Movilización ante el Santander.

EL 8 de febrero de 2011, noche previa a la subasta de la vivienda de José Luis Burgos, un grupo de personas y entidades acudieron para dar apoyo ante las puertas del Banco Santander.

Algunas de estas personas se desplazaron al día siguiente hasta el juzgado de Manresa para impedir que se cometiera una enorme injusticia y, que el banco pudiera hacerse con una propiedad de una forma completamente fraudulenta.

Gracias al esfuerzo y solidaridad de todas estas personas, además de la lucha persistente de José Luis, el 9 de febrero de 2011, el juez instructor accedía a estudiar con más detalle la documentación presentada por José Luis y ordenaba suspender la subasta de la vivienda, requiriendo al banco para que en el plazo de 10 días presentara toda la documentación de dicho procedimiento y aclarase algunos puntos dudosos.

EL 9 DE FEBRERO DE 2001 TRIUNFÓ LA JUSTICIA, GRACIAS A LA LUCHA Y LA UNIÓN DE LA CIUDADANÍA.

ESE ES EL CAMINO QUE HEMOS DE SEGUIR PARA FRENAR ESTOS ATROPELLOS Y RECUPERAR EL CONTROL DE NUESTRA SOCIEDAD.

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Testimonio Gráfico en los Juzgados de Manresa.

La verdadera fuerza de un guerrero no reside en su espada,

si no en el guerrero junto al que combate.

“Reivindico valores como la libertad y la justicia como algo único, pues no hay libertad sin justicia, ni justicia sin libertad. Reivindico el realismo de soñar en un futuro donde la vida sea mejor y las relaciones más justas, más ricas y positivas y siempre en paz. No hay camino hacia la libertad… la libertad es el camino”.
Joan Manuel Serrat


Crónica de una resistencia: al Santander se le atraganta su arrogancia.

El juez ordena suspender la subasta y exige al Santander claridad e información en su dudoso procedimiento contra José Luis Burgos.

Miércoles, 9 de febrero de 2011, 5 de la madrugada. Es la hora habitual en que me levanto diariamente para dirigirme a las puertas del Banco de Satán en Paseo de Gracia, y continuar mi interminable lucha. Me despierto como un reloj. Hoy no toca desplazarme a Barcelona, ya me gustaría. Hoy me enfrento a un amargo proceso: se subasta mi vivienda ante la pasiva y cómplice mirada de jueces, políticos y medios de comunicación.

No consigo conciliar el sueño, pasan los minutos y esta sensación me ahoga. A mi mente vienen imágenes nostálgicas de felicidad: la ilusión con la que construimos nuestra vivienda y crecieron en ella nuestros hijos. Las celebraciones navideñas y reuniones familiares. Mi amor por el arte y algunos cuadros que han ido ocupando espacios de paredes y de mi propio interior. Personas queridísimas que han compartido largas estancias con nosotros y que ya no viven. Mi refugio, ese que ha albergado mi sufrimiento y dolor desde que me quedé hace 3 años en silla de ruedas. Que ha sido cómplice de mi descanso y mi depresión, de mis reflexiones, de mi lucha por superar esta situación. Mi espacio. Nuestro hogar.

De repente vuelvo a ahogarme, ya no se en que minuto vivo. Siento el frío intenso de estos dos meses y medio a las puertas del Santander. Me encuentro cansado, agotadísimo por el esfuerzo inhumano que he realizado. ¿Habrá servido de algo? No paran de entrar y salir directivos del banco, empleados que no son nadie pero que creen ser algo, que me miran con arrogancia y ni siquiera me obsequian con los buenos días. Una marea de gente que desfila por delante mío con sus bolsas de compra, de marcas caras. Ni siquiera miran, no se paran a leer, llevan sus auriculares puestos y escuchan música, aislándose del mundo, contribuyendo a su degradación. Pero mi público está ahí, personas fieles y solidarias que van sumándose a la lucha y prestándome apoyo. Personas humildes, sencillas, pero las más generosas, las que me ofrecen lo poco que tienen, su casa, su dinero, su tiempo. Ellos hacen menos dura mi estancia ante las puertas del infierno, con su compañía, sus charlas, su apoyo…

Suena el despertador, son las 7 de la mañana, su alarmante ruido despierta a toda la familia y nos avisa de que la hora se acerca. Su sonido persiste y mi corazón se encoge, me incorporo sentándome sobre la cama y una ola de frío me invade, el estómago se vuelca y se apodera de mi una extraña sensación de vacío, de tristeza, de impotencia. Están a punto de arrebatarme algo que es mío, que no les corresponde, una parte muy importante de nuestra historia familiar, de nuestra identidad, de nuestras vidas. Nos están matando la felicidad.

