Salvar a los bancos ¡y a callar!

Estamos en las vísperas de que se vuelva a producir, ahora en Irlanda, una nueva intervención para devolver la rentabilidad a unos pocos bancos con un coste tremendo que una vez más se hará recaer sobre la ciudadanía que no lo ha causado: “La UE exigirá a Irlanda subidas de impuestos para devolver el rescate”, titula la prensa.

Y de nuevo comprobamos que solo hay una cosa tan infame como el comportamiento de la banca y los financieros que han provocado esta crisis: la cobardía y la complicidad de las autoridades que no se atreven a ponerlos firmes y a someterlos al imperio de leyes justas que impidan que la economía mundial siga siendo un enorme casino en el que la banca se ha autoconcedido el derecho a establecer las reglas que a ella le conviene y a hacer trampas cuando y como le viene en gana.

Los descalabros continuados de la economía mundial que han tenido como punto culminante la crisis actual se han producido en última instancia como consecuencia de que la banca privada disfruta del privilegio de crear dinero (es decir, de obtener beneficios y poder) cada vez que genera deuda a cuenta de los depósitos de los clientes.

En lugar de limitar el riesgo que ello conlleva, los gobiernos cedieron a las presiones de los banqueros y han ido estableciendo una regulación del negocio financiero cada vez más permisiva, que deja hacer prácticamente de todo.

En los últimos años, los gobiernos y los bancos centrales han ido desmontando las normas legales que de alguna manera restringían ese poder de las entidades financieras para permitirles que se pudieran convertir en verdaderos chiringuitos financieros dedicados a promover la inversión especulativa mediante una ingeniería que no ha podido provocar sino crisis sucesivas y la última catástrofe en la que se encuentra todavía el sistema financiero mundial. Como dice un viejo refrán chino, nadie puede permanecer eternamente de puntillas. Por eso era inevitable que le ocurriera lo que le ha ocurrido a la banca y cuya consecuencia inevitable ha sido el también continuado deterioro de la actividad y el empleo porque en la misma medida en que los bancos generan dinero para la especulación financiera lo hacen escasear para la actividad productiva empresarial y el consumo.

Cuando el paroxismo especulativo de la banca internacional hizo estallar la crisis las autoridades de casi todo el mundo, a pesar de sus continuas declaraciones prometiendo poner orden y combatir la irresponsabilidad, como se llegó a escribir en algún comunicado del G-20, se han limitado a conservar el orden financiero sin osar poner límites a los privilegios de la banca. Y al limitarse a ayudar a los banqueros sin resolver los problemas de financiación que paralizaban la actividad han generado una deuda tremenda que los propios bancos han utilizado para empoderarse aún más y extorsionar a los gobiernos y a los pueblos.

Para ayudar y salvar a los bancos causantes de la crisis se les han inyectado docenas de miles de millones en sus balances, se han cambiado las normas legales, se les ha avalado para que sigan haciendo operaciones de gran riesgo, y se les sigue permitiendo que utilicen el dinero que reciben de las autoridades públicas para volver a obtener beneficios sin que vuelvan a poner en marcha el mecanismo de financiación que necesita el mundo empresarial y los consumidores. Algunos se han nacionalizado pero dejando que los dirigieran los mismos dueños de antes. Se han cambiado las normas contables para permitir que los bancos oculten a sus clientes y a la sociedad el quebranto patrimonial (en muchas ocasiones intencionado) que han provocado con dinero de otros, para que nadie sepa que en realidad están tratando con bancos zombis a los que solo mantiene en pie la ocultación y los privilegios de los que ningún otro sujeto económico disfruta.

En España, el gobierno se ha rendido poniéndose a los pies de los banqueros, se ha hecho con verdadera nocturnidad política una ley para que la banca privada se haga con las cajas de ahorros y para que en poco tiempo desaparezca cualquier atisbo de interés social en el sistema financiero. Y hasta una institución del Estado como el Banco de España se convierte públicamente y sin ningún disimulo en el mascarón de proa de los intereses de la banca privada presionando al gobierno y acorralando hasta con modos inimaginables a dirigentes de cajas de ahorros, como muchos de ellos podrían contar si en esas instituciones públicas y en estos negocios hechos con dinero de todos los ciudadanos hubiera la mínima transparencia que cabría esperar de una democracia.

Mientras que se salva y ayuda con docenas de miles de millones de dinero público a los bancos culpables de la crisis se deja que miles de familias que se han quedado sin empleo por su culpa pierdan también sus viviendas porque no pueden pagar unos pocos cientos de euros a bancos que obtienen beneficios multimillonarios.

Y todo ello, sin fondo, como vemos de nuevo en Irlanda y como veremos quizá dentro de poco en Portugal o quién sabe si en España en donde, a pesar de lo que se dice, los bancos, igualmente responsables de la situación de nuestra economía, han recibido ayudas de todo tipo en los últimos años.

El proceso que estamos viviendo pasará a la historia como el que permitió que los manifiestamente culpables de un descalabro económico quizá sin parangón no solo no hicieran frente a sus responsabilidades sino, además, para que aprovecharan las respuestas que las autoridades dieron al daño que provocaron para enriquecerse aún más y para aumentar su poder político e imponerlo sobre el conjunto de la sociedad.

La enseñanza de todo esto es que la economía no funciona como nos quieren hacer creer, como un subsistema aislado de la ideología, del poder y la política sino que es una parte más de los mecanismos políticos y de decisión. Nada de lo que ha ocurrido podría haber sucedido si la gente tuviera noticia de lo que han hecho y de lo que hacen los bancos con su dinero, si se conocieran sus negocios de blanqueo y las operaciones en los paraísos fiscales, si se supiera a quién financian y a quién le niegan financiación, si se impidiera que los bancos influyan en los medios de comunicación o en las fuentes del conocimiento, si se permitiera que los ciudadanos hablaran y debatieran abiertamente sobre lo que conviene a unos y otros y sobre lo que se puede dejar hacer y lo que no.

En lugar de permitir que eso suceda, los bancos se han convertido, a la par que en la principal fuente de alimentación de la economía especulativa que ahoga a los empresarios que quieren crear riqueza y a los ciudadanos normales y corrientes, en el sostén de los principales instrumentos de persuasión y manipulación orientados a convencer a la gente de que las medidas que se toman para que los banqueros y las grandes empresas ganen más dinero son inexcusables porque responden a una mecánica con lógicas propias y autónomas, como las de un reloj que se lleva al técnico para que repare el mal funcionamiento de alguna de sus piezas. Y, por tanto, sobre las que la ciudadanía no tiene por qué pronunciarse. Si nos dicen que para condenar los crímenes del gobierno de Marruecos hay que ser experto, ¡qué no habrá que ser entonces para criticar la política financiera del gobierno o de los bancos centrales, por muy evidente que sea el que benefician siempre a los mismos!

Gracias a la idea de que la economía es “cosa de expertos” y técnicos se va generando el clima de conformismo social sobre las políticas económicas que permite que se lleven a cabo sin grandes dificultades las medidas vergonzosas que se están aplicando.

