ningún vómito. Apunta a un fallo durante la anestesia.

Basándose en el nuevo testimonio, el abogado de la familia pidió una revisión de la sentencia de 2008 del Supremo. El fiscal Félix Herrero Abad envió el mes de mayo pasado un escrito a este tribunal valorando que la prueba era un indicio de “maquinación fraudulenta”, es decir, que se ocultaron pruebas en el juicio. La Fiscalía sostenía que la prueba supuestamente escamoteada “podía haber dado lugar a una sentencia totalmente distinta”.

Por entonces, la abogada del anestesista, que ahora trabaja en un hospital público, se limitó a cuestionar la credibilidad del nuevo testigo, diciendo que su cliente negaba que estuviera en el quirófano. Y la clínica se opuso a hablar del caso.

El 4 de octubre pasado habló el Tribunal Supremo. Ha admitido el recurso y citado a las partes a una vista que se celebrará en noviembre. Ahí decidirá si estima la demanda de revisión, con lo que anularía su sentencia anterior y juzgaría de nuevo el caso, o si confirma su pronunciamiento de 2008: absolución de los acusados y condena de pago de costas a la familia.

El primer paso -que el Supremo acceda a estimar un recurso contra una sentencia en firme suya- es un fenómeno judicial infrecuente. Tanto como que un matrimonio de jubilados esté 485 días acampado en la calle con un hijo en coma vigil. Igual que un paseante casual se convierta en un testigo crucial. No más que un chico se quede muerto en vida por un arreglo en la nariz.

Juana Ortega, alma de la caseta de madera y lonas de la plaza de Jacinto Benavente, tampoco asimila el último recodo del caso Meño: “Estoy contenta. Pero también estoy incrédula”.

El País

Anuncios