Siguen pasando los minutos, las horas, permanecemos la familia unida, mis dos hijos y mi esposa. Desayunamos todos juntos, sentados alrededor de la mesa, nuestras miradas se cruzan bajo el silencio. Son las 10, nos dirigimos al matadero. A mi esposa hace dos días que le duele el alma, siente un fuerte dolor de mandíbulas, la tensión y los nervios oprimen su pecho y fuerza inconscientemente su dentadura, muerde con rabia su impotencia, se le ingesta la injusticia y le quema. Mis hijos no paran de observarnos, sus miradas denotan la preocupación por sus padres, demasiado dura la experiencia para sus jóvenes edades.

10,30 h., nos encontramos ante el Palacio de Injusticia de Manresa. Una simpática y amable agente de seguridad me abre la puerta de salida porque es de más fácil acceso para la silla: usted, caballero, pase por aquí, el resto de personas que accedan por la puerta de entrada y pasen por el detector de seguridad.

Ya estamos dentro, nos dirigimos al corredor de la muerte. Togas negras y fúnebres caras, luto por las víctimas de este sistema capitalista. Se perciben las almas y sus voces silenciadas por los verdugos y cómplices de ese sistema. Mi teléfono no para de recibir mensajes de ánimo y llamadas de apoyo. Rosa Mª Artal, periodista y amiga: ¿qué tal José Luis, cómo te encuentras? ¿alguna novedad de última hora? Joan Tardà, diputado por ERC: ánimos y fuerza desde Madrid, no puedo estar contigo físicamente, pero estoy. Antonio Fuertes, responsable de ATTAC ACORDEM: ánimo compañero, contigo hasta el final. Ángels Tomàs, EUiA: ¡salud y fuerza! Cayo Lara, coordinador de IU: La solidaridad que quiero expresarte va acompañada de una profunda admiración, estás mostrando pertenecer a esa estirpe cuya lucha os convierte en imprescindibles. Y muchos amigos más, Víctor, Lorena, Miguel, Álvaro, Mónica, Ricardo…

10,45 h., llega mi procuradora y nos acompaña a la tercera planta, no hay novedades de última hora. El escrito que entramos ayer día 8 en el Juzgado, solicitando la suspensión de la subasta por irregularidades del banco y falta de información, lo han denegado. La subasta se llevará a cabo y el delito se consumará. La Sra. secretaria judicial, encargada de la subasta, no atiende a razones ni documentos presentados: “la gente debería ser responsable con lo que firma y no quejarse tanto”. Mi procuradora me entrega unos documentos para firmarle los poderes judiciales de su representación. Entramos en una sala de reuniones con una mesa donde estaremos más cómodos para firmar, y esperar a que se lleve a cabo el robo por parte del banco.

La puerta de la sala permanece abierta. Solos con mi familia, observamos a través de ella el mostrador de atención al público con otros ciudadanos que muestran cara de asustados. 10,55 h., los minutos se convierten en horas y se hacen eternos, de repente me parece ver a través de los cristales caras amigas. ¡No puede ser!, ¿lo estoy soñando?; ¡no, es real, están ahí!, ¡mi estirpe, mi fuerza, mis ángeles de la guarda! Veo llegar a Ana, a Marta, a Pedro, a David, entran en la sala pero siguen apareciendo nuevas caras amigas y otras que no conozco, no para de llegar gente, están llenando la sala del mostrador y los pasillos. Nos miramos mi esposa y mis hijos y sonreímos, nos brillan los ojos de alegría y felicidad, no damos crédito a lo que vemos. Acaba de llegar la esperanza, un batallón de incondicionales solidarios que se unen para ser fuertes y transmitirme esa fuerza. Mis mejores armas…

Los funcionarios preguntan desconcertados: ¿quiénes son ustedes, qué desean? Todos somos José Luis Burgos, venimos a darle apoyo, a frenar esta injusticia. No nos moveremos de aquí hasta que nos atienda el juez o se mire con atención este caso. La Sra. secretaria judicial se ha puesto muy nerviosa, no entiende nada, la situación le sobrepasa. No se preocupe señora, somos muy pacíficos, solo nos asiste la razón y buscamos la justicia.

