¡Firmeza en defensa de las pensiones públicas!

Comunicado de ATTAC España

El Gobierno, el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea (UE), los grandes medios de comunicación: todos coinciden en que el colapso del sistema público de pensiones es inevitable si no se acometen profundas reformas ya, en particular el aumento de la edad de jubilación. En los años ‘50 -cuando España gastaba el 3% de su Producto Interior Bruto (PIB) para las pensiones- economistas liberales preveían el colapso en 50 años. De hecho, en 2005 se registró un superávit del 1,1%, contrariamente a todas estas previsiones. Incluso en un año muy negativo para la economía, el 2008, el sistema de seguridad social registró un superávit del 1,31% del PIB.

Todas estas previsiones científicamente falsas esconden un único objetivo: permitir a los bancos y al sistema financiero  apoderarse del jugoso negocio de las jubilaciones públicas. Después que las arcas públicas hayan sido vaciadas para salvar a los bancos de la quiebra, a que ellos mismos iban destinados a casa de sus maniobras especulativas, ahora los “mercados” y sus representantes pretenden que sean tod@s l@s ciudadan@s los que paguen las cuentas con los “planes de austeridad”. Estos planes conllevan reducción de sueldos y de gasto social, y privatización de servicios públicos, limitando su universalidad y determinando su acceso según el poder de compra. Al mismo tiempo los beneficios empresariales del sector financiero siguen en bonanza, como si nada hubiera pasado.

La gestión privada de los servicios públicos acarrea mayores costes administrativos, menor atención a las necesidades de los ciudadanos y privilegia las necesidades de los “clientes” más ricos. Además, no se puede dejar el futuro de los jubilados a la merced de las incertidumbres de los mercados. Entre marzo 2008 y marzo del 2009 la rentabilidad de los fondos de pensiones privados ha sido del -6,37% (¡negativa!). Rentabilidades negativas no ocurren solo durante momentos de gran crisis económica como el que estamos viviendo. Entre 1970 y 2007 -en plena “bonanza neoliberal”- se han registrado 117 crisis bancarias en 93 países, y 113 episodios de “estrés” financieros en 17 países.

La sociedad española quiere un sistema de pensiones públicos, solidarios y redistributivo. Una encuesta de la Fundación BBVA en 2009 desveló que el 57,8% de la población prefiere pagar impuestos más altos para mantener un amplio sistema de protección social; el 75,1% piensa que el Estado tiene la responsabilidad principal de asegurar un nivel de vida digno a los ciudadan@s; el 97,4% piensa que el Estado tiene “mucha” o “bastante responsabilidad” a la hora de asegurar una pensión suficiente. Quienes quieren privatizar las pensiones son una pequeña minoría de la población, que tiene un interés personal en el asunto pero -lamentablemente- también una influencia desproporcionada en los círculos políticos y en los medios de comunicación. En contra de este circo mediático las ciudadanía ya se ha expresado con la huelga general del 29 de septiembre. Los militantes de ATTAC son parte de esta ciudadanía comprometida y exigen a los sindicatos firmeza en las negociaciones con el gobierno en defensa de las jubilaciones de todos, para el inmediato retiro de la reforma laboral y de los planes de austeridad.

ATTAC propone fortalecer el sistema público de pensiones actuando sobre los elementos económicos que garantizan su viabilidad para las generaciones futuras. Se necesita más inversión pública para disminuir el desempleo y el empleo precario, aumentar los salarios, promover una distribución más equitativa de la renta, aumentar la productividad del trabajo y su calidad a través de más inversiones en I+D, combatir la economía sumergida y el fraude fiscal, abolir los paraísos fiscales y favorecer las políticas de inserción de la mujer en el mercado de trabajo.

Todo esto el “mercado” no va a conseguirlo. Además los jubilados deben cobrar una pensión digna y adecuada al nivel de la riqueza de nuestro país ¡ya! El gasto social en España es el 62% del promedio de la UE-15. España destina el 19,7% del PIB (datos de 2005) a gastos de protección social, contra el 28,3% de UE-15 (datos elaborados por el economista Vicenç Navarro). Si nos limitamos a los gastos para pensiones de vejez, invalidez o supervivencia, España está en el penúltimo lugar en la UE-15 (datos del 2003) con el 9,8% (14,7% en Alemania). La única reforma que ATTAC revindica es al aumento inmediato de las prestaciones sociales al nivel de los países de nuestro entorno económico.

Una “dictablanda” en Europa.

Portugal, entre 1926 y 1974, España, entre 1939 y 1975, y Grecia, entre 1967 y 1974, vivieron bajo regímenes dictatoriales. Los procesos de democratización casi simultáneos de estos países fueron considerados como la primera manifestación de una ola democratizadora que en los años siguientes habría de recorrer los países del subcontinente latinoamericano. Si no hacemos nada para corregir el curso de las cosas, dentro de algunos años se dirá que Portugal, España y Grecia vivieron, entre fines del siglo XX y principios del siglo XXI, un brillante pero breve interregno democrático. Habrá durado menos de cuarenta años, entre 1974/1975 y 2010.

La dictadura portuguesa fue la más larga de todas y en ella me concentro en este análisis, aunque mucho de lo dicho se aplique a España y Grecia. En los 48 años que precedieron a la revolución del 25 de abril de 1974 (la Revolución de los Claveles), Portugal vivió bajo una dictadura civil nacionalista, personalizada en la figura de Oliveira Salazar. A partir de 2010 entró en otro período de dictadura civil, esta vez internacionalista y despersonalizada, conducida por una entidad abstracta llamada “los mercados”. Las dos dictaduras comenzaron por razones financieras y después crearon sus propias razones para quedarse. Ambas llevaron la pobreza al pueblo portugués, al que dejaron a la zaga de los pueblos europeos. Pero mientras la primera eliminó el juego democrático, destruyó las libertades e instauró un régimen de fascismo político, la segunda mantiene el juego democrático, pero redujo al mínimo las opciones ideológicas, mantiene las libertades, pero destruyó las posibilidades de que sean efectivamente ejercidas e instauró un régimen de democracia política combinado con fascismo social. Por esta razón, la segunda dictadura puede ser designada como “dictablanda”.

Las señales más preocupantes de la actual coyuntura son las siguientes. Primero, está aumentando la desigualdad social en una sociedad que ya es la más desigual de Europa. Entre 2006 y 2009 aumentó en un 38,5 por ciento el número de trabajadores que perciben el salario mínimo (450 euros): ahora son 804 mil, es decir, cerca del 15 por ciento de la población activa; en 2008 un pequeño grupo de ciudadanos ricos (4051 unidades fiscales) tenían ingresos similares al de un gran número de ciudadanos pobres (634.836 unidades fiscales). Si es verdad que las democracias europeas valen lo que valen sus clases medias, la democracia portuguesa puede estar a punto de suicidarse.

Segundo, el estado de bie-nestar, que permite corregir en parte los efectos de la desigualdad, es muy débil en Portugal y aun así está bajo un ataque cerrado. La opinión pública portuguesa está siendo intoxicada por comentaristas políticos y económicos conservadores –dominan los medios de comunicación como en ningún otro país europeo—, para quienes el estado de bienestar se reduce a los impuestos: sus hijos son educados en colegios privados, tienen buenos seguros de salud y sentirían que sus vidas corren peligro si tuvieran que recurrir “a la porquería de los hospitales públicos”, no utilizan el transporte público, reciben cuantiosos salarios y acumulan cuantiosas pensiones. El estado de bienestar debe ser abatido. Con un sadismo indignante y un monolitismo ensordecedor, van insultando a los portugueses empobrecidos con la letanía liberal de que viven por encima de sus posibilidades y que la fiesta se terminó. Como si aspirar a una vida digna y decente, y comer tres comidas diarias fueran lujos reprobables.

Tercero, Portugal se transformó en una pequeña isla de lujo para los especuladores internacionales. ¿Tienen otro sentido los actuales intereses de la deuda soberana de un país del euro y miembro de la Unión Europea? ¿Dónde está el principio de cohesión del proyecto europeo? Para regocijo de los profetas de la desgracia nacional, el FMI ya está dentro del gobierno portugués y, en breve, anunciará lo que los gobernantes no quieren anunciar: que este proyecto europeo terminó.

Revertir este proceso en Portugal es tan difícil como revertirlo en Grecia o España, pero es posible. Mucho deberá hacerse a nivel europeo y a mediano plazo. En el corto plazo, los ciudadanos tendrán que decir basta al fascismo difuso instalado en sus vidas y reaprender a defender la democracia y la solidaridad, tanto en la calle como en el Parlamento. La huelga general será más efectiva cuanta más gente salga a las calles para manifestar sus protestas, como ha sucedido en Francia. El crecimiento ambientalmente sostenible, la promoción del empleo, la inversión pública, la justicia fiscal, la defensa del estado de bienestar, la democracia participativa, la solidaridad activa con los inmigrantes y el repudio de las políticas xenófobas (que a veces alcanzan a los propios ciudadanos europeos, como pasa con la población gitana en Francia) tendrán que regresar al vocabulario político a través de acuerdos eficaces entre los movimientos sociales y los partidos de izquierda que resistieron la devastación neoliberal de las últimas dos décadas.

Boaventura de Sousa Santos – Página 12


Ignacio Ramonet: «Los periodos de crisis hacen surgir a monstruos como Hitler o Stalin».

Entrevista en La Opinión de Málaga

No acostumbra a fumar puros. Tampoco luce una barba prusiana, pero su literatura, cerebral y atrevida, le ha convertido en uno de los grandes gurús de los movimientos sociales. Profesor de La Sorbona, consultor de la ONU, ideólogo de Attac, Ramonet participó ayer en el ciclo de conferencias Europa en el mundo: nuevos retos y compromisos, organizado en el marco de la iniciativa Málaga Mundi.

¿Europa está haciendo los deberes para salir de la crisis?
Europa no ha aprendido la lección y no ha sabido plantear una alternativa al sistema, pese a que en el momento de estallido de la crisis, la mayoría de los países apostaba por regularizar el mercado. El capitalismo se basa en la armonía entre las leyes y el mercado y la deriva ultraliberal tiene sólo treinta años. La historia ha demostrado que los dos extremos son perversos, la intervención totalitaria en la economía y la ausencia de controles. Los países más poderosos han optado por salir de la crisis mediante dos vías: estimulando la economía, como está haciendo Estados Unidos, o priorizando la fortaleza de su moneda, que es el objetivo de Europa, lo que hace que muchos países deficitarios no puedan subirse a la evolución. Sin alternativas, la crisis volverá.

¿Hacia dónde se encamina la Unión Europea?
La Unión Europea es un concepto insólito en el mundo. Nunca antes se habían unido países tan diferentes con un objetivo común, lo que ocurre es que lo que antes se podía entrever como una solución puede llegar a ser un problema. Muchos países se han beneficiado de su entrada en la UE, pero en el futuro no es descabellado que se dé un movimiento centrífugo. La fortaleza del euro impide que muchos gobiernos puedan devaluar su moneda y sacar ventajas de las exportaciones, por lo que se intenta reducir costes a cuenta de los trabajadores. No hay que olvidar que el retraso de la jubilación responde a una consigna europea aprobada en 2002.

¿Se ha perdido la oportunidad de humanizar el capitalismo?
La sensación es ésa. Hace ya años que agentes como el Papa Juan Pablo II hablaban de la necesidad de humanizar el mercado, pero en eso es difícil en una fase tan neoliberal como la actual. Materialmente, sin embargo, es más que posible. Europa camina hacia el desmantelamiento del Estado del Bienestar y la gente se pregunta cómo puede ocurrir si se tiene en cuenta que la situación económica, a pesar de la crisis, es mucho más poderosa que cuando se crearon sistemas como la Seguridad Social, con un continente arruinado por la guerra.

¿El proceso de pérdida de derechos es inexorable?
Es una de las consecuencias de la globalización. Actualmente no hay nada que se mueva más rápido que el capital. La competencia de un trabajador español no es un trabajador español sino uno de países en los que los costes de producción, por la falta de garantías, son más baratos. Las empresas se deslocalizan e, incluso, en algunos casos ofrecen a los trabajadores la oportunidad de contar con ellos, pero eso sí, con el salario de este tipo de países.

¿Qué me dice de la ola de protestas ciudadanas? ¿Podrían dar otro rumbo a la historia?
Por el momento lo que se ha visto es la desesperación. Hay muchas personas que ya han agotado las prestaciones sociales. Se han dado casos de movilizaciones violentas, execrables, como las de Grecia, que miden el nivel de falta de soluciones de la población. Hasta ahora, no han servido para que los países cambien de política, pero la historia todavía no está escrita.

¿Teme un avance de la xenofobia y de la ultraderecha?
Ese avance ya se está produciendo. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, nunca hubo tantos países gobernados por la ultraderecha. Se tiende a culpar a los más débiles, al extranjero y eso se está dando también en gobiernos más moderados como el de Sarkozy. En Europa cunde la islamofobia y ahí está el peligro. No hay que confiar en la crisis para una solución constructiva y democrática, estos momentos históricos hacen aparecer monstruos como Hitler o Stalin.

Usted es hijo de republicanos exiliados, ¿cómo ha vivido la polémica en torno a la recuperación de la memoria histórica?
El proceso contra Garzón ha sido escandaloso. Es un caso insólito en Europa y ha sorprendido al mundo, que empieza a pensar si la instalación de la democracia está o no concluida en España. Exhumar las sepulturas es, si me apura, de caridad cristiana y no tiene nada que ver con reavivar los odios. Una controversia así impide a España dar lecciones a los países latinoamericanos que salen de regímenes totalitarios.

Ataque a la Europa Social.

Hoy en día estamos viviendo un ataque frontal a la Europa Social. La supervivencia de los estados del bienestar de los países de la Unión Europea (y, muy en especial, de los países de la Eurozona) están siendo amenazados debido al desarrollo de políticas de austeridad del gasto público social, como parte de una estrategia de reducción de los déficits públicos y las deudas públicas de tales países. La lista de países y recortes es larga. España e Italia están recortando 15.000 millones de euros y 25.000 millones de euros respectivamente de sus presupuestos. Portugal está bajando su déficit para reducirlo a 3% del PIB en 2013, con unos recortes equivalentes al 6% del PIB en tres años. En Grecia el recorte es incluso más acentuado, 10% en tres años. En Alemania, la canciller Merkel decidió, ya en 2009, eliminar el déficit completamente para el año 2016, recortando 10.000 millones de euros por año. Un tanto semejante está ocurriendo en Francia, bajo la dirección del gobierno Sarkozy. País por país, los recortes son muy acentuados y generalizados.

Estas reducciones, sin precedentes en la Unión Europea, se están haciendo bajo el supuesto de que la disminución del déficit es condición indispensable para que se dé la recuperación económica y se inicie, de nuevo, el crecimiento económico. Se asume que el bajísimo crecimiento que hemos visto hasta ahora (el promedio en los países de la Eurozona ha sido sólo de un 1% por año desde 2001) se debe a que existe escasez de dinero en el sector privado, consecuencia del excesivo gasto público. Es más, se nos dice que esta escasez hace subir el precio del dinero (es decir, aumentar los intereses bancarios) y aumentar la inflación. De ahí la necesidad de reducir el déficit y el gasto público.

El problema con esta creencia (basada en fe, más que en evidencia) es que cada uno de estos supuestos es erróneo. Y además es fácil demostrarlo. Uno de los países que ha recortado más su déficit en la UE ha sido Irlanda. Tales recortes han contribuido a que su PIB colapsara, descendiendo nada menos que un 9% por año. Nunca un país había visto, desde el colapso de EE.UU. a principios del siglo XX -durante la Gran Depresión-, un colapso de su PIB tan acentuado. Ello determinó, por cierto, el consiguiente aumento del déficit público, mostrando, una vez más, que la mejor manera de reducir el déficit no es reduciendo el gasto público, sino aumentando el crecimiento económico. Un tanto semejante ha ocurrido en Grecia, donde la reducción del déficit impuesto por el FMI ha llevado a un colapso del PIB (que se calcula llegará a ser del 20%).

Que ello ocurra no debiera sorprender, pues la enorme recesión, que puede convertirse en depresión, se debe a un problema de demanda, consecuencia de la enorme polarización de la rentas, con descenso de las rentas del trabajo (y consiguiente bajada de la masa salarial como porcentaje de la renta nacional). Tal descenso de las rentas del trabajo ha forzado un enorme endeudamiento de las familias, que al colapsarse el crédito, resultado de la crisis financiera, crea un enorme problema de la demanda, que debe sustituirse rápidamente por la demanda creada con el gasto público. Reducir, en lugar de aumentarse el gasto público es un suicidio, no sólo para Europa, por cierto, sino para la economía mundial. De ahí que dirigentes de la política económica estadounidense como el director de la oficina económica de la Administración Obama, el Sr. Larry Summers, y el homólogo del Ministro de Economía y Hacienda en España, el Sr. Timothy Geithner, hayan criticado duramente las políticas de austeridad seguidas en la Unión Europea.

Pero, empeorando todavía más la situación, los poderes financieros, dirigidos por el Banco Central Europeo, están favoreciendo el incremento de los intereses bancarios para finales del 2010, y se resisten también a crear más liquidez (es decir, imprimir dinero) con el argumento de que puede aumentar la inflación, ignorando que el mayor problema que tiene la UE es la deflación, lo contrario a la inflación. Cada una de estas intervenciones mantendrá a la UE y la Eurozona en la Gran Recesión. Y en el peor de los casos pueden llevar a la Gran Depresión.

La pregunta que debemos hacernos es ¿por qué estas políticas, tan claramente erróneas, se están realizando? Y la respuesta tiene que ver con el enorme poder del capital financiero por un parte y el gran poder de clase por otra. Éste es responsable de una enorme polarización de la rentas del capital a costa de las rentas del trabajo, polarización alcanzada a base del desarrollo de las políticas neoliberales llevadas a cabo en ambos lados del Atlántico, desde los años ochenta. En realidad, fue esta misma polarización de las rentas la que explica el enorme crecimiento del capital financiero, que se ha beneficiado del elevado endeudamiento, creado por el descenso de las rentas del trabajo. El neoliberalismo es la ideología del capital financiero y de las clases dominantes a ambos lados del Atlántico. Y es el dogma de los establishments financieros, mediáticos y políticos de la UE (hoy controlados por las derechas).

¿Qué es lo que debiera hacerse?

La respuesta es bastante fácil. A nivel teórico, la experiencia del siglo XX es aleccionadora. Una, es la corrección de la obscena concentración de las rentas y de la propiedad. Nunca antes (desde los años veinte en el siglo XX) se había alcanzado tal concentración. Se requiere eliminar las reformas profundamente regresivas que tomaron lugar durante estos últimos cincuenta años. Tales cambios generarían enormes recursos al estado, que debieran invertirse en áreas sociales y físicas, creadoras de empleo, así como en nuevas áreas productivas (como, por ejemplo, nuevas formas de energía y transporte), todas ellas actividades que estimularían el crecimiento económico que disminuiría el déficit público y la deuda pública.

Estas medidas debieran complementarse con cambios muy sustanciales del sistema financiero, con redefinición de los objetivos de tal sistema, priorizando aquellos que sirven a la economía y no sólo a los banqueros y accionistas. Debiera recuperarse el concepto de servicios financieros, con creación de bancas públicas, redefiniendo las funciones del BCE para convertirlo en un Banco Central (que hoy no lo es), en lugar de ser un lobby de la Banca. Como tal, el BCE debiera responderle al gobierno europeo y al parlamento europeo (tal como ocurre con otras bancas centrales, como el Federal Reserve Board en EE.UU. y el Banco Central de Japón), con la responsabilidad de ayudar a los estados y a la UE a desarrollar sus políticas económicas (incluyendo la compra de deuda pública, revirtiendo los intereses a los países deudores). Una medida inmediata sería la impresión de euros en dosis mucho más acentuadas de lo que hace ahora. El BCE no ha tenido ninguna duda en imprimir millones y millones de euros para salvar a los bancos europeos. Pues bien, el BCE debiera hacer lo mismo para salvar a los estados de la Eurozona. El peligro de inflación no es inmediato. De ahí la urgencia de este tipo de intervención, pues el mayor riesgo es el de la deflación, no el de inflación. Por cierto, existe el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (EBRD) que parece adormecido y que debiera reavivarse para facilitar las inversiones en nuevos sectores productivos y de servicios.

Pero además de estas medidas, es importante y urgente hacer cambios importantes en la regulación del capital financiero y de sus mercados. Convendría que se desincentivaran las actividades financieras especulativas, gravando las transacciones a corto plazo (la Tasa Tobin). George Irvin ha calculado que un impuesto de un euro por cada mil de transacción generaría 220.000 millones de euros al año, más del doble del presupuesto actual de la UE.

¿Se tomarán estas medidas?

La respuesta depende del cambio de mentalidad de las izquierdas gobernantes en la UE, hasta ahora estancadas en el territorio neoliberal. Su falta de visión, su actitud acomodaticia y su carencia de coraje político les ha convertido en parte del problema, en lugar de en parte de la solución. De ahí que sin una transformación muy importante de estas izquierdas o su substicición por otras, estas alternativas no tendrán lugar. Ni que decir tiene que el poder económico y político y mediático de las derechas es enorme. Pero, por muy fuerte que sea (y lo es) puede vencerse si hay voluntad política, aunque España no es un ejemplo de ello. No ha habido voluntad política del gobierno PSOE de aliarse con las izquierdas, ni en 1993, ni en 2008. Y ello se debe a que el marco conceptual que dirigió sus políticas económicas era neoliberal. Y ahí está la raíz del problema.

Vicenç Navarro – Artículo publicado en El Viejo Topo

  • Consejo Científico de ATTAC España.
  • Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra.
  • Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University.

Manifiesto de Activos Contra La Crisis.

A todas las ciudadanas y ciudadanos.

ACTIVOS CONTRA LA CRISIS plataforma de organizaciones que denuncian la crisis generada por las políticas neoliberales y conservadoras que los gobiernos aplican hace la siguiente declaración pública.

La Huelga General del 29 de septiembre fue una medida imprescindible contra las injustas medidas del Gobierno español que hace recaer sobre las clases populares y trabajadoras los efectos más negativos de una crisis desencadenada por la especulación financiera y el estrangulamiento de la economía real y productiva.

La llamada reforma laboral por sí misma ya exigía una huelga contundente. Pero es que además la congelación de las pensiones, el plan de ajuste, el anunciado retraso de la edad de jubilación y el injusto sistema fiscal, hacen necesaria e imprescindible nuestra movilización. En este país las personas trabajadoras y autónomas y las empresas familiares, pagamos muchos más impuestos que los ricos, las grandes empresas y los bancos.

También hicimos movilizaciones contra el paro, la precariedad laboral o la sobrexplotación que padecen muchas personas jóvenes, inmigrantes o mujeres o sectores como los servicios o el campo, así como para defender los derechos laborales y sociales de las personas jóvenes, paradas y pensionistas.

La Huelga, a pesar de las mentiras y medias verdades lanzadas por los medios de “información”, los ataques de la derecha y el ninguneo del gobierno, fue un éxito, sobre todo sabiendo que la desinformación masiva, el miedo generado por la gran cantidad de eventuales y contratos temporales, así como el gran paro reinante, jugaban en su contra.

ACTIVOS CONTRA LA CRISIS no hemos bajado la guardia. El Gobierno no puede seguir ignorando la gran protesta de las clases trabajadoras y de la ciudadanía. Exigimos la retirada inmediata de la reforma laboral y de las congelaciones y reducciones de sueldos y pensiones. Exigimos igualmente un subsidio digno y universal para las personas paradas.

Nos oponemos a la decisión del gobierno de excluir del subsidio de 426 euros al colectivo de personas paradas entre 30 y 45 años sin cargas familiares que han dejado de cobrar la prestación de desempleo y exigimos que dicho subsidio se prorrogue indefinidamente para todas las personas en paro y sin prestación. Una medida que afectará a cientos de miles de parados y paradas. Un motivo más para las movilizaciones y protestas. Basta ya de subvencionar a bancos y grandes empresas, permitir el fraude fiscal y no cobrar impuestos justos a ricos y grandes fortunas y en cambio recortar prestaciones a las personas paradas.

El Gobierno español está muy preocupado por la reacción de “los mercados”, es decir los grandes grupos de especuladores financieros, pero ¿Y las personas? ¿Importa nuestra opinión? ¿Se escuchan nuestras protestas y propuestas?

Una nueva amenaza, se cierne sobre nuestras cabezas, se nos está tratando de amedrentar sobre el tema de las pensiones. Las pensiones son una obligación solidaria intergeneracional y la caja del sistema público de pensiones es sólida. Lo que ocurre es que se quiere ir hacía una privatización paulatina en beneficio de ciertos intereses bancarios y de los fondos privados de pensiones que sí están en crisis.

Hacemos un llamamiento al conjunto de la ciudadanía, y en especial a las personas jóvenes a que defiendan su derecho a una jubilación digna y pública o perderán su futuro. Las personas jóvenes son las grandes víctimas de la reforma laboral, el paro y la posible privatización de las pensiones o su drástica reducción.

ACTIVOS CONTRA LA CRISIS no se olvida de los embargos de viviendas y la aplicación de una injusta ley que favorece a los bancos, pero castiga a las personas que sufren paro, precariedad o riesgo de exclusión social. Por eso, exigimos la modificación legal oportuna, para que la responsabilidad exigida alcance tan sólo al valor real y actual de la vivienda embargada y que quede en suspenso mientras el deudor se vea incapacitado para afrontarla por culpa de la crisis económica, y, sobre todo, que se establezca y articule legalmente, el acceso a una vivienda digna con un alquiler asequible.

Es preciso acabar con el monopolio de la creación de crédito que los gobiernos de la UE han otorgado a la banca privada y que está llevando a la quiebra a muchas empresas e incluso a estados en Europa. La Carta del Banco Central Europeo, al prohibir expresamente la financiación de la deuda pública, fuerza a gobiernos y empresas no financieras a tomar prestado de la banca privada, generando una carga financiera que podrían perfectamente evitarse gracias a una banca pública que haría lo mismo pero a coste cero. En el estado español es urgente la nacionalización de las Cajas de Ahorros.

Exigimos al gobierno que modifique su política social y económica y a la derecha, en sus diferentes corrientes, que deje de manipular y atacar a los sindicatos y a las libertades democráticas para favorecer aún más a los poderosos. Es lamentable que la política económica esté orientada por economistas neoliberales como el influyente grupo de “los cien”, los “expertos” de los bancos, especialmente el supuestamente independiente Banco de España, las agencias de calificación y la influencia de los poderosos, ninguno de ellos con legitimidad democrática y que en realidad solo buscan el beneficio propio y de los grupos financieros, pero no el interés general y mucho menos el de las clases populares.

Ante todas estas agresiones ACTIVOS CONTRA LA CRISIS apuesta por dar continuidad a las movilizaciones. Por ese motivo, apoyamos todas aquellas que se han convocado en las próximas semanas y consideramos que, de persistir con las actuales políticas de recortes de los derechos, será necesaria la convocatoria de una nueva Huelga General.

CALENDARIO DE MOVILIZACIONES:

* 13 DE NOVIEMBRE. MOVILIZACIONES DESCENTRALIZADAS CON MOTIVO REUNIÓN G- 20

* 13 NOVIEMBRE. MANIFESTACIÓN CONTRA REFORMA LABORAL Y DE PENSIONES EN BARCELONA

* 24 NOVIEMBRE. ACCIONES DE APOYO A HUELGA GENERAL EN PORTUGAL

* 20 A 27 NOVIEMBRE. MOVILIZACIONES DESCENTRALIZADAS EN LOS DIVERSOS TERRITORIOS.

* 15 DICIEMBRE. MOVILIZACIÓN A NIVEL EUROPEO, INCLUYENDO PAROS Y DIVERSAS ACCIONES.

* 18 DICIEMBRE. MANIFESTACIONES MASIVAS DESCENTRALIZADAS EN TODO EL ESTADO.

DEROGACIÓN DE LA REFORMA LABORAL YA!.

TRABAJO O, EN SU DEFECTO, PRESTACIONES DIGNAS.

PENSIONES PÚBLICAS, NO AL RETRASO DE LA EDAD DE JUBILACIÓN.

IMPUESTOS JUSTOS Y REDISTRIBUTIVOS. JUSTICIA FISCAL YA!

SUPRESIÓN DE LOS PARAISOS FISCALES Y DE LAS SICAV.

POR UNA BANCA PÚBLICA. NO A LA PRIVATIZACION DE LAS CAJAS DE AHORROS.

DERECHO A LA VIVENDA DIGNA. PARALIZACIÓN DE LOS DESHAUCIOS.

NO A LA REPRESIÓN SINDICAL, NI A LOS DESPIDOS POR CAUSAS LABORALES, SINDICALES O POR EJERCER EL DERECHO DE HUELGA.

ACTIVOS CONTRA LA CRISIS

Firmantes:

ATTAC – CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL – ECOLOGISTAS EN ACCIÓN – FORO SOCIAL DE MURCIA – IAC INTERSINDICAL ALTERNATIVA DE CATALUNYA – INTERSINDICAL Valenciana – IZQUIERDA ANTICAPITALISTA – IZQUIERDA UNIDA –  ODG, OBSERVATORIO DE LA DEUDA DE LA GLOBALIZACIÓN – PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA PCE – SOCIALISMO21 – UJCE UNIÓN DE JUVENTUDES COMUNISTAS DE ESPAÑA – UNIÓN PROLETARIA.


Después de la utopía. Entrevista Antoni Domènech / Daniel Raventós.

La revista cuatrimestral del Círculo de Bellas Artes de Madrid, Minerva, entrevistó en mayo a Antoni Domènech y Daniel Raventós. Reproducimos esta entrevista, realizada por Esther Ramón y cuya redacción final hizo Carolina del Olmo, que se publicó en el número 15 de Minerva correspondiente al último cuatrimestre de 2010.

Antoni Domènech y Daniel Raventós, colaboradores habituales en distintos proyectos académicos, editoriales y políticos, son dos voces clave en la crítica de las ciencias sociales contemporáneas. Raventós –profesor titular en la Facultad de Economía de la Universidad de Barcelona, presidente de la Red Renta Básica y miembro del Consejo Asesor de ATTAC– es conocido particularmente por sus trabajos en torno a la renta ciudadana universal. Domènech, catedrático de Filosofía de las Ciencias Sociales en la Universidad de Barcelona, es uno de los más importantes filósofos políticos de nuestro país. Ambos son fundadores de la revista Sin Permiso.

Utopía y catástrofe

Domènech: La historia de las utopías modernas muestra que estas suelen aparecer en momentos catastróficos, de derrota. Sin ir más lejos, la Utopía de Tomás Moro es en buena medida una reacción al desastre de la conquista de América: Rafael Hytlodeo es un portugués que le cuenta a Moro lo felices que vivían los indios hasta la llegada de los invasores. Además, el primer libro de la Utopía de Moro analiza con mucho detalle la catástrofe que supuso la destrucción de los bienes comunes en la Inglaterra de comienzos del siglo XVI. Del mismo modo, el llamado “socialismo utópico” es una reacción a la contrarrevolución, a la catástrofe política que supuso para los movimientos populares la derrota de Robespierre. Precisamente, la eclosión del socialismo no utópico, el marxismo y el anarquismo, se produce cuando el movimiento obrero retoma la iniciativa. En ocasiones, las utopías pueden proponer reflexiones interesantes, críticas y lúcidas, como es el caso de William Morris o Diderot, pero a menudo resultan muy reaccionarias. Por supuesto, no hay nada más despótico que la República de Platón. Pero también, a pesar de lo que a menudo se dice, Tomás Moro era profundamente conservador. En Utopía había esclavos públicos, muchos de ellos emigrantes pobres que se esclavizan voluntariamente, un patrioterismo feroz… En general, la utopía se asocia a una derrota mal aceptada, a una huida de la realidad que tiene un componente autoritario. Las utopías suelen estar más preocupadas por la armonía y la felicidad que por la libertad, al contrario que los movimientos revolucionarios reales.

Neoliberalismo y utopía

Raventós: Si pervive una utopía particularmente poderosa, esa es la liberal. De todo el programa neoliberal que se puso en marcha hace unos treinta años no se ha cumplido prácticamente nada; por eso es, en sentido estricto, una utopía reaccionaria, que logró convencer en un momento determinado a buena parte de la sociedad gracias a un aparato de propaganda muy eficaz. ¿Cuánta izquierda no se ha dejado seducir por las grandes proclamas neoliberales? Por ejemplo, nunca se llevó a cabo ninguna reconversión industrial tan brutal como la que pusieron en marcha los gobiernos de Felipe González.

Es importante no subestimar la impresionante elocuencia y capacidad de militancia de algunos neoliberales para resucitar una teoría que después de la Segunda Guerra Mundial había quedado arrinconada por el keynesianismo. John Kenneth Galbraith en su Historia de la economía, que escribe en el momento en que Reagan gana sus primeras elecciones, se muestra perplejo del retorno de lo que él llama la “economía neoclásica”. Pero también es cierto que este proceso implicó una estrategia deliberada de manipulación en la que desempeñaron un papel protagonista los medios de comunicación. La destrucción de los sindicatos y el tejido social en beneficio de la mercantilización generalizada requiere una intervención administrativa a enorme escala que, cuando la resistencia es muy fuerte, se convierte en una liberalizaciónmanu militari, como sucedió en Chile y en Argentina. Precisamente hace poco acaban de detener en Argentina por genocida a Martínez de la Hoz, el gran ministro neoliberal de economía de Videla, un auténtico “chico de Chicago”. También existen procesos de influencia directa, por decirlo así. La cantidad de dinero que se mueve en el mercadeo político de Washington o Bruselas es impresionante. El Tribunal Constitucional norteamericano ha permitido recientemente que las empresas de ese país den todo el dinero que les de la gana a los candidatos electorales, una decisión que muchos, desde el presidente Obama a Noam Chomsky, han considerado un golpe mortal a la democracia.

Domènech: El neoliberalismo puede considerarse una utopía en el sentido de que constituye una auténtica huida de la realidad. La idea de que la expansión de los mercados financieros ha supuesto un retroceso del Estado es sencillamente imaginaria. A estas alturas debería ser obvio que la crisis económica actual es en buena medida el resultado de una política activa de inflación de activos financieros e inmobiliarios por parte de la reserva federal estadounidense y los bancos centrales de muchos países. Y, tras el estallido de la burbuja, la intervención ha sido de nuevo masiva: la inyección de dinero del gobierno de Estados Unidos en la economía real ronda los cuatro billones de dólares, casi cuatro veces el producto interior bruto de España y, en dólares constantes, el mismo coste de la intervención estadounidense en la Segunda Guerra Mundial.

La desregulación de los mercados es un mal chiste. Lo que tenemos son unos mercados profundamente intervenidos en favor de los intereses de rentistas financieros e inmobiliarios en guerra pugnaz con el movimiento obrero organizado y, de un modo más descuidado, con el capital productivo real. La globalización es la venganza de los rentistas, que habían sido contenidos por las políticas reformistas keynesianas de la coalición antifascista de la Segunda Guerra Mundial. El problema es que las élites que nos gobiernan se han creído sus propias mentiras hasta tal punto que han dejado de entender cómo funciona el capitalismo real. Las cuatro semanas agónicas que vivió Grecia hasta que intervino el Banco Central Europeo fueron descabelladas. Cualquier persona que tuviera unas mínimas nociones de macroeconomía sabía que la quiebra de Grecia era inadmisible y que la manera de rescatar su economía pasaba por comprar deuda pública griega. Se tardó tanto en tomar esta decisión no sólo por intereses electorales regionales de la señora Merkel, sino porque la Comisión Europea y los ministros de finanzas europeos no acaban de entender cómo funciona el mundo. Es para acordarse del rey Lear: «Sino de nuestros tiempos es que los ciegos guíen a los locos».

La utopización sobrevenida

Domènech: En las últimas décadas hemos asistido a un desplazamiento hacia la derecha del centro de gravedad del sentido común político. A finales de los años sesenta, cuando estaba estudiando en Alemania, presencié un debate en la televisión pública entre Kurt Kiesinger y Willy Brandt. En determinado momento, Brandt acusó a Kiesinger de querer autorizar las televisiones privadas. Este último puso el grito en el cielo: la democracia cristiana jamás permitiría la existencia de televisiones privadas, dijo, eso sería la muerte de la democracia de la República Federal… Imaginaos lo que pasaría si alguien dijera hoy que las televisiones privadas son problemáticas, como poco se le acusaría de autoritarismo terminal. En aquello años existía un consenso en torno a unos puntos mínimos que hoy se ha roto. En la televisión pública de Cataluña, donde hay un gobierno de coalición de izquierdas, los tertulianos invitados oscilan entre la extrema derecha y el centro, el centro izquierda está sencillamente excluido. Las reformas más elementales y factibles, realizadas mil veces entre 1937 y 1975, ahora parecerían utópicas, irrealizables o peligrosamente totalitarias. Esto ha destruido ideológicamente a la izquierda. La tasa de sindicalización en todo el mundo ha bajado a menos de la mitad en treinta años. El movimiento popular ha sido desvertebrado, desorganizado y eso explica que tengamos una izquierda que, por un lado, parece utópica (porque cualquier cosa parece utópica) y, por otro, reacciona enquistándose sectariamente. Como explicó Rosa Luxemburgo, sin reforma no hay revolución. Y viceversa: para hacer buena reforma necesitas amenazar con algo. Necesitamos recuperar ese tipo de dialéctica.

Raventós: No se trata sólo de cuestiones ideológicas. Las políticas públicas relacionadas con la redistribución de las rentas consideradas normales hace apenas tres décadas son hoy impensables. Durante los Treinta Gloriosos [1945-1973], los tipos impositivos para los más ricos llegaron a estar en el 91% en Estados Unidos. Las rentas superiores a los doscientos mil dólares tributaban –bajo un presidente de derechas como Eisenhower– al 93 %. Y eso ocurría en una época en la que no existían los instrumentos de evasión fiscal actuales. Estamos hablando de la época anterior a la ruptura de Nixon con Breton Woods en 1971, que desancló el dólar, levantó el control de los movimientos de capitales y permitió el retorno al capitalismo anterior a la Segunda Guerra Mundial. Hoy, a efectos prácticos, con los correspondientes y abundantes descuentos, la tributación de las grandes fortunas viene a rondar el 20% y, si son beneficios del capital, el 15%. Actualmente, en el Reino de España, las SICAV, cómodo y legalísimo refugio de las grandes fortunas, tributan al 1%. La normativa que permite semejante barbaridad se aprobó en España con todos los votos parlamentarios menos los de Izquierda Unida. Así que no es sólo que si hoy alguien propusiera recuperar las propuestas de la derecha norteamericana de los años sesenta sería tachado de demente bolchevique, sino que se oculta sistemáticamente esta realidad. Es impresionante el velo de silencio que ha cubierto este asunto.

Domènech: Hay que insistir en que la globalización no es un fenómeno nuevo relacionado con el multiculturalismo e Internet, sino el sistema social dominante hasta la Segunda Guerra Mundial. La reforma del capitalismo de Roosevelt y la izquierda burguesa consistió en una desmundialización de la economía que introdujo controles en los movimientos de capital, ese es el núcleo del keynesianismo. Sólo así fue posible la política socialdemócrata de la década de los cincuenta y sesenta, con unos sindicatos fuertes –capaces de obligar a la patronal a sentarse a negociar porque no podía mover los capitales a su antojo– y constituciones como la alemana o la italiana, que brindaron a los trabajadores derechos que hubieran parecido increíbles en los años veinte. Cuando desapareció la posibilidad de controlar los movimientos del capital se creó lo que Keynes llamaba un “parlamento virtual” donde los mercados financieros votan y su voto cuenta más que el de los parlamentos políticos. En ese contexto, que es el nuestro, el populismo de derechas puede arrasar, como está ocurriendo en Estados Unidos con el movimiento de los Tea Parties. El auge de esta nueva extrema derecha populista se explica por la impotencia de Obama frente a los mercados financieros. Y no hay que olvidar que los asesores económicos de Obama son el equipo de halcones que llevó a la destrucción la Rusia de Yeltsin.

No obstante, hay fenómenos que nos permiten no ser completamente pesimistas. Por ejemplo, tras la quiebra de la economía islandesa, el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea pusieron unas condiciones de rescate muy duras que el Parlamento de Islandia aceptó. Pero entonces hubo una gran manifestación de protesta exigiendo un referéndum. Se convocó el referéndum y las medidas fueron rechazadas por un 94% de los votantes. La sumisión al FMI no es la única opción. Por ejemplo, como ha propuesto Randall Wray, un país podría decir a sus deudores que les devolverá el dinero que les debe con títulos fiscales: no te puedo pagar lo que te debo, pero si inviertes en mi país, todos tus beneficios estarán exentos de impuestos. Lo impresionante es que estas medidas de sentido común quedan circunscritas a la discusión de pequeños círculos académicos. La vulgata es “hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”, “hay que apretarse el cinturón”… Auténticas idioteces. Yo suspendo a los estudiantes que dicen estas cosas y, sin embargo, es lo que los grandes “expertos” cuentan en todos los periódicos.

Alternativas

Domènech: Hay fenómenos poco visibles pero importantes que permiten imaginar transformaciones profundas perfectamente factibles. Por ejemplo, un parte significativa de la economía mundial funciona cooperativamente. Hay 800 millones de trabajadores que trabajan directamente o indirectamente en cooperativa, más del 10% de la población mundial. El trabajo asalariado es la minoría mayoritaria en el mundo, pero hay 1.600 millones de trabajadores no asalariados –entre cooperativistas, personas que trabajan en bienes comunales o en propiedades fundadas en el trabajo personal y esclavos–, y 1.000 millones de personas que simplemente están fuera de la economía mundial. El capitalismo no es, como creen los estructuralistas, una gran unidad funcional, sino una realidad histórica muy compleja.

En España tenemos un ejemplo paradigmático, como es la cooperativa Mondragón, la mayor del mundo, con más de 90.000 empleados. Los propietarios de esta empresa son los trabajadores. Hay empleados que no son propietarios, pero todos tienen la posibilidad de llegar a serlo, para ello tienen un banco propio que concede los créditos necesarios para convertirse en copropietario. De este modo, reciben dividendos, tienen voto en las asambleas, que funcionan democráticamente… El abanico salarial es de 5 o 6 a 1, pero son ratios que se pueden revisar en las asambleas. Es una realidad social económica que abundaría mucho más en Europa si no estuviera durísimamente castigada por las políticas económicas de los gobiernos. En el programa de un gobierno de izquierdas podría figurar el fomento de las cooperativas de trabajadores. No todo tiene por qué ser ayudas a las multinacionales…

Raventós: Otra alternativa factible es la renta básica. La renta básica es posible dentro del marco capitalista, como lo fue en su momento la asistencia sanitaria universal. Los que creen que la renta básica es una medida que, de suyo, puede acabar con el capitalismo o bien no entienden cómo funciona el capitalismo o, en todo caso, dan una importancia a la renta básica que no tiene. Pero eso sí, con una renta básica el capitalismo sería muy diferente del que conocemos. No sólo porque cubriría las necesidades básicas y aseguraría el traspaso del umbral de la pobreza. Tan importante como la posible mejora en las condiciones materiales es el aumento del poder de negociación de los trabajadores que supondría. La renta básica, al menos en mi forma de entenderla, es una opción social y económica que supone la intervención del mercado. El mercado, contra lo que se acostumbra a suponer muy precipitadamente, siempre ha estado intervenido. La diferencia entre partidarios de los ricos y de los pobres, para decirlo de forma simplificada, no es que los primeros defiendan el mercado libre y los segundos quieran intervenirlo. La diferencia exacta es la siguiente: los primeros quieren intervenir el mercado para favorecer sus intereses y los segundos quieren intervenir el mercado para favorecer los suyos. Así que la renta básica, como decía, es una opción de política económica en defensa de la mayor parte de la población. No de la parte más rica. Exactamente lo contrario de lo que se ha venido haciendo a lo largo de los últimos treinta y cinco años, si atendemos a ingredientes centrales como la distribución de la renta que se ha producido en este tiempo. Un mero ejemplo, si en 1976 el 1% más rico de EE UU acaparaba el 9% de la renta nacional, en 2006 ya acumulaba el 20%. 2006 es justamente el año anterior a la crisis. Actualmente la desigualdad y la polarización son mayores. La crisis económica, provocada y ahora perfectamente aprovechada por los especuladores y banqueros, está haciendo estragos entre las clases populares.

Domenech: Soy bastante escéptico respecto a las políticas “alterglobalizadoras” que hoy ocupan a buena parte de la izquierda. Creo que, por lo pronto, hay que desandar buena parte de lo andado, enderezar la economía y recuperar la soberanía popular controlando los movimientos de capitales. Hay que hacer una amplia coalición que destruya la élite rentista que se ha apoderado de la dinámica económica del mundo y que nos ha llevado a la catástrofe. Porque, es importante que lo tengamos presente, lo que vemos es la punta de un iceberg que se ha consolidado a lo largo de los últimos treinta años y que incluye también un enorme aumento de la pobreza en todo el mundo o la destrucción masiva de los ecosistemas. La situación actual ya la conocemos, este es el capitalismo desbridado de la Belle Époque. Tenemos conocimientos muy elaborados para saber cómo se pueden hacer reformas, lo que falta es voluntad política para emprenderlas y, sobre todo, un gran movimiento social como el que sí existía en los años treinta.

Arrebato social en Francia.

Ignacio Ramonet – Consejo Científico de ATTAC España.

No es una sorpresa. Desde hace más de dos siglos, la protesta está en el código genético político de la sociedad francesa. Además de ser derechos constitucionales, la manifestación callejera y la huelga constituyen modos naturales de ejercer la plena ciudadanía. Cada nueva generación considera que participar en los cíclicos arrebatos de cólera social es un rito de paso para acceder a la mayoría de edad democrática.

Esta vez, el detonante de la crisis ha sido el presidente francés. Desacreditado y enfangado en varios hediondos escándalos, obcecado por el FMI y las agencias de calificación, Nicolas Sarkozy se muestra sordo a las quejas del pueblo y pretende demoler una de las joyas principales del Estado de bienestar: el derecho a jubilarse a los 60 años.

Conquistado tras decenios de enfrentamientos, este avance social es percibido, en el imaginario colectivo, como un totem intocable. Sarkozy -que, en 2008, prometió respetarlo- ha subestimado el apego de los ciudadanos a ese derecho. Y aprovechando el choque causado por la crisis, desea imponer una reforma que retrasa la edad legal de jubilación de los 60 a los 62 años, amplía el periodo de pago de cotizaciones a 41,5 años y retrasa la edad para cobrar una pensión completa de los 65 a los 67 años.

Algunos creen que, en realidad, Sarkozy quiere romper el régimen público de jubilación por repartición, basado en la solidaridad entre las generaciones, y sustituirlo por un régimen privado que representaría un mercado de entre 40.000 y 100.000 millones de euros. Denuncian que la compañía de seguros que más se beneficiaría de ello es el grupo Malakoff Médéric cuyo consejero delegado es… Guillaume Sarkozy, el hermano del Presidente.

La reacción de los principales sindicatos es unánime. Sin rechazarla en totalidad, reclaman modificaciones argumentando que el coste de la reforma recaerá esencialmente sobre los asalariados, vapuleados ya por la crisis, y que ello agravará las desigualdades. Organizaron varias jornadas de movilización antes del verano. Pero el Gobierno, en una actitud prepotente, mantuvo su rechazo de negociar.

Grave error. Con la vuelta al trabajo, en septiembre, se reunieron asambleas generales en centenares de empresas y administraciones. Los asalariados confirmaron su decisión de no dar “ni un paso atrás”. Convencidos que si se cedía en algo tan sagrado como la jubilación a los 60 años, se les vendría encima una avalancha de nuevos recortes en la Seguridad Social, la sanidad, la educación y los servicios públicos.

Estas asambleas demostraron que las direcciones sindicales eran mucho menos radicales que sus bases exasperadas por los constantes retrocesos sociales. Inmediatamente, regueros de acciones colectivas se extendieron por todo el país; millones de personas se echaron a la calle; la huelga popular prolongada entorpeció el funcionamiento de los transportes; algunas ciudades, como Marsella, quedaron paralizadas… A medida que se repiten las jornadas de acción, nuevas categorías sociales se van sumando a una protesta que adopta expresiones inéditas.

Lo más original es el bloqueo de las refinerías y los depósitos de carburante. Lo más notable es la masiva incorporación de los estudiantes de secundaria. Algunos imaginaban a esta “generación Facebook” ensimismada y autista, pero su energía contestataria reveló su angustia frente al derrumbe del futuro… Y su temor a que, por vez primera desde 1945, si nada cambia, le toque vivir en peores condiciones que sus padres. El nuevo modelo neoliberal destroza el ascensor social…

La protesta cristaliza un malestar social profundo y una suma de descontentos acumulados: desempleo, precariedad, pobreza (hay ocho millones de pobres), dureza de la vida diaria… Ya no es sólo un asunto de pensiones sino una batalla por otro modelo social.

Lo más significativo es el apoyo popular, entre el 60% y el 70% de los franceses aprueba la protesta. Nadie acaba de entender cómo la Francia arruinada de 1945 pudo costear el Estado de bienestar, y la Francia de hoy, quinta potencia económica mundial, es incapaz de hacerlo. Nunca ha habido tanta riqueza. Los cinco principales bancos franceses obtuvieron, en 2009, unas ganancias de 11.000 millones de euros. Y las cuarenta principales empresas obtuvieron, ese mismo año, beneficios de 47.000 millones de euros…. ¿Por qué no gravar, en provecho de los pensionistas, tan cuantiosos capitales? La Comisión Europea estima que una pequeña tasa sobre las transacciones financieras aportaría al conjunto de los Estados de la Unión Europea, cada año, entre 145.000 y 372.000 millones de euros… Más que suficiente para pagar el aumento de los sistemas de pensiones.

Pero el dogma neoliberal exige que se exonere el capital y se ajusten más los salarios. De ahí el pulso actual en Francia. La sensación general es que ninguno de los dos antagonistas puede transigir. Las organizaciones sindicales, empujadas por una corriente de radicalización, siguen unidas después de varios meses de ofensiva. Ceder constituiría un fracaso semejante al de los mineros británicos en 1985 frente a Margaret Thatcher. Lo que significó el fin de la resistencia obrera en el Reino Unido y abrió la puerta a las “terapias de choque” ultraliberales.

Nicolas Sarkozy cuenta con el apoyo de la Unión Europea (1), del FMI, de la banca y del empresariado europeo(2) temeroso de que la “chispa francesa” incendie la pradera social del continente. El abandono de su reforma le condenaría a la derrota electoral en 2012.

La historia social francesa enseña que cuando una protesta ha ido tan lejos como la actual, jamás se ha desinflado. Siempre ha vencido.

Notas:

(1) El Consejo Europeo, en Barcelona, en marzo de 2002, recomendó: “Para 2010 deberá intentarse elevar progresivamente en torno a cinco años la edad media en que se produzca el cese efectivo de actividad de las personas en la Unión Europea”.

(2) En España, el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, defiende como “imprescindible y aconsejable”, la subida de “la edad de jubilación a los 70 años”. Añade que “los asalariados deben trabajar más y, desgraciadamente, ganar menos”. Pide ampliar el periodo de cálculo de la pensión a “toda la vida laboral”, y que los ciudadanos se hagan “pensiones privadas”. Europa Press, 26 de julio de 2010 y ABC, Madrid, 15 de octubre de 2010.

Artículo publicado en Le Monde Diplomatique

Por qué sigue habiendo motivos para luchar contra las Instituciones Financieras internacionales.

Iolanda Fresnillo – Observatorio de la Deuda en la Globalización

Del 26 al 28 de septiembre de 2000 decenas de miles de activistas tomaron las calles de Praga. El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) celebraban su asamblea anual en la capital checa, y eran el foco de las denuncias de un creciente movimiento social altermundialista. “Este modelo de capitalismo global está sustentado por las políticas del BM y el FMI, y otras como las de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que son las principales causas de los persistentes problemas mundiales, agravan aún más la destrucción medio ambiental y aumentan las desigualdades económicas y sociales de la mayoría de la población”, afirmaba el manifiesto del Movimiento de Resistencia Global, en el año 2000. En aquella ocasión el BM y el FMI se vieron obligados a clausurar precipitadamente su 55 reunión anual, ante la masividad y virulencia de las movilizaciones en la calle.

Entre el 8 y el 10 de octubre de 2010 ha tenido lugar en Washintgon DC la 65 reunión anual del BM y el FMI. Una década más tarde, con unos pocos cientos de personas protestando en la calle, estas dos instituciones siguen con fuerzas renovadas imponiendo su visión de la economía y el desarrollo en todo el mundo. ¿Han cambiado tanto el FMI y el BM como para que los movimientos sociales hayamos dejado de movilizarnos contra sus políticas? ¿En qué andan actualmente las gemelas de Bretton Woods?

Reformas históricas ¿en serio?

Una de las críticas más repetidas cuando hablamos del Banco Mundial y del FMI es la falta de democracia en el seno de estas instituciones. El derecho a voto en ambas se reparte según el peso de cada país en la economía mundial, lo que fija las aportaciones en forma de cuotas de cada país. El evidente desequilibrio en el reparto de cuotas, y por tanto de votos, se ha convertido en los últimos años en foco de debate también en el seno tanto del BM y del FMI, ante el reclamo de los países emergentes de una revisión de este sistema. Si bien los países más empobrecidos del planeta, y las organizaciones de la sociedad civil, venimos denunciando desde hace décadas este desequilibrio en el poder de decisión, no ha sido hasta que países como China, Brasil o Corea del Sur han reclamado su parte del pastel, que BM y FMI no se han tomado en serio esta crítica.

Desde hace unos años se vienen repitiendo con ocasión de las reuniones anuales o de primavera reclamos, discusiones y declaraciones sobre el sistema de cuotas en el BM y el FMI. En 2008 se llegó a acuerdos en ambas instituciones para revisar este sistema de cuotas, pero no ha sido hasta este año que no se ha cerrado la tan anunciada reforma. En abril, en las reuniones de primavera, se cerró la revisión de cuotas en el Banco Mundial y el pasado 23 de octubre, en la reunión de ministros de finanzas del G20 que se celebró en Corea del Sur dos semanas después de las reuniones anuales del BM y el FMI, ha llegado el acuerdo sobre el nuevo reparto del pastel del Fondo. El director del FMI, Dominique Strauss-Kahn, ha calificado el acuerdo del G20 de “compromiso histórico” que hará del Fondo una institución “”más efectiva, creíble y legitimada“.

La “histórica” reforma esconde, sin embargo, una realidad que ha cambiado muy poco. El principio sobre el que se establece el sistema de cuotas se mantiene intacto. El pastel se reparte según el poder económico (y político) de cada país. Así, la Unión Europea ha tenido que ceder un 6% de cuotas para que “las economías emergentes de rápido crecimiento obtengan una voz más fuerte en el Fondo”. Así, la reforma ha dado en efecto más poder en países como China, India o Brasil. La reforma de las cuotas del Banco Mundial acordada en abril sigue la misma línea, dando más poder a las economías emergentes. Estados Unidos mantiene con la reforma el poder de veto en ambas instituciones, al igual que la Unión Europea (en caso de decidir votar en bloque, ya que los países de la UE no tienen un asiento único en el FMI ni en el BM). En el Banco Mundial, por ejemplo, los países con altos ingresos acumulan todavía el 61% de los votos, los países con rentas medias aumentan hasta el 35% de votos, mientras que los países de bajos ingresos se quedan sólo con un 4,46% de los votos. En el FMI se repite el mismo esquema, dando más poder a quienes han incrementado su poder en la economía mundial, y manteniendo las cuotas marginales de los países más empobrecidos. Para Strauss-Kahn, sin embargo, la reforma “pone fin a la discusión sobre la legitimidad del Fondo que ha durado por años, casi décadas“.

Si bien es cierto que el nuevo reparto de cuotas reconoce el creciente peso en la economía mundial de las economías emergentes, no responde en absoluto a los problemas de falta de legitimidad y democracia de BM y FMI. Estas instituciones se mantienen con estructuras internas profundamente desequilibradas, en tanto que mantienen en la marginalidad a aquellos países que son las principales víctimas de sus políticas.

La crisis como oportunidad

Para muchos de nosotros, la falta de legitimidad del FMI y el BM no se debe sólo a la profundamente antidemocrática estructura interna de las instituciones, sino, y sobre todo, a las políticas que éstas han venido imponiendo en todo el mundo durante más de medio siglo. Como ya denunciábamos hace una década en las calles de Praga, el BM y el FMI “han proporcionado los medios necesarios para que empresas transnacionales, bancos e instituciones financieras continúen expoliando los recursos de la periferia y cargando el peso de la deuda sobre los más empobrecidos“. Es esta alianza entre las Instituciones Financieras Internacionales (IFI), las empresas transnacionales y el capital financiero es la que ha guiado durante décadas las políticas de ajuste que las IFIs siguen imponiendo. El evidente fracaso, desde el punto de vista del bienestar de los pueblos, de las políticas dictadas por el FMI o los proyectos diseñados por el BM nunca ha sido reconocido por estas instituciones ni por sus principales accionistas.

Lejos de reconocer los fracasos y enmendar los errores, siguen “recomendando” las mismas medidas de liberalización y ajuste, financiando la construcción de megaproyectos al servicio de las grandes empresas o generando deuda externa ilegítima. No han querido ver en la crisis financiera y económica la prueba de su fracaso, sino todo lo contrario. Ambas instituciones están reforzándose gracias a esta crisis. En ambas instituciones se han dado ampliaciones de capitales o incremento de los fondos disponibles. En abril de 2009 el G20 designó el FMI como vehículo central para la salida de la crisis y triplicó la capacidad prestadora del Fondo, pasando de 250.000 millones de dólares a 750.000 millones. Según Jubilee USA, “en 2014 la capacidad de préstamo del Fondo a los países de bajos ingresos será 10 veces superior a la que la institución tenía antes de la crisis“.

Los nuevos fondos deben destinarse en teoría a hacer frente a la crisis y a sus impactos, pero paradójicamente vienen acompañados de las condiciones de siempre, medidas como la liberalización del sector financiero y bancario, o la imposición de limitaciones al gasto social y al déficit público. Varios informesde organizaciones sociales muestran cómo los préstamos que el FMI ha otorgado para hacer frente a la crisis contienen condicionamientos al más puro estilo del Consenso de Washington. En el estudio realizado por la red europea Eurodad sobre los préstamos post-crisis otorgados a 10 países empobrecidos, se evidencia la existencia de condicionamientos para reducir o congelar salarios, reducción de déficit y recortes en el gasto social o trasladar los aumentos de precio del petróleo y los alimentos a los ciudadanos en forma de impuestos indirectos y subidas de precios.

Nuevas formas, nuevos temas, nuevos países… los intereses de siempre

Pero no nos engañemos, no todo sigue igual que hace 10 años en el BM y el FMI. El Banco Mundial, por ejemplo, se ha ido amoldando a los nuevos tiempos, ampliando su campo de acción, adaptando su discurso a las nuevas tendencias y renovando sus estrategias.

Así, por ejemplo, se ha posicionado como un actor clave en la gestión de los fondos financieros para afrontar los retos del cambio climático. A pesar de la oposición de buena parte de la sociedad civil, el Banco Mundial administra ya hasta 12 fondos del mercado de carbono, con un valor de más de 2.500 millones de dólares, y un buen número de fondos de inversión relacionados con el cambio climático (tecnología limpia, energía renovable, bosques, MDL, …). De los 30.000 millones de financiación para la lucha contra el cambio climático comprometidos por los países ricos en la Cumbre de Copenhague en diciembre de 2009, se han hecho efectivos cerca de 8.000 millones, de los cuales el 42% se ha canalizado a través del Banco Mundial, y buena parte de éstos se aplicarán en forma de préstamos.

El interés del Banco Mundial en la lucha contra el cambio climático responde básicamente al interés de hacerse con este nuevo pastel de financiación. Y la prueba de ello es que en los últimos años el BM ha seguido financiando proyectos que contribuyen al Cambio Climático. Así, según Jubileo Sur, entre 1992 y 2004 el BM aprobó más de 11.000 millones de dólares en préstamos para más de 120 proyectos de combustibles fósiles, representando el 20% de las emisiones globales actuales. Sólo entre 2007 y 2008 el BM financió 7.300 millones de dólares adicionales en proyectos de combustibles fósiles, y sólo 5.300 millones para energías renovables y eficiencia energética.

El Banco Mundial no sólo se adapta a los nuevos tiempos maquillándose de verde, sino que lidera un proceso de transformación de las finanzas para el desarrollo donde el sector privado pasa a ser protagonista. Efectivamente, el BM ha ido reforzando de forma progresiva la Corporación Financiera Internacional (CFI). Este organismo, perteneciente al Grupo del Banco Mundial, fue creado en 1956 para promover inversiones en el sector privado en los países del Sur, facilitando asistencia técnica y participando en la financiación de las iniciativas privadas o público-privadas. El presupuesto del CFI se ha quintuplicado desde 2002, con más de 18.000 millones de dólares comprometidos este año. El CFI deja en manos de intermediarios financieros (bancos, fondos de inversión, fondos de capital riesgo…) cerca de la mitad de sus préstamos, unos intermediarios con dudosa experiencia o interés en fomentar el desarrollo sostenible de los pueblos. De esta manera a través del CFI el Banco Mundial premia el principal sector responsable de la crisis financiera y económica que vivimos hoy en día.

El principio bajo el que actúa el CFI es la promoción de la inversión privada, sea cual sea esta inversión, siempre y cuando sea viable económicamente. Se priorizan criterios comerciales y financieros, más que sociales o ambientales, a la hora de elegir los proyectos donde invertir o los que apoyar. Buena parte de los recursos terminan yendo a grandes proyectos de infraestructuras y los principales beneficiarios son las empresas transnacionales de los países ricos. Cerca de dos terceras partes de las empresas que han recibido apoyo del CFI en los últimos años han sido empresas de países de la OCDE.

Además, el CFI ha sido denunciado por organizaciones de la sociedad civil de apoyar a empresas que operan o tienen sede en paraísos fiscales, fomentando así la fuga de capitales desde los países del Sur. El CFI ha sido también denunciado por la falta de mecanismos de control, evaluación, transparencia y participación de la sociedad civil.

En definitiva, el Banco Mundial, y en concreto el CFI, están promoviendo un modelo de privatización de las finanzas para el desarrollo. Un modelo que se está imponiendo en todas partes, como en el Estado español, donde se crean y refuerzan mecanismos de apoyo al sector privado, como el nuevo Fondo de Internacionalización de la Empresa española (FIEM). Un modelo que eleva a las empresas privadas a la categoría de agentes de desarrollo, sin tener en cuenta los impactos negativos que las actuaciones de estas empresas tienen sobre el bienestar de los pueblos y la defensa de los derechos humanos, como en el caso tanto de FIEM como del también nuevo Fondo de Promoción para el Desarrollo (FONPRODE).

Finalmente, y esto no sorprenderá a nadie, las IFI están traspasando fronteras que años atrás nos parecían infranqueables. El FMI está siendo un actor clave en la definición de las políticas de ajuste que están aplicando gobiernos como el español, el griego o el irlandés, al igual que lo había hecho con Argentina o la República Democrática del Congo años atrás. La frontera entre Norte y Sur, entre países desarrollados y empobrecidos desaparece cuando se trata de defender los intereses del capital. La línea que separa lo público y lo privado se difumina cuando se trata de conseguir esos mismos intereses.

Tal como denunciaba el llamado a la acción de las movilizaciones de Praga, el año 2000, “los vínculos entre el FMI, el BM, la OMC y las corporaciones transnacionales, buscan maximizar los beneficios privados y limitar el poder de los pueblos para proteger el medio ambiente, para determinar su modelo económico y garantizar los derechos humanos“. Ahora, igual que hace una década, sigue habiendo razones para oponerse a las políticas e incluso a la existencia de instituciones como el Banco Mundial y el FMI. Cambian las formas, pero no el fondo. Nosotras elegimos, reforma o…

Manifiesto del Movimiento de Resistencia Global (MRG), Praga, septiembre 2000.

Artículo publicado en Rebelión


Las pensiones, ¿inviables?

Artículo publicado en el diario PÚBLICO.

Este artículo presenta los errores y los silencios del manifiesto firmado por 100 economistas sobre las pensiones, patrocinado por FEDEA (fundación financiada por los grandes bancos y las cajas así como grandes empresas). El artículo presenta propuestas alternativas a las expuestas en tal manifiesto para garantizar la viabilidad del sistema de pensiones públicas.

Hace 40 años, el 18% de los españoles adultos trabajaba en la agricultura. Hoy, sólo el 2% trabaja en la agricultura y produce incluso más que lo que producía 40 años atrás el 18% de la población en edad de trabajar. Dicho en otras palabras: un trabajador produce hoy más alimento de lo que producían antes nueve trabajadores, y ello como consecuencia de un enorme crecimiento de la productividad del trabajador agrícola. Con base en estos datos, se puede ver lo absurdo que habría sido si hace 40 años cien economistas hubieran alarmado a la población indicando que, como consecuencia de que los trabajadores estaban dejando el campo, habría menos producción de alimentos, y al cabo de 40 años la gente en España se moriría de hambre. Su desatención al impacto que el crecimiento de la productividad tiene en la cantidad de alimentos producidos explicaría el ridículo de su pronóstico.

Pues bien, por muy ridículo que parezca, esto es lo que está ocurriendo ahora, con grandes cajas de resonancia mediática disponibles para promover este mensaje. La única diferencia es que, en lugar de alimento, ahora se habla de pensiones. FEDEA, la fundación más importante del capital financiero (banca y cajas de ahorros) en España, acaba de patrocinar un manifiesto, firmado por cien economistas, que utiliza el mismo argumento: “La ratio entre la población en edad de trabajar y la población mayor de 65 años pasará de cuatro en la actualidad a 1,65 en 2050”, de lo cual deriva que el sistema de pensiones públicas no es sostenible. Este argumento ignora que, más importante que la relación población adulta versus ancianos, es el número de trabajadores por pensionista y su productividad. Pues bien, el número de trabajadores por pensionista pasará de 2,24 ahora a 1,15 en 2050 (una reducción de menos de la mitad), pero, lo que es más importante, es que en 2050 cada trabajador producirá mucho más del doble de lo que produce un trabajador ahora, con lo cual podrá sostener más del doble de pensionistas que ahora.

El mismo error aparece cuando el manifiesto neoliberal alarma a la población indicando que ahora nos gastamos el 9% del PIB en pensiones y dentro de 40 años nos gastaremos el 15%, lo cual, concluyen, es insostenible en una sociedad que tiene recursos limitados. (Por cierto, Italia ya se gasta ahora el 14% del PIB en pensiones públicas, y el sistema no se ha colapsado). De nuevo, el manifiesto asume que la productividad apenas variará, lo cual es un error.
Si la productividad creciera un 1,5% por año, que es el promedio de crecimiento en los últimos 40 años, el PIB de España en 2050 sería 2,25 veces mayor que ahora (en monedas constantes, es decir, que la capacidad adquisitiva real habrá más que doblado la actual). En otras palabras, si ahora el PIB es, por ejemplo, 100, en 2060 sería 225. Pues bien, en pensiones nos gastamos ahora nueve puntos, dejando para los no pensionistas 91 puntos. Y ,en 2050, nos gastaremos el 15% de 225, es decir, 33 puntos en pensiones, quedando para los no pensionistas 192 puntos, muchos más que los 91 actuales. En realidad, hace 40 años nos gastábamos el 3% del PIB en pensiones, y ahora nos gastamos el 9%. Hemos triplicado el gasto en pensiones y, sin embargo, los recursos para los no pensionistas también han aumentado, pues el tamaño de la tarta es mucho mayor ahora que hace cuatro décadas.

Que no haya problemas graves en las pensiones públicas no quiere decir que no deban hacerse reformas, pero estas no debieran ir en el sentido de reducir las pensiones. Una medida aconsejable para aumentar los fondos a la Seguridad Social y mejorar las pensiones (que son demasiado bajas) es facilitar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo. En España, el porcentaje de la población que trabaja es más bajo de lo que le corresponde por el nivel de riqueza que tiene. Y en parte se debe a dos factores. Uno es el bajo porcentaje de la población adulta que trabaja en empleo público (el 10%, uno de los más bajos de la UE-15, cuyo promedio es del 15%). En contra de lo que se dice, el sector público (y, muy en particular, en los servicios públicos del Estado del bienestar, tales como sanidad, escuelas de infancia, educación, servicios sociales, vivienda social, entre otros) está poco desarrollado y tiene escaso personal, y ello se traduce en el bajo porcentaje de la población que trabaja en él.

El otro factor es el de la baja participación de la mujer en el mercado de trabajo (52%). Si España tuviera el porcentaje de Suecia, habría 2,8 millones más de trabajadoras pagando impuestos y cotizaciones sociales. Para ello se debiera expandir el cuarto pilar del bienestar, de modo que se incluya el derecho de acceso a las escuelas de infancia (que deberían ser mucho más que guarderías, aparcamientos para niños), además de los servicios domiciliarios a personas con dependencias. Y, naturalmente, hacer al hombre corresponsable de las obligaciones familiares. Y sobre todo, invertir en infantes y jóvenes, pues ellos son los futuros cotizantes que financiarán las pensiones del futuro.

Deberían también corregirse las inequidades existentes en la financiación de las pensiones. Es injusto que Emilio Botín, el banquero más rico de la UE, pague a la Seguridad Social un porcentaje mucho menor que un empleado de su banco. Como también es injusto que una persona trabajadora no cualificada (que vive 10 años menos que un burgués), tenga ahora que trabajar dos años más para pagarle las pensiones al burgués (que le sobrevivirá 10 años). En realidad, el incremento de la edad de vida se ha concentrado en los últimos 40 años en las rentas superiores, sin que apenas se haya notado en las rentas inferiores. Predeciblemente, ninguno de estos temas aparece en el manifiesto de los cien.

Vicenç Navarro

  • Consejo Científico de ATTAC España.
  • Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra.
  • Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University.

Unión Europea, ¿qué futuro social?

Francisco Morote Costa – ATTAC Canarias

La crisis se ha instalado en el corazón del sistema. Las contradicciones más agudas parecen hallarse ahora en la Unión Europea. Por un lado, entre los países deudores – Grecia, Portugal, España, Irlanda, Italia -, y los acreedores – Alemania, Francia, Reino Unido; por el otro, entre las clases dominantes acomodadas y las populares asalariadas de cada país. Por doquier se aplican planes de ajuste estructural o de austeridad fondomonetaristas. Planes de fuerte contenido antipopular y antisocial.

Apoyándose en gobiernos conservadores-liberales o socialistas o socialdemócratas débiles se implementan políticas regresivas de contención del gasto público y, especialmente, del gasto social. Las clases acomodadas anticipándose al espectro de la justicia fiscal paneuropea, se curan en salud tratando de persuadir a las clases medias y populares trabajadoras de que no hay otra salida posible que la austeridad del gasto, aunque eso implique sino el final el grave deterioro del modelo social europeo y su proclamado Estado de bienestar.

Que tal propuesta prospere depende de la respuesta que los pueblos de Europa den a la renovada ofensiva neoliberal, que históricamente podemos valorar como una contrarreforma social del capitalismo. Si el miedo – ” el miedo es la disciplina de una sociedad capitalista”, ha dicho Susan George -, el individualismo, el fatalismo y la resignación se instalan en la conciencia colectiva, la derrota está asegurada pero sí, como es natural y lógico a pesar de todo, los pueblos se sobreponen a esos sentimientos y reaccionan enfrentándose a las políticas regresivas reclamando no sólo la pervivencia del modelo social europeo sino su plena vigencia y el esfuerzo de su viabilidad, habrán de imponerse políticas basadas en la justicia fiscal, el respeto medioambiental y la sobriedad en el consumo.

Las viejas fuerzas políticas progresistas regeneradas y las nuevas fuerzas políticas que están surgiendo, en el marco de una democracia incluso meramente representativa, hallarán que las clases medias y populares trabajadoras les ofrecerán la oportunidad de impulsar un nuevo reformismo de marcado signo social, ecológico y ético.

Es el futuro social de la inmensa mayoría de los europeos lo que está en juego.

La Unión Europea, gravemente “deslocalizada” y “secuestrada” por el mercado.

Federico Mayor ZaragozaComité de Apoyo de ATTAC España

La producción progresivamente deslocalizada hacia el Este, hasta llegar a China, la “fábrica del mundo”, ha desembocado en la formidable paradoja del mayor país comunista del mundo, el gran país capitalista.

Por otra parte, el talento se ha estado deslocalizando hacia el Oeste, durante décadas. Europa ha realizado considerables esfuerzos en fomentar becas y ayudas (pre-doctorales, post-doctorales…) pero, luego, debido en buena medida a procedimientos menos flexibles que los norteamericanos, son muchos miles los científicos, especialistas en las más diversas materias, que han aceptado ofertas de los EEUU, sobre todo.

También en defensa estamos “parcialmente deslocalizados” al otro lado del Atlántico (Norte). Y en Europa nos hemos quedado con los servicios y con las “burbujas”, padeciendo de forma particular los “efectos colaterales” de la globalización plutocrática.

Los financieros nos dominan y los representantes del gran capital, bien aposentados y guarecidos de la tormenta, se limitan a repetir, con desesperante monotonía, que tienen soluciones (que nunca muestran)… mientras miran hacia otra parte.

Ya lo advirtió el Presidente Bush en noviembre de 2008: “la solución a la crisis es economía de mercado, libre mercado, libre comercio”. ¡Qué error -lo he subrayado en diversas ocasiones- cometió la Europa sometida y timorata cuando acudió presurosa en la fecha mencionada a Camp David, ya elegido Obama, para que fuera el Presidente norteamericano en funciones quien “liderara” la recuperación de la quiebra financiera (y democrática, y política, y medioambiental, y ética…).
Y así, el G-20, en lugar de las Naciones Unidas, ordenó el “rescate” con fondos públicos de las instituciones financieras, la mayoría privadas, que se hallaban en zozobra. Y, ahora, lógicamente, el sector público tiene un déficit enorme, que debe pagar… ¡el sector público!. Y recortar sus presupuestos, incluídos los relativos a políticas sociales. El mercado acorrala a la política, uniformizando las distintas opciones ideológicas.

Europa, como el mundo entero, se halla secuestrada por el mercado. Se les ayudó anunciando serias medidas de regulación e inmediata eliminación de los paraísos fiscales. Pues bien: sigue la desregulación; siguen los paraísos fiscales; siguen las “evaluaciones” o “clasificaciones” sesgadas, interesadas, parciales, oportunistas (la última de Moody’s, ¡el día antes de que Cataluña pusiera bonos a la venta!).

Europa, a los pies de los caballos. En lugar de dominar, como buenos jinetes, el poder desbocado del mercado, estamos a sus pies.

Occidente ha aceptado la progresiva marginación de las Naciones Unidas. Ha olvidado los principios democráticos, los Derechos Humanos y la grandeza de su mestizaje. Ha abrazado el mercado y se está dejando influir en exceso por el colosal poder mediático. Y -ver el caso de Suecia- son los ultras los que, contra todo pronóstico, se estan beneficiando de la crisis. Brotes de xenofobia, de intemperancia, están erosionando los pilares socialdemocráticos que durante tantos años fueron referencia.

Pero están germinado -el ciberespacio es especialmente relevante a este fin- semillas de movilización plantadas desde hace años, en tiempos de resistencia y prospectiva.

Y cada vez se sembrará más y más hasta completar los surcos, que pondrán al alcance del poder ciudadano los medios para la acción. El cambio vendrá de la ciudadanía, cansada de sometimiento y postergación. No pasarán muchos años que pretenden prolongar quienes, azorados, intentan con añagazas mil, eliminar la educación ciudadana de todos de grados docentes.

Sí, llegará el momento de “los pueblos”, tan lúcidamente previsto en La Carta de las Naciones Unidas. Y, valientemente, se exigirá la regulación de los mercados; que se procuren fuentes alternativas de ingresos (tasas sobre las transacciones electrónicas, por ejemplo; el cierre, de una vez, de los perniciosos paraísos fiscales; medidas urgentes sobre el medio ambiente, para protegerlo especialmente de procesos potencialmente irreversibles; reducir el gasto militar y en armamento, elaborando nuevas estrategias y máquinas apropiadas para la nueva naturaleza de los conflictos…

De este modo, sólo de este modo, terminará el secuestro y emergerá la Europa como referencia de la gobernación democrática a escala mundial.

En lugar de desprestigiarlo, procuremos fortalecer el liderazgo político en la Unión Europea. Para que resista y supere el acoso intolerable de los mercados, en manos de muy pocas manos, del “gran dominio”. Para que “relocalice” los tipos de producción que estime más adecuados. Y -como ya inició en 2007 con el Consejo Europeo de Investigación- promueva con brío la I+D+i en la UE “relocalizando”, también los “cerebros” en sus territorios.

Diseñe y ponga en práctica su propio sistema defensivo. Alianzas, sí. Dependencias, no.

El despertar de Francia.

Serge Halimi – Le Monde Diplomatique

Francia no ha conocido manifestaciones de esta magnitud desde hace cuarenta años. La personalidad de Nicolas Sarkozy, su arrogancia, su deseo de aplastar al «adversario», han conseguido que un gran frente se agrupe contra él. Pero la oleada y las multitudes no se han originado por los caprichos de un hombre. Responden a la elección de una civilización injusta llevada a cabo, con la excusa de la crisis financiera, por los gobiernos europeos cuyo abanico de partidos va desde la derecha sin complejos hasta la izquierda que capituló. En Italia Berlusconi no hace ni más ni menos que los socialistas Georges Papandreu en Grecia o José Luis Rodríguez Zapatero en España. Todos ponen en peligro los servicios públicos y la seguridad social. Todos, para complacer a las agencias de calificación, pretenden hacer que paguen los trabajadores lo que costó al país el saqueo perpetrado por los bancos. Los cuales continúan ganando preservados de cualquier obligación de mostrarse «valientes» y solidarios con las generaciones futuras.

No es «la calle» que se agita, es el pueblo francés que sale a escena. Ninguna legitimidad de los gobiernos puede oponerse a su protesta. La Asamblea Nacional se eligió tras una campaña presidencial durante la que Nicolas Sarkozy escondió sus intenciones relativas a una reforma de las pensiones presentada después como la «marca» de su quinquenio. «El derecho a la jubilación a los 60 años debe permanecer», proclamó cuatro meses antes de su elección. Un año después, refiriéndose a un eventual aplazamiento de ese derecho, el nuevo presidente de la República insistía «No lo haré (…). Me comprometí con los franceses. No tengo potestad para hacerlo. Y esto es importante para mí».

Gobernados ya por un tratado constitucional europeo rechazado masivamente por referéndum y que los elegidos de derecha (respaldados por algunos socialistas) impusieron por vía parlamentaria, los franceses se manifiestan también contra el autoritarismo despectivo del poder. Los jóvenes se han dado cuenta de lo que les espera. A medida que el capitalismo encadena las crisis, endurece su lógica. Para mantenerse, primero tiene que hundirse la sociedad: evaluaciones permanentes, competencia entre los trabajadores, desgaste del trabajo. La última entrega del «informe Attali» ya recomienda la congelación del sueldo de los funcionarios hasta 2013, la transferencia a los pacientes de una parte de la carga económica de las enfermedades de larga duración (cáncer, diabetes), aumento del IVA, todo, por supuesto, manteniendo el «escudo fiscal». «Tenemos ante nosotros diez años de rigor», ha vaticinado con glotonería el ex consejero especial de François Miterrand, que ha hecho hincapié sobre el rigor del ahorro.

El pasado 7 de octubre un manifestante estudiante de secundaria explicaba el sentido de su lucha: «Primero es la enseñanza, la escuela. Después el trabajo, lo más duro. Y después la jubilación, la recompensa. Si nos roban la recompensa, ¿qué nos queda?» Los liberales ironizan sobre esos jóvenes extrañamente preocupados por su jubilación. No se dan cuenta de esa ansiedad acusadora de las políticas que han llevado a cabo desde hace treinta años y que están desembocando en un futuro sin esperanza.

Las manifestaciones y las huelgas son el mejor modo de revertir ese destino.

Traducido para Rebelión por Caty R.


La privatización de la sanidad.

Debido a la propuesta que tanto el Sr. Rajoy del Partido Popular como el Sr. Artur Mas de Convergència i Unio han realizado de privatizar la sanidad pública, volvemos a colgar en el blog los siguientes artículos referentes a este tema, publicados en el diario Público.

¿Sanidad pública o privada?

La revista médica británica British Medical Journal acaba de publicar un estudio (Quality of care for profit and not for profit nursing homes, 2009, vol. 339) que incide de lleno en el debate que se está desarrollando en España y otros países sobre quién ofrece mejores servicios médicos a la población: la sanidad privada o la sanidad pública. La credibilidad del estudio viene asegurada no sólo por el prestigio de la revista (una de las más respetadas en la comunidad científica internacional), sino también por la enorme credibilidad del autor principal del estudio, el Dr. Gordon Guyatt, catedrático de Medicina de la McMaster University de Hamilton, en Canadá. El Dr. Guyatt es el fundador de Evidence-Based Medicine (medicina basada en la evidencia científica), la corriente científica en medicina que exige que cualquier cambio en la práctica médica se base en criterios médicos de probada eficacia. Su bien merecida reputación añade gran valor a su estudio. Este consiste en el análisis de 82 estudios de investigación que han analizado en EEUU la calidad de la asistencia sanitaria proveída en centros sanitarios estadounidenses de atención a enfermedades crónicas, personas con discapacidades graves y pacientes convalecientes (en inglés, nursing homes). La mayoría de la población atendida en estas instituciones son ancianos. En EEUU hay 1,5 millones de personas en las 16.000 nursing homes, con la posibilidad de que, cada año, más de tres millones pasen algún tiempo en estos centros. La mayoría (las dos terceras partes) de estos centros son privados, con afán de lucro. Los restantes son públicos (término que en EEUU se define como de financiación pública o privados sin afán de lucro). Las conclusiones de este análisis son claras y contundentes. En general, la calidad de los servicios médicos proveídos por las instituciones con afán de lucro es menor que la proveída por las instituciones sin afán de lucro. Entre otros muchos indicadores de calidad estudiados se incluían:

1) las cualificaciones del personal de las instituciones.

2) el número de complicaciones en el tratamiento clínico.

3) utilización de medidas que restringían la movilidad de los pacientes (como sobredosis de calmantes) que disminuyesen sus exigencias de atención.

4) violaciones de las normativas gubernamentales para garantizar la calidad de los servicios.

En cada uno de estos indicadores de calidad, las instituciones con afán de lucro estaban muy por detrás de las instituciones públicas. La evidencia existente de la diferencia en la calidad entre ambas instituciones es también abrumadora en otros estudios que han analizado la atención hospitalaria y otros servicios, como los servicios de diálisis externos. La mortalidad (para el mismo tipo de pacientes) es mayor en las instituciones con afán de lucro que en las que no tienen tal afán.

La importancia de estos estudios recae en que refuerzan la evidencia acumulada en la literatura científica, que el afán de lucro en medicina entra en conflicto con la calidad de los servicios sanitarios. La supuesta mayor eficiencia del sector privado comercial se basa en medidas como el ahorro en personal cualificado (tienen menos personal cualificado, como enfermeras, y tienen más personal con menor cualificación), hecho que claramente daña la calidad de la atención médica. Tal como indica el Dr. Guyatt, “las empresas con afán de lucro, en los servicios sanitarios, tienen que ahorrar fondos en áreas que afectan a la calidad de los servicios, a fin de conseguir el dinero que necesitan para pagar a sus accionistas y a sus gestores”. El afán de lucro no encaja con unos servicios cuyo objetivo debiera ser siempre servir a los pacientes, anteponiendo este objetivo al de optimizar los ingresos para conseguir mayores dividendos a los accionistas o para pagar mejor a los gestores. Estos últimos, por cierto, tienen unos niveles de remuneración mucho más elevados que los existentes en las instituciones no lucrativas.

No se han realizado estudios semejantes en España. Pero existe una percepción generalizada entre la mayoría de los expertos de que la calidad de la atención sanitaria pública es mejor que la privada, de manera que, si usted está enfermo de verdad, le aconsejo que vaya a la pública. Existe una dimensión, sin embargo, en la que, en general, la privada es mejor que la pública. El aspecto hotelero y de confort es, en general, mejor en la privada que en la pública. Y los tiempos de espera son menores en la privada que en la pública. Ello explica su expansión. La mayor causa de estas deficiencias del sector público está en la enorme escasez del gasto público sanitario, el más bajo (y por mucho) de la Unión Europea a quince. Mientras que el PIB per cápita de España es ya el 93% del promedio de la UE-15, el gasto público sanitario es sólo el 65% del promedio de la UE. Y ahí está el mayor problema de la sanidad española, problema del cual el establishment político y mediático del país (que pertenece al 30% de renta superior de la población) no es plenamente consciente, pues utiliza los servicios de la sanidad privada o recibe trato preferencial (en el caso de las élites políticas) cuando van a la pública. Debiera dictarse una norma en el sistema político español que indicara que, para que una persona pudiera optar a representar a la población, se comprometiese a utilizar los mismos servicios sanitarios que la mayoría de sus electores, que son mayoritariamente de clases populares y que utilizan la sanidad pública sin haber recibido trato preferencial. Esto contribuiría a que se redujera la excesiva distancia, que existe en España entre representantes y representados y ayudaría a los primeros a sensibilizarse de los problemas de los segundos.

La sanidad española

Existe una visión excesivamente complaciente de la sanidad española que señala que España se gasta ya en sanidad lo que le corresponde por su nivel de riqueza. Los que sostienen tales tesis presentan los últimos datos de la OCDE (el grupo de países más ricos del mundo) que muestran que España se gasta un porcentaje de su PIB casi idéntico al del promedio de los países de la OCDE. Este dato, sin embargo, es desorientador y poco significativo. La OCDE es un grupo de países de enorme diversidad en su nivel económico, incluyendo países como México y Chile, que tienen un PIB per cápita y un gasto sanitario muy bajos. De ahí que el promedio sea relativamente bajo, lo cual nos da una buena imagen, que es lo que desean quienes utilizan tal indicador. El indicador más valioso para medir el grado de desarrollo de la sanidad pública española es el gasto público sanitario por habitante comparándolo con el promedio de la UE-15, el grupo de países de la UE de semejante nivel de desarrollo al nuestro. Y ahí sí que no hay razones para la complacencia. Continuamos estando, junto con Grecia y Portugal, a la cola de la UE-15. Si en lugar de tal indicador escogemos el gasto público sanitario como porcentaje del PIB o el porcentaje de la población adulta que trabaja en sanidad, vemos que también estamos a la cola de la UE-15.

Este bajo gasto público explica la polarización por clase social de la sanidad española, de manera que el 30% de la población española (la de renta superior) utiliza la sanidad privada, y el 70% restante, las clases populares (la clase trabajadora y la mayoría de las clases medias), utilizan los servicios públicos. Esta polarización de la sanidad no es buena ni para las personas de rentas superiores ni para la mayoría de la población, puesto que, aun cuando la privada sea, en general, mejor que la pública en confort (una cama por habitación hospitalaria, por ejemplo), tiempo de visita más largo, listas de espera más cortas y mejor trato personal, la pública es mucho mejor en la calidad del personal y apoyo científico tecnológico que la sanidad privada. Con lo cual, si el lector cae enfermo de verdad, le aconsejo que vaya a la pública, tal como hizo el rey de España.

Lo que se requeriría sería una sanidad pública multiclasista que tuviera el confort de la privada, manteniendo la calidad de la pública. Ahora bien, para ello se necesita mucho más dinero. En realidad, la subfinanciación de la sanidad pública se ha agravado como consecuencia de la crisis, lo cual ha forzado a las autoridades públicas a considerar varias opciones a fin de conseguir recursos para la sanidad pública. Algo que debiera ya haberse hecho desde hace tiempo (y que estaba en los programas electorales de los partidos de izquierda, incluyendo el PSOE), era una mayor carga impositiva (y muy en especial de los sectores que se han beneficiado más estos últimos años de la gran bonanza económica) que conllevará mayores recursos al Estado. Es escandaloso que, mientras el porcentaje en impuestos que paga un trabajador de la manufactura en España sea el 74% del que paga su homólogo sueco, el de un gran empresario sea sólo el 38% de su equivalente sueco. Otra medida que debería considerarse es el incremento de impuestos finalistas sobre el tabaco y el alcohol, mucho más bajos que en el promedio de la UE-15. Otra fuente de ingresos debería ser el pago que las mutuas laborales controladas por la patronal tendrían que hacer a la sanidad pública con el fin de cubrir el coste de atender las enfermedades laborales, que significan casi el 18% de todos los enfermos hospitalizados. Las mutuas laborales (las entidades con mayores beneficios en el mundo mutual) no pagan –como deberían– estos gastos. Si lo hicieran, el Estado conseguiría unos ingresos considerables. Los medios de información de mayor difusión han olvidado estas fuentes de ingresos, centrándose en los copagos (y, muy en particular, el copago de un euro por visita, cantidad que se justifica frecuentemente como medida disuasoria para reducir la demanda). Se asume erróneamente que el usuario español abusa del sistema, tomando el elevado número de visitas sanitarias por habitante (nueve visitas) como ejemplo de este abuso (el promedio de la UE-15 es de seis). Pero lo que no se dice es que, de estas nueve visitas, hay al menos tres que en otros países son atendidas por o bien una enfermera o bien un administrativo, y que en España, en cambio, las hace el médico. El médico está sobrecargado, pero ello no quiere decir que el usuario abuse, pues en otros países las enfermeras tienen mayor responsabilidad y los médicos tienen mayor apoyo administrativo. Las reformas del sistema, priorizando la atención sanitaria comunitaria, como se está haciendo en Catalunya, es una manera de disminuir la demanda. Por otra parte, quien genera la demanda que ocasiona gastos (farmacia, pruebas clínicas, intervenciones) no es el usuario, sino el médico.

En España ya existe el copago en farmacia y este puede mejorarse en cuanto a su equidad. Pero es erróneo centrarse en el copago a costa de las otras intervenciones públicas más generadoras de recursos. Ello no niega la importancia que el copago pueda tener para conseguir fondos para proveer nuevos servicios (como podología u odontología), siempre que sus precios sean regulados y equitativos. Lo que no puede permitirse es que continuemos a la cola de la UE-15 en gasto público. El riesgo de privatización y de mantenimiento de la polarización pública-privada no procede de los copagos, sino de la desgravación de las mutuas sanitarias privadas, lo cual, además de significar un coste al erario público (cualquier desgravación es un subsidio público), incrementaría todavía más la polarización del sistema sanitario por clase social, lo cual sería un gran error.

Vicenç Navarro

  • Consejo Científico de ATTAC España.
  • Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra.
  • Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University.

La pieza que falta: políticas tras el 29-S.

Pese a las movilizaciones en Europa y el relativo éxito de la huelga general del 29-S, no se vislumbran cambios en las políticas económicas ni del Gobierno español ni de la UE.

El éxito de la movilización del pasado 29-S se arriesga a empantanarse en la arena política. A diferencia de Francia, donde una serie de huelgas sostiene la creciente ola de movilizaciones contra los ataques de Sarkozy, aquí parece que la huelga haya consumido toda la combatividad de CC OO y UGT.

Tras el 29-S, el silencio. El otoño caliente que nos prometían parece que no pasará de octubre y ya se nos ha echado encima un crudo invierno de recetas neoliberales. Y mientras que en Francia van a por la octava, aquí parece que tendremos que ver cómo el PSOE completa su giro neoliberal prácticamente sin oposición, retardando la jubilación a los 67 años y ampliando el cálculo de las pensiones de 15 a 20 –bajada efectiva de un 5,54% en las pensiones resultantes–.

Sin embargo, aquí como allá, una misma política provoca rechazo: otra vuelta de tuerca neoliberal a la que la izquierda gestionaria, desde el PSOE a las grandes centrales sindicales pasando por la izquierda subalterna (IU-ICV, ERC, BNG, etc.), no sabe –o, peor aún, no quiere– dar respuesta ni batalla. Ciertamente, en Francia esta izquierda claudicante y claudicada puede sumarse a las luchas con la misma facilidad con que la izquierda que nos gobierna se incorporó en su día contra la LOU, el Prestige o la Guerra. La pregunta, no obstante, no es quién nos causa el mal, sino cómo nos defendemos de esta izquierda que acepta el papel de alternante en el turnismo neoliberal.

Antes de nada urge comprender la naturaleza de la crisis, la manera en que afecta al trabajo al tiempo que afirma el mando del capital. Desde que a principios de los ‘80 el neoliberalismo emprendiese la estrategia de readaptación del mando al desafío de la ola de movilizaciones de los ‘60 y ‘70, hemos asistido a una lenta agonía de una modalidad de trabajo; un trabajo que había sido constitucionalizado tras la segunda postguerra mundial por medio del ‘wellfarismo’ y la acción social concertada –la negociación colectiva que implicaba en el mando a las grandes agencias del trabajo: las centrales sindicales–.

Modelo productivo.

En el caso de las dictaduras del Mediterráneo sólo en la segunda mitad de los ‘70 se produjo esta incorporación al capitalismo europeo occidental. El crecimiento de las últimas décadas, sin embargo, no modificó sustantivamente el modelo productivo. Turismo y construcción, sabido es, han sostenido el crecimiento en un país que liquidó industrias enteras o las vendió a los socios europeos en la firme convicción de que el proceso de unificación económica europea revertiría en beneficio propio.

Los tiempos del europeísmo pasaron y el repliegue sobre los Estados nacionales se dejó notar, si bien no en la variante de un europeísmo de clase, sino más bien de reacciones resistencialistas y defensivas a la manera del “no” francés al Tratado de Constitución Europea. Sintomáticamente, ha sido la extrema derecha y no la extrema izquierda quien ha acabado capitalizando la crisis del proyecto europeo. No defendemos con esto el TCE, claro está.

Pero a juzgar por lo sucedido –sobre todo desde la crisis– tampoco parece que la estrategia centrada en la defensa de la estructura interna del trabajo tardofordista y sus modelos organizativos hayan servido para cambiar las tornas. De acuerdo con distintas corrientes teóricas –escuela de la regulación, ‘neoschumpeterianos’, ‘postoperaistas’, etc.–, el tránsito al postfordismo comporta diferentes procesos que afectan a la composición social del trabajo –desterritorialización, inmaterialización, etc.–. En el postfordismo, las instituciones del fordismo –partido obrero, sindicatos, etc.– se han quedado desfasadas. A ello contribuye tanto el éxito –histórico– del movimiento obrero como la ausencia de reflexión teórica crítica. Y es que el éxito dificulta la autocrítica.

No es extraño escuchar en nuestros días apologías de la socialdemocracia como si ésta no hubiera sido liquidada por el social-liberalismo. En vano los herederos del eurocomunismo se emocionan con Die Linke y la posibilidad de ocupar el espacio socialdemócrata –en un notorio desconocimiento de la política alemana, por cierto–. Tampoco sorprende escuchar a anarquistas, trotskistas e independentistas, ideologemas como la necesidad de repetir el modelo insurreccionalista, la organización leninista o los movimientos de liberación nacional, como si su éxito otrora fuera una garantía de futuro. La Historia se repite como farsa.

Autonomía, no autoexclusión.

Pero si la izquierda tradicional no da para grandes esperanzas, por parte de una cierta autonomía la cosa no está mucho mejor: la confusión de autonomía con negación, como si ambas fuesen una misma cosa, es muy frecuente entre activistas de todo tipo. Nos encontramos así que, aunque no falta quien entiende el desafío postfordista, acaba finalmente enrocado en posiciones pseudoautónomas, esto es, en posiciones determinadas, en rigor, por la propia heteronomía del capital desde el margen que la sociedad de la opulencia deja al antagonismo a fin de determinar su propia vulnerabilidad, sus necesidades de readaptación y riesgos efectivos en la implementación del neoliberalismo.

Llegado este punto la cosa se pone realmente complicada, porque la izquierda no parece que esté por refundarse en serio y el interfaz representativo del movimiento es la pieza que falta contra el neoliberalismo. Subvertir los viejos lugares ideológicos de la izquierda es una tarea primera, la desobediencia a sus repertorios para visibilizar las otras realidades del trabajo –a la manera, por ejemplo, del Moviment del 25–, una prioridad. Pero tampoco lo es menos pensar las maneras de influir sobre los partidos y sindicatos. El ejemplo del Tea Party y su presión sobre el Partido Republicano, con todas las salvedades debidas, muestra hasta qué punto la extrema derecha lleva ventaja.

Así las cosas, más nos valdría aprestarnos a organizar las herramientas que impidan las derivas neoliberales de las izquierdas y no a consumirnos en los partidos imposibles y derivas electoralistas. La ley electoral no está ahí para nada. Si no se dispone de capacidad para cambiarla hay que adaptarse. El municipalismo puede ser una herramienta en pequeños ayuntamientos, pero a escalas mayores radicalizar la democracia pasa por imponerse a las opciones presentes en las instituciones. El movimiento debe alcanzar su madurez. Esta se expresa hoy en entender los efectos de la maquinaria legislativa e influir sobre quien la hace funcionar.

Raimundo Viejo Viñas.

  • Profesor de la Universidad Pompeu Fabra.
  • Investigador del Instituto de Gobierno y Políticas Publicas de la Universidad Autónoma de Barcelona IGOP/UAB.

Las peripecias de la Deuda Pública española.

2010 está resultando un ejercicio complicado para el gobierno de España y también para las restantes administraciones públicas. Desde el gobierno se trató de hacer frente en 2008-2009 a las consecuencias de la crisis practicando políticas anticiclicas de inspiración keynesianas. Dichas políticas se apoyaron en los denominados “estabilizadores automáticos” y en un mayor empuje del gasto público. Los planes de estimulo de la construcción no residencial, desarrollados a través de los ayuntamientos, financiados por el gobierno de España, pretendieron corregir en parte el hundimiento del sector de la construcción, verdadero responsable del intenso descenso del empleo en la economía española.

Pero en 2010 ha crecido la “burbuja” de la deuda pública a nivel mundial. En este ejercicio se han colocado volúmenes masivos de emisiones de deuda pública, derivados de la financiación de las actuaciones anticíclicas anteriores y del saneamiento de entidades financieras afectadas por la crisis. Tras dos ejercicios de aparición de un déficit publico elevado, la deuda pública española (administración central, autonomías y ayuntamientos) se situaba a fines de 2009 en un nivel (53,2% del PIB) inferior al de la media de la Eurozona (79%)

Los problemas crecieron al conocerse el alcance del déficit público de España, el -11,2% del PIB en 2009, lo que creó alarmas de nuevos aumentos importantes de la deuda pública. A lo anterior se añadió el fuerte endeudamiento alcanzado por hogares y empresas en España. El auge inmobiliario de 1997-2007 se financió complementando los depósitos bancarios con apelaciones a los mercados mayoristas de dinero. Los intensos déficits externos de la fase de auge (que alcanzaron el -10% del PIB en 2007) se financiaron acudiéndo masivamente al ahorro exterior. Las exigencias de nuevas emisiones en 2010 derivadas de dicho endeudamiento se plantearon en un momento de fuerte presión de demanda sobre los mercados de capitales.

El endeudamiento exterior privado pesó, pues, sobre la situación de la deuda pública española. La grave crisis griega de la primera mitad de 2010 afectó a los países con mayores déficits públicos y puso en dificultades a la Eurozona. El escenario de retorno a un déficit público del 3% del PIB en 2013 previsto por el gobierno español pareció insuficiente a los organismos económicos internacionales. El Ecofin de la primera semana de mayo de 2010 forzó a adoptar medidas reductoras del déficit de impacto más inmediato que las previstas inicialmente. En este contexto, el diferencial de la deuda española a diez años con la deuda alemana creció desde el 0,84% en abril de 2010 hasta aproximarse al 2% en mayo. El coste de las emisiones de deuda española a 10 años aumentó así en un 17% entre abril y junio de 2010 (Ver gráfico).

En 2009 no solo habían registrado fuertes descensos las recaudaciones de los principales tributos en España, sino que se anticiparon recursos desde el gobierno a autonomías y ayuntamientos sobre la base de unos ingresos fiscales que no tuvieron lugar. La administración general del estado absorbió en principio los déficits de las restantes administraciones públicas.

En los meses de mayo y junio de 2010, en lo peor de la crisis de Grecia, no solo hubo problemas de colocación de deuda pública en los mercados de capitales, sino que también tuvieron dificultades las emisiones procedentes del sector empresarial de la economía española. Los mercados no se tranquilizaron para España hasta que se publicaron los resultados de las pruebas de “stress” realizadas a bancos y cajas de ahorros a fines de julio. Dichas pruebas evidenciaron una situación de solvencia suficiente de dichas entidades ante eventuales coyunturas problemáticas. El diferencial citado bajó hasta una media de 1,66 puntos porcentuales en agosto de 2010.

El aumento del déficit público irlandés complicó de nuevo en septiembre y octubre de 2010 la situación de los mercados. La deuda española mantuvo el tipo en principio, pero el anuncio a 30 de septiembre de que la Agencia Moody había rebajado la calificación de dicha deuda, desde el nivel Aaa al de Aa1, elevó el diferencial mencionado hasta un 1,80% y endureció la captación de recursos para España en los mercados de capitales.

Tres fueron las razones de Moody para la rebaja: las débiles expectativas de crecimiento de la economía española para los próximos años, el deterioro de la fortaleza financiera del gobierno de España, afectado por el empeoramiento de la situación de la deuda de las autonomías, y las posibles dificultades para atender las obligaciones derivadas de los mayores niveles de deuda que se avecinan. Moody ha estimado en 160.000 millones de euros las emisiones brutas de deuda española en 2011.

El ex presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, dijo en una ocasión que de mayor le gustaría ser mercado de bonos, por su enorme poder. La reacción del gobierno español implica un cambio radical de política económica. Ello ha supuesto, entre otros aspectos, un abrupto recorte del gasto publico, corriente y de inversión, unas elevaciones moderadas de los impuestos indirectos, la reducción o estabilización de algunas prestaciones sociales (véase pensiones) y unas reformas “duras” en el mercado de trabajo y en el sistema financiero. Ello implica un giro de 180 grados en el perfil de la politica económica seguida por el gobierno socialista hasta el primer trimestre de 2010.

No es esta la primera vez que un gobierno socialdemócrata debe de efectuar un fuerte ajuste ante una situación complicada frente al resto del mundo. La cuestión descansa en la necesidad de mantener el rigor de la política económica, a la vez que se intenta lograr que los costes del ajuste se repartan de forma equilibrada entre los diferentes estratos sociales, mientras se impulsa la salida de la crisis y el avance hacia un modelo productivo mas diversificado. Se trata de una tarea difícil, pero no imposible.

Julio Rodríguez López – Consejo Científico de ATTAC España.

Ignacio Ramonet: «Las cosas solo cambian si la sociedad dice basta».

Elianne Ros – El Periódico

En un pequeño y luminoso despacho de la calle Stephen-Pichon, en el distrito 13 de París, cerca de la Plaza d’Italie, Ignacio Ramonet dirige la edición española de Le Monde Diplomatique. Las estanterías repletas de libros están salpicadas de fotografías. Testimonios de los viajes y las inquietudes del periodista de origen gallego. Ramonet aparece en ellas acompañado del líder cubano Fidel Castro, del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, o de tres guerrilleros de Chiapas. A los 67 años mantiene intacta su curiosidad por el mundo y su voluntad de convertirlo en un lugar mejor.

El Premio Antonio Asensio de Periodismo le ha sido concedido por su labor como intelectual, pero también por su voluntad de cambiar el mundo, por su compromiso social. ¿Qué representa este reconocimiento para usted?

-Recibir el Premio Antonio Asensio de Periodismo es un gran honor, no solo por su seriedad, sino también porque reconoce toda mi labor, y no camufla la faceta de activista.

¿Qué es para usted el periodismo?

-Creo que llega un momento en que el periodista no debe limitarse a reflejar una situación, debe hacer propuestas. Como actor intelectual puede sugerir pistas para buscar soluciones. Eso es lo que he pretendido con la creación de Attac o del Foro Social Mundial.

Se muestra muy crítico con los medios de comunicación. ¿Cuál cree que debe ser su papel en la era de internet?

-No es casualidad que Superman, Spiderman o Tintín fueran periodistas. Pero hoy el periodista ya no es un héroe. Para la gran mayoría la situación laboral se degrada, e internet ha provocado una crisis de identidad. Los medios dominantes son las redes sociales. Hoy hay un discurso que consiste en decir que todo el mundo es periodista.

¿Cuáles son los efectos de esta transformación en la sociedad?

-Internet está produciendo un fenómeno que yo llamo la inseguridad informativa. Está lleno de informaciones falsas y de rumores, que a partir del momento en que un medio creíble las reproduce se convierten en verdades, como ocurrió con el famoso rumor de la crisis del matrimonio Sarkozy. Luego estamos inmersos en una carrera por la inmediatez, que no siempre es sinónimo de calidad. Hay problemas nuevos, pero no creo que haya habido nunca una edad de oro del periodismo, siempre ha sido difícil ejercerlo.

¿Somos víctimas de una sobredosis de información?

-Se produce hoy lo que llamo la censura democrática. En realidad todos estamos tan asfixiados de información, tenemos tanta, que no sabemos cuál es la que falta. Es decir, no tenemos ni tiempo de preguntarnos cuál es la que no nos dieron. Antes, entre la información y la opinión pública había la barrera del poder. Hoy se ha construido una nueva barrera, que paradójicamente es la de la información. Hay un muro en el que la información no deja pasar la información.

En su último libro, La catástrofe perfecta, dice que la crisis financiera nos brinda una oportunidad para cambiar el sistema, siempre que no se caiga en las actitudes del pasado. ¿No es justamente eso lo que está pasando?

-Cuando se produjo el crac financiero, muchos analistas pensaron que después de un desastre de tales dimensiones no podía volver a reproducirse un capitalismo en el que los mercados actuaran sin ley. Y, sin embargo, para gran sorpresa de los propios dirigentes que dijeron que había que refundar el sistema, hoy estamos ante el mismo tipo de capitalismo.

¿Los estados no pueden hacer nada para remediarlo?

-Claro que sí, curiosamente Europa apuesta por una política de austeridad para defender ante todo la fortaleza del euro. En cambio, Estados Unidos opta por una política más neokeynesiana, primando la inversión pública para crear empleo. Es paradójico que el comportamiento de Europa sea más neoliberal que el de Norteamérica.

En Europa parece que la única solución a la crisis económica pasa por los recortes sociales.

-Habrá que ver qué pasa en Francia. No sería la primera vez que la sociedad se subleva, tiene esa especialidad histórica. Si los franceses consiguen detener la reforma de las pensiones, ¿qué pasará en los demás países? Eso puede estimular la resistencia social. La crisis tiene varias fases, la bancaria, la industrial y la social. Ahora estamos de lleno en este periodo, que será largo y penoso.

¿Y cómo ve usted la situación en España?

-Es diferente que en Francia. Tiene el doble de parados -un 20% es muchísimo-, pero también hay más solidaridad familiar y más economía sumergida. El desastre social es enorme, y una gran parte de los ciudadanos está bajo el choque del cambio de orientación del Gobierno. De la noche a la mañana ha cambiado la política de ayuda pública para acatar la del eje franco-alemán, que en realidad es la que marca Alemania. Muchas personas están desconcertadas, y temo que esto se traduzca en una abstención aún mayor en las elecciones y un aumento de la xenofobia, como está sucediendo en muchos países de Europa.

De hecho, en su libro, usted alerta del riesgo de que surjan nuevos Hitler o Stalin.

-En general, las grandes crisis llevan al poder a personajes autoritarios, antidemocráticos, salvadores de la patria que no necesitamos. Las crisis hacen ansiar soluciones sencillas para un mundo complicado, y no hay soluciones sencillas.

¿Cual cree que puede ser la salida del capitalismo ante la actual situación de la economía mundial?

-El capitalismo siempre ha funcionado en base a la articulación del mercado con el Estado. En 1980 triunfó la idea de que el mercado no necesitaba al Estado. Al final de cada ciclo se buscaba una solución razonable, keynesiana, pero siempre se volvía a caer en la tentación del mercado salvaje, y la explosión de cada burbuja era peor que la precedente. No hay ninguna razón para creer que un mercado desbocado no nos lleve a un desastre peor.

¿No aprenderemos nunca?

-El sistema no puede ir de burbuja en burbuja. De cada 10 euros, nueve los crea el sistema financiero y solo uno el sistema de producción. Somos un coche de carreras que circula sin control y a toda velocidad. La esperanza es que la gente diga basta. Hasta ahora ha reaccionado de forma extremadamente serena y sumisa. Lo que está pasando en Francia puede ser un detonante para el resto del mundo, puede generar una revolución. Solo cambiaremos las cosas si la sociedad se subleva y dice basta.

¿Cómo explica la explosión de cólera de los franceses? ¿Se debe solo a la reforma de las pensiones?

-Esta reforma ha sido la gota que ha colmado el vaso de un malestar general por el endurecimiento de la vida cotidiana. Detrás de la prolongación de la edad legal de la jubilación la gente ve una nueva vuelta de tuerca en la precarización del trabajo. Además de las consecuencias de la crisis, ha cristalizado una irritación creciente contra la política de Nicolas Sarkozy.

¿A qué se debe esta desafección de los franceses hacia Sarkozy?

-No es tanto por su política de derechas, sino por una actitud que se percibe como soberbia y prepotente, el llamado espíritu de Fouquets [el restaurante de lujo de los Campos Elíseos donde el presidente celebró su victoria electoral rodeado de un puñado de amigos ricos y famosos], que tiene su máxima ilustración en el caso Bettencourt [la heredera de L’Oréal, la mujer más rica de Francia, acusada de evasión de impuestos, habría financiado de forma ilegal la campaña de Sarkozy].

A diferencia de otros presidentes franceses, Sarkozy se muestra inflexible ante la presión de la calle. ¿Qué consecuencias puede tener su posición?

-Su actitud es irresponsable. Se ha producido una bifurcación, y los dos caminos son malos. Una vía es que Sarkozy consiga hacer lo mismo que hizo Margaret Thatcher en Gran Bretaña: romper el espinazo a los sindicatos. La otra lleva a un endurecimiento del movimiento social que puede desembocar en una parálisis del sistema. La situación se les puede escapar de las manos a los agentes sociales y conducir a una situación de gran violencia.

En su libro augura el fin de la hegemonía de Estados Unidos y el desplazamiento del eje geopolítico a la zona asiática. ¿Qué consecuencias puede tener esa transformación desde el punto de vista de los derechos humanos?

-En China el sistema económico actual es el capitalismo más salvaje. No es deseable que, tal como funciona, pase a ser la matriz del mundo. Pasaríamos de un mundo malo a uno peor. China no puede seguir así, no puede mantener dos dinámicas contradictorias. No se puede mantener fija la estructura política y dinámico el desarrollo de la sociedad. Inevitablemente se romperá un eslabón de la cadena, y esto pasará más pronto que tarde.

¿Se puede abrir un nuevo foco revolucionario?

-No necesariamente debe ser una revolución desordenada. Al mundo no le interesa que se abra un nuevo espacio de caos. China puede evolucionar transformando sus instituciones.

Para reducir las diferencias entre los países ricos y los pobres usted propuso la tasa Tobin. ¿Continúa siendo una solución válida?

-Estoy convencido. En el mundo, lo que se compra y se vende más no es el petróleo o el trigo, es el dinero. Una gran parte de las actividades financieras las genera el mercado de divisas. Tobin propuso que cada Estado creara una tasa de 0,1% sobre cada transacción para frenar el movimiento especulativo. Sobre este principio, yo propongo una tasa que vaya a un fondo gestionado por la ONU destinado al desarrollo de los países del sur. Se calcula que si solo hablamos del mercado de divisas este fondo tendría cada año unos 30.000 millones de euros. Las Naciones Unidas calculan que 12.000 millones al año serían suficientes.

¿Pero en un contexto de crisis una medida así no es mucho más difícil de aplicar?

-Cuando se creó el IRPF todos decían que era una catástrofe, y lo mismo pasó con el IVA. Si hoy la principal riqueza la crean las finanzas es indispensable que exista algo, un impuesto al valor añadido. Si es sobre el mercado de divisas, la suma sería tan importante que los estados podrían dedicar una parte a políticas sociales. Por ejemplo, a financiar las pensiones.

Después de las grandes movidas de principios de la década da la impresión de que el movimiento altermundialista está estancado.

-Hemos entrado en otra fase. La palabra altermundialismo surgió del lema del Foro Social Mundial, Otro mundo es posible. Algunas de las propuestas, que parecían muy revolucionarias, como la tasa Tobin, han acabado cuajando. Aún no se aplican pero hoy hasta Sarkozy defiende la medida.

El incendio social francés.

Editorial de La Jornada (México)

Por segunda ocasión, Nicolas Sarkozy ha provocado un incendio social en Francia. La primera fue hace cinco años, cuando el entonces ministro del Interior alimentó con su insensibilidad y su torpeza el descontento juvenil que cunde en los barrios de la periferia parisina, poblados en buena proporción por descendientes de inmigrantes magrebíes y africanos en general. En aquel entonces la magnitud de las protestas, protagonizadas por adolescentes que no tenían (ni tienen) un lugar definido en su propio país y son objeto automático de sospecha y de atropello policial, llevaron a la suspensión de garantías, al toque de queda y, lo más grave, a una fractura de la sociedad a partes iguales. Fue una revuelta contra el racismo estructural y la marginación.

Hoy, por razones diferentes, las acciones de Sarkozy desde la Presidencia han suscitado una ola de protestas que incluye a la mayor parte de los franceses. El empeño presidencial por imponer una ley que aumenta la edad mínima de jubilación –de 60 a 62 años, y de 65 a 67 para quienes pretendan cobrar la pensión completa– ha unificado en su contra a más de dos tercios de la población, y ha generado una confluencia política y generacional sin precedente desde las jornadas de mayo de 1968: a los paros diarios promovidos por las centrales sindicales se han unido las protestas de organizaciones estudiantiles y juveniles de diversas localidades francesas, y se ha creado, así, una doble crisis: mientras los primeros han afectado severamente los transportes ferroviarios y aéreos y han provocado un desabasto generalizado de gasolina, las segundas han desembocado en violentos enfrentamientos con la policía, con el cierre de numerosos planteles y con bloqueos y barricadas.

El problema de fondo es la intención del gobierno francés de pasar la factura por la crisis económica a los asalariados: ante el declive en las finanzas estatales, se pretende optar por una reformulación del sistema de pensiones que, en última instancia, despoja a los beneficiarios del monto equivalente a dos años de su jubilación. Se trata de una típica acción depredadora de las que caracterizan a la escuela neoliberal, como muchas de las que han sido aplicadas en América Latina y en México, en particular, y se traducen en un incremento de las desigualdades sociales.

Paradójicamente, el empecinamiento del gobierno de Sarkozy en hacer aprobar las modificaciones legales correspondientes ha puesto en evidencia una gran capacidad de articulación de la sociedad francesa en defensa de conquistas sociales históricas, así como la conciencia laboral y la visión de futuro –que hasta hace pocos días resultaban insospechadas– de que es dueña una generación de jóvenes que ni siquiera ha ingresado al mercado de trabajo.

Ante la magna convulsión social causada por sus políticas, el mandatario no ha tenido más iniciativas que anunciar medidas emergentes para regularizar el abasto de gasolina y amenazar a los manifestantes con la adopción de medidas represivas.

Pero, a una semana de iniciados los paros sindicales, y ante la profundización, extensión y masificación de las protestas –se calcula que en la jornada de ayer más de tres millones de personas participaron en las marchas de inconformidad–, la situación política de Sarkozy empieza a ser angustiosa, y lo será más en tanto no se normalice la vida pública. Si las mayorías francesas permanecen movilizadas, el gobernante no tendrá más remedio que echar marcha atrás en su iniciativa de despojo a los pensionados. Cabe esperar que así sea.

España puede entrar en un callejón sin salida como ocurrió en Argentina hace 10 años.

Un balance de 2010: la crisis se enquista,

la supervivencia del euro está gravemente amenazada

y la política de austeridad fiscal podría llevar a España a un callejón sin salida

como el experimentado por Argentina hace 10 años.

Joseph Stiglitz – premio Nóbel de economía en 2001. (Sunday Telegraph, 4 octubre 2010)

El pasado 4 de octubre, el diario británico Sunday Telegraph publicó un extracto del prólogo a la segunda edición del libro de Stiglitz Caída libre (Freefall: Free Markets and the Sinking of the Global Economy, segunda edición, Londres, octubre 2010, £9.99, editorial Penguin), cuya primera edición fue a comienzos de este año. El epílogo es un balance de lo ocurrido en los primeros 9 meses de 2010, y queda bien resumido en el título con que lo reproducimos en castellano: la crisis se enquista, la supervivencia del euro está gravemente amenazada y la política de austeridad fiscal podría llevar a España a un callejón sin salida como el experimentado por la Argentina hace 10 años.

Desdichadamente, en los ocho meses transcurridos desde que apareció la edición en tapa dura de Caída libre, la sucesión de acontecimientos ha superado ampliamente las expectativas: el crecimiento se mantiene débil, lo suficientemente anémico como para que el desempleo se mantenga estupefacientemente alto; las ejecuciones hipotecarias siguen en curso, y aunque los bonos y los beneficios bancarios se han recuperado, la oferta de crédito no lo ha hecho, a pesar de que la revitalización del mismo fue la razón alegada para proceder a los rescatesbancarios.

Unas cuantas cosas –la crisis en Europa y el alcance de las prácticas fraudulentas e inmorales— de los bancos han ido peor de lo esperado, y otras –la dimensión de las pérdidas en los rescates bancarios— han ido un poco menos mal. Las reformas en la regulación del sector financiero son más fuertes de lo que yo esperaba.

Sin embargo, los bancos se mostraron capaces de mitigar lo bastante esas regulaciones como para que no resulte despreciable la perspectiva de una nueva crisis atravesada en nuestro camino: hemos comprado un poco de tiempo extra antes de la próxima crisis y, tal vez, reducido el probable costo de la presente para nuestra economía.

Las verdaderas novedades de los últimos ocho meses han sido la paulatina aceptación por parte de economistas y gobernantes de la triste imagen del futuro contra la que yo previne: una “nueva normalidad” con elevadas tasas de desempleo, menor crecimiento y menos servicios públicos en los países industriales avanzados.

La prosperidad ha sido substituida por un malestar à la japonesa sin final divisable. Pero al menos en la “década perdida japonesa”, a despecho del bajo crecimiento, el desempleo se mantuvo bajo y la cohesión social, alta.

En Europa y en Norteamérica, en cambio, algunos economistas hablan ya de una tasa de desempleo del 7,5%, harto por encima de la del 4,2% de que disfrutamos en los 90. La crisis financiera, en efecto, ha generado daños duraderos a nuestra economía, de los que tardaremos en recuperarnos.

No fue sólo el sector privado el que vivió en un mundo de fantasía sostenido por las burbujas en los bienes raíces y en los mercados de valores. Los gobiernos han participado indirectamente en esa ensoñación, pues recibieron parte del “ingreso fantasma” en forma de recaudación fiscal.

Para países fiscalmente atolondrados como los EEUU o Grecia, las cosas fueron todavía más dolorosas. En 2009, el déficit estadounidense se disparó hasta el 9% del PIB; en Gracia, hasta el 13,6%.

Reducir esos déficits a cero no es cosa simplemente de esperar a la recuperación, pues esos países incurrieron en déficits incluso cuando sus economías disfrutaban de empleo casi pleno y su recaudación fiscal se veía robustecida por impuestos a los beneficios dimanantes de las burbujas. Se precisará, pues, de substanciales incrementos recaudatorios o de substanciales recortes de gastos.

Pero aquí está el problema: a falta de recuperación global, cualesquiera recortes en el gasto o incrementos en la recaudación llevarán con toda seguridad a un crecimiento aún más lento, lo que tal vez empujará a las economías a una segunda zambullida en la recesión.

A pesar de estas duras perspectivas para la economía mundial, no tardaron Wall Street y los mercados financieros en lanzar vociferantes exigencias de reducción de los déficits.

Su miopía dio origen a esta crisis, y ahora son igualmente miopes al exigir políticas que no pueden sino traer consigo la persistencia de la misma.

Exigen recortes presupuestarios. Sin esos recortes, advierten –de consuno con las agencias de calificación—, subirían los tipos de interés, se cortaría el acceso al crédito y a los países no les quedaría otra solución que volver a recortar.

Pero, no bien anunció España recortes presupuestarios en mayo pasado, las agencias de calificación y los mercados respondieron: dijeron, yo creo fundadamente, que los recortes dañarían las posibilidades de crecimiento.

Con menor crecimiento, los ingresos fiscales bajarían, los gastos sociales (como la ayuda al desempleo) subirían y los déficits aumentarían. Fitch, una de las tres agencias principales, degradó la calificación de la deuda española, y siguieron subiendo los intereses que España tiene que pagar por su deuda pública. Evidentemente, los países salen perjudicados tanto si recortan el gasto como si no lo hacen.

Todo eso resulta tanto más perturbador, si se recuerda que, en el punto culminante de la crisis, hubo un momento de unidad nacional e internacional, cuando los países se enfrentaron de consuno a la calamidad económica. Por vez primera, el G20 juntó a los países desarrollados con los países de mercados emergentes para buscar soluciones al problema global del mundo. Hubo un momento en que todo el mundo era keynesiano y quedó desacreditada la malhadada idea de que los mercados desembridados eran estables y eficientes.

Brotó la esperanza de que pudiera emerger un capitalismo nuevo y más temperado y un orden económico global más equilibrado: un orden que pudiera al menos lograr una mayor estabilidad a corto plazo y comenzar a enfrentarse a cuestiones inveteradas, como la gran y creciente desigualdad entre ricos y pobres o la necesaria adaptación de nuestra economía a la amenaza del cambio climático, liberándola de su dependencia de los combustibles fósiles y reestructurándola para que pudiera competir eficazmente con los países emergentes de Asia.

Esas esperanzas alimentadas en los primeros meses de la crisis pronto quedaron sofocadas.

Lo que ahora domina es un humor desesperanzado: el camino a la recuperación puede llegar a ser todavía más lento de lo que yo sugería hace ocho meses, y las tensiones sociales, harto más graves.

Los altos ejecutivos bancarios han vuelto a los bonos de siete dígitos, mientras que los ciudadanos de a pié no sólo se enfrentan a un desempleo desapoderado, sino a unas tasas de cobertura del mismo que distan por mucho de estar a la altura de los desafíos de la Gran Recesión.

Hay críticos que sostienen que el keynesianismo sólo logró aplazar el día del juicio final. Yo digo, en cambio, que

A menos que volvamos a los principios básicos de la teoría económica keynesiana, el mundo está condenado a un prolongado declive.

La crisis ha empujado al mundo hacia una terra incognita preñada de incertidumbres.

Pero hay una cosa de la que podemos estar absolutamente seguros:

Si los países industriales avanzados siguen por el camino que parecen haber emprendido hoy, la probabilidad de que volvamos a tener algún día no lejano una economía robusta es nula.

Las posiciones económicas y políticas relativas de Europa y Norteamérica quedarán muy disminuidas, así como nuestra capacidad para enfrentarnos a cuestiones de largo plazo de las que depende crucialmente nuestro futuro bienestar.

Cerca de tres años después del comienzo de la recesión, resulta claro que, aun si la economía pudiera hallarse en vías de recuperación, esas vías están atravesadas de obstáculos imprevistos.

Entre las cosas más impredecibles que nos aguardan, están el cambio de la política y de las actitudes públicas.

Aun antes de que llegara a restaurarse el crecimiento económico, y cuando los EEUU siguen empantanados en una alta tasa de desempleo, la atención –cuando menos en algunos centros de decisión— se ha desplazado hacia la inflación y la deuda pública. Ahora mismo, la inflación no constituye una amenaza, y es improbable que sea de otro modo mientras el desempleo siga alto. Los bajos tipos de interés de los bonos públicos a largo plazo sugieren que el “mercado” mismo no está preocupado por la inflación, ni siquiera a largo plazo.

Para mí, el problema real –no ahora, pero posiblemente sí en unos pocos años— no es tanto la inflación o la deuda, cuanto las preocupaciones por la inflación y la deuda manifestables en los mercados financieros. Si el mercado empieza a anticipar inflación, exigirá tipos de interés más altos como compensación por el disminuido valor de los dólares que recibirá en pago. Unos tipos de interés más altos llevarán a un aumento de los déficits y de la deuda públicos, lo que, combinado con las expectativas de inflación, ejercerá una presión a favor del recorte del gasto público antes de que la economía comience a pisar suelo firme.

El problema real hoy sigue siendo el desempleo y una insuficiente demanda agregada, precisamente el problema al que se enfrentó John Maynard Keynes hace 75 años, durante la Gran Depresión. La política monetaria, entonces como ahora, había llegado a sus límites: ulteriores rebajas de los tipos de interés, cuando no eran imposibles, carecían de efecto estimulante sobre la economía.

No nos queda sino usar políticas fiscales para restaurar la salud de la economía. Las pruebas de que eso funciona son abrumadoras. China puso por obra uno de los mayores paquetes de estímulos del mundo y ha tenido una de las recuperaciones más robustas, a pesar de que su economía se enfrenta a choques nada despreciables. En Europa y en Norteamérica, los paquetes de estímulos fueron demasiado pequeños como para desactivar la onda de choque procedente del sector financiero; pero de no haber andado esos estímulos de por medio, las tasas de desempleo serían ahora mucho más altas.

Los ataques de los mercados financieros contra Grecia muestran que los déficits no pueden ser ignorados. Grandes déficits pueden llevar a incrementos en las tasas de interés pagaderas por la deuda pública, lo que empeora los problemas fiscales del país en cuestión.

Pero la respuesta ingenua a esa situación –recortemos el gasto y/o aumentemos los impuestos— todavía hace peores las cosas, como ha tenido ocasión de verse harto dramáticamente con la respuesta de los mercados a las nuevas políticas de austeridad del gobierno de España.

La metáfora que compara a los Estados con los hogares y las familias no sólo anda muy equivocada, sino que es peligrosa. A los hogares que viven por encima de sus posibilidades – esto es, que gastan más de lo que ingresan— y no hallan banco que les financie el derroche, no tienen más opción que la de recortar sus gastos. Un recorte suficientemente grande logrará poner orden en su cuentas. Pero cuando los Estados recortan el gasto público, el crecimiento se desacelera, crece el desempleo y caen los ingresos (y por lo mismo, la recaudación fiscal).

Hay una vía para salir de este aparente brete. Las preocupaciones por la dimensión de la deuda deberían llevar a un cambio en las pautas del gasto público: a un gasto público que trajera consigo elevados rendimientos económicos.

También debe cambiar la estructura fiscal, que debe orientarse hacia un mayor crecimiento y a menores déficits. Por ejemplo: hay que aumentar los impuestos a los ingresos empresariales de aquellas empresas que no reinviertan en su negocio, y disminuir los impuestos a aquellas empresas que sí invierten (a través, pongamos por caso, de créditos fiscales de inversión). Mayor inversión lleva a mayor crecimiento, y mayor crecimiento lleva a mayores ingresos fiscales. Otro ejemplo: aumentar los impuestos a las personas con elevados ingresos y bajarlos a las personas de bajos ingresos.

El Estado puede hacer más todavía para ayudar al crecimiento del sector privado: si los viejos bancos no prestan, puede crear nuevos bancos que presten. Con una fracción de lo que se gastó en resolver el problema de los malos préstamos de los viejos bancos, el gobierno podría haber creado un conjunto de nuevas instituciones financieras no contaminadas por las malas decisiones del pasado.

Cuando se creó el euro como moneda común en Europa, no fuimos pocos los que manifestamos reparos. Los países que comparten moneda tienen una tasa de cambios fija entre sí, lo que les priva de una herramienta importante de ajuste.

Si Grecia y España hubieran tenido la posibilidad de depreciar su moneda, sus economías se habrían robustecido aumentando las exportaciones. Además, al uncir su moneda al euro, lo que hicieron esos dos países fue renunciar a otro importante instrumento útil para reaccionar al desplome: la política monetaria. De no ser por eso, habrían podido responder a sus respectivas crisis reduciendo los tipos de interés para estimular la inversión

Nada de eso: los países de la eurozona tienen las manos atadas. Mientras no se produjeran choques, el euro tenía que funcionar. La prueba vendría cuando alguno de los países se enfrentara a una caída económica- La recesión de 2008 fue la prueba, y se diría que Europa no la pasó.

Para hacer frente a la pérdida de esos instrumentos vitales de ajuste, la eurozona debería haber creado un fondo de ayudas para los países con problemas. Los EEUIU constituyen un área de “moneda única”, pero cuando California tiene un problema y se dispara su tasa de desempleo, una buena parte de los gastos son sufragados por el gobierno federal.

Europa no tiene manera de ayudar a los países que se enfrentan a problemas graves.

España tiene una tasa de desempleo del 20%, y entre un 40% y un 50% de jóvenes en el paro.

Tenía excedente fiscal antes de la crisis; a partir de la crisis, su déficit fiscal rebasa el 11% de su PIB.

Pero esas son las reglas del juego: España tiene ahora que recortar el gasto, lo que casi con toda seguridad elevará todavía más su tasa de desempleo. A medida que se encoja su economía, la mejora de su posición fiscal sólo puede ser mínima.

España podría estar entrando en el tipo de espiral mortal que afligió a Argentina hace ahora una década.

Sólo cuando Argentina rompió su vínculo con el dólar logró empezar a crecer y a reducir su déficit. Hasta ahora, España no ha sido objeto de ataques especulativos, pero eso podría ser sólo cuestión de tiempo.

Tal vez no fue una sorpresa el que Grecia fuera el primer país atacado por la especulación. A los especuladores les gustan los países pequeños, porque se los puede atacar con menos dinero. Y los problemas de Grecia eran, por distintas vías, los más graves (a pesar de que su tasa de desempleo del 10% estaba en línea con la media de la eurozona, su déficit público –un 13,6% del PIB en 2009— era el segundo mayor de Europa, tras el de Irlanda). Su deuda significaba el 115% del PIB. Como los EEUU, tenía déficit ya antes de la crisis (5,1% del PIB en 2007, peor aún que el de los EEUU, que era del 2,5% del PIB).

Como muchos Estados y muchas empresas del sector financiero, Grecia se deslizó por la pendiente de la contabilidad fraudulenta, asistida en ello, y aun empujada, por empresas financieras privadas. Varias empresas financieras norteamericanas que habían descubierto la forma de servirse de esas prácticas contables y de productos financieros como derivados y repos para engañar a sus accionistas y a sus gobiernos, vendieron esas técnicas y esos productos a gobiernos deseosos de ocultar sus déficits.

Resulta preocupante que haya una ola de austeridad abatida sobre toda Europa (la cual, según observé antes, toca ya las costas norteamericanas).

En la medida en que muchos países recortan simultánea y prematuramente el gasto público, la demanda agregada global disminuirá y se desacelerará el crecimiento, lo que tal vez traiga consigo una segunda zambullida en la recesión.

Es posible que la recesión traiga su origen en los EEUU, pero Europa está poniendo ahora de su parte, y con creces.

La eurozona necesita una mejor coordinación económica, no sólo una coordinación reducida a reglas presupuestarias; es preciso que los países europeos cooperen entre si para que Europa vuelva al pleno empleo y para ayudar a los que sufran choques económicos importantes.

Europa creo un fondo de solidaridad para ayudar a los países de nuevo ingreso en la UE, en su mayoría más pobres. Pero no creo un fondo de solidaridad para ayudar a las partes de la eurozona en apuros. Sin un fondo de ese tipo, las perspectivas de futuro de la eurozona son nulas.

Hay una solución: la salida de Alemania de la eurozona, o en su defecto, la división de la eurozona en dos subregiones.

El euro ha sido un experimento interesante pero, al igual que el casi olvidado sistema del MTC (Mecanismo de Tasa Cambiaria) que le precedió –y que se hundió cuando los especuladores atacaron la libra esterlina en 1992—, carece del apoyo institucional necesario para que funcione.

Si Europa no logra encontrar la vía para hacer esas reformas institucionales perentorias, entonces mejor sería admitir el fracaso y sacar las oportunas consecuencias de pagar un alto precio en desempleo y sufrimiento humano en nombre de una configuración institucional fracasada, incapaz de estar a la altura de sus ideales fundacionales.

La primera década del siglo XXI ha quedado ya registrada como una década perdida. La mayoría de los norteamericanos tienen ahora menores ingresos que al romper el siglo. Europa empezó la década con un osado experimento, el euro, que podría estar revelándose ahora como un fracaso.

En ambos lados del Atlántico, el optimismo de comienzos de década ha quedado cubierto por una tiniebla de nuevo cuño. A medida que las semanas del desplome –el Nuevo Malestar— trocan en meses y los meses, en años, una nueva y grisácea palidez proyecta su sombra.

Yo escribí a comienzos del presente año que limitarse a salir del paso a trompicones no bastaría, y que no era demasiado tarde para sentar las bases de un curso alternativo. Lo cierto es que hemos seguido dando tumbos para salir del paso: en algunas cosas, como la reforma regulatoria, mejor de lo que yo me temía, pero peor de lo que esperaba; en otras, como la creación de una nueva visión, mis temores se han revelado plenamente fundados. Todavía no es demasiado tarde. Pero la ventana de las oportunidades podría estar a punto de cerrarse.

Traducción para www.sinpermiso.info: Àngel Ferrero

Un plan perverso.

El Fondo Monetario Internacional, tras la bancarrota de Lehman Brothers, recomendó gastar; luego, cortar el gasto como sea. Y ahora agita el espantajo de la deuda pública como amenaza. Estados Unidos aprueba nuevos planes de estímulo, mientras la neoliberal Comisión Europea se emperra en controlar neuróticamente el déficit… ¿Saben qué hacen unos y otros? Mientras tanto, los alegres chicos de Wall Street se embolsarán este año 144.000 millones de dólares, 4% más que en 2009. Para esos pocos no hay crisis. Al otro lado del charco, el gobierno del Reino Unido pretende reducir drásticamente las personas que reciben pensiones por incapacidad.

Enfermos de esclerosis múltiple y personas con trastornos mentales tendrán que buscar empleo, porque verán reducido su ya modesto subsidio o lo perderán. El gobierno conservador quiere eliminar 500.000 personas receptoras de ayuda por incapacidad permanente o temporal. El ministro de Trabajo, Ian Duncan Smith dice que los subsidios crean dependencia y “dejan a la gente sin dignidad”.

¿De qué habla ese tipo? ¿Por qué no prueba él a vivir con una esclerosis múltiple y sin posibilidad de empleo? Entérese, señor Smith, hablamos de derechos, no de sus trampas neoliberales. Pero, como escribe Juan Torres, los gobiernos y grandes organismos internacionales nos engañan. Han convertido la crisis en una gran excusa, mientras simulan