El principal y hasta ahora exitoso empeño de banqueros y grandes patronales es el de producir el suficiente consenso para que nadie ponga en cuestión lo que a ellos les conviene. Eso es lo que les da la seguridad y convicción de la que Carlos Menem hacía gala en Argentina cuando permitía, como lo están permitiendo ahora los gobiernos europeos, que los bancos robaran a manos llenas a los ciudadanos: “pueden hacer mil marchas, mil huelgas, nada cambiará”.

Es más o menos lo que ahora piensan y dicen en Europa, hasta que los ciudadanos se harten y hagan frente a esta infamia.

Fuente: JUAN TORRES LÓPEZ / Artículo publicado en Sistema Digital.

  • Consejo Científico de ATTAC España.
  • Doctor en CC. Económicas y Empresariales.
  • Catedrático de Economía Aplicada en la Facultad de CC. Económicas y Empresariales – Universidad de Sevilla – Departamento de Análisis Económico y Economía Política.

Anuncios

El efecto G-20 se agota.

Wall Street ha tardado poco más de dos años en recuperarse de uno de los peores golpes de su centenaria historia. Esta semana, el Dow Jones, principal indicador de la Bolsa de Nueva York, rondó los 11.435 puntos, una cota que no alcanzaba desde mediados de septiembre de 2008, cuando la quiebra del banco de inversión Lehman Brothers desató una crisis financiera, luego mutada en realidades menos arcanas y más lacerantes como paro y déficit público. Al grupo de líderes de países avanzados y emergentes que coordinó la respuesta política a la crisis le han bastado esos dos años para echar por la borda buena parte del crédito ganado con su rápida intervención. El mal de los organismos multilaterales -reuniones maratonianas coronadas por comunicados cada vez más largos y más huecos- ha hecho presa en el G-20.

“Lo que nos ocurre es que para alcanzar el consenso buscamos el mínimo común denominador, y ese denominador común es cada vez más mínimo, incluye muy pocos asuntos”, sintetizó el ministro de Economía turco, Ali Babacan, en la última reunión ministerial del G-20, celebrada hace dos semanas en Seúl. En noviembre de 2008, la virulencia de una crisis con epicentro en Wall Street obró el milagro: el entonces presidente de EE UU, George W. Bush, olvidó su aversión a las respuestas multilaterales y juntó por primera vez en un foro económico a los líderes de países avanzados con los mandatarios de China, India, Brasil o Rusia, los países en desarrollo más pujantes. La crisis no afloja, pero si aquella primera cita en Washington, con reseña asegurada en los libros de historia, alumbró el mayor estímulo público conjunto a la economía mundial, la quinta cumbre del G-20, que se celebra el próximo viernes en la capital de Corea del Sur, está atascada en las escaramuzas de una incipiente guerra de divisas.

El activismo del G-20 hizo cima en la cumbre de Londres, en la primavera de 2009. En la segunda cita del nuevo grupo de líderes se sumó la necesidad política del anfitrión, el entonces primer ministro británico, Gordon Brown, y el influjo del invitado estelar, el flamante presidente de EE UU, Barack Obama, aupado en una inusitada ola de popularidad mundial que empujó los acuerdos. En Londres se insistió en la necesidad de los estímulos fiscales, se encomendó al nuevo Foro de Estabilidad la reforma del sistema financiero mundial y se instó al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial a aumentar la representación de los países emergentes. Incluso se dio por terminada “la etapa del secreto bancario”, con lista negra de paraísos fiscales incluida.

Desde entonces, el G-20 anda engollipado por la lenta digestión de los acuerdos adoptados en Londres y sin respuestas ante los nuevos retos que plantea esta crisis mutante. La tercera cita, en Pittsburgh (Estados Unidos), apenas dio para comprobar que la reforma financiera estaba todavía muy verde y para certificar lo obvio: que el G-20 se ha erigido en “foro principal de la cooperación económica internacional”. Hubo también palabras altisonantes -”marco para un crecimiento fuerte, sostenible y estable”-, que dieron nombre a un problema situado en la raíz de la crisis: las distorsiones creadas en los mercados financieros por un exceso de ahorro en los países con grandes superávits comerciales (China, Japón, Alemania) y un exceso de endeudamiento en países con grandes déficits (singularmente, EE UU y algunas naciones europeas, como Reino Unido y España).

La cuarta cita, la celebrada en Toronto (Canadá) hace poco más de tres meses, no dio ni para eso. El idilio de Washington se había roto.

“Siendo generosos, se podría decir que en Toronto se tiró la pelota para adelante”, indica Juan Tugores, catedrático de Economía de la Universidad de Barcelona, que ha analizado los resultados de la cuarta cumbre del G-20. La generosidad a la que alude Tugores en su conclusión tiene fundadas razones: en la cita canadiense, el nuevo “foro de cooperación internacional” no fue capaz de llegar a un acuerdo sobre la imposición universal de impuestos a la banca, beneficiaria en varios países de multimillonarios rescates con dinero público. Y solo hubo consenso en dar por finiquitados los estímulos fiscales, al relevar ese compromiso por el de enmendar cuanto antes las cuentas públicas. Una decisión condicionada por la creciente presión de los inversores sobre los títulos de deuda pública de varios países europeos, pero con efectos colaterales significativos: para el FMI, la mayor contribución que podían hacer los grandes países avanzados para reducir los desequilibrios externos era mantener el gasto público para incentivar la demanda, lo opuesto a lo acordado en Toronto. A la misma conclusión llegan los economistas de Goldman Sachs en un reciente informe sobre la venidera cumbre de Seúl: “El empeño en la consolidación fiscal que salió de Toronto es una distracción, un ajuste prematuro del déficit público en los países avanzados no reducirá, sino que ampliará los desequilibrios, en Seúl debería restringirse a economías muy endeudadas y vulnerables [en otras palabras, a España o Irlanda, pero no a Reino Unido y Alemania]“.

No hay, sin embargo, indicio alguno de que el G-20 suavice su receta contra el déficit público en Seúl. Más al contrario, la reciente derrota electoral de Obama, que ha dejado la Cámara de Representantes copada por republicanos con el gasto federal entre ceja y ceja, es el último clavo que faltaba en el ataúd de los estímulos fiscales. A buen seguro, el secretario del Tesoro de EE UU, Timothy Geithner, insistirá en que, antes que arreglar las cuentas públicas, hay que dar prioridad al crecimiento. Tan cierto como que el último valedor de mantener una política fiscal activa (más gasto público en inversiones y subsidios a familias y empresas) entre las economías avanzadas se ha quedado sin margen para ponerla en práctica.

Las consecuencias de la derrota de los demócratas en EE UU en el devenir del G-20 es una muestra más del peso creciente de los asuntos internos en los debates del nuevo foro frente a la vocación de cooperación internacional con la que arrancó. “Las restricciones políticas internas son cada vez más fuertes, y eso hará más difícil cualquier acuerdo en Seúl”, concede Federico Steinberg, investigador del Real Instituto Elcano y profesor de Economía en la Universidad Autónoma de Madrid. La atención de los Gobiernos no ha estado precisamente en el escenario internacional, como revela un somero repaso a lo acontecido desde julio: elecciones en EE UU y Brasil, sucesión de huelgas en Francia contra la reforma de las pensiones, drástico plan de ajuste presupuestario en Reino Unido, designación del futuro sucesor de Hu Jintao al frente del Partido Comunista Chino, debacle en las encuestas de la canciller alemana, Angela Merkel, problemas de abastecimiento en Rusia por la oleada de incendios, crisis de Gobierno en España…

En expresión del catedrático Tugores, al business as usual (en inglés, hacer negocios como siempre) que ha reconquistado los mercados financieros se superpone el politics as usual (en inglés, vuelta a la tradición política), en referencia a la primacía de los intereses nacionales sobre la cooperación internacional. Y las escaramuzas de la que el ministro de Hacienda brasileño, Guido Mantega, ha bautizado ya como “guerra de divisas” evidencian con crudeza esa falta de cooperación.

La incipiente guerra de divisas ya amenazó con ser el mejor símbolo de la desunión en la última cumbre del G-20, pero China la desactivó al anunciar una apreciación controlada del yuan, y Toronto, una vez más, dio patada a seguir. Pero ya no hay modo de ocultar la tensión. Y esta vez no se trata de la habitual retórica de las cumbres, que amaga con conflictos irresolubles en los preámbulos para dejar a los líderes escenificar una solución mágica en el último suspiro. Frente a la vertiginosa escalada de algunas monedas (desde julio, el euro se ha apreciado un 15% frente al dólar; el yen, un 8%; la libra, un 7%, y el real brasileño, el won coreano y la rupia india, cerca de un 5%), la apreciación del yuan ha quedado en fuegos de artificio: apenas un 2% en tres meses, cuando EE UU maneja informes que apuntan a una sobrevaloración del yuan entre un 20% y un 40% respecto al dólar. En la reunión preparatoria de Seúl, hace tres semanas, los ministros del G-20 se comprometieron a evitar las “devaluaciones competitivas” y trabajar por un sistema monetario internacional coordinado. Todo lo que ha ocurrido desde entonces apunta en la dirección contraria.

La apreciación testimonial del yuan permitió a China esquivar en Toronto lo que se anticipaba como una encerrona, un 19 contra 1. Ahora el conflicto se ha atomizado: como un bumerán, las críticas vuelven contra EE UU. Cuando Geithner propuso hace tres semanas poner límites (un 4% del PIB) al saldo exterior, el primero que se revolvió no fue el Gobierno chino, sino el alemán, también con un superávit exterior abultado. “Tiene aspectos que recuerdan a la política planificada”, dijo el ministro alemán de Economía, Rainer Bruederler, que también cargó contra las excesivas inyecciones de liquidez de la Reserva Federal, en su opinión, “una devaluación indirecta”.

Con estos precedentes, la furibunda reacción a la nueva inyección de liquidez de la Reserva Federal, que anunció este miércoles la compra de 420.000 millones de euros en deuda pública a los bancos, no cogió desprevenido a nadie. Los emergentes critican con una sola voz la política monetaria de EE UU, que, al deprimir los tipos de interés y la cotización del dólar, facilita la llegada masiva de capitales a estas economías, con serios problemas de inflación. Y no faltan los reproches del lado europeo: la resistencia del Banco Central Europeo a ampliar sus mucho más modestas medidas excepcionales ha disparado la cotización del euro.

“Todo el mundo quiere que la economía de EE UU se recupere, pero no así; deben estimular el consumo con política fiscal”, reclamó el ministro de Hacienda brasileño, Guido Mantega. La ministra francesa de Finanzas, Christine Lagarde, tomó la decisión como un ejemplo más de la falta de coordinación en el sistema monetario internacional. Y el Gobierno chino apenas disimuló el alivio que le produce una medida que minimiza los argumentos en favor de una apreciación del yuan. “La idea [estadounidense] de fijar límites a los saldos exteriores es totalmente equivocada, hay otros asuntos, como el impacto de las medidas extraordinarias de liquidez, que requieren mucha más atención”, expuso el viernes Cui Tiankai, viceministro de Exteriores chino. Crecido, Tiankai se permitió la ironía de echar en cara a EE UU que trate de rescatar los “días de la economía planificada”, un eco de la acusación a bote pronto que ya lanzó el Gobierno de Berlín.

“Evitar la guerra de las divisas es uno de esos asuntos en los que el G-20, por su composición, puede tener un papel determinante”, señala Steinberg. “Podría instar a una mayor coordinación de los bancos centrales de países avanzados en la expansión monetaria y establecer los criterios para que los emergentes puedan levantar controles de capital y evitar así burbujas”, añade el investigador del Real Instituto Elcano. Nada de eso está pasando: la divergencia entre la Fed y el BCE es palmaria; los controles de capital se extienden entre los países asiáticos y latinoamericanos sin ningún tipo de acuerdo previo.

“La decisión de la Reserva Federal ciertamente no ayuda a una solución colectiva al problema”, señala Ignazio Angeloni, del centro de investigación Bruegel, radicado en Bruselas. Angeloni, que coordina un foro de discusión (Monitor G-20) sobre estos temas, teme el efecto de estas “acciones unilaterales, en clave interna” en las negociaciones para reducir los desequilibrios exteriores. Angeloni, como Steinberg, cree que lo determinante es incorporar a China a las instituciones y que una presión desaforada sobre la cotización del yuan no ayuda.

El investigador de Bruegel saluda la decisión adoptada en la reunión ministerial del G-20 que desbloqueó la reforma del FMI para dar más poder a los emergentes. “Espero que eso ayude a lograr un acuerdo”, agrega Angeloni, que también exige un cambio de perspectiva al Ejecutivo de Angela Merkel. “No hay razón para que Alemania se resista a abrir la discusión sobre qué indicadores habría que tener en cuenta para limitar los desequilibrios exteriores”, afirma. Berlín, con un crecimiento económico notable en tiempos de crisis (más del 3%) y la menor tasa de paro en dos décadas, no tiene muchos incentivos para cambiar una economía volcada en las exportaciones. China, con un crecimiento del PIB superior al 10%, tampoco.

Si la irrupción del G-20 restó relevancia al club de los países ricos, el G-7, la resistencia de China a la negociación a varias bandas ha devuelto protagonismo a los encuentros bilaterales, donde Pekín exhibe sin reparos su pujanza económica y su condición de mayor prestamista (acumula el 26% de las reservas en divisas internacionales). El formato más obvio es el bautizado como G-2, que da nombre a los encuentros al más alto nivel de EE UU y China. La visita de Barack Obama a Pekín justo antes de la cumbre de Seúl marcará el devenir de la quinta cita del G-20. Y el presidente chino, Hu Jintao, se ha preocupado de viajar a París esta semana (y firmar contratos con empresas francesas por más de 14.000 millones de euros) para allanar el camino de la cumbre de 2011 que acogerá Francia.

“Esto recuerda peligrosamente a lo que pasó en Londres”, señala Juan Tugores. El catedrático de la Universidad de Barcelona no hace referencia a la exitosa cumbre del G-20 en la primavera de 2009, sino a la fallida Conferencia Económica Mundial de 1933. Entonces, el debate se estancó entre los que exigían un desmantelamiento previo de las medidas proteccionistas para abordar un acuerdo sobre las divisas y los que exigían que la estabilización del sistema monetario se afrontara antes. La inhibición de EE UU, la potencia emergente entonces, acabó por bloquear cualquier iniciativa.

“Ahora, la guerra de divisas se llevará todas las energías, lo que hará muy difícil que se avance en otros temas”, pronostica Tugores. La propuesta estadounidense de fijar límites a los desequilibrios exteriores ha nacido muerta, y está por ver que el G-20 sea capaz de ir más allá de encargar al Fondo Monetario que haga recomendaciones sobre tan espinoso asunto. El consejero delegado del gigante bancario anglochino HSBC, Michael Geoghegan, advirtió este mismo viernes de que el préstamo masivo de dinero a las economías emergentes se está convirtiendo en un deporte de riesgo. “Hay demasiada gente concentrada en el mismo negocio”, dijo Geoghegan, en velado aviso sobre la formación de burbujas en los países emergentes.

Lo que está descartado es que haya nuevos estímulos públicos para reactivar la economía, pese a que las previsiones de crecimiento vuelven a revisarse a la baja. Ni hablar tampoco de iniciativas coordinadas contra el desempleo, cuando la tasa de paro se mantiene en niveles muy elevados en varios países ricos. Tampoco se cuenta con avances en la negociación para un nuevo acuerdo de comercio internacional, con la sempiterna Ronda de Doha en la recámara desde 2002, ni en la financiación de medidas contra el calentamiento global, dos charcos en los que el G-20 se metió desde la primera cumbre, sin éxito ninguno. Incluso el acuerdo para ampliar la representación de los emergentes en el FMI es difícil que tome cuerpo antes de 2012.

El refranero diría de las cuatro cumbres del G-20 que el arranque fue de caballo, y la parada, de burro. Más retórico, el influyente semanario económico The Economist prefiere saludar el notable descenso de las expectativas sobre este foro como un reconocimiento del “arte de lo posible”. En todo caso, la cita de Seúl tampoco parece llamada a cambiar el titubeante paso de los líderes mundiales.

Alejandro Bolaños – El País


Publicado en G-20. Leave a Comment »

G20: Exigen al Gobierno español que defienda la tasa contra la especulación financiera en Seúl.

A dos días de la Cumbre del G20 en Seúl, 200 redes y organizaciones de 23 países reclaman nuevamente voluntad política para implementar una tasa sobre las transacciones financieras. Surgen, además, sospechas sobre la incoherencia del gobierno español en el tema.

Ante la Cumbre del G20 en Seúl (Corea del Sur), el próximo 11 y 12 de noviembre, 200 redes y organizaciones de 23 países han lanzado una declaración en la que piden la inmediáta implementación de una tasa sobre las transacciones financieras internacionales y lanzan un mensaje condundente: “¡Escúchad a la gente, no a los bancos!”

Lemantablemente todo indica que por falta de voluntad política, el G20 omitirá nuevamente a decidir sobre la cuestión de la fiscalización de las transacciones financieras internacionales. En la declaración, apoyada por 27 plataformas, coordinadoras, ONG y organizaciones sociales del Estado español, exigen “progresos concretos” hacia la introducción de la tasa “para afrontar los costes de la crisis financiera y económica mundial”, incluyendo la reducción urgente del desempleo, el acceso universal a salud, educación, agua y alimentación, así como la lucha contra el cambio climático.

Edith Pérez, coordinadora del área antiglobalización de Ecologistas en Acción, subraya que “cientos de millones de personas en el mundo sufren las consecuencias de la actual crisis, causada por la liberalización comercial y financiera. Pero los banqueros y ejecutivos de las multinacionales y de la industria financiera, quienes sí son responsables de la crisis, no están pagando por sus delitos, es más, reciben dinero público con el que organizan un golpe de estado de las finanzas para convertir deuda privada en deuda pública y, así, aumentar su poder”. Añade que “el G-20 es ilegítimo, entre otras cosas, porque no tiene voluntad política para cambiar esta situación y mejorar la vida de la gente común”.

La declaración de la sociedad civil dirigida a la Cumbre en Seúl, con el título “G20: Acción respecto a la Tasa sobre las Transacciones Financieras” fue enviada a la Moncloa, a las ministras de economía y exteriores, así como a la secretaria de estado de cooperación internacional y varios funcionarios responsables del sistema financiero.

“La única forma de hacer frente a la crisis financiera y económica mundial es cambiar el modelo económico neoliberal, adoptar e implementar medidas legales y administrativas concretas y eficaces para controlar y limitar el flujo de capitales, así como reformar radicalmente el sistema financiera y perseguir judicialmente la evasión, el fraude fiscal y lavado de dinero de todo tipo de crímenes económicos realizados mediante los paraísos fiscales o centros financieros para no residentes”, dice Tom Kucharz, representante de Ecologistas en Acción en las movilizaciones contra el G20 esta semana en Seúl y de la red “Nuestro Mundo no está en Venta” [1].

Además, Ecologistas en Acción demanda al ejecutivo español transparencia sobre su posición en el tema. Durante la Cumbre de la ONU en septiembre, el Presidente del Gobierno español dijo: “hay que instaurar una tasa sobre las transacciones financieras internacionales destinada a cumplir los Objetivos del Milenio. Y mi Gobierno se compromete a defenderlo, a llevarlo a la práctica y a aplicarlo en todos los foros internacionales”.

Sin embargo, fuentes diplomáticas de Alemania han revelado que durante las últimas reuniones del Ecofin y de los ministros de economía y finanzas en Gyeongju (Surcorea) en octubre, Elena Salgado y su ministerio han estado en el lado de los gobiernos que impidieron un consenso de la UE para llevar una propuesta firme respecto a la tasa sobre las transacciones financieras internacionales a la Cumbre del G20 en Seúl. “Queremos saber la posición de José Luis Rodríguez Zapatero y lo que va a defender en Seúl”, señalan los portavoces de Ecologistas en Acción.

La Comisión Europea había empezado a considerar la posibilidad de introducir esta tasa a escala europea, luego del apoyo manifestado por el Parlamento Europeo a principios de este año. Un informe de la Comisión indica que, dependiendo de la tasa aplicada y la cobertura, un impuesto sobre las transacciones financieras podría llegar a generar más de US-$ 1 billón al año.

Más información:

- Korean People’s G20 Response Action.

Por qué sigue habiendo motivos para luchar contra las Instituciones Financieras internacionales.

Iolanda Fresnillo – Observatorio de la Deuda en la Globalización

Del 26 al 28 de septiembre de 2000 decenas de miles de activistas tomaron las calles de Praga. El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) celebraban su asamblea anual en la capital checa, y eran el foco de las denuncias de un creciente movimiento social altermundialista. “Este modelo de capitalismo global está sustentado por las políticas del BM y el FMI, y otras como las de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que son las principales causas de los persistentes problemas mundiales, agravan aún más la destrucción medio ambiental y aumentan las desigualdades económicas y sociales de la mayoría de la población”, afirmaba el manifiesto del Movimiento de Resistencia Global, en el año 2000. En aquella ocasión el BM y el FMI se vieron obligados a clausurar precipitadamente su 55 reunión anual, ante la masividad y virulencia de las movilizaciones en la calle.

Entre el 8 y el 10 de octubre de 2010 ha tenido lugar en Washintgon DC la 65 reunión anual del BM y el FMI. Una década más tarde, con unos pocos cientos de personas protestando en la calle, estas dos instituciones siguen con fuerzas renovadas imponiendo su visión de la economía y el desarrollo en todo el mundo. ¿Han cambiado tanto el FMI y el BM como para que los movimientos sociales hayamos dejado de movilizarnos contra sus políticas? ¿En qué andan actualmente las gemelas de Bretton Woods?

Reformas históricas ¿en serio?

Una de las críticas más repetidas cuando hablamos del Banco Mundial y del FMI es la falta de democracia en el seno de estas instituciones. El derecho a voto en ambas se reparte según el peso de cada país en la economía mundial, lo que fija las aportaciones en forma de cuotas de cada país. El evidente desequilibrio en el reparto de cuotas, y por tanto de votos, se ha convertido en los últimos años en foco de debate también en el seno tanto del BM y del FMI, ante el reclamo de los países emergentes de una revisión de este sistema. Si bien los países más empobrecidos del planeta, y las organizaciones de la sociedad civil, venimos denunciando desde hace décadas este desequilibrio en el poder de decisión, no ha sido hasta que países como China, Brasil o Corea del Sur han reclamado su parte del pastel, que BM y FMI no se han tomado en serio esta crítica.

Desde hace unos años se vienen repitiendo con ocasión de las reuniones anuales o de primavera reclamos, discusiones y declaraciones sobre el sistema de cuotas en el BM y el FMI. En 2008 se llegó a acuerdos en ambas instituciones para revisar este sistema de cuotas, pero no ha sido hasta este año que no se ha cerrado la tan anunciada reforma. En abril, en las reuniones de primavera, se cerró la revisión de cuotas en el Banco Mundial y el pasado 23 de octubre, en la reunión de ministros de finanzas del G20 que se celebró en Corea del Sur dos semanas después de las reuniones anuales del BM y el FMI, ha llegado el acuerdo sobre el nuevo reparto del pastel del Fondo. El director del FMI, Dominique Strauss-Kahn, ha calificado el acuerdo del G20 de “compromiso histórico” que hará del Fondo una institución “”más efectiva, creíble y legitimada“.

La “histórica” reforma esconde, sin embargo, una realidad que ha cambiado muy poco. El principio sobre el que se establece el sistema de cuotas se mantiene intacto. El pastel se reparte según el poder económico (y político) de cada país. Así, la Unión Europea ha tenido que ceder un 6% de cuotas para que “las economías emergentes de rápido crecimiento obtengan una voz más fuerte en el Fondo”. Así, la reforma ha dado en efecto más poder en países como China, India o Brasil. La reforma de las cuotas del Banco Mundial acordada en abril sigue la misma línea, dando más poder a las economías emergentes. Estados Unidos mantiene con la reforma el poder de veto en ambas instituciones, al igual que la Unión Europea (en caso de decidir votar en bloque, ya que los países de la UE no tienen un asiento único en el FMI ni en el BM). En el Banco Mundial, por ejemplo, los países con altos ingresos acumulan todavía el 61% de los votos, los países con rentas medias aumentan hasta el 35% de votos, mientras que los países de bajos ingresos se quedan sólo con un 4,46% de los votos. En el FMI se repite el mismo esquema, dando más poder a quienes han incrementado su poder en la economía mundial, y manteniendo las cuotas marginales de los países más empobrecidos. Para Strauss-Kahn, sin embargo, la reforma “pone fin a la discusión sobre la legitimidad del Fondo que ha durado por años, casi décadas“.

Si bien es cierto que el nuevo reparto de cuotas reconoce el creciente peso en la economía mundial de las economías emergentes, no responde en absoluto a los problemas de falta de legitimidad y democracia de BM y FMI. Estas instituciones se mantienen con estructuras internas profundamente desequilibradas, en tanto que mantienen en la marginalidad a aquellos países que son las principales víctimas de sus políticas.

La crisis como oportunidad

Para muchos de nosotros, la falta de legitimidad del FMI y el BM no se debe sólo a la profundamente antidemocrática estructura interna de las instituciones, sino, y sobre todo, a las políticas que éstas han venido imponiendo en todo el mundo durante más de medio siglo. Como ya denunciábamos hace una década en las calles de Praga, el BM y el FMI “han proporcionado los medios necesarios para que empresas transnacionales, bancos e instituciones financieras continúen expoliando los recursos de la periferia y cargando el peso de la deuda sobre los más empobrecidos“. Es esta alianza entre las Instituciones Financieras Internacionales (IFI), las empresas transnacionales y el capital financiero es la que ha guiado durante décadas las políticas de ajuste que las IFIs siguen imponiendo. El evidente fracaso, desde el punto de vista del bienestar de los pueblos, de las políticas dictadas por el FMI o los proyectos diseñados por el BM nunca ha sido reconocido por estas instituciones ni por sus principales accionistas.

Lejos de reconocer los fracasos y enmendar los errores, siguen “recomendando” las mismas medidas de liberalización y ajuste, financiando la construcción de megaproyectos al servicio de las grandes empresas o generando deuda externa ilegítima. No han querido ver en la crisis financiera y económica la prueba de su fracaso, sino todo lo contrario. Ambas instituciones están reforzándose gracias a esta crisis. En ambas instituciones se han dado ampliaciones de capitales o incremento de los fondos disponibles. En abril de 2009 el G20 designó el FMI como vehículo central para la salida de la crisis y triplicó la capacidad prestadora del Fondo, pasando de 250.000 millones de dólares a 750.000 millones. Según Jubilee USA, “en 2014 la capacidad de préstamo del Fondo a los países de bajos ingresos será 10 veces superior a la que la institución tenía antes de la crisis“.

Los nuevos fondos deben destinarse en teoría a hacer frente a la crisis y a sus impactos, pero paradójicamente vienen acompañados de las condiciones de siempre, medidas como la liberalización del sector financiero y bancario, o la imposición de limitaciones al gasto social y al déficit público. Varios informesde organizaciones sociales muestran cómo los préstamos que el FMI ha otorgado para hacer frente a la crisis contienen condicionamientos al más puro estilo del Consenso de Washington. En el estudio realizado por la red europea Eurodad sobre los préstamos post-crisis otorgados a 10 países empobrecidos, se evidencia la existencia de condicionamientos para reducir o congelar salarios, reducción de déficit y recortes en el gasto social o trasladar los aumentos de precio del petróleo y los alimentos a los ciudadanos en forma de impuestos indirectos y subidas de precios.

Nuevas formas, nuevos temas, nuevos países… los intereses de siempre

Pero no nos engañemos, no todo sigue igual que hace 10 años en el BM y el FMI. El Banco Mundial, por ejemplo, se ha ido amoldando a los nuevos tiempos, ampliando su campo de acción, adaptando su discurso a las nuevas tendencias y renovando sus estrategias.

Así, por ejemplo, se ha posicionado como un actor clave en la gestión de los fondos financieros para afrontar los retos del cambio climático. A pesar de la oposición de buena parte de la sociedad civil, el Banco Mundial administra ya hasta 12 fondos del mercado de carbono, con un valor de más de 2.500 millones de dólares, y un buen número de fondos de inversión relacionados con el cambio climático (tecnología limpia, energía renovable, bosques, MDL, …). De los 30.000 millones de financiación para la lucha contra el cambio climático comprometidos por los países ricos en la Cumbre de Copenhague en diciembre de 2009, se han hecho efectivos cerca de 8.000 millones, de los cuales el 42% se ha canalizado a través del Banco Mundial, y buena parte de éstos se aplicarán en forma de préstamos.

El interés del Banco Mundial en la lucha contra el cambio climático responde básicamente al interés de hacerse con este nuevo pastel de financiación. Y la prueba de ello es que en los últimos años el BM ha seguido financiando proyectos que contribuyen al Cambio Climático. Así, según Jubileo Sur, entre 1992 y 2004 el BM aprobó más de 11.000 millones de dólares en préstamos para más de 120 proyectos de combustibles fósiles, representando el 20% de las emisiones globales actuales. Sólo entre 2007 y 2008 el BM financió 7.300 millones de dólares adicionales en proyectos de combustibles fósiles, y sólo 5.300 millones para energías renovables y eficiencia energética.

El Banco Mundial no sólo se adapta a los nuevos tiempos maquillándose de verde, sino que lidera un proceso de transformación de las finanzas para el desarrollo donde el sector privado pasa a ser protagonista. Efectivamente, el BM ha ido reforzando de forma progresiva la Corporación Financiera Internacional (CFI). Este organismo, perteneciente al Grupo del Banco Mundial, fue creado en 1956 para promover inversiones en el sector privado en los países del Sur, facilitando asistencia técnica y participando en la financiación de las iniciativas privadas o público-privadas. El presupuesto del CFI se ha quintuplicado desde 2002, con más de 18.000 millones de dólares comprometidos este año. El CFI deja en manos de intermediarios financieros (bancos, fondos de inversión, fondos de capital riesgo…) cerca de la mitad de sus préstamos, unos intermediarios con dudosa experiencia o interés en fomentar el desarrollo sostenible de los pueblos. De esta manera a través del CFI el Banco Mundial premia el principal sector responsable de la crisis financiera y económica que vivimos hoy en día.

El principio bajo el que actúa el CFI es la promoción de la inversión privada, sea cual sea esta inversión, siempre y cuando sea viable económicamente. Se priorizan criterios comerciales y financieros, más que sociales o ambientales, a la hora de elegir los proyectos donde invertir o los que apoyar. Buena parte de los recursos terminan yendo a grandes proyectos de infraestructuras y los principales beneficiarios son las empresas transnacionales de los países ricos. Cerca de dos terceras partes de las empresas que han recibido apoyo del CFI en los últimos años han sido empresas de países de la OCDE.

Además, el CFI ha sido denunciado por organizaciones de la sociedad civil de apoyar a empresas que operan o tienen sede en paraísos fiscales, fomentando así la fuga de capitales desde los países del Sur. El CFI ha sido también denunciado por la falta de mecanismos de control, evaluación, transparencia y participación de la sociedad civil.

En definitiva, el Banco Mundial, y en concreto el CFI, están promoviendo un modelo de privatización de las finanzas para el desarrollo. Un modelo que se está imponiendo en todas partes, como en el Estado español, donde se crean y refuerzan mecanismos de apoyo al sector privado, como el nuevo Fondo de Internacionalización de la Empresa española (FIEM). Un modelo que eleva a las empresas privadas a la categoría de agentes de desarrollo, sin tener en cuenta los impactos negativos que las actuaciones de estas empresas tienen sobre el bienestar de los pueblos y la defensa de los derechos humanos, como en el caso tanto de FIEM como del también nuevo Fondo de Promoción para el Desarrollo (FONPRODE).

Finalmente, y esto no sorprenderá a nadie, las IFI están traspasando fronteras que años atrás nos parecían infranqueables. El FMI está siendo un actor clave en la definición de las políticas de ajuste que están aplicando gobiernos como el español, el griego o el irlandés, al igual que lo había hecho con Argentina o la República Democrática del Congo años atrás. La frontera entre Norte y Sur, entre países desarrollados y empobrecidos desaparece cuando se trata de defender los intereses del capital. La línea que separa lo público y lo privado se difumina cuando se trata de conseguir esos mismos intereses.

Tal como denunciaba el llamado a la acción de las movilizaciones de Praga, el año 2000, “los vínculos entre el FMI, el BM, la OMC y las corporaciones transnacionales, buscan maximizar los beneficios privados y limitar el poder de los pueblos para proteger el medio ambiente, para determinar su modelo económico y garantizar los derechos humanos“. Ahora, igual que hace una década, sigue habiendo razones para oponerse a las políticas e incluso a la existencia de instituciones como el Banco Mundial y el FMI. Cambian las formas, pero no el fondo. Nosotras elegimos, reforma o…

Manifiesto del Movimiento de Resistencia Global (MRG), Praga, septiembre 2000.

Artículo publicado en Rebelión


En Corea el G-20 evidencia su inoperancia.

La globalización financiera, la banca global, ha recuperado su pujanza tras el casi colapso de 2008, pero su correlato político, el G-20, ha perdido fuelle. La prueba la hemos tenido el pasado 22 y 23 de octubre en la reunión de Ministros de Finanzas y Gobernadores del bancos centrales del G- 20 en Geongyu, Corea, que nos ha dejado la imagen adjunta donde cada uno (Geitner, Lagarde, Trichet, etc.) mira en distinta dirección. La atención se centra en la prioridad de cada gobernante y de cada país sobre la secuela de graves problemas económicos por países y regiones que ha traído la crisis de los mercados financieros globales.

El comunicado oficial de esta reunión lo reconoce así:

“La recuperación de la economía global continúa avanzando, pero de modo desigual y frágil. El crecimiento ha sido fuerte en muchas economías emergentes, pero el ritmo de actividad sigue siendo modesto en muchas economías avanzadas. Los riesgos de recaídas permanecen y son diferentes de un país a otro y de una región a otra”

Y las recetas de los gobiernos del G-20 siguen siendo las de siempre:

“Proseguir las reformas estructurales para acrecentar y mantener la demanda global, promover la creación de empleos e incrementar el potencial de crecimiento.”

“En los países avanzados, formular y ejecutar planes de consolidación fiscal (léase recortes fiscales y sociales) claros, creíbles, ambiciosos y favorables al crecimiento a medio plazo, en línea con los compromisos de la cumbre de Toronto, diferenciados según las circunstancias nacionales”

Y ¿qué fue de aquellos compromisos políticos de transparencia, de regulación y supervisión financieras?

En el largo comunicado de esta reunión preparatoria de la cumbre de Noviembre en Corea, solo aparecen unas cuantas líneas retóricas como estas:

Mantener “los compromisos para aplicar todos los aspectos de la agenda de regulación financiera del G-20, de modo internacionalmente congruente y no discriminatorio, incluyendo los compromisos sobre los derivados extrabursátiles, las practicas remuneratorias (los famosos bonus de los operadores bancarios), las normas contables y los principios del FSB para reducir la confianza en las agencias de calificación crediticia”

“proseguir nuestra labor decisivamente para abordar las jurisdicciones no-cooperantes” (“jurisdicciones no cooperantes” es la denominación que sustituyó a la de ”paraísos fiscales” para la OCDE y que eran ya solamente 7 al 19 octubre 2010, que son los que no han suscrito 12 convenios de intercambio fiscal a petición de parte).

Esta claro que los gobiernos del G-20 han decidido prescindir de las mediáticas cortinas de humo (paraísos fiscales, bonus, tasa Tobin, etc.) para esconder la falta de reformas del sistema. Y la próxima cumbre en noviembre del G-20 en Corea se anuncia mucho menos deslumbrante que las anteriores.

Analistas internacionales barruntan la deriva hacia la irrelevancia como “primer foro mundial de cooperación”, donde estaba este club desde su creación en 1999 y hasta su resurrección en 2008. Relevantes funcionarios del gobierno indio ha reconocido que este foro está en graves dificultades. Y a la referida reunión no ha asistido el ministro de Brasil y otros han enviado a los segundos, cuando al principio todos los países querían estar presentes.

Es evidente la fuerte tendencia de los países a resolver sus problemas económicos mediante políticas de interés nacional. El primero, los EEUU que con su política de aumento de dólares en circulación inunda el mundo con una divisa internacional devaluada en contra los intereses exportadores de sus socios europeos. Y la Unión Europea sigue sumida en los inacabables cabildeos de Bruselas y las reuniones intergubernamentales.

Mientras tanto, Wall Street mantiene el imperio sobre el consenso neoliberal y los entramados creados en los últimos años que le convierten en el centro del sistema financiero. Y se evidencia la inoperancia del G-20 resucitado por el Presidente Bush, tras la quiebra del banco de inversiones Lehman Brothers, para complacer al Presidente Sarkozy que decía que iba a “refundar el capitalismo”.

Juan Hdez.Vigueras

Ayudemos al dinero a salir de los Paraísos fiscales.

Los paraísos fiscales tales como las Islas Caimán, las Bermudas, Luxemburgo, Suiza o la “City” de Londres, entre otros, son centros financieros en los que se organiza la opacidad y el secretismo alrededor de las cuentas de muchas empresas y particulares. El principal objetivo de esta opacidad es evitar el pago de los impuestos correspondientes en sus países de origen. En estos paraísos fiscales, las multinacionales registran sociedades, en muchas ocasiones ficticias (basta con contar con una dirección postal), que actúan como pantalla y cuyos ingresos quedan registrados en unas filiales bancarias libres de imposiciones fiscales.

En 2008, los jefes de los estados más poderosos del mundo denunciaron los paraísos fiscales,  incluyéndolos en sus listas negras. Sin embargo, meses después de la “caída” de Madoff, figura emblemática de este tipo de operaciones, todas sus promesas de entonces han quedado reducidas a nada. Por ello, para provocar una reacción de la opinión pública, la ONG francesa Tierra Solidaria ha lanzado su campaña “Ayudemos al dinero a salir de los Paraísos fiscales”.

Ayudemos al dinero a salir de los Paraísos fiscales

Exigimos que las multinacionales declaren y publiquen sus beneficios y los impuestos que pagan en los países donde los logran. Esta transparencia permitirá prevenir el fraude y la evasión fiscal masiva.”

A un año de la celebración del encuentro G20 en Francia, que en esta ocasión coincidirá con la presidencia de la Unión Europea (noviembre 2011), Tierra Solidaria quiere aprovechar la oportunidad para reavivar el debate sobre los paraísos fiscales y desenmascarar la opacidad financiera. Esta no es solamente una cuestión moral, sino de salud económica: para los países emergentes representa un reto crucial para su desarrollo. Con las enormes sumas de capital que se evaden hacia los paraísos fiscales, estos países podrían avanzar en su desarrollo. Sus ciudadanos no necesitan sacos de arroz, lo que necesitan son salarios decentes y servicios públicos, empresas que les paguen y estados capaces de invertir en ellos.

La importancia de la presión ciudadana

La presión ciudadana ejercida sobre los responsables políticos comienza a dar sus frutos: durante los últimos ocho meses, la propuesta de que las empresas hagan públicas las cuentas relacionadas con sus actividades país por país, uno de los objetivos más perseguidos por organizaciones como Tierra Solidaria, ha sido tenida en cuenta por la OCDE, la Comisión Europea y el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores. Además, Estados Unidos y China han obligado a sus empresas mineras y petroleras a que muestren sus cuentas relacionadas con sus actividades en el extranjero, y la región de Ile de France (París) y otros departamentos franceses exigen desde el pasado verano que los bancos que deseen trabajar en su jurisprudencia informen detalladamente sobre sus actividades en terceros países. Por otro lado, es cada vez más frecuente que los inversores particulares exijan a las empresas la transparencia de sus cuentas como condición previa a su posible inversión. La transparencia, aunque lentamente, va lográndose país por país.

Por ello, “Tierra Solidaria” inicia esta campaña, buscando  ir un poco más allá y exigir transparencia a los jefes de Estado durante el G20 que tendrá lugar en Francia en 2011.

¿Dónde se encuentran los paraísos fiscales?

Es necesario localizar los paraísos fiscales atendiendo a una serie de criterios. No existe una lista oficial ya que, dependiendo del organismo que establece la clasificación, los criterios varían de forma considerable. Las recientes listas negra y gris de la OCDE ilustran perfectamente este fenómeno y señalan 42 países basándose en los siguientes criterios:

  • Gravamen nulo o insignificante sobre el capital.
  • Ausencia de transparencia.
  • Reticencia a comunicar la mínima información a una autoridad extranjera.

Sin embargo, a pesar de estos criterios objetivos, si un país quería salir de la lista negra, simplemente debía comprometerse con otros 12 territorios a comunicar informaciones fiscales. ¿Por qué este compromiso sólo respecto a 12 países, cuando la globalización cuenta con 242 estados? Actualmente, en la lista negra de la OCDE sólo hay 14 países, lo que supone 0,15% de las finanzas ubicadas en paraísos fiscales. El resto, especialmente los paraísos fiscales más grandes, han sido “blanqueados”.

Isla Mauricio, que cuenta con apenas un millón de habitantes, es el mayor inversor mundial en India. Las Islas Vírgenes Británicas tienen registradas 830.000 sociedades que contrastan con una población de 23.000 habitantes. La opacidad permite esconder las cuentas y las actividades dudosas ante las administraciones fiscales de todo el mundo, siendo las más afectadas las de los países emergentes. Además, esta opacidad fiscal permite blanquear dinero procedente de la delincuencia y la corrupción.

Las cifras del saqueo

  • 800.000 millones de euros anuales evadidos de los países emergentes.
  • 125.000 millones de euros menos de ingresos fiscales en los países emergentes.
  • 30.000 millones de euros es la cantidad que bastaría para erradicar el hambre el en mundo.

Por todo ello, la ONG Tierra solidaria exige transparencia: si una empresa desarrolla una actividad real en un país, no debe tener nada que esconder.

Transparencia en las cuentas de las multinacionales. Tolerancia cero para las fundaciones y demás redes jurídicas opacas: acabar con las sociedades “pantalla” que permiten esquivar la justicia y los impuestos. Los delitos económicos y financieros no deben quedarse sin castigo: más dureza en la represión de los delitos económicos y financieros.

El llamamiento de Tierra Solidaria busca que el G20, que tendrá lugar durante la presidencia francesa de la Unión Europea, no sea otro Copenhague de las finanzas.

Lady Verd

Vuelta de tuerca a la gran banca.

Los centinelas del sistema financiero, los mismos que no advirtieron que el mayor descalabro económico en décadas crecía ante sus ojos, enviaron esta semana al G-20 el documento que sintetiza su propósito de enmienda. Como ya anunció hace algo más de un mes el Comité de Basilea, el organismo que los reúne, los supervisores exigirán a las entidades financieras que acumulen mucho más capital de calidad (acciones y reservas) para limitar así las inversiones arriesgadas y tener con qué afrontar las pérdidas en futuras crisis. Pero en el cuadro que resume las nuevas exigencias a la banca falta algo: los requisitos adicionales que se impondrán a las entidades más influyentes en el sistema, aquellas capaces de arrastrar en su caída a las finanzas mundiales.

Es una ausencia llamativa, más aún cuando la crisis financiera se precipitó en septiembre de 2008 tras la quiebra de Lehman Brothers, una entidad que, por su tamaño y por su penetración en los mercados financieros, se ganó a pulso el adjetivo de “sistémica”. La inmensa mayoría de los analistas coincidieron en señalar como un error mayúsculo aquella decisión del Gobierno de EE UU, que dejó caer al banco de inversión. Y, desde entonces, las autoridades nacionales intervinieron con presteza, y con miles de millones de dinero público, ante cualquier situación similar. Y, en paralelo, creció el consenso de que había que forzar a las “entidades sistémicas” a ser más prudentes que el resto.

La dificultad de llevar a cabo este propósito, que los gigantes del sector miran con lupa, ha llevado al Comité de Basilea a desgajar este delicado debate del documento con las nuevas reglas de solvencia. Mientras los ministros de Economía de países avanzados y emergentes ya han podido analizar este fin de semana en Corea del Sur las propuestas generales para elevar los requisitos de capital y liquidez, bautizadas como Acuerdo de Basilea III, el comité de supervisores se ha dado todavía un puñado de semanas más para fijar los criterios “cuantitativos y cualitativos” que permitirán esclarecer cuáles son “entidades sistémicas” y cuáles no. Y hasta mediados de 2011 para definir qué requisitos adicionales deberán cumplir.

La primera parada del debate se antoja ya problemática. Los grandes bancos, que tienen todas las papeletas para ser incluidos en la lista de “entidades sistémicas” (en España, Banco Santander y BBVA están en todas las quinielas), ya han desplegado una batería de argumentos para desarmar la idea de que a mayor tamaño, mayor riesgo. Como botón de muestra, la tribuna que el vicepresidente del Santander, Alfredo Sáenz, publicó en el diario económico Financial Times, 24 horas después del anuncio del Comité de Basilea.

“El foco se ha puesto en un recargo en forma de mayores requisitos de capital a las entidades que se definan como sistémicamente significativas. Pero es un punto de vista demasiado limitado”, afirma en la tribuna el ejecutivo del banco español. Sáenz pone el acento en dos ejemplos (el británico Nothern Rock o la crisis generada por pequeñas entidades estadounidenses a finales de los ochenta) para destacar que la dimensión no siempre es un factor decisivo. Y plantea que, en vez de un recargo de capital a las grandes entidades por su influencia sistémica, se establezca un recargo para todas las entidades, y que sean los supervisores los que gradúen su cuantía según sea la gestión de riesgos (nivel de endeudamiento, política de bonus a los directivos, solvencia, diversidad del negocio, etcétera).

Vicente Cuñat, profesor en la London School of Economics, aprecia buena parte de la argumentación del consejero delegado del Santander, y, por extensión, de la gran banca. “El tamaño, la estructural legal de una entidad o el tipo de negocio no bastan para definir qué es una entidad sistémica, es algo que cambia en el tiempo”. Para ilustrarlo, Cuñat se fija en la experiencia española, que Sáenz optó por no citar en su tribuna. “En España, por el momento en que ocurrió, con la crisis financiera ya muy desarrollada y la preocupación de los mercados, Caja Castilla-La Mancha fue tratada como una entidad sistémica y se intervino, pese a ser una caja pequeña”, recuerda.

Para el profesor de la London School of Economics, “dar una vuelta de tuerca adicional a los grandes bancos” por su influencia en el sistema financiero, además de obviar otros posibles focos de riesgo, podría tener “un efecto negativo sobre la concesión de créditos”. Es este un argumento que emplea a menudo el sector y que el Comité de Basilea rebate, pero que, tras la acumulación de nuevos requisitos generales a la banca, plasmados en el Acuerdo de Basilea III y en las distintas normativas nacionales, vuelve a ganar fuerza.

El Acuerdo de Basilea III, que debe ser refrendado por los líderes del G-20, triplica la ratio de capital de mayor calidad (del 2% al 7% de los activos ponderados por el riesgo de cada operación) que se exigirá a las entidades financieras. Y obligará a los bancos a conservar suficiente liquidez tanto para afrontar un colapso súbito de los mercados, como para cubrir los desfases que puedan surgir por financiarse a corto plazo de forma recurrente para sostener inversiones a largo plazo. Pero también dio un generoso periodo de tiempo al sector para acomodarse a la nueva situación: los nuevos mínimos de capital se aplicarán de forma gradual desde 2013 y no se exigirán de forma completa hasta 2019.

Está por ver si el Comité de Basilea es capaz de salir con buen pie del propósito de definir qué es una entidad sistémica. Fuentes del sector recalcan que podría incluso tener un efecto contraproducente: dar el apellido de sistémica a una entidad es sinónimo, en el mercado, de dar una garantía de que esa entidad será rescatada por las autoridades nacionales en caso de zozobra. Es decir, que su incentivo a tomar decisiones más prudentes sería entonces mucho menor, ya que esa garantía implícita (una triple A en toda regla) les facilitaría tomar dinero en el mercado.

Sobre la vuelta de tuerca adicional que el Comité de Basilea dará a mediados de 2011 hay pocas pistas aún. Los supervisores se inclinan por aplicar a las entidades que finalmente entren en el saco de “sistémicas”, recargos sobre los nuevos y más estrictos requisitos de capital -medios financieros especulan con un 2% adicional-. Además, el Comité de Basilea medita obligar a transformar la deuda emitida por los gigantes del sector en acciones, en caso de crisis, ya sea mediante cláusulas en los contratos (capital contingente) o mediante intervención de los supervisores (deuda bail-in). El objetivo es que las grandes entidades tengan más capacidad de absorber pérdidas y que no sean necesarias (o no tan masivas) las inyecciones de capital público para evitar un colapso del sistema.

Alejandro Bolaños – El País