Una “dictablanda” en Europa.

Portugal, entre 1926 y 1974, España, entre 1939 y 1975, y Grecia, entre 1967 y 1974, vivieron bajo regímenes dictatoriales. Los procesos de democratización casi simultáneos de estos países fueron considerados como la primera manifestación de una ola democratizadora que en los años siguientes habría de recorrer los países del subcontinente latinoamericano. Si no hacemos nada para corregir el curso de las cosas, dentro de algunos años se dirá que Portugal, España y Grecia vivieron, entre fines del siglo XX y principios del siglo XXI, un brillante pero breve interregno democrático. Habrá durado menos de cuarenta años, entre 1974/1975 y 2010.

La dictadura portuguesa fue la más larga de todas y en ella me concentro en este análisis, aunque mucho de lo dicho se aplique a España y Grecia. En los 48 años que precedieron a la revolución del 25 de abril de 1974 (la Revolución de los Claveles), Portugal vivió bajo una dictadura civil nacionalista, personalizada en la figura de Oliveira Salazar. A partir de 2010 entró en otro período de dictadura civil, esta vez internacionalista y despersonalizada, conducida por una entidad abstracta llamada “los mercados”. Las dos dictaduras comenzaron por razones financieras y después crearon sus propias razones para quedarse. Ambas llevaron la pobreza al pueblo portugués, al que dejaron a la zaga de los pueblos europeos. Pero mientras la primera eliminó el juego democrático, destruyó las libertades e instauró un régimen de fascismo político, la segunda mantiene el juego democrático, pero redujo al mínimo las opciones ideológicas, mantiene las libertades, pero destruyó las posibilidades de que sean efectivamente ejercidas e instauró un régimen de democracia política combinado con fascismo social. Por esta razón, la segunda dictadura puede ser designada como “dictablanda”.

Las señales más preocupantes de la actual coyuntura son las siguientes. Primero, está aumentando la desigualdad social en una sociedad que ya es la más desigual de Europa. Entre 2006 y 2009 aumentó en un 38,5 por ciento el número de trabajadores que perciben el salario mínimo (450 euros): ahora son 804 mil, es decir, cerca del 15 por ciento de la población activa; en 2008 un pequeño grupo de ciudadanos ricos (4051 unidades fiscales) tenían ingresos similares al de un gran número de ciudadanos pobres (634.836 unidades fiscales). Si es verdad que las democracias europeas valen lo que valen sus clases medias, la democracia portuguesa puede estar a punto de suicidarse.

Segundo, el estado de bie-nestar, que permite corregir en parte los efectos de la desigualdad, es muy débil en Portugal y aun así está bajo un ataque cerrado. La opinión pública portuguesa está siendo intoxicada por comentaristas políticos y económicos conservadores –dominan los medios de comunicación como en ningún otro país europeo—, para quienes el estado de bienestar se reduce a los impuestos: sus hijos son educados en colegios privados, tienen buenos seguros de salud y sentirían que sus vidas corren peligro si tuvieran que recurrir “a la porquería de los hospitales públicos”, no utilizan el transporte público, reciben cuantiosos salarios y acumulan cuantiosas pensiones. El estado de bienestar debe ser abatido. Con un sadismo indignante y un monolitismo ensordecedor, van insultando a los portugueses empobrecidos con la letanía liberal de que viven por encima de sus posibilidades y que la fiesta se terminó. Como si aspirar a una vida digna y decente, y comer tres comidas diarias fueran lujos reprobables.

Tercero, Portugal se transformó en una pequeña isla de lujo para los especuladores internacionales. ¿Tienen otro sentido los actuales intereses de la deuda soberana de un país del euro y miembro de la Unión Europea? ¿Dónde está el principio de cohesión del proyecto europeo? Para regocijo de los profetas de la desgracia nacional, el FMI ya está dentro del gobierno portugués y, en breve, anunciará lo que los gobernantes no quieren anunciar: que este proyecto europeo terminó.

Revertir este proceso en Portugal es tan difícil como revertirlo en Grecia o España, pero es posible. Mucho deberá hacerse a nivel europeo y a mediano plazo. En el corto plazo, los ciudadanos tendrán que decir basta al fascismo difuso instalado en sus vidas y reaprender a defender la democracia y la solidaridad, tanto en la calle como en el Parlamento. La huelga general será más efectiva cuanta más gente salga a las calles para manifestar sus protestas, como ha sucedido en Francia. El crecimiento ambientalmente sostenible, la promoción del empleo, la inversión pública, la justicia fiscal, la defensa del estado de bienestar, la democracia participativa, la solidaridad activa con los inmigrantes y el repudio de las políticas xenófobas (que a veces alcanzan a los propios ciudadanos europeos, como pasa con la población gitana en Francia) tendrán que regresar al vocabulario político a través de acuerdos eficaces entre los movimientos sociales y los partidos de izquierda que resistieron la devastación neoliberal de las últimas dos décadas.

Boaventura de Sousa Santos – Página 12


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Ignacio Ramonet: «Los periodos de crisis hacen surgir a monstruos como Hitler o Stalin».

Entrevista en La Opinión de Málaga

No acostumbra a fumar puros. Tampoco luce una barba prusiana, pero su literatura, cerebral y atrevida, le ha convertido en uno de los grandes gurús de los movimientos sociales. Profesor de La Sorbona, consultor de la ONU, ideólogo de Attac, Ramonet participó ayer en el ciclo de conferencias Europa en el mundo: nuevos retos y compromisos, organizado en el marco de la iniciativa Málaga Mundi.

¿Europa está haciendo los deberes para salir de la crisis?
Europa no ha aprendido la lección y no ha sabido plantear una alternativa al sistema, pese a que en el momento de estallido de la crisis, la mayoría de los países apostaba por regularizar el mercado. El capitalismo se basa en la armonía entre las leyes y el mercado y la deriva ultraliberal tiene sólo treinta años. La historia ha demostrado que los dos extremos son perversos, la intervención totalitaria en la economía y la ausencia de controles. Los países más poderosos han optado por salir de la crisis mediante dos vías: estimulando la economía, como está haciendo Estados Unidos, o priorizando la fortaleza de su moneda, que es el objetivo de Europa, lo que hace que muchos países deficitarios no puedan subirse a la evolución. Sin alternativas, la crisis volverá.

¿Hacia dónde se encamina la Unión Europea?
La Unión Europea es un concepto insólito en el mundo. Nunca antes se habían unido países tan diferentes con un objetivo común, lo que ocurre es que lo que antes se podía entrever como una solución puede llegar a ser un problema. Muchos países se han beneficiado de su entrada en la UE, pero en el futuro no es descabellado que se dé un movimiento centrífugo. La fortaleza del euro impide que muchos gobiernos puedan devaluar su moneda y sacar ventajas de las exportaciones, por lo que se intenta reducir costes a cuenta de los trabajadores. No hay que olvidar que el retraso de la jubilación responde a una consigna europea aprobada en 2002.

¿Se ha perdido la oportunidad de humanizar el capitalismo?
La sensación es ésa. Hace ya años que agentes como el Papa Juan Pablo II hablaban de la necesidad de humanizar el mercado, pero en eso es difícil en una fase tan neoliberal como la actual. Materialmente, sin embargo, es más que posible. Europa camina hacia el desmantelamiento del Estado del Bienestar y la gente se pregunta cómo puede ocurrir si se tiene en cuenta que la situación económica, a pesar de la crisis, es mucho más poderosa que cuando se crearon sistemas como la Seguridad Social, con un continente arruinado por la guerra.

¿El proceso de pérdida de derechos es inexorable?
Es una de las consecuencias de la globalización. Actualmente no hay nada que se mueva más rápido que el capital. La competencia de un trabajador español no es un trabajador español sino uno de países en los que los costes de producción, por la falta de garantías, son más baratos. Las empresas se deslocalizan e, incluso, en algunos casos ofrecen a los trabajadores la oportunidad de contar con ellos, pero eso sí, con el salario de este tipo de países.

¿Qué me dice de la ola de protestas ciudadanas? ¿Podrían dar otro rumbo a la historia?
Por el momento lo que se ha visto es la desesperación. Hay muchas personas que ya han agotado las prestaciones sociales. Se han dado casos de movilizaciones violentas, execrables, como las de Grecia, que miden el nivel de falta de soluciones de la población. Hasta ahora, no han servido para que los países cambien de política, pero la historia todavía no está escrita.

¿Teme un avance de la xenofobia y de la ultraderecha?
Ese avance ya se está produciendo. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, nunca hubo tantos países gobernados por la ultraderecha. Se tiende a culpar a los más débiles, al extranjero y eso se está dando también en gobiernos más moderados como el de Sarkozy. En Europa cunde la islamofobia y ahí está el peligro. No hay que confiar en la crisis para una solución constructiva y democrática, estos momentos históricos hacen aparecer monstruos como Hitler o Stalin.

Usted es hijo de republicanos exiliados, ¿cómo ha vivido la polémica en torno a la recuperación de la memoria histórica?
El proceso contra Garzón ha sido escandaloso. Es un caso insólito en Europa y ha sorprendido al mundo, que empieza a pensar si la instalación de la democracia está o no concluida en España. Exhumar las sepulturas es, si me apura, de caridad cristiana y no tiene nada que ver con reavivar los odios. Una controversia así impide a España dar lecciones a los países latinoamericanos que salen de regímenes totalitarios.

Ataque a la Europa Social.

Hoy en día estamos viviendo un ataque frontal a la Europa Social. La supervivencia de los estados del bienestar de los países de la Unión Europea (y, muy en especial, de los países de la Eurozona) están siendo amenazados debido al desarrollo de políticas de austeridad del gasto público social, como parte de una estrategia de reducción de los déficits públicos y las deudas públicas de tales países. La lista de países y recortes es larga. España e Italia están recortando 15.000 millones de euros y 25.000 millones de euros respectivamente de sus presupuestos. Portugal está bajando su déficit para reducirlo a 3% del PIB en 2013, con unos recortes equivalentes al 6% del PIB en tres años. En Grecia el recorte es incluso más acentuado, 10% en tres años. En Alemania, la canciller Merkel decidió, ya en 2009, eliminar el déficit completamente para el año 2016, recortando 10.000 millones de euros por año. Un tanto semejante está ocurriendo en Francia, bajo la dirección del gobierno Sarkozy. País por país, los recortes son muy acentuados y generalizados.

Estas reducciones, sin precedentes en la Unión Europea, se están haciendo bajo el supuesto de que la disminución del déficit es condición indispensable para que se dé la recuperación económica y se inicie, de nuevo, el crecimiento económico. Se asume que el bajísimo crecimiento que hemos visto hasta ahora (el promedio en los países de la Eurozona ha sido sólo de un 1% por año desde 2001) se debe a que existe escasez de dinero en el sector privado, consecuencia del excesivo gasto público. Es más, se nos dice que esta escasez hace subir el precio del dinero (es decir, aumentar los intereses bancarios) y aumentar la inflación. De ahí la necesidad de reducir el déficit y el gasto público.

El problema con esta creencia (basada en fe, más que en evidencia) es que cada uno de estos supuestos es erróneo. Y además es fácil demostrarlo. Uno de los países que ha recortado más su déficit en la UE ha sido Irlanda. Tales recortes han contribuido a que su PIB colapsara, descendiendo nada menos que un 9% por año. Nunca un país había visto, desde el colapso de EE.UU. a principios del siglo XX -durante la Gran Depresión-, un colapso de su PIB tan acentuado. Ello determinó, por cierto, el consiguiente aumento del déficit público, mostrando, una vez más, que la mejor manera de reducir el déficit no es reduciendo el gasto público, sino aumentando el crecimiento económico. Un tanto semejante ha ocurrido en Grecia, donde la reducción del déficit impuesto por el FMI ha llevado a un colapso del PIB (que se calcula llegará a ser del 20%).

Que ello ocurra no debiera sorprender, pues la enorme recesión, que puede convertirse en depresión, se debe a un problema de demanda, consecuencia de la enorme polarización de la rentas, con descenso de las rentas del trabajo (y consiguiente bajada de la masa salarial como porcentaje de la renta nacional). Tal descenso de las rentas del trabajo ha forzado un enorme endeudamiento de las familias, que al colapsarse el crédito, resultado de la crisis financiera, crea un enorme problema de la demanda, que debe sustituirse rápidamente por la demanda creada con el gasto público. Reducir, en lugar de aumentarse el gasto público es un suicidio, no sólo para Europa, por cierto, sino para la economía mundial. De ahí que dirigentes de la política económica estadounidense como el director de la oficina económica de la Administración Obama, el Sr. Larry Summers, y el homólogo del Ministro de Economía y Hacienda en España, el Sr. Timothy Geithner, hayan criticado duramente las políticas de austeridad seguidas en la Unión Europea.

Pero, empeorando todavía más la situación, los poderes financieros, dirigidos por el Banco Central Europeo, están favoreciendo el incremento de los intereses bancarios para finales del 2010, y se resisten también a crear más liquidez (es decir, imprimir dinero) con el argumento de que puede aumentar la inflación, ignorando que el mayor problema que tiene la UE es la deflación, lo contrario a la inflación. Cada una de estas intervenciones mantendrá a la UE y la Eurozona en la Gran Recesión. Y en el peor de los casos pueden llevar a la Gran Depresión.

La pregunta que debemos hacernos es ¿por qué estas políticas, tan claramente erróneas, se están realizando? Y la respuesta tiene que ver con el enorme poder del capital financiero por un parte y el gran poder de clase por otra. Éste es responsable de una enorme polarización de la rentas del capital a costa de las rentas del trabajo, polarización alcanzada a base del desarrollo de las políticas neoliberales llevadas a cabo en ambos lados del Atlántico, desde los años ochenta. En realidad, fue esta misma polarización de las rentas la que explica el enorme crecimiento del capital financiero, que se ha beneficiado del elevado endeudamiento, creado por el descenso de las rentas del trabajo. El neoliberalismo es la ideología del capital financiero y de las clases dominantes a ambos lados del Atlántico. Y es el dogma de los establishments financieros, mediáticos y políticos de la UE (hoy controlados por las derechas).

¿Qué es lo que debiera hacerse?

La respuesta es bastante fácil. A nivel teórico, la experiencia del siglo XX es aleccionadora. Una, es la corrección de la obscena concentración de las rentas y de la propiedad. Nunca antes (desde los años veinte en el siglo XX) se había alcanzado tal concentración. Se requiere eliminar las reformas profundamente regresivas que tomaron lugar durante estos últimos cincuenta años. Tales cambios generarían enormes recursos al estado, que debieran invertirse en áreas sociales y físicas, creadoras de empleo, así como en nuevas áreas productivas (como, por ejemplo, nuevas formas de energía y transporte), todas ellas actividades que estimularían el crecimiento económico que disminuiría el déficit público y la deuda pública.

Estas medidas debieran complementarse con cambios muy sustanciales del sistema financiero, con redefinición de los objetivos de tal sistema, priorizando aquellos que sirven a la economía y no sólo a los banqueros y accionistas. Debiera recuperarse el concepto de servicios financieros, con creación de bancas públicas, redefiniendo las funciones del BCE para convertirlo en un Banco Central (que hoy no lo es), en lugar de ser un lobby de la Banca. Como tal, el BCE debiera responderle al gobierno europeo y al parlamento europeo (tal como ocurre con otras bancas centrales, como el Federal Reserve Board en EE.UU. y el Banco Central de Japón), con la responsabilidad de ayudar a los estados y a la UE a desarrollar sus políticas económicas (incluyendo la compra de deuda pública, revirtiendo los intereses a los países deudores). Una medida inmediata sería la impresión de euros en dosis mucho más acentuadas de lo que hace ahora. El BCE no ha tenido ninguna duda en imprimir millones y millones de euros para salvar a los bancos europeos. Pues bien, el BCE debiera hacer lo mismo para salvar a los estados de la Eurozona. El peligro de inflación no es inmediato. De ahí la urgencia de este tipo de intervención, pues el mayor riesgo es el de la deflación, no el de inflación. Por cierto, existe el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (EBRD) que parece adormecido y que debiera reavivarse para facilitar las inversiones en nuevos sectores productivos y de servicios.

Pero además de estas medidas, es importante y urgente hacer cambios importantes en la regulación del capital financiero y de sus mercados. Convendría que se desincentivaran las actividades financieras especulativas, gravando las transacciones a corto plazo (la Tasa Tobin). George Irvin ha calculado que un impuesto de un euro por cada mil de transacción generaría 220.000 millones de euros al año, más del doble del presupuesto actual de la UE.

¿Se tomarán estas medidas?

La respuesta depende del cambio de mentalidad de las izquierdas gobernantes en la UE, hasta ahora estancadas en el territorio neoliberal. Su falta de visión, su actitud acomodaticia y su carencia de coraje político les ha convertido en parte del problema, en lugar de en parte de la solución. De ahí que sin una transformación muy importante de estas izquierdas o su substicición por otras, estas alternativas no tendrán lugar. Ni que decir tiene que el poder económico y político y mediático de las derechas es enorme. Pero, por muy fuerte que sea (y lo es) puede vencerse si hay voluntad política, aunque España no es un ejemplo de ello. No ha habido voluntad política del gobierno PSOE de aliarse con las izquierdas, ni en 1993, ni en 2008. Y ello se debe a que el marco conceptual que dirigió sus políticas económicas era neoliberal. Y ahí está la raíz del problema.

Vicenç Navarro – Artículo publicado en El Viejo Topo

  • Consejo Científico de ATTAC España.
  • Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra.
  • Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University.

Economistas neoliberales.

Voy a dejar de lado aquí la crítica que creo que se le puede hacer a sus contenidos principales y propuestas concretas porque me ocupo de ello en un texto más largo que publicaré en los próximos días junto a Vicenç Navarro.

Ahora solo quiero comentar brevemente algunos rasgos que aparecen claramente en la incipiente polémica que ha habido y que en mi opinión definen con bastante nitidez el “estilo” de este tipo de economistas que hoy día constituye la ortodoxia o corriente principal de nuestra profesión.

Los economistas de este perfil neoliberal suelen manifestar un cierto desprecio, a veces explícito, hacia la voluntad social y, por tanto, incluso a la propia democracia, al menos, en lo que ésta tiene que ver con las cuestiones económicas.

Hayek fue muy claro en este sentido cuando visitó el Chile de Pinochet, en donde bajo la dictadura comenzaron a aplicarse muchas de las políticas que defienden los economistas neoliberales: “Mi preferencia personal se inclina a una dictadura liberal y no a un gobierno democrático donde todo liberalismo esté ausente” (El Mercurio, 12-4-1981). En la misma línea se han pronunciado numerosos economistas en los últimos años, como es bien sabido, y eso han vuelto a hacer los que hacen la propuesta de reforma de las pensiones.

Uno de ellos, el profesor del IESE de la Universidad de Navarra Javier Díaz Jiménez afirmó en el acto de presentación de la propuesta que el Pacto de Toledo es “la mayor estafa para el contribuyente español por dejar en manos de los políticos la reforma de las pensiones” (Europa Press, en Los “100″ economistas proponen calcular la pensión en función de toda la vida laboral). Un auténtico dislate que hace pensar que estos economistas olvidan que un principio esencial de la democracia es que las decisiones sobre los recursos públicos deben ser adoptadas por los representantes de la ciudadanía y no por los tecnócratas, como parece que proponen.

Esta posición tan poco respetuosa hacia las preferencias sociales deriva posiblemente de su convencimiento de que la ciudadanía no sabe en realidad qué le conviene o qué es lo mejor que debe hacerse para asignar los recursos. Y eso les lleva a confundir las decisiones sobre la distribución de la renta y la riqueza, que son evidentemente políticas y fruto de las preferencias sociales o de las concepciones éticas dominantes, con asuntos técnicos que solo los entendidos pueden resolver correctamente. Otro economista de ese grupo, el profesor Fernández-Villaverde, manifiesta claramente este prejuicio en su blog al defender la reforma: “Los economistas tienen que recordar a la sociedad constantemente cual es el óptimo. Si el público ni sabe cual es la manera optima de redistribuir, es muy poco probable que surjan instituciones, incluso condicionales en su sostenibilidad, que sean relativamente eficientes” (Críticas a las Reforma de Las Pensiones: Algunas Falacias Comunes I). Otro disparate porque no hay una forma óptima de redistribuir que dependa de criterios objetivos que solo los economistas puedan establecer o interpretar sino que se establece una u otra en función del poder que tengan los individuos y grupos sociales.

Otro rasgo que suele caracterizar al estilo de este tipo de economistas neoliberales es que desprecian de un modo bastante evidente y explícito la opinión de quienes no piensan o analizan los fenómenos económicos como ellos. Sus publicaciones suelen ser formalmente muy consistentes y documentadas pero se puede comprobar fácilmente que en ellas nunca o casi nunca está la opinión que disiente de sus postulados. Pueden avanzar mucho en el conocimiento pero siempre en el que transcurre en una misma vía, la construida sobre sus propios principios y postulados. Les ocurre igual que dice Stiglitz en su último libro que le pasó a los gobernadores de los bancos centrales frente a la crisis: como solo leen lo que les confirma sus ideas no podían descubrir los problemas que otros estaban planteando en sus escritos. Y quienes vivimos junto a ellos en el mundo académico hemos comprobado hasta la saciedad que este tipo de economistas desprecian y rechazan incluso a cualquier otra rama y forma del saber que no sea la suya, la historia, la filosofía, la sociología, la politología, el derecho… habiendo hecho todo lo posible para sus contenidos lleguen a desaparecer de las enseñanzas de economía en aras de convertir a ésta última en una simple variante de la matemática.

Todo ello les lleva a recurrir constantemente a un criterio “de autoridad” bastante discutible: si otra idea no está publicada en las revistas en las que las suyas han tomado plaza son despreciables y no tienen por qué ser tenidas en cuenta. Un criterio circular afectado por una enfermedad muy extendida en la comunidad académica de nuestro tiempo: la “impactolatría” (aunque referido básicamente a ciencias de la salud es muy interesante leer el trabajo de J. Cami Impactolatría: diagnóstico y tratamiento. En: Medicina Clínica. v. 109. n. 13. (1997).

Este tipo de economistas suele también actuar como si considerase que está completamente inmunizado frente al error propio. Esto se observa claramente a la hora de proponer y defender esta reforma de las pensiones cuando hablan como si estuvieran en posesión de la verdad sin mencionar los continuados errores de cálculo que han tenido en los análisis previos que han venido realizando para ofrecer escenarios que justificaran las medidas que proponen. En ninguno de ellos acertaron en sus predicciones, a pesar de lo cual quieren convencer a la ciudadanía de que están en lo cierto cuando hacen sus previsiones alarmistas para el futuro.

Por otro lado, suele ser habitual que estos economistas cuenten, como ocurre en el caso de la Fundación FEDEA que financian los bancos y grandes empresas españolas, con el patrocinio y la ayuda habitual y generosa de los grandes poderes económicos y financieros. Quienes somos críticos con sus postulados recordamos esta vinculación porque nos parece que es siempre indicativa. Sería normal que esos bancos y grandes empresas no financiaran a un economista como yo porque mi curriculum es demasiado modesto, o incluso quizá mediocre desde su punto de vista. Pero tampoco lo harían porque es lógico que esas entidades no están interesadas en promover ideas y propuestas que van claramente en contra de sus intereses. Y, justo en sentido contrario, es normal que financien a economistas como estos del grupo de los 100, no solo porque tienen curricula brillantísimos (que los tienen), sino también porque lo que proponen, como reducir el gasto en pensiones públicas para fomentar el ahorro privado que es lo que beneficia a la Banca, o reformas laborales que aumentan el poder del gran empresariado, es lo que conviene a sus intereses.

Por eso resulta sorprendente que se tomen como un insulto el reconocimiento de esta vinculación. Es el resultado de una opción ideológica y personal legítima y no censurable. Pero también es legítimo que los demás lo sepan y que pongan en duda la independencia y la objetividad de su obra porque resulta muy difícil creer que pudieran contar con ese patronazgo si sus tesis no fueran siempre las que convienen a quienes los financian.

Se podría añadir también que este tipo de economistas suele razonar sosteniendo que los grandes parámetros de los que depende la vida económica son inmutables. Es igualmente fácil comprobar en sus escritos, y concretamente en los que usan para defender la reforma de las pensiones, que dan por sentado que hay cosas (justamente las que constituyen el orden socioeconómico que beneficia a la banca o a las grandes empresas) que no se pueden cambiar: la pauta distributiva, los impuestos sobre el capital, las políticas generales de las que depende en realidad el volumen de empleo o su naturaleza… Por eso este tipo de economistas son una de las principales fuentes que alimenta esa idea tan extendida de que vivimos el fin de la historia o de que no hay ninguna otra alternativa al modo de producir y distribuir en el que estamos o frente a las políticas económicas neoliberales que se llevan a cabo.

Finalmente, estos economistas, pero no solo los españoles, suelen ser bastante altivos y muy dados a la descalificación personal de quien disiente de ellos. Por ceñirme al caso del debate sobre esta propuesta de reforma de las pensiones, basta comprobar que ni siquiera llaman por su nombre a quien los ha criticado, o las expresiones que solo muestran mala educación y falta de respeto.

Pudiera parecer que es injusto generalizar de esta manera, pero creo que basta una rápida ojeada a los escritos de estos economistas, a sus pronunciamientos públicos y a la forma en que actúan en comisiones de evaluación o juzgan a sus colegas para comprobar que ya se ha generado un prototipo que va mucho más allá del caso aislado.

Fuente: JUAN TORRES LÓPEZ

  • Consejo Científico de ATTAC España.
  • Doctor en CC. Económicas y Empresariales.
  • Catedrático de Economía Aplicada en la Facultad de CC. Económicas y Empresariales – Universidad de Sevilla – Departamento de Análisis Económico y Economía Política.

Los problemas de Obama (y de Zapatero).

Las elecciones estadounidenses han sido una derrota predecible para el Presidente Obama, consecuencia de los errores que ha cometido durante su mandato y que se han traducido en una enorme abstención entre sus bases electorales, y muy en particular, entre su principal eje de apoyo, es decir, sindicatos y movimientos sociales progresistas, tales como el movimiento feminista (Now), el movimiento ecologista y el movimiento de derechos civiles. Para entender esta derrota, hay que comprender que en EEUU los candidatos del Partido Demócrata no pueden ganar elecciones con sólo el voto de este eje de su base electoral (que son las izquierdas del Partido Demócrata). De ahí la necesidad que tienen tales candidatos de aliarse también con otras sensibilidades menos a la izquierda que estos agentes sociales. Pero de la misma manera que no pueden ganar con sólo el apoyo de las izquierdas, “tampoco pueden ganar sin tal apoyo, pues éste es esencial para la movilización de sus bases electorales”. Esto ocurre también, por cierto, en España, como comentaré más adelante.

Pues bien, desde el principio, las decisiones tomadas por el Presidente Obama establecieron las bases de su derrota. Me apena mucho decir que así lo predije a los pocos meses de su nombramiento como Presidente. Y aún me sabe peor haber tenido razón. Me hubiera encantado estar equivocado, y por desgracia, no lo estaba.

Tres decisiones claves antagonizaron a las izquierdas del Partido Demócrata. Una fueron los nombramientos de su equipo. Un candidato como Obama, que había movilizado a las bases del partido con el mensaje de cambio, se rodeó de personajes conservadores y neoliberales heredados del gobierno Clinton, muchos de ellos responsables de decisiones (como Lawrence Summers) que habían contribuido a generar la enorme crisis financiera. De manera predecible, tales personajes continuaron llevando a cabo políticas públicas continuistas de las que había llevado a cabo el Presidente Bush. De ellas, la más notoria fue el rescate de Wall Street con fondos públicos (700.000 millones de dólares) en términos tan favorables a la banca, que indignaron, no sólo a las izquierdas, sino a la gran mayoría de la población. Ni por un momento Obama consideró propuestas alternativas, como el desarrollo de una banca pública (como sugirió Joseph Stiglitz), o condicionar la ayuda a la cesión de créditos, con clara penalización de los comportamientos especulativos (como propuso Paul Krugman). El equipo que nombró Obama era profundamente anti-izquierda. En realidad, su jefe de gabinete, Rahm Emanuel, era la bestia negra de las izquierdas. Había sido el congresista demócrata más próximo a Wall Street, que había purgado (durante la administración Clinton) las listas de candidatos del Partido Demócrata a fin de excluir a las izquierdas.
El segundo error del Presidente Obama fue abandonar completamente el compromiso, que había adquirido durante su campaña, de pasar una ley por el Congreso que facilitara la sindicalización de las personas que desearan hacerlo. El 62% de la población laboral en EEUU indica que preferiría sindicalizarse, pero no lo hacen porque, o bien la empresa es demasiado pequeña, o el empresario dificulta tal sindicalización. La ley que Obama se comprometió a proponer al Congreso durante la campaña electoral hubiera facilitado tal sindicalización, prohibiendo al mundo empresarial que pusiera obstáculos a tal proceso. Lo único que Obama hizo a favor de los sindicatos fue nombrar a una sindicalista como Ministra de Trabajo. Pero por lo demás, los temas de protección de los derechos laborales y sindicales tuvieron poca prioridad en su administración. Ello decepcionó en gran manera a los sindicatos.

Y el tercer gran error fue la manera como se hizo la Reforma Sanitaria. Durante su campaña había indicado que todas las propuestas de reforma del sistema sanitario que se habían hecho durante la campaña electoral (incluidas las realizadas por el Partido Republicano) serían consideradas seriamente por su Administración. Pero cuando convocó a representantes de las reformas sanitarias, excluyó deliberadamente la propuesta de las izquierdas, es decir, de los sindicatos y de los movimientos sociales progresistas. Tal propuesta –llamada “single payer”- reducía considerablemente el protagonismo que las compañías de seguro sanitario tienen en la gestión de los servicios sanitarios, dando mayor capacidad de dirección y gestión a los gobiernos estatales y al gobierno federal. Los proponentes de tal reforma ni siquiera fueron convocados a la reunión, y ello, a pesar de que, como indiqué antes, contaba con el apoyo de los sindicatos, del movimiento feminista (Now), de los movimientos ecologistas y del movimiento de los derechos civiles. Las propuestas republicanas, sin embargo, sí que fueron consideradas. El producto final aprobado por Obama mantenía el protagonismo de las compañías de seguro (que financiaron parte de su campaña y de los miembros del Senado y del Congreso que decidieron sobre la reforma). Es más, la financiación de la cobertura sanitaria de los que hasta entonces carecían de ella (45 millones de estadounidenses) sería a costa de aumentar los impuestos de aquellos que ya tenían cobertura y reduciendo la financiación del programa de cobertura pública a los ancianos (Medicare), sin apenas tocar los beneficios exuberantes de las compañías de seguro. Con ello antagonizó, además de a los ancianos, a los sindicalistas que, por regla general, suelen tener mayor cobertura sanitaria (que aportaban un porcentaje elevado en la financiación de la reforma sanitaria).

Las izquierdas estaban enojadas e irritadas con el Presidente Obama. Habían jugado un papel clave en la victoria de Obama y luego fueron marginadas. Ni que decir tiene que el Presidente Obama también aprobó legislación que fue bien recibida por las izquierdas. Entre ellas estaba la Ley de Estímulo Económico, en la que la oficina del Vicepresidente (próximo a los sindicatos) jugó un papel importante. Invirtió 800.000 millones de dólares en estimular la economía, lo cual evitó que ésta cayera en una Gran Depresión. Pero cedió innecesariamente a las peticiones del Partido Republicano, bajando los impuestos como medida de estímulo, en lugar de aumentar los fondos públicos para crear empleo. Un tercio del estímulo consistió en reducir impuestos, otro tercio en inversión pública para crear empleo (los sindicatos querían dos tercios), y otro tercio en ayuda a los estados. Pero por grande que parezca el estímulo, el hecho es que la cantidad debiera haber sido mucho mayor, pues el vacío económico creado por la explosión de la burbuja inmobiliaria era diez veces mayor que el estímulo.

Otra medida fue la nacionalización de GM y Chrysler (pagando 60.000 millones), lo cual fue aplaudido por los sindicatos. Pero en lugar de convertirlos en cooperativas, como la española Mondragón (que es lo que deseaban los sindicatos) las sanearon y las quieren ahora vender, con la oposición, de nuevo, de los sindicatos. Y en sanidad, la ley prohíbe que las compañías de seguro excluyan a personas con enfermedades crónicas, limitando la capacidad de selección de pacientes que caracteriza el sistema de aseguramiento privado. Pero la reforma dejó intacto el enorme poder de tales compañías, creando gran frustración entre las izquierdas. Y así un largo etcétera. De ahí su abstención, que le ha costado la Cámara baja.

¿Es la situación relevante para el gobierno Zapatero?

La situación política de España es muy distinta a la de EEUU. Y el gobierno federal estadounidense es muy diferente al gobierno español. Y, sin embargo, hay algunos puntos en común. En ambos países, los partidos gobernantes, definidos como progresistas, están en profunda crisis como consecuencia de las políticas llevadas a cabo por sus gobiernos, el gobierno Obama en EEUU y el gobierno Zapatero en España. En ambos países, sus bases electorales les están abandonando, en respuesta a sus comportamientos y políticas públicas. Tanto el gobierno Zapatero como el gobierno Obama, tras prometer un cambio, hicieron nombramientos en sus equipos económicos que señalaban una orientación económica de carácter liberal, que sembraron las bases para el distanciamiento político de las bases electorales. Solbes había sido el Comisario de la UE, encargado de imponer la ortodoxia liberal a los países de la UE; David Taguas (procedente de la Banca) había llegado a proponer la privatización total de la Seguridad Social, tal como había hecho el General Pinochet en Chile; Jordi Sevilla había rechazado el aumento de gasto público y de impuestos en España (el país de la UE que tiene menor carga fiscal y menor gasto público); Miguel Angel Fernández Ordóñez, es bien conocido como un ultraliberal; Miguel de Sebastián (también procedente de la Banca), había indicado que el estado protector debiera debilitarse a costa del estado facilitador; y así un largo etcétera. La orientación del equipo económico ha sido claramente liberal (ver mi artículo “El mayor problema del gobierno socialista español y que los cambios de esta semana no resuelven”. Sistema 22.10.10). Los keynesianos de izquierda no existieron en el gobierno Zapatero, ni se les esperaba. Las políticas redistributivas brillaron por su ausencia, hecho que ha culminado con las políticas actuales de una excesiva e innecesaria dureza, desarrolladas para impresionar a los mercados, implementadas por un equipo económico, también liberal, escogido por su capacidad de dureza.

Ni que decir tiene que ha habido elementos positivos en el gobierno Zapatero, como también los ha habido en el gobierno Obama. Entre ellos, el crecimiento del gasto público social y el desarrollo de la Ley de la Dependencia. Pero esta última estuvo siempre subfinanciada, y el crecimiento del gasto público se hizo a base del elevado crecimiento económico, no como consecuencia de políticas impositivas redistributivas. Sus políticas fiscales fueron continuistas con las seguidas por el gobierno Aznar anterior, acentuando su regresividad. Estas intervenciones iban configurando el marco dentro del cual se desarrolló la respuesta del gobierno Zapatero a la crisis, respuesta que es de una ortodoxia liberal que conducirá a un desastre político, resultado, como en el caso Obama, de la enorme alienación de su electorado. Así pasó con Schröder en Alemania, y así pasó con el New Labor (muy admirado por los tecnócratas del socialismo español), y así está pasando en EEUU y en España. No es la crisis, sino la manera como los partidos progresistas socialdemócratas están respondiendo a la crisis (convirtiéndose en partidos socioliberales) lo que está llevando a tales partidos a sus derrotas.

Vicenç Navarro

  • Consejo Científico de ATTAC España.
  • Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra.
  • Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University.

Manifiesto de Activos Contra La Crisis.

A todas las ciudadanas y ciudadanos.

ACTIVOS CONTRA LA CRISIS plataforma de organizaciones que denuncian la crisis generada por las políticas neoliberales y conservadoras que los gobiernos aplican hace la siguiente declaración pública.

La Huelga General del 29 de septiembre fue una medida imprescindible contra las injustas medidas del Gobierno español que hace recaer sobre las clases populares y trabajadoras los efectos más negativos de una crisis desencadenada por la especulación financiera y el estrangulamiento de la economía real y productiva.

La llamada reforma laboral por sí misma ya exigía una huelga contundente. Pero es que además la congelación de las pensiones, el plan de ajuste, el anunciado retraso de la edad de jubilación y el injusto sistema fiscal, hacen necesaria e imprescindible nuestra movilización. En este país las personas trabajadoras y autónomas y las empresas familiares, pagamos muchos más impuestos que los ricos, las grandes empresas y los bancos.

También hicimos movilizaciones contra el paro, la precariedad laboral o la sobrexplotación que padecen muchas personas jóvenes, inmigrantes o mujeres o sectores como los servicios o el campo, así como para defender los derechos laborales y sociales de las personas jóvenes, paradas y pensionistas.

La Huelga, a pesar de las mentiras y medias verdades lanzadas por los medios de “información”, los ataques de la derecha y el ninguneo del gobierno, fue un éxito, sobre todo sabiendo que la desinformación masiva, el miedo generado por la gran cantidad de eventuales y contratos temporales, así como el gran paro reinante, jugaban en su contra.

ACTIVOS CONTRA LA CRISIS no hemos bajado la guardia. El Gobierno no puede seguir ignorando la gran protesta de las clases trabajadoras y de la ciudadanía. Exigimos la retirada inmediata de la reforma laboral y de las congelaciones y reducciones de sueldos y pensiones. Exigimos igualmente un subsidio digno y universal para las personas paradas.

Nos oponemos a la decisión del gobierno de excluir del subsidio de 426 euros al colectivo de personas paradas entre 30 y 45 años sin cargas familiares que han dejado de cobrar la prestación de desempleo y exigimos que dicho subsidio se prorrogue indefinidamente para todas las personas en paro y sin prestación. Una medida que afectará a cientos de miles de parados y paradas. Un motivo más para las movilizaciones y protestas. Basta ya de subvencionar a bancos y grandes empresas, permitir el fraude fiscal y no cobrar impuestos justos a ricos y grandes fortunas y en cambio recortar prestaciones a las personas paradas.

El Gobierno español está muy preocupado por la reacción de “los mercados”, es decir los grandes grupos de especuladores financieros, pero ¿Y las personas? ¿Importa nuestra opinión? ¿Se escuchan nuestras protestas y propuestas?

Una nueva amenaza, se cierne sobre nuestras cabezas, se nos está tratando de amedrentar sobre el tema de las pensiones. Las pensiones son una obligación solidaria intergeneracional y la caja del sistema público de pensiones es sólida. Lo que ocurre es que se quiere ir hacía una privatización paulatina en beneficio de ciertos intereses bancarios y de los fondos privados de pensiones que sí están en crisis.

Hacemos un llamamiento al conjunto de la ciudadanía, y en especial a las personas jóvenes a que defiendan su derecho a una jubilación digna y pública o perderán su futuro. Las personas jóvenes son las grandes víctimas de la reforma laboral, el paro y la posible privatización de las pensiones o su drástica reducción.

ACTIVOS CONTRA LA CRISIS no se olvida de los embargos de viviendas y la aplicación de una injusta ley que favorece a los bancos, pero castiga a las personas que sufren paro, precariedad o riesgo de exclusión social. Por eso, exigimos la modificación legal oportuna, para que la responsabilidad exigida alcance tan sólo al valor real y actual de la vivienda embargada y que quede en suspenso mientras el deudor se vea incapacitado para afrontarla por culpa de la crisis económica, y, sobre todo, que se establezca y articule legalmente, el acceso a una vivienda digna con un alquiler asequible.

Es preciso acabar con el monopolio de la creación de crédito que los gobiernos de la UE han otorgado a la banca privada y que está llevando a la quiebra a muchas empresas e incluso a estados en Europa. La Carta del Banco Central Europeo, al prohibir expresamente la financiación de la deuda pública, fuerza a gobiernos y empresas no financieras a tomar prestado de la banca privada, generando una carga financiera que podrían perfectamente evitarse gracias a una banca pública que haría lo mismo pero a coste cero. En el estado español es urgente la nacionalización de las Cajas de Ahorros.

Exigimos al gobierno que modifique su política social y económica y a la derecha, en sus diferentes corrientes, que deje de manipular y atacar a los sindicatos y a las libertades democráticas para favorecer aún más a los poderosos. Es lamentable que la política económica esté orientada por economistas neoliberales como el influyente grupo de “los cien”, los “expertos” de los bancos, especialmente el supuestamente independiente Banco de España, las agencias de calificación y la influencia de los poderosos, ninguno de ellos con legitimidad democrática y que en realidad solo buscan el beneficio propio y de los grupos financieros, pero no el interés general y mucho menos el de las clases populares.

Ante todas estas agresiones ACTIVOS CONTRA LA CRISIS apuesta por dar continuidad a las movilizaciones. Por ese motivo, apoyamos todas aquellas que se han convocado en las próximas semanas y consideramos que, de persistir con las actuales políticas de recortes de los derechos, será necesaria la convocatoria de una nueva Huelga General.

CALENDARIO DE MOVILIZACIONES:

* 13 DE NOVIEMBRE. MOVILIZACIONES DESCENTRALIZADAS CON MOTIVO REUNIÓN G- 20

* 13 NOVIEMBRE. MANIFESTACIÓN CONTRA REFORMA LABORAL Y DE PENSIONES EN BARCELONA

* 24 NOVIEMBRE. ACCIONES DE APOYO A HUELGA GENERAL EN PORTUGAL

* 20 A 27 NOVIEMBRE. MOVILIZACIONES DESCENTRALIZADAS EN LOS DIVERSOS TERRITORIOS.

* 15 DICIEMBRE. MOVILIZACIÓN A NIVEL EUROPEO, INCLUYENDO PAROS Y DIVERSAS ACCIONES.

* 18 DICIEMBRE. MANIFESTACIONES MASIVAS DESCENTRALIZADAS EN TODO EL ESTADO.

DEROGACIÓN DE LA REFORMA LABORAL YA!.

TRABAJO O, EN SU DEFECTO, PRESTACIONES DIGNAS.

PENSIONES PÚBLICAS, NO AL RETRASO DE LA EDAD DE JUBILACIÓN.

IMPUESTOS JUSTOS Y REDISTRIBUTIVOS. JUSTICIA FISCAL YA!

SUPRESIÓN DE LOS PARAISOS FISCALES Y DE LAS SICAV.

POR UNA BANCA PÚBLICA. NO A LA PRIVATIZACION DE LAS CAJAS DE AHORROS.

DERECHO A LA VIVENDA DIGNA. PARALIZACIÓN DE LOS DESHAUCIOS.

NO A LA REPRESIÓN SINDICAL, NI A LOS DESPIDOS POR CAUSAS LABORALES, SINDICALES O POR EJERCER EL DERECHO DE HUELGA.

ACTIVOS CONTRA LA CRISIS

Firmantes:

ATTAC – CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL – ECOLOGISTAS EN ACCIÓN – FORO SOCIAL DE MURCIA – IAC INTERSINDICAL ALTERNATIVA DE CATALUNYA – INTERSINDICAL Valenciana – IZQUIERDA ANTICAPITALISTA – IZQUIERDA UNIDA –  ODG, OBSERVATORIO DE LA DEUDA DE LA GLOBALIZACIÓN – PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA PCE – SOCIALISMO21 – UJCE UNIÓN DE JUVENTUDES COMUNISTAS DE ESPAÑA – UNIÓN PROLETARIA.


Arrebato social en Francia.

Ignacio Ramonet – Consejo Científico de ATTAC España.

No es una sorpresa. Desde hace más de dos siglos, la protesta está en el código genético político de la sociedad francesa. Además de ser derechos constitucionales, la manifestación callejera y la huelga constituyen modos naturales de ejercer la plena ciudadanía. Cada nueva generación considera que participar en los cíclicos arrebatos de cólera social es un rito de paso para acceder a la mayoría de edad democrática.

Esta vez, el detonante de la crisis ha sido el presidente francés. Desacreditado y enfangado en varios hediondos escándalos, obcecado por el FMI y las agencias de calificación, Nicolas Sarkozy se muestra sordo a las quejas del pueblo y pretende demoler una de las joyas principales del Estado de bienestar: el derecho a jubilarse a los 60 años.

Conquistado tras decenios de enfrentamientos, este avance social es percibido, en el imaginario colectivo, como un totem intocable. Sarkozy -que, en 2008, prometió respetarlo- ha subestimado el apego de los ciudadanos a ese derecho. Y aprovechando el choque causado por la crisis, desea imponer una reforma que retrasa la edad legal de jubilación de los 60 a los 62 años, amplía el periodo de pago de cotizaciones a 41,5 años y retrasa la edad para cobrar una pensión completa de los 65 a los 67 años.

Algunos creen que, en realidad, Sarkozy quiere romper el régimen público de jubilación por repartición, basado en la solidaridad entre las generaciones, y sustituirlo por un régimen privado que representaría un mercado de entre 40.000 y 100.000 millones de euros. Denuncian que la compañía de seguros que más se beneficiaría de ello es el grupo Malakoff Médéric cuyo consejero delegado es… Guillaume Sarkozy, el hermano del Presidente.

La reacción de los principales sindicatos es unánime. Sin rechazarla en totalidad, reclaman modificaciones argumentando que el coste de la reforma recaerá esencialmente sobre los asalariados, vapuleados ya por la crisis, y que ello agravará las desigualdades. Organizaron varias jornadas de movilización antes del verano. Pero el Gobierno, en una actitud prepotente, mantuvo su rechazo de negociar.

Grave error. Con la vuelta al trabajo, en septiembre, se reunieron asambleas generales en centenares de empresas y administraciones. Los asalariados confirmaron su decisión de no dar “ni un paso atrás”. Convencidos que si se cedía en algo tan sagrado como la jubilación a los 60 años, se les vendría encima una avalancha de nuevos recortes en la Seguridad Social, la sanidad, la educación y los servicios públicos.

Estas asambleas demostraron que las direcciones sindicales eran mucho menos radicales que sus bases exasperadas por los constantes retrocesos sociales. Inmediatamente, regueros de acciones colectivas se extendieron por todo el país; millones de personas se echaron a la calle; la huelga popular prolongada entorpeció el funcionamiento de los transportes; algunas ciudades, como Marsella, quedaron paralizadas… A medida que se repiten las jornadas de acción, nuevas categorías sociales se van sumando a una protesta que adopta expresiones inéditas.

Lo más original es el bloqueo de las refinerías y los depósitos de carburante. Lo más notable es la masiva incorporación de los estudiantes de secundaria. Algunos imaginaban a esta “generación Facebook” ensimismada y autista, pero su energía contestataria reveló su angustia frente al derrumbe del futuro… Y su temor a que, por vez primera desde 1945, si nada cambia, le toque vivir en peores condiciones que sus padres. El nuevo modelo neoliberal destroza el ascensor social…

La protesta cristaliza un malestar social profundo y una suma de descontentos acumulados: desempleo, precariedad, pobreza (hay ocho millones de pobres), dureza de la vida diaria… Ya no es sólo un asunto de pensiones sino una batalla por otro modelo social.

Lo más significativo es el apoyo popular, entre el 60% y el 70% de los franceses aprueba la protesta. Nadie acaba de entender cómo la Francia arruinada de 1945 pudo costear el Estado de bienestar, y la Francia de hoy, quinta potencia económica mundial, es incapaz de hacerlo. Nunca ha habido tanta riqueza. Los cinco principales bancos franceses obtuvieron, en 2009, unas ganancias de 11.000 millones de euros. Y las cuarenta principales empresas obtuvieron, ese mismo año, beneficios de 47.000 millones de euros…. ¿Por qué no gravar, en provecho de los pensionistas, tan cuantiosos capitales? La Comisión Europea estima que una pequeña tasa sobre las transacciones financieras aportaría al conjunto de los Estados de la Unión Europea, cada año, entre 145.000 y 372.000 millones de euros… Más que suficiente para pagar el aumento de los sistemas de pensiones.

Pero el dogma neoliberal exige que se exonere el capital y se ajusten más los salarios. De ahí el pulso actual en Francia. La sensación general es que ninguno de los dos antagonistas puede transigir. Las organizaciones sindicales, empujadas por una corriente de radicalización, siguen unidas después de varios meses de ofensiva. Ceder constituiría un fracaso semejante al de los mineros británicos en 1985 frente a Margaret Thatcher. Lo que significó el fin de la resistencia obrera en el Reino Unido y abrió la puerta a las “terapias de choque” ultraliberales.

Nicolas Sarkozy cuenta con el apoyo de la Unión Europea (1), del FMI, de la banca y del empresariado europeo(2) temeroso de que la “chispa francesa” incendie la pradera social del continente. El abandono de su reforma le condenaría a la derrota electoral en 2012.

La historia social francesa enseña que cuando una protesta ha ido tan lejos como la actual, jamás se ha desinflado. Siempre ha vencido.

Notas:

(1) El Consejo Europeo, en Barcelona, en marzo de 2002, recomendó: “Para 2010 deberá intentarse elevar progresivamente en torno a cinco años la edad media en que se produzca el cese efectivo de actividad de las personas en la Unión Europea”.

(2) En España, el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, defiende como “imprescindible y aconsejable”, la subida de “la edad de jubilación a los 70 años”. Añade que “los asalariados deben trabajar más y, desgraciadamente, ganar menos”. Pide ampliar el periodo de cálculo de la pensión a “toda la vida laboral”, y que los ciudadanos se hagan “pensiones privadas”. Europa Press, 26 de julio de 2010 y ABC, Madrid, 15 de octubre de 2010.

Artículo publicado en Le Monde Diplomatique