Permanecen todos en la antesala y Marta entra en el espacio donde nos encontramos, asume el papel de portavoz y transmite tranquilidad: únicamente queremos que el juez atienda personalmente a José Luis, que le de la oportunidad de hacerle ver la tremenda injusticia que se está a punto de cometer. Marta, pide solamente 10 minutos de tiempo a la secretaria, esta llamando a la central del Santander para decirle lo que está ocurriendo, que si no suspenden la subasta ocuparemos el juzgado con una sentada. Hay varios medios que se encuentran aquí,  procederemos a desenmascarar al banco y denunciar su estafa. Al otro lado del teléfono, el omnipotente Sr. Pepe Vázquez, director del departamento de recuperaciones y principal responsable de instar por segunda vez esta subasta. El mismo que días atrás llamara imbécil a mi amigo Antonio Fuertes y me dijera a mi que le estaba sacando mucho partido a la silla de ruedas. La persona que ha tomado el mando de esta operación y ha encajado mi lucha como algo personal, la que no piensa perdonarme mi osadía, mi mayor verdugo. Un fiel guardián de los intereses de Botín en Cataluña, que pasó por mi lado a las puertas del banco en Paseo de Gracia hace pocos días, y ni siquiera me dirigió la palabra. Fumaba y charlaba altivo con sus compañeros de presa en el banco. Abrigo largo, marrón, impecable vestuario con corbata roja, seguramente teñida por la sangre de sus víctimas. Hablaba con sus compañeros formando un corro a pocos metros de mi, mirándome de reojo, con disimulo, jactándose de su poder y apestando a tiranía. Un olor que inunda el interior de ese maldito edificio, y crea un clima enrarecido en el que no caben sentimientos humanos ni conciencias. Pero su respuesta telefónica a Marta es infranqueable: señorita, la subasta se va a llevar a cabo hoy, sí o sí, sin más dilación.

Marta ha agotado todos los recursos de diálogo con el banco y ha intentado evitar una acción desagradable para todos, tener que ocupar el juzgado y que los mossos nos tengan que sacar a la fuerza. 33 personas entran en la sala donde nos encontramos mi familia y yo, se viven momentos de gran tensión. Aparecen los guardas de seguridad del juzgado y nos indican que el juez ha ordenado que desalojemos el lugar, al negarnos a hacerlo nos anuncian que llaman a los mossos para que intervengan. Una docena de policías llegan al juzgado y esperan órdenes para desalojarnos, a la fuerza si es necesario. De repente, la procuradora nos anuncia que el juez ha accedido a leer toda la documentación entregada y el burofax que yo hice llegar a la central del Santander en Madrid el 1 de febrero.

Pasa un largo tiempo y los rumores no cesan. Los mossos identifican a cualquier compañero que traspasa la puerta para ir al lavabo o buscar agua, estamos sedientos. El juez llama a los dos procuradores, el del banco y la nuestra, permanecen un tiempo importante reunidos. Mientras tanto, nos llegan noticias de que los responsables del Santander en Barcelona se comienzan a impacientar y envían con urgencia a uno de sus abogados para que se desplace hasta el juzgado de Manresa y exija que se celebre la subasta sin más demora.

Finalmente, tras más de una hora reunidos, el juez detecta lagunas y no ve claras las maniobras del Banco de Satán. La procuradora sale finalmente de la reunión y se dirige presta a comunicarnos: el juez ha ordenado suspender la subasta y exige al Santander claridad e información en su dudoso procedimiento de ejecución. Fija un término de 10 días para que el banco aporte una completa documentación y explique dónde están los 90.000 euros que dicen haberme ingresado, qué uso se le ha dado al dinero y porque han tomado la decisión de hacer ellos lo que les place con el dinero, si esa decisión me corresponde únicamente a mi.

Estalla el júbilo de todos los presentes y la tensión se desvanece bajo un sonoro aplauso y grito de victoria. Nos fundimos en un fuerte abrazo con mi esposa, hijos y amigos que nos han auxiliado. La procuradora nos pide por favor que abandonemos la sala, a solicitud del juez. Salimos uno a uno de nuestro encierro y un largo pasillo repleto de policías nos espera para tomar nota de cada uno de nosotros y nuestras identificaciones.

La vida es bella, hay personas que contribuyen a ello. La esperanza de crear un mundo mejor permanece viva, a pesar de los múltiples atentados que recibe diariamente nuestra democracia por parte de desalmados banqueros y especuladores, que han comprado a nuestros políticos, y se han apoderado de la ética profesional y dignidad humana de nuestros comunicadores, los cuales han pasado a ser taquígrafos que recogen únicamente la información de sus amos y la utilizan para manipular a la ciudadanía, derribando uno de los pilares democráticos por los que seguramente sus padres y profesores lucharon: la imprescindible libertad de comunicación, sin la cual los pueblos libres se convierten en esclavos. No me gustaría estar presente en sus hogares, cuando políticos y periodistas lloren el castigo y las futuras tragedias de sus propios hijos y nietos, a las cuales han contribuido y de las que son directamente culpables.

Esta noche, mi familia y yo dormiremos más tranquilos, con la satisfacción de un trabajo bien hecho y la alegría de formar parte de una estirpe que luchamos por lograr un mundo justo. Esta noche, individuos de corbata roja y largos abrigos marrones no conciliarán el sueño, su rabia y odio serán su propia pesadilla, una presa que creían haber matado anda suelta, al escapar ha asestado un zarpazo y ha herido el orgullo banquero. No se lo van a perdonar, emplearán a fondo sus deleznables prácticas y posiblemente mañana le den caza.

Hoy, la fuerza de la unión ciudadana ha vencido, ese es el camino inequívoco. Un juez se ha atrevido a salir de su despacho y mirar a los ojos del débil, percatándose de una realidad. Sigamos luchando juntos, hay esperanza…

Diligencia de Ordenación

El honor de los banqueros.

El Supremo ha condenado al consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, a ochos meses de prisión y a una inhabilitación especial por un asuntillo de 1994, cuando él presidía Banesto y quiso cobrar a toda costa con la ayuda del juez Estevill –ayuda que en su caso nunca era impagable- un préstamo fallido de manera arbitraria. Diecisiete años después de aquellos hechos que llevaron al trullo a tres personas inocentes, el Tribunal ha encontrado culpable a Sáenz de intento de estafa procesal y acusación falsa. La Justicia es lenta y con los banqueros pillados en renuncio se eterniza, como si quisiera equiparar sus vencimientos al de un crédito hipotecario.

El drama para Sáenz no es la pena de prisión sino la de inhabilitación, que debería obligarle a dejar el consejo del banco donde cobra el salario mínimo interprofesional: 10 millones de euros al año. En una especie de sarcasmo, la ley establece que los consejeros de un banco han de ser personas de reconocida honorabilidad comercial y profesional, un requisito grotesco tras una crisis financiera en la que todos los banqueros conservan su honor intacto aunque hayan perdido la vergüenza. En el caso de Sáenz la cosa se complica, ya que tener antecedentes penales con las correspondientes fotografías de frente y de perfil es algo más que un contratiempo. Así que don Alfredo, a sus 67 años, acudirá en amparo al Constitucional, que tampoco tendrá prisas en ver su recurso, para poder jubilarse con todos los pronunciamientos favorables.

Lo de jubilación de Sáenz tiene su miga, siendo pública la pensión que el Santander le tiene reconocida y que asciende, a falta de aplicarle el IPC, a cerca de 90 millones de euros. ¿Deberían los accionistas del banco aceptar sin rechistar que uno de sus ejecutivos, condenado en sentencia firme por un delito doloso, se lleve a casa la suma que un español medio tardaría 3.000 años en obtener trabajando honradamente ocho horas diarias?

Opinan los entendidos que el relevo de Sáenz será inevitable antes incluso de que se pronuncie el Constitucional porque el Santander no puede permitirse semejante daño reputacional en momentos tan turbulentos. De la reputación que Pedro Olabarría y los hermanos José Ignacio y Luis Romero perdieron al ser encarcelados a instancias de Sáenz ni se habla.

Juan Carlos Escudier / Público

16 días de calvario para suspender la subasta de nuestra vivienda.

16 días han pasado desde que iniciara el 30 de noviembre pasado una huelga de hambre a las puertas del Banco de Santander en paseo de Gracia nº 5 de Barcelona. Una batalla que comenzó hace 9 meses cuando el Juzgado de Manresa me notificó la ejecución hipotecaria a mi vivienda a instancias del Banco de Santander.

Hace unos años firmamos una hipoteca y un seguro de vida e invalidez con una clara intención de estafa: el director de la oficina del Santander, el Sr. Pere Tena, nos conocía a mi esposa y a mi con anterioridad a la firma de ambos documentos. Realizó nuestro contrato de seguro con una prima máxima de cobertura de 90.000 euros, a pesar de nosotros solicitarle que la hiciera por el total del la hipoteca pendiente en el supuesto y desafortunado momento en que algún día pudiera producirse un siniestro previsto en la póliza. Cometemos la imperdonable torpeza de firmarle el formulario de seguro cuando todavía no estaba totalmente cumplimentado, depositándole la confianza que merecía nuestra conocida relación.

90.000 euros fue el tope que finalmente puso porque sabía que un importe mayor como el que nosotros le solicitábamos, supondría tener que pasar una revisión médica que posiblemente hubiese obstaculizado la operación, ya que conocía, y así mismo se lo recordé en el momento de aportar los datos, que yo estaba afectado por una Poliomielitis desde que era un niño. Un problema que no me dificultó trabajar durante más de 20 años y pagar religiosamente las distintas cuotas mensuales de seguro e hipoteca. Había que firmar la hipoteca a cualquier precio, las comisiones que se llevaron estos individuos eran muy generosas y los beneficios futuros muy suculentos.

9 meses presionando y reivindicando al banco que cumpliera con el contrato firmado, ya que la excusa que ponían para no pagarme era que les había ocultado que tenía una polio. Al Sr. Pere Tena lo llamamos en repetidas ocasiones a su domicilio para que se persone de inmediato en la central y aclare los hechos, pero se desentiende del tema diciendo que el es un simple empleado y cumple ordenes del banco.

16 días inhumanos con una huelga de hambre, en plena calle, pasando frío y debilitándome día a día. Mis riñones se resienten y comienzo a orinar sangre. Llamamos a la ambulancia que me aconsejan el ingreso hospitalario, pero resisto sin moverme del lugar. Día tras día, los directivos de la central y demás empleados ni siquiera me dan los buenos días al pasar. Alguno de ellos pisotea con total desvergüenza el cartel que extiendo en el suelo, simulando pisotearnos a mi esposa y a mi. El director territorial pasa una y otra vez ante mi, después de pararlo su chofer ante la puerta principal del banco, baja de su flamante y majestuoso Audi, para dejar claro quién manda aquí. Lo llamo a dos metros de distancia mío en varias ocasiones, él baja la cabeza y no se detiene, mostrando así la gran educación que posee y la pasta con la que está hecho este rastrero personaje, no merezco ni una mínima atención por su parte, ya no le soy rentable y le estoy perjudicando su imagen, a pesar de haber pagado durante años con mis intereses parte del salario de su chofer .

La noche anterior a la subasta sale un directivo del banco, sobre las 20 horas, nos comunica a mi esposa y a mi que vienen de camino dos ejecutivos y que les gustaría hablar con nosotros. Nos invitan a pasar al interior de las oficinas, y nos anuncian que suspenden la subasta de nuestra vivienda prevista para ayer día 15 de diciembre. La estrategia de utilizar como excusa que les había ocultado mi polio, ya no se sostiene, se dan cuenta que han metido la pata hasta el cuello: ¿cómo se puede ocultar una polio con parálisis en las extremidades inferiores? Ahora me dicen que no sabían que yo tenía reconocida una gran invalidez por la Generalitat, que se han enterado a través de la campaña mediática que estoy orquestando…

¡Qué vergüenza, me están estafando por segunda vez consecutiva!

Si reconocen que tengo derecho a la indemnización del seguro, implícitamente deben reconocer que tengo derecho al abono de todos los gastos que he pagado a abogado, procurador, desplazamientos, etc., además de daños y perjuicios. Pero me responden con todo el descaro del mundo que no piensan pagar ni un solo céntimo más de lo que dice el seguro, eso sí, lo aplican a partir de ahora en lugar de hacerlo con efectos retroactivos desde hace 32 meses que fue cuando se me reconoció la invalidez. Ellos pueden cobrar casi 30 euros por enviarte una simple carta por correo, 110.000 euros de intereses y costas judiciales, pero tu no les puedes pedir a ellos un solo céntimo aunque tengas razón.

¡Repito, una auténtica vergüenza y un robo en toda regla!

Tengo grabaciones telefónicas del Sr. Pere Tena reconociéndome que una polio obviamente no se puede esconder. Grabaciones con el Sr. David Baños, cuando le hice entrega por segunda vez de la documentación de la invalidez y el reconocimiento a la dependencia, copias selladas que se entregaron en su momento, “ya me han enseñado a no fiarme de nada de lo que hagan o digan”, todo ello lo entraremos de prueba cuando se celebre el juicio correspondiente a la denuncia que les hemos interpuesto al banco y a la aseguradora, que es del mismo grupo.

Hoy les hemos querido entregar un comunicado con mi decisión de continuar con la huelga de hambre y mi exigencia de que cumplan con todas sus obligaciones y reparen los daños que han cometido, pero no ha sido posible, el director territorial ha dado órdenes expresas a todo el personal de que no se nos coja ni un solo documento más que venga de nosotros, y por supuesto no se nos selle copia alguna. Vulneran la ley y la incumplen cuando quieren, ya que tienen la obligación de coger todos los documentos que les entreguemos y sellarnos una copia, entramos al banco con un Mosso d’Escuadra para que haga de testigo y pedimos su número de placa, para que pueda dar fe de la chulería y prepotencia de esta gente, así como de la conducta infantil de su director territorial.

16 días me han tenido a sus puertas pasándolas putas, sosteniéndome un pulso psicológico con un trato de absoluta indiferencia, esperando a que me fuese debilitando y perdiese la moral para tirar la toalla, para poder robarme mi vivienda, pero de momento no lo han conseguido. Les hemos ganado una primera batalla y pienso seguir aquí hasta que nos abonen el último céntimo más daños y costes, si fueran inteligentes hubieran solucionado ya de forma definitiva este problema que nos perjudica a ambas partes más y más cada día que pasa, pero la codicia y su prepotencia les puede. Cada día que pasa son más las asociaciones y plataformas que me dan apoyo, la gente está harta de tanto robo e injusticia. Permaneceré en la puerta de este banco de botines acumulados ilegalmente y demás usuras.

José Luis Burgos.

El Supremo reabre el caso de un hombre en coma desde 1989.

El tribunal puede reabrir el caso de Antonio Meño, paralizado durante 21 años tras una operación.- Un nuevo testigo contradice los argumentos de la defensa de la clínica y el anestesista.

Pablo De Llano, 03/11/2010

Después de meses durmiendo en la calle y tras 21 años cuidando a su hijo, en coma por un problema durante una rinoplastia, la familia de Antonio Meño se encontró en febrero pasado con lo más parecido a un rayo de esperanza para su caso. Un médico que pasó por su campamento en la plaza de Jacinto Benavente ha resultado ser, para la acusación, un testigo clave tras dos décadas de un litigio interminable cuyo penúltimo capítulo se saldó, en 2008, con una condena del Supremo a la familia. Esta mañana el alto tribunal ha acogido la vista oral para decidir si acepta o no la demanda de revisión solicitada por los padres de Meño, que ha salido por primera vez del campamento, tras 505 días postrado en la cama, para asistir al juicio.

La historia de este juicio sin fin se remonta a 1989. Antonio Meño entró en un quirófano de la madrileña clínica Nuestra Señora de la América para operarse la nariz. Durante la operación, Meño pierde la respiración asistida, y su cerebro se queda sin oxígeno, por lo que quedó en coma. Sus padres llevaron a los tribunales a la clínica privada donde lo operaron, Nuestra Señora de América, y al médico responsable de la anestesia. Pero tras batallar hasta llegar al Supremo, este tribunal exculpó de lo ocurrido a la clínica y condenó a la familia a pagar 400.000 euros por los costes del juicio. Los padres de Meño decidieron protestar y acamparon en una plaza cercana a la Puerta del Sol, junto al Ministerio de Justicia. Por allí pasó una noche de febrero un médico colegiado, I. F. G., que entregó días después al abogado de la familia una declaración con una versión de lo que ocurrió en el quirófano distinta a la que sostienen los testigos de la defensa.

El nuevo supuesto testigo asegura que estaba en la operación de Meño como aprendiz y que vio cómo las pulsaciones del paciente se alteraban en una pantalla, una vez que el anestesista ya no estaba en el quirófano. “Apareció al cabo de unos minutos, levantó los paños que cubrían la cabeza del paciente y comprobó que el tubo a través del que respiraba se había desconectado. Exclamó: ‘Dios mío, se ha desconectado”, escribió en el documento que entregó al letrado familiar, Luis Bertelli, y en el que llega a precisar detalles del personal que estaba presente en la sala. Los testimonios que apoyan la versión del anestesista sostienen que, una vez terminada la intervención, el especialista desentubó al paciente y, por respiración espontánea, este aspiró su propio vómito.

Tras conocer el nuevo testimonio, el abogado pidió al Supremo que revisara la sentencia de 2008 y el fiscal mandó un escrito al tribunal valorando que el testimonio era un indicio de “maquinación fraudulenta”, es decir, de ocultación de pruebas.

La abogada del anestesista, condenado en 1993 por un juzgado de primera instancia a indemnizar a la familia, argumenta que no se puede aceptar la demanda de revisión bajo el supuesto de maquinación fraudulenta ya que los demandantes nunca solicitaron una prueba testimonial de todo el personal que estaba en el quirófano, es decir, que no pudieron esconder unas pruebas que nunca se pidieron. Además, cuestiona la credibilidad del testigo, cuya declaración no puede tener, según la abogada, más validez que el resto de testimonios.

La fiscalía, sin embargo, ha pedido expresamente que se acepte la demanda de revisión ya que el nuevo testimonio “podía haber dado lugar a una sentencia totalmente distinta”. “Entiendo que las declaraciones del testigo son contundentes y que habrá que llevarlas a los órganos judiciales para que las valoren con el resto de las pruebas encima de la mesa”, ha dicho la fiscal, para quien el testimonio es un argumento suficiente “para romper el principio sagrado de inquebrantabilidad de la sentencia en firme del Tribunal Supremo”.

La decisión tomada hoy será comunicada a las partes en un plazo mínimo de 10 días. Una negativa del Supremo corroboraría la condena a la familia de su última sentencia. Pero si aceptase la demanda, el juicio empezaría desde cero, con la anulación de todo el proceso. Y en ese caso, según fuentes de ambas partes, lo más probable es que se llegue a un acuerdo para pactar una indemnización.

Tras dos décadas de juicios por negligencia, el Supremo revisa el ‘caso Meño’.

Pablo De Llano, 03/11/2010

Antonio Meño lleva 21 años en coma. Mientras tanto, su historia judicial avanza, se detiene, se cierra, vuelve a respirar: en 1989 salió de una operación de cirugía estética con el cuerpo y el cerebro paralizados; sus padres pusieron una denuncia por negligencia, un juzgado sentenció a la clínica en 1993 a pagarles una indemnización (más de un millón de euros) y empezaron las apelaciones.

Primero otro juzgado que les quitó la razón, luego la Audiencia Provincial se la volvió a quitar, y por último el Tribunal Supremo, que los condenó a pagar 400.000 euros por los costes del juicio. 400.000 euros y un hijo paralizado.

Sus padres, dos panaderos de Móstoles jubilados, se echaron a la calle con él en junio de 2009 y montaron una caseta de lonas y madera en la plaza de Jacinto Benavente. Para pedir justicia; clemencia al menos. Un anochecer de febrero de 2010 se encuentran un testigo. Y otra vez, el caso de Antonio Meño, vuelve a respirar. El Tribunal Supremo ha reabierto el caso del hombre en coma 21 años después de la cirugía fatídica, 16 meses después de que los padres, Juana Ortega y Antonio Meño, dos sexagenarios de Móstoles retirados de su panadería, se asentasen en la plaza de Jacinto Benavente, a una calle de la Puerta del Sol, a seis pasos de una sede del Ministerio de Justicia.

El responsable del vuelco judicial es un médico de familia. Un hombre que pasó por la plaza una noche del mes de febrero pasado, preguntó a Juana Ortega qué le ocurría a su hijo, si podía llevarse un pasquín de su taco de denuncias del caso y luego siguió su camino, según relataba ayer la madre. “No lo he vuelto a ver desde aquel momento”.

I. F. G., el supuesto caminante circunstancial, entregó unos días después al abogado de la familia, Luis Bertelli, una declaración en la que daba una versión desconocida de lo que ocurrió en la clínica privada Nuestra Señora de América, donde Meño, que ahora tiene 41 años, se quedó en coma siendo un estudiante de Derecho con el antojo de tener una nariz bonita.

Este médico asegura que estaba de aprendiz en la operación y vio cómo las pulsaciones de Meño se alteraban en una pantalla. Dice que el anestesista se había ido del quirófano: “Apareció al cabo de unos minutos, levantó los paños que cubrían la cabeza del paciente y comprobó que el tubo a través del que respiraba se había desconectado. Exclamó: ‘Dios mío, se ha desconectado”, se lee en su documento, en el que nombra a los cirujanos que estaban en la sala de operaciones, al anestesista y llega a precisar el color de ojos y de pelo de la enfermera.

En los juicios que han exculpado a la clínica se ha aceptado hasta ahora que el cerebro de Meño se asfixió porque el paciente vomitó sin motivo pasada la cirugía, cuando el anestesista lo había desentubado y había recuperado la respiración. La versión de I. F. G., del que no se supo nada en todos estos años de pleitos (en su escrito explica que creyó que al final se había indemnizado a la familia), no menciona ningún vómito. Apunta a un fallo durante la anestesia.

Basándose en el nuevo testimonio, el abogado de la familia pidió una revisión de la sentencia de 2008 del Supremo. El fiscal Félix Herrero Abad envió el mes de mayo pasado un escrito a este tribunal valorando que la prueba era un indicio de “maquinación fraudulenta”, es decir, que se ocultaron pruebas en el juicio. La Fiscalía sostenía que la prueba supuestamente escamoteada “podía haber dado lugar a una sentencia totalmente distinta”.

Por entonces, la abogada del anestesista, que ahora trabaja en un hospital público, se limitó a cuestionar la credibilidad del nuevo testigo, diciendo que su cliente negaba que estuviera en el quirófano. Y la clínica se opuso a hablar del caso.

El 4 de octubre pasado habló el Tribunal Supremo. Ha admitido el recurso y citado a las partes a una vista que se celebrará en noviembre. Ahí decidirá si estima la demanda de revisión, con lo que anularía su sentencia anterior y juzgaría de nuevo el caso, o si confirma su pronunciamiento de 2008: absolución de los acusados y condena de pago de costas a la familia.

El primer paso -que el Supremo acceda a estimar un recurso contra una sentencia en firme suya- es un fenómeno judicial infrecuente. Tanto como que un matrimonio de jubilados esté 485 días acampado en la calle con un hijo en coma vigil. Igual que un paseante casual se convierta en un testigo crucial. No más que un chico se quede muerto en vida por un arreglo en la nariz.

Juana Ortega, alma de la caseta de madera y lonas de la plaza de Jacinto Benavente, tampoco asimila el último recodo del caso Meño: “Estoy contenta. Pero también estoy incrédula”.

El País

El Supremo, ¿discrimina?

La igualdad en la ley y, sobre todo, en la aplicación de la ley es un valor democrático fundamental. Es una expresión del respeto a las personas por razón de su dignidad. Pero también es uno de los medios básicos para frenar o impedir el abuso por los poderes públicos mediante actos o decisiones arbitrarias. Así lo proclama el art. 14 de la Constitución y es exigible a todos los poderes públicos. Es un derecho de todos los ciudadanos que tiene una particular relevancia ante los jueces, a los que es exigible la prohibición de cualquier forma de subjetivismo o arbitrariedad que conduzca a la desigualdad de trato de los ciudadanos sujetos a ellos, a un trato que resulte discriminatorio. Y en los procesos contra el juez Garzón, particularmente el derivado de la investigación de los crímenes del franquismo y el de unos supuestos cobros indebidos que le atribuyen los querellantes por razón de unos cursos impartidos en una universidad de Nueva York, concurren serios indicios de la vulneración por el Tribunal Supremo (TS) de dicho principio constitucional.

A cinco meses de la expulsión del juez Garzón de la función judicial, cada vez se hace más patente el trato discriminatorio de que es objeto. En el primero de ellos, es alarmante y reprochable cómo el TS demora injustificadamente el proceso, retrasa varios meses sin fundamento legal la resolución de recursos que debía haber resuelto en varios días y mantiene al juez en una posición de evidente indefensión. Hasta el pasado 8 de octubre no se ha resuelto, desestimándolo, el recurso que a finales de abril interpuso Falange contra su expulsión del proceso. Los meses transcurren con una escasa actividad procesal mientras el juez Garzón continúa expulsado. Todo imputado, cualquier querellado, tiene derecho a que se practiquen “sin demora las diligencias pertinentes” y los trámites procesales siguientes, sobre todo cuando ya se ha acordado la apertura del juicio oral. El juez Garzón también tiene derecho a una tramitación diligente de la causa, derecho que es un contenido esencial del derecho a la tutela judicial efectiva y que el TS le está objetivamente denegando y, por tanto, discriminando.

Este trato desigual es aún más patente en el proceso que instruye el magistrado Marchena, siempre con la oposición del fiscal, por los supuestos cobros en la citada universidad. Los querellantes denunciaron ante el TS al juez Garzón el 12 de junio de 2009. A partir de ahí se suceden actos procesales insólitos en un Estado democrático de derecho. El 15 de dicho mes, el TS acuerda la apertura de una causa penal por los hechos denunciados y el 15 de septiembre acuerda practicar unas “diligencias de prueba” para la comprobación de la denuncia. Todo ello, sin ponerlo en conocimiento del querellado. Ciertamente, estaba facultado legalmente para tomar esa decisión, pero no podía hacerlo sin informar de ella al juez Garzón. El TS actuó, pues, de forma oculta desconociendo un derecho fundamental reconocido en la ley procesal penal: “La admisión de denuncia o querella y cualquier otra actuación procesal de la que resulte la imputación de un delito contra persona o personas determinadas, será puesta inmediatamente en conocimiento de los presuntamente inculpados”. Precepto ignorado por el TS en perjuicio del derecho de defensa del juez Garzón. Finalmente, el 28 de enero de 2010 se admite a trámite la querella y comienzan las investigaciones del instructor Marchena.

El TS lleva, pues, investigando al juez Garzón por esta causa trece meses, lo que revela una preocupante impericia investigadora por más que Marchena, en el Auto de 9 de septiembre, atribuya la dilación de una investigación injustificable al “desgobierno contable” de la referida universidad. Incapacidad instructora que llega al extremo de acordar una medida absolutamente desproporcionada y vulneradora de derechos: ordenar a la Guardia Civil investigar indiscriminadamente todas las cuentas del juez Garzón durante un año. Mientras tanto, se sabe que una asociación judicial en 1989, percibió, naturalmente en pesetas, “generosas aportaciones”, por decirlo en los propios términos del TS contra el juez Garzón, de varias entidades de crédito: 500.000 de la Caja de Ahorros de S. Sebastián, 200.000 de la Caja de Ahorros de Guipúzcoa y 1.000.000 de la Caja de Ahorros de Madrid. Los jueces así beneficiados lo fueron, como todas las asociaciones de jueces y fiscales durante 25 años, por razón del “cargo público que desempeñaban” como razona el TS para justificar el reproche penal al juez Garzón. Así sigue ocurriendo y nadie ha abierto un proceso penal contra los jueces o fiscales que formularon la solicitud de la aportación y se beneficiaron de ella.

Pero hoy, además, ya está funcionando el “Club Banesto Justicia” para jueces y fiscales. Una oferta de cuentas corrientes con un “atractivo interés al 1,25%, sin comisiones de administración ni mantenimiento”, una “hipoteca bonificada, sin comisión de apertura, y con un tipo de interés inicial de Euribor + 0,65% y que, en función de los productos contratados, puede verse reducido hasta un mínimo de Euribor+ 0,40%”, préstamos personales “hasta 72 meses al 7,90%”, y otras ventajas como “leasing mobiliario e inmobiliario”, ”con un gran tratamiento fiscal”, y así sucesivamente. Es un ejemplo de cómo la magistratura es cuidada por los poderes económicos. Y una muestra de un trato desigual, que es más reprochable al TS que, objetivamente, se perfila como un poder incontrolado e incontrolable. Grave problema para nuestro sistema democrático.

Carlos Jiménez Villarejo – Consejo Científico de Attac España. Ex fiscal Anticorrupción.