Especuladors, heu de pagar!

Campanya per un impost a les transaccions financeres i l’abolició dels paradisos fiscals.

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Salvar a los bancos ¡y a callar!

Estamos en las vísperas de que se vuelva a producir, ahora en Irlanda, una nueva intervención para devolver la rentabilidad a unos pocos bancos con un coste tremendo que una vez más se hará recaer sobre la ciudadanía que no lo ha causado: “La UE exigirá a Irlanda subidas de impuestos para devolver el rescate”, titula la prensa.

Y de nuevo comprobamos que solo hay una cosa tan infame como el comportamiento de la banca y los financieros que han provocado esta crisis: la cobardía y la complicidad de las autoridades que no se atreven a ponerlos firmes y a someterlos al imperio de leyes justas que impidan que la economía mundial siga siendo un enorme casino en el que la banca se ha autoconcedido el derecho a establecer las reglas que a ella le conviene y a hacer trampas cuando y como le viene en gana.

Los descalabros continuados de la economía mundial que han tenido como punto culminante la crisis actual se han producido en última instancia como consecuencia de que la banca privada disfruta del privilegio de crear dinero (es decir, de obtener beneficios y poder) cada vez que genera deuda a cuenta de los depósitos de los clientes.

En lugar de limitar el riesgo que ello conlleva, los gobiernos cedieron a las presiones de los banqueros y han ido estableciendo una regulación del negocio financiero cada vez más permisiva, que deja hacer prácticamente de todo.

En los últimos años, los gobiernos y los bancos centrales han ido desmontando las normas legales que de alguna manera restringían ese poder de las entidades financieras para permitirles que se pudieran convertir en verdaderos chiringuitos financieros dedicados a promover la inversión especulativa mediante una ingeniería que no ha podido provocar sino crisis sucesivas y la última catástrofe en la que se encuentra todavía el sistema financiero mundial. Como dice un viejo refrán chino, nadie puede permanecer eternamente de puntillas. Por eso era inevitable que le ocurriera lo que le ha ocurrido a la banca y cuya consecuencia inevitable ha sido el también continuado deterioro de la actividad y el empleo porque en la misma medida en que los bancos generan dinero para la especulación financiera lo hacen escasear para la actividad productiva empresarial y el consumo.

Cuando el paroxismo especulativo de la banca internacional hizo estallar la crisis las autoridades de casi todo el mundo, a pesar de sus continuas declaraciones prometiendo poner orden y combatir la irresponsabilidad, como se llegó a escribir en algún comunicado del G-20, se han limitado a conservar el orden financiero sin osar poner límites a los privilegios de la banca. Y al limitarse a ayudar a los banqueros sin resolver los problemas de financiación que paralizaban la actividad han generado una deuda tremenda que los propios bancos han utilizado para empoderarse aún más y extorsionar a los gobiernos y a los pueblos.

Para ayudar y salvar a los bancos causantes de la crisis se les han inyectado docenas de miles de millones en sus balances, se han cambiado las normas legales, se les ha avalado para que sigan haciendo operaciones de gran riesgo, y se les sigue permitiendo que utilicen el dinero que reciben de las autoridades públicas para volver a obtener beneficios sin que vuelvan a poner en marcha el mecanismo de financiación que necesita el mundo empresarial y los consumidores. Algunos se han nacionalizado pero dejando que los dirigieran los mismos dueños de antes. Se han cambiado las normas contables para permitir que los bancos oculten a sus clientes y a la sociedad el quebranto patrimonial (en muchas ocasiones intencionado) que han provocado con dinero de otros, para que nadie sepa que en realidad están tratando con bancos zombis a los que solo mantiene en pie la ocultación y los privilegios de los que ningún otro sujeto económico disfruta.

En España, el gobierno se ha rendido poniéndose a los pies de los banqueros, se ha hecho con verdadera nocturnidad política una ley para que la banca privada se haga con las cajas de ahorros y para que en poco tiempo desaparezca cualquier atisbo de interés social en el sistema financiero. Y hasta una institución del Estado como el Banco de España se convierte públicamente y sin ningún disimulo en el mascarón de proa de los intereses de la banca privada presionando al gobierno y acorralando hasta con modos inimaginables a dirigentes de cajas de ahorros, como muchos de ellos podrían contar si en esas instituciones públicas y en estos negocios hechos con dinero de todos los ciudadanos hubiera la mínima transparencia que cabría esperar de una democracia.

Mientras que se salva y ayuda con docenas de miles de millones de dinero público a los bancos culpables de la crisis se deja que miles de familias que se han quedado sin empleo por su culpa pierdan también sus viviendas porque no pueden pagar unos pocos cientos de euros a bancos que obtienen beneficios multimillonarios.

Y todo ello, sin fondo, como vemos de nuevo en Irlanda y como veremos quizá dentro de poco en Portugal o quién sabe si en España en donde, a pesar de lo que se dice, los bancos, igualmente responsables de la situación de nuestra economía, han recibido ayudas de todo tipo en los últimos años.

El proceso que estamos viviendo pasará a la historia como el que permitió que los manifiestamente culpables de un descalabro económico quizá sin parangón no solo no hicieran frente a sus responsabilidades sino, además, para que aprovecharan las respuestas que las autoridades dieron al daño que provocaron para enriquecerse aún más y para aumentar su poder político e imponerlo sobre el conjunto de la sociedad.

La enseñanza de todo esto es que la economía no funciona como nos quieren hacer creer, como un subsistema aislado de la ideología, del poder y la política sino que es una parte más de los mecanismos políticos y de decisión. Nada de lo que ha ocurrido podría haber sucedido si la gente tuviera noticia de lo que han hecho y de lo que hacen los bancos con su dinero, si se conocieran sus negocios de blanqueo y las operaciones en los paraísos fiscales, si se supiera a quién financian y a quién le niegan financiación, si se impidiera que los bancos influyan en los medios de comunicación o en las fuentes del conocimiento, si se permitiera que los ciudadanos hablaran y debatieran abiertamente sobre lo que conviene a unos y otros y sobre lo que se puede dejar hacer y lo que no.

En lugar de permitir que eso suceda, los bancos se han convertido, a la par que en la principal fuente de alimentación de la economía especulativa que ahoga a los empresarios que quieren crear riqueza y a los ciudadanos normales y corrientes, en el sostén de los principales instrumentos de persuasión y manipulación orientados a convencer a la gente de que las medidas que se toman para que los banqueros y las grandes empresas ganen más dinero son inexcusables porque responden a una mecánica con lógicas propias y autónomas, como las de un reloj que se lleva al técnico para que repare el mal funcionamiento de alguna de sus piezas. Y, por tanto, sobre las que la ciudadanía no tiene por qué pronunciarse. Si nos dicen que para condenar los crímenes del gobierno de Marruecos hay que ser experto, ¡qué no habrá que ser entonces para criticar la política financiera del gobierno o de los bancos centrales, por muy evidente que sea el que benefician siempre a los mismos!

Gracias a la idea de que la economía es “cosa de expertos” y técnicos se va generando el clima de conformismo social sobre las políticas económicas que permite que se lleven a cabo sin grandes dificultades las medidas vergonzosas que se están aplicando.

El principal y hasta ahora exitoso empeño de banqueros y grandes patronales es el de producir el suficiente consenso para que nadie ponga en cuestión lo que a ellos les conviene. Eso es lo que les da la seguridad y convicción de la que Carlos Menem hacía gala en Argentina cuando permitía, como lo están permitiendo ahora los gobiernos europeos, que los bancos robaran a manos llenas a los ciudadanos: “pueden hacer mil marchas, mil huelgas, nada cambiará”.

Es más o menos lo que ahora piensan y dicen en Europa, hasta que los ciudadanos se harten y hagan frente a esta infamia.

Fuente: JUAN TORRES LÓPEZ / Artículo publicado en Sistema Digital.

  • Consejo Científico de ATTAC España.
  • Doctor en CC. Económicas y Empresariales.
  • Catedrático de Economía Aplicada en la Facultad de CC. Económicas y Empresariales – Universidad de Sevilla – Departamento de Análisis Económico y Economía Política.

Una “dictablanda” en Europa.

Portugal, entre 1926 y 1974, España, entre 1939 y 1975, y Grecia, entre 1967 y 1974, vivieron bajo regímenes dictatoriales. Los procesos de democratización casi simultáneos de estos países fueron considerados como la primera manifestación de una ola democratizadora que en los años siguientes habría de recorrer los países del subcontinente latinoamericano. Si no hacemos nada para corregir el curso de las cosas, dentro de algunos años se dirá que Portugal, España y Grecia vivieron, entre fines del siglo XX y principios del siglo XXI, un brillante pero breve interregno democrático. Habrá durado menos de cuarenta años, entre 1974/1975 y 2010.

La dictadura portuguesa fue la más larga de todas y en ella me concentro en este análisis, aunque mucho de lo dicho se aplique a España y Grecia. En los 48 años que precedieron a la revolución del 25 de abril de 1974 (la Revolución de los Claveles), Portugal vivió bajo una dictadura civil nacionalista, personalizada en la figura de Oliveira Salazar. A partir de 2010 entró en otro período de dictadura civil, esta vez internacionalista y despersonalizada, conducida por una entidad abstracta llamada “los mercados”. Las dos dictaduras comenzaron por razones financieras y después crearon sus propias razones para quedarse. Ambas llevaron la pobreza al pueblo portugués, al que dejaron a la zaga de los pueblos europeos. Pero mientras la primera eliminó el juego democrático, destruyó las libertades e instauró un régimen de fascismo político, la segunda mantiene el juego democrático, pero redujo al mínimo las opciones ideológicas, mantiene las libertades, pero destruyó las posibilidades de que sean efectivamente ejercidas e instauró un régimen de democracia política combinado con fascismo social. Por esta razón, la segunda dictadura puede ser designada como “dictablanda”.

Las señales más preocupantes de la actual coyuntura son las siguientes. Primero, está aumentando la desigualdad social en una sociedad que ya es la más desigual de Europa. Entre 2006 y 2009 aumentó en un 38,5 por ciento el número de trabajadores que perciben el salario mínimo (450 euros): ahora son 804 mil, es decir, cerca del 15 por ciento de la población activa; en 2008 un pequeño grupo de ciudadanos ricos (4051 unidades fiscales) tenían ingresos similares al de un gran número de ciudadanos pobres (634.836 unidades fiscales). Si es verdad que las democracias europeas valen lo que valen sus clases medias, la democracia portuguesa puede estar a punto de suicidarse.

Segundo, el estado de bie-nestar, que permite corregir en parte los efectos de la desigualdad, es muy débil en Portugal y aun así está bajo un ataque cerrado. La opinión pública portuguesa está siendo intoxicada por comentaristas políticos y económicos conservadores –dominan los medios de comunicación como en ningún otro país europeo—, para quienes el estado de bienestar se reduce a los impuestos: sus hijos son educados en colegios privados, tienen buenos seguros de salud y sentirían que sus vidas corren peligro si tuvieran que recurrir “a la porquería de los hospitales públicos”, no utilizan el transporte público, reciben cuantiosos salarios y acumulan cuantiosas pensiones. El estado de bienestar debe ser abatido. Con un sadismo indignante y un monolitismo ensordecedor, van insultando a los portugueses empobrecidos con la letanía liberal de que viven por encima de sus posibilidades y que la fiesta se terminó. Como si aspirar a una vida digna y decente, y comer tres comidas diarias fueran lujos reprobables.

Tercero, Portugal se transformó en una pequeña isla de lujo para los especuladores internacionales. ¿Tienen otro sentido los actuales intereses de la deuda soberana de un país del euro y miembro de la Unión Europea? ¿Dónde está el principio de cohesión del proyecto europeo? Para regocijo de los profetas de la desgracia nacional, el FMI ya está dentro del gobierno portugués y, en breve, anunciará lo que los gobernantes no quieren anunciar: que este proyecto europeo terminó.

Revertir este proceso en Portugal es tan difícil como revertirlo en Grecia o España, pero es posible. Mucho deberá hacerse a nivel europeo y a mediano plazo. En el corto plazo, los ciudadanos tendrán que decir basta al fascismo difuso instalado en sus vidas y reaprender a defender la democracia y la solidaridad, tanto en la calle como en el Parlamento. La huelga general será más efectiva cuanta más gente salga a las calles para manifestar sus protestas, como ha sucedido en Francia. El crecimiento ambientalmente sostenible, la promoción del empleo, la inversión pública, la justicia fiscal, la defensa del estado de bienestar, la democracia participativa, la solidaridad activa con los inmigrantes y el repudio de las políticas xenófobas (que a veces alcanzan a los propios ciudadanos europeos, como pasa con la población gitana en Francia) tendrán que regresar al vocabulario político a través de acuerdos eficaces entre los movimientos sociales y los partidos de izquierda que resistieron la devastación neoliberal de las últimas dos décadas.

Boaventura de Sousa Santos – Página 12


El impago de hipotecas: una extorsión legal.

En España, la legislación permite a los bancos practicar una extorsión legal sobre sus clientes hipotecados en caso de impago. En Francia y EE UU, si una persona no puede pagar la hipoteca de su vivienda, entrega las llaves al banco y se queda en la calle. En España, la justicia desahucia al moroso a petición del banco, pero la cosa no acaba ahí. El desahuciado, sin casa, debe seguir pagando la deuda más los intereses.

En España, cuando una persona que tiene contraida una hipoteca con un banco no es capaz de seguir abonando sus letras, la entidad embarga la vivienda y la pone a subasta. Quedarse en la calle sería un mal menor comparado con la tenebrosa realidad. Pues el afectado por desahucio tiene la deuda viva si esta supera el valor del inmueble. De esta forma, el drama de una familia que ha perdido su piso adquiere tintes de verdadera tragedia personal. El desahuciado, sin casa, debe seguir pagando la deuda más los intereses. De lo contrario, el banco está legalmente facultado para retener el resto de bienes disponibles.

Los bancos son directamente responsables de esta extorsión, ya que en su momento no dudaron en inflar la burbuja inmobiliaria concediendo hipotecas sobre viviendas cuyo precio estaba sobrevalorado. Tras el pinchazo de la burbuja, el banco subasta la vivienda del moroso a un precio muy inferior al de la hipoteca, y el deshauciado debe seguir pagando la diferencia entre el precio de venta en subasta de la vivienda y el préstamo original.

Cayo Lara, Coordinador de Izquierda Unida (IU), exige al Gobierno que ataje una situación que califica de “insultante”. En este sentido, una de las propuestas presentadas por esta formación política es la regulación de la dación en pago. Es decir, que si un ciudadano no puede pagar su hipoteca, entregue al banco su vivienda y con ello dé por cancelada por completo su deuda. Es una fórmula que ya existe en Francia y EEUU, y se conoce como efecto sonajero evocando la imagen de devolver las llaves de una casa.

IU avanza que haría falta retocar, por un lado, la Ley Hipotecaria, para que “sólo el bien hipotecado responda como garantía del pago del crédito concedido”. Y por otro, se incluiría la dación en pago en el Código Civil como “procedimiento preferente” para liquidar los impagos de un crédito. Además, IU demanda una Ley de Endeudamiento Familiar, a fin de que las familias no puedan entramparse de forma ilimitada.

Las hipotecas están ahogando no sólo a las familias, sino también al conjunto de la economía. El fuerte nivel de endeudamiento familiar, debido en gran medida a la burbuja inmobiliaria, pesa más cuanto menores sean los ingresos de los hogares. Tras pagar la letra de la hipoteca, las familias apenas disponen de renta líquida para el consumo de otros bienes. Y así, la sombra de la recesión continúa planeando sobre una economía que, como la española, ha sido secuestrada por los banqueros.

Y mientras tanto la banca, a través de sus servicios de estudios y sus 100 economistas incluidos en la nómina de “investigadores” de Fedea, sigue reclamando una reforma a peor, del sistema público de pensiones. Por cierto, ¿saben ustedes quienes integran el Patronato de Fedea?

Josep Oliu i Creus (BANCO SABADELL) Salvador Alemany Mas (ABERTIS Infraestructuras, S.A.), Fernando Becquer Zuazua (IBERDROLA, S.A.) Felipe Benjumea Llorente (ABENGOA S.A.) Ángel Ron Güimil (BANCO POPULAR) Miguel Blesa de la Parra (CAJA MADRID), Ana Patricia Botín O’Shea (BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO), Emilio Botín Ríos (SANTANDER), Antonio Brufau Niubo (REPSOL – YPF), Santos Martínez-Conde Gutierrez-Barquin (CORPORACIÓN FINANCIERA ALBA, S.A.), Francisco González Rodríguez (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA), José Luis Malo de Molina Martín Montalvo (BANCO DE ESPAÑA), Javier Ramos Gascón (BOLSA DE MADRID), Luis Angel Rojo Duque (FUNDACIÓN RAMÓN ARECES), Isidro Fainé (LA CAIXA), Alejandro Beltrán de Miguel (McKinsey&Company).

Aviso: Se ruega a los viandantes presten atención a sus carteras.

José Antonio Pérez – ATTAC Madrid

España puede entrar en un callejón sin salida como ocurrió en Argentina hace 10 años.

Un balance de 2010: la crisis se enquista,

la supervivencia del euro está gravemente amenazada

y la política de austeridad fiscal podría llevar a España a un callejón sin salida

como el experimentado por Argentina hace 10 años.

Joseph Stiglitz – premio Nóbel de economía en 2001. (Sunday Telegraph, 4 octubre 2010)

El pasado 4 de octubre, el diario británico Sunday Telegraph publicó un extracto del prólogo a la segunda edición del libro de Stiglitz Caída libre (Freefall: Free Markets and the Sinking of the Global Economy, segunda edición, Londres, octubre 2010, £9.99, editorial Penguin), cuya primera edición fue a comienzos de este año. El epílogo es un balance de lo ocurrido en los primeros 9 meses de 2010, y queda bien resumido en el título con que lo reproducimos en castellano: la crisis se enquista, la supervivencia del euro está gravemente amenazada y la política de austeridad fiscal podría llevar a España a un callejón sin salida como el experimentado por la Argentina hace 10 años.

Desdichadamente, en los ocho meses transcurridos desde que apareció la edición en tapa dura de Caída libre, la sucesión de acontecimientos ha superado ampliamente las expectativas: el crecimiento se mantiene débil, lo suficientemente anémico como para que el desempleo se mantenga estupefacientemente alto; las ejecuciones hipotecarias siguen en curso, y aunque los bonos y los beneficios bancarios se han recuperado, la oferta de crédito no lo ha hecho, a pesar de que la revitalización del mismo fue la razón alegada para proceder a los rescatesbancarios.

Unas cuantas cosas –la crisis en Europa y el alcance de las prácticas fraudulentas e inmorales— de los bancos han ido peor de lo esperado, y otras –la dimensión de las pérdidas en los rescates bancarios— han ido un poco menos mal. Las reformas en la regulación del sector financiero son más fuertes de lo que yo esperaba.

Sin embargo, los bancos se mostraron capaces de mitigar lo bastante esas regulaciones como para que no resulte despreciable la perspectiva de una nueva crisis atravesada en nuestro camino: hemos comprado un poco de tiempo extra antes de la próxima crisis y, tal vez, reducido el probable costo de la presente para nuestra economía.

Las verdaderas novedades de los últimos ocho meses han sido la paulatina aceptación por parte de economistas y gobernantes de la triste imagen del futuro contra la que yo previne: una “nueva normalidad” con elevadas tasas de desempleo, menor crecimiento y menos servicios públicos en los países industriales avanzados.

La prosperidad ha sido substituida por un malestar à la japonesa sin final divisable. Pero al menos en la “década perdida japonesa”, a despecho del bajo crecimiento, el desempleo se mantuvo bajo y la cohesión social, alta.

En Europa y en Norteamérica, en cambio, algunos economistas hablan ya de una tasa de desempleo del 7,5%, harto por encima de la del 4,2% de que disfrutamos en los 90. La crisis financiera, en efecto, ha generado daños duraderos a nuestra economía, de los que tardaremos en recuperarnos.

No fue sólo el sector privado el que vivió en un mundo de fantasía sostenido por las burbujas en los bienes raíces y en los mercados de valores. Los gobiernos han participado indirectamente en esa ensoñación, pues recibieron parte del “ingreso fantasma” en forma de recaudación fiscal.

Para países fiscalmente atolondrados como los EEUU o Grecia, las cosas fueron todavía más dolorosas. En 2009, el déficit estadounidense se disparó hasta el 9% del PIB; en Gracia, hasta el 13,6%.

Reducir esos déficits a cero no es cosa simplemente de esperar a la recuperación, pues esos países incurrieron en déficits incluso cuando sus economías disfrutaban de empleo casi pleno y su recaudación fiscal se veía robustecida por impuestos a los beneficios dimanantes de las burbujas. Se precisará, pues, de substanciales incrementos recaudatorios o de substanciales recortes de gastos.

Pero aquí está el problema: a falta de recuperación global, cualesquiera recortes en el gasto o incrementos en la recaudación llevarán con toda seguridad a un crecimiento aún más lento, lo que tal vez empujará a las economías a una segunda zambullida en la recesión.

A pesar de estas duras perspectivas para la economía mundial, no tardaron Wall Street y los mercados financieros en lanzar vociferantes exigencias de reducción de los déficits.

Su miopía dio origen a esta crisis, y ahora son igualmente miopes al exigir políticas que no pueden sino traer consigo la persistencia de la misma.

Exigen recortes presupuestarios. Sin esos recortes, advierten –de consuno con las agencias de calificación—, subirían los tipos de interés, se cortaría el acceso al crédito y a los países no les quedaría otra solución que volver a recortar.

Pero, no bien anunció España recortes presupuestarios en mayo pasado, las agencias de calificación y los mercados respondieron: dijeron, yo creo fundadamente, que los recortes dañarían las posibilidades de crecimiento.

Con menor crecimiento, los ingresos fiscales bajarían, los gastos sociales (como la ayuda al desempleo) subirían y los déficits aumentarían. Fitch, una de las tres agencias principales, degradó la calificación de la deuda española, y siguieron subiendo los intereses que España tiene que pagar por su deuda pública. Evidentemente, los países salen perjudicados tanto si recortan el gasto como si no lo hacen.

Todo eso resulta tanto más perturbador, si se recuerda que, en el punto culminante de la crisis, hubo un momento de unidad nacional e internacional, cuando los países se enfrentaron de consuno a la calamidad económica. Por vez primera, el G20 juntó a los países desarrollados con los países de mercados emergentes para buscar soluciones al problema global del mundo. Hubo un momento en que todo el mundo era keynesiano y quedó desacreditada la malhadada idea de que los mercados desembridados eran estables y eficientes.

Brotó la esperanza de que pudiera emerger un capitalismo nuevo y más temperado y un orden económico global más equilibrado: un orden que pudiera al menos lograr una mayor estabilidad a corto plazo y comenzar a enfrentarse a cuestiones inveteradas, como la gran y creciente desigualdad entre ricos y pobres o la necesaria adaptación de nuestra economía a la amenaza del cambio climático, liberándola de su dependencia de los combustibles fósiles y reestructurándola para que pudiera competir eficazmente con los países emergentes de Asia.

Esas esperanzas alimentadas en los primeros meses de la crisis pronto quedaron sofocadas.

Lo que ahora domina es un humor desesperanzado: el camino a la recuperación puede llegar a ser todavía más lento de lo que yo sugería hace ocho meses, y las tensiones sociales, harto más graves.

Los altos ejecutivos bancarios han vuelto a los bonos de siete dígitos, mientras que los ciudadanos de a pié no sólo se enfrentan a un desempleo desapoderado, sino a unas tasas de cobertura del mismo que distan por mucho de estar a la altura de los desafíos de la Gran Recesión.

Hay críticos que sostienen que el keynesianismo sólo logró aplazar el día del juicio final. Yo digo, en cambio, que

A menos que volvamos a los principios básicos de la teoría económica keynesiana, el mundo está condenado a un prolongado declive.

La crisis ha empujado al mundo hacia una terra incognita preñada de incertidumbres.

Pero hay una cosa de la que podemos estar absolutamente seguros:

Si los países industriales avanzados siguen por el camino que parecen haber emprendido hoy, la probabilidad de que volvamos a tener algún día no lejano una economía robusta es nula.

Las posiciones económicas y políticas relativas de Europa y Norteamérica quedarán muy disminuidas, así como nuestra capacidad para enfrentarnos a cuestiones de largo plazo de las que depende crucialmente nuestro futuro bienestar.

Cerca de tres años después del comienzo de la recesión, resulta claro que, aun si la economía pudiera hallarse en vías de recuperación, esas vías están atravesadas de obstáculos imprevistos.

Entre las cosas más impredecibles que nos aguardan, están el cambio de la política y de las actitudes públicas.

Aun antes de que llegara a restaurarse el crecimiento económico, y cuando los EEUU siguen empantanados en una alta tasa de desempleo, la atención –cuando menos en algunos centros de decisión— se ha desplazado hacia la inflación y la deuda pública. Ahora mismo, la inflación no constituye una amenaza, y es improbable que sea de otro modo mientras el desempleo siga alto. Los bajos tipos de interés de los bonos públicos a largo plazo sugieren que el “mercado” mismo no está preocupado por la inflación, ni siquiera a largo plazo.

Para mí, el problema real –no ahora, pero posiblemente sí en unos pocos años— no es tanto la inflación o la deuda, cuanto las preocupaciones por la inflación y la deuda manifestables en los mercados financieros. Si el mercado empieza a anticipar inflación, exigirá tipos de interés más altos como compensación por el disminuido valor de los dólares que recibirá en pago. Unos tipos de interés más altos llevarán a un aumento de los déficits y de la deuda públicos, lo que, combinado con las expectativas de inflación, ejercerá una presión a favor del recorte del gasto público antes de que la economía comience a pisar suelo firme.

El problema real hoy sigue siendo el desempleo y una insuficiente demanda agregada, precisamente el problema al que se enfrentó John Maynard Keynes hace 75 años, durante la Gran Depresión. La política monetaria, entonces como ahora, había llegado a sus límites: ulteriores rebajas de los tipos de interés, cuando no eran imposibles, carecían de efecto estimulante sobre la economía.

No nos queda sino usar políticas fiscales para restaurar la salud de la economía. Las pruebas de que eso funciona son abrumadoras. China puso por obra uno de los mayores paquetes de estímulos del mundo y ha tenido una de las recuperaciones más robustas, a pesar de que su economía se enfrenta a choques nada despreciables. En Europa y en Norteamérica, los paquetes de estímulos fueron demasiado pequeños como para desactivar la onda de choque procedente del sector financiero; pero de no haber andado esos estímulos de por medio, las tasas de desempleo serían ahora mucho más altas.

Los ataques de los mercados financieros contra Grecia muestran que los déficits no pueden ser ignorados. Grandes déficits pueden llevar a incrementos en las tasas de interés pagaderas por la deuda pública, lo que empeora los problemas fiscales del país en cuestión.

Pero la respuesta ingenua a esa situación –recortemos el gasto y/o aumentemos los impuestos— todavía hace peores las cosas, como ha tenido ocasión de verse harto dramáticamente con la respuesta de los mercados a las nuevas políticas de austeridad del gobierno de España.

La metáfora que compara a los Estados con los hogares y las familias no sólo anda muy equivocada, sino que es peligrosa. A los hogares que viven por encima de sus posibilidades – esto es, que gastan más de lo que ingresan— y no hallan banco que les financie el derroche, no tienen más opción que la de recortar sus gastos. Un recorte suficientemente grande logrará poner orden en su cuentas. Pero cuando los Estados recortan el gasto público, el crecimiento se desacelera, crece el desempleo y caen los ingresos (y por lo mismo, la recaudación fiscal).

Hay una vía para salir de este aparente brete. Las preocupaciones por la dimensión de la deuda deberían llevar a un cambio en las pautas del gasto público: a un gasto público que trajera consigo elevados rendimientos económicos.

También debe cambiar la estructura fiscal, que debe orientarse hacia un mayor crecimiento y a menores déficits. Por ejemplo: hay que aumentar los impuestos a los ingresos empresariales de aquellas empresas que no reinviertan en su negocio, y disminuir los impuestos a aquellas empresas que sí invierten (a través, pongamos por caso, de créditos fiscales de inversión). Mayor inversión lleva a mayor crecimiento, y mayor crecimiento lleva a mayores ingresos fiscales. Otro ejemplo: aumentar los impuestos a las personas con elevados ingresos y bajarlos a las personas de bajos ingresos.

El Estado puede hacer más todavía para ayudar al crecimiento del sector privado: si los viejos bancos no prestan, puede crear nuevos bancos que presten. Con una fracción de lo que se gastó en resolver el problema de los malos préstamos de los viejos bancos, el gobierno podría haber creado un conjunto de nuevas instituciones financieras no contaminadas por las malas decisiones del pasado.

Cuando se creó el euro como moneda común en Europa, no fuimos pocos los que manifestamos reparos. Los países que comparten moneda tienen una tasa de cambios fija entre sí, lo que les priva de una herramienta importante de ajuste.

Si Grecia y España hubieran tenido la posibilidad de depreciar su moneda, sus economías se habrían robustecido aumentando las exportaciones. Además, al uncir su moneda al euro, lo que hicieron esos dos países fue renunciar a otro importante instrumento útil para reaccionar al desplome: la política monetaria. De no ser por eso, habrían podido responder a sus respectivas crisis reduciendo los tipos de interés para estimular la inversión

Nada de eso: los países de la eurozona tienen las manos atadas. Mientras no se produjeran choques, el euro tenía que funcionar. La prueba vendría cuando alguno de los países se enfrentara a una caída económica- La recesión de 2008 fue la prueba, y se diría que Europa no la pasó.

Para hacer frente a la pérdida de esos instrumentos vitales de ajuste, la eurozona debería haber creado un fondo de ayudas para los países con problemas. Los EEUIU constituyen un área de “moneda única”, pero cuando California tiene un problema y se dispara su tasa de desempleo, una buena parte de los gastos son sufragados por el gobierno federal.

Europa no tiene manera de ayudar a los países que se enfrentan a problemas graves.

España tiene una tasa de desempleo del 20%, y entre un 40% y un 50% de jóvenes en el paro.

Tenía excedente fiscal antes de la crisis; a partir de la crisis, su déficit fiscal rebasa el 11% de su PIB.

Pero esas son las reglas del juego: España tiene ahora que recortar el gasto, lo que casi con toda seguridad elevará todavía más su tasa de desempleo. A medida que se encoja su economía, la mejora de su posición fiscal sólo puede ser mínima.

España podría estar entrando en el tipo de espiral mortal que afligió a Argentina hace ahora una década.

Sólo cuando Argentina rompió su vínculo con el dólar logró empezar a crecer y a reducir su déficit. Hasta ahora, España no ha sido objeto de ataques especulativos, pero eso podría ser sólo cuestión de tiempo.

Tal vez no fue una sorpresa el que Grecia fuera el primer país atacado por la especulación. A los especuladores les gustan los países pequeños, porque se los puede atacar con menos dinero. Y los problemas de Grecia eran, por distintas vías, los más graves (a pesar de que su tasa de desempleo del 10% estaba en línea con la media de la eurozona, su déficit público –un 13,6% del PIB en 2009— era el segundo mayor de Europa, tras el de Irlanda). Su deuda significaba el 115% del PIB. Como los EEUU, tenía déficit ya antes de la crisis (5,1% del PIB en 2007, peor aún que el de los EEUU, que era del 2,5% del PIB).

Como muchos Estados y muchas empresas del sector financiero, Grecia se deslizó por la pendiente de la contabilidad fraudulenta, asistida en ello, y aun empujada, por empresas financieras privadas. Varias empresas financieras norteamericanas que habían descubierto la forma de servirse de esas prácticas contables y de productos financieros como derivados y repos para engañar a sus accionistas y a sus gobiernos, vendieron esas técnicas y esos productos a gobiernos deseosos de ocultar sus déficits.

Resulta preocupante que haya una ola de austeridad abatida sobre toda Europa (la cual, según observé antes, toca ya las costas norteamericanas).

En la medida en que muchos países recortan simultánea y prematuramente el gasto público, la demanda agregada global disminuirá y se desacelerará el crecimiento, lo que tal vez traiga consigo una segunda zambullida en la recesión.

Es posible que la recesión traiga su origen en los EEUU, pero Europa está poniendo ahora de su parte, y con creces.

La eurozona necesita una mejor coordinación económica, no sólo una coordinación reducida a reglas presupuestarias; es preciso que los países europeos cooperen entre si para que Europa vuelva al pleno empleo y para ayudar a los que sufran choques económicos importantes.

Europa creo un fondo de solidaridad para ayudar a los países de nuevo ingreso en la UE, en su mayoría más pobres. Pero no creo un fondo de solidaridad para ayudar a las partes de la eurozona en apuros. Sin un fondo de ese tipo, las perspectivas de futuro de la eurozona son nulas.

Hay una solución: la salida de Alemania de la eurozona, o en su defecto, la división de la eurozona en dos subregiones.

El euro ha sido un experimento interesante pero, al igual que el casi olvidado sistema del MTC (Mecanismo de Tasa Cambiaria) que le precedió –y que se hundió cuando los especuladores atacaron la libra esterlina en 1992—, carece del apoyo institucional necesario para que funcione.

Si Europa no logra encontrar la vía para hacer esas reformas institucionales perentorias, entonces mejor sería admitir el fracaso y sacar las oportunas consecuencias de pagar un alto precio en desempleo y sufrimiento humano en nombre de una configuración institucional fracasada, incapaz de estar a la altura de sus ideales fundacionales.

La primera década del siglo XXI ha quedado ya registrada como una década perdida. La mayoría de los norteamericanos tienen ahora menores ingresos que al romper el siglo. Europa empezó la década con un osado experimento, el euro, que podría estar revelándose ahora como un fracaso.

En ambos lados del Atlántico, el optimismo de comienzos de década ha quedado cubierto por una tiniebla de nuevo cuño. A medida que las semanas del desplome –el Nuevo Malestar— trocan en meses y los meses, en años, una nueva y grisácea palidez proyecta su sombra.

Yo escribí a comienzos del presente año que limitarse a salir del paso a trompicones no bastaría, y que no era demasiado tarde para sentar las bases de un curso alternativo. Lo cierto es que hemos seguido dando tumbos para salir del paso: en algunas cosas, como la reforma regulatoria, mejor de lo que yo me temía, pero peor de lo que esperaba; en otras, como la creación de una nueva visión, mis temores se han revelado plenamente fundados. Todavía no es demasiado tarde. Pero la ventana de las oportunidades podría estar a punto de cerrarse.

Traducción para www.sinpermiso.info: Àngel Ferrero

El banquero que te desahucia.

Primero dieron las hipotecas a mansalva sin importar si el cliente podía afrontar las cuotas, las empaquetaron para que no oliesen a subprime o basura y las vendieron a través de paraísos fiscales. ¿Se acuerdan? Ese fue el origen de la crisis.

Ahora vuelven. Son los mismos banqueros de Wall Street, o sus primos, o los que los absorbieron, los de JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo… Vuelven para hacer lo inverso: practicar desahucios a mansalva a quienes hipotecaron en recua. Desahucios firmados en serie (¡hasta 100.000 expulsiones al mes!), a veces sin respetar las garantías legales.

La fiscalía les hurga. Cunde el clamor por una moratoria de las ejecuciones. Pero el rojísimo Gobierno de Obama se tienta el pulso: “Una moratoria tendría consecuencias inesperadas”, dijo el martes el portavoz Robert Gibbs: cree que aplazaría la recuperación inmobiliaria. Varios bancos implicados se han avenido a suspender temporalmente las evacuaciones.

En España, la expulsión casera más frecuente no es tanto el desahucio bancario por impago de hipoteca como el del acoso inmobiliario a arrendatarios de alquiler antiguo. A ver si sale a la luz esta ruin operativa a raíz del caso Helios, un asunto de corrupción de licencias en el barrio del Raval barcelonés, en que la mafia de turno amenazó de muerte a la (hoy ex) concejal Itziar González, quien más sabe en España de ese tipo de acoso.

Volvamos a los simpáticos banqueros desahuciadores. Mientras sus clientes desempleados están en vilo, ellos brindan. Un estudio de The Wall Street Journal, la Biblia del lugar, acaba de cuantificar en 104.000 millones de euros las primas que recibirán este año los altos empleados de sus 35 primeras firmas: un 4% más que en 2009. Ya Obama aseguraba en septiembre de 2009: “Estamos en un país en el que generalmente el Gobierno no dice lo que uno puede pagar o no a sus empleados”. Mientras el muy conservador Durão Barroso se quejaba: “Nuestros ciudadanos están horrorizados ante las informaciones de que los bancos que han recibido dinero público están pagando bonus exorbitantes”.

Los datos del WSJ discrepan de la encuesta realizada en julio por la consultora Mercer a 39 entidades de ambos lados del Atlántico: según ella, el 94% habría recortado el bono de sus directivos. Pero en caso de duda, siempre la Biblia.

¿Mantendrán los europeos el plantel de exigencias para no contaminarse otra vez del virus de Wall Street? La directiva acordada en julio por la Comisión, el Consejo y la Eurocámara es sólida: separa del todo los componentes variables y fijos de la retribución; ordena que entre el 40% y el 60% del bonus no pueda cobrarse antes de tres o cinco años; obliga a recuperarlo si los resultados son malos… Pero es eso, una directiva, no un reglamento: cada país la traspone con sus acentos. Aunque el Comité de Supervisores Bancarios (CEBS) acaba de ordenar que todos mantengan el mismo nivel de rigor. Veremos.

Xavier Vidal-Folch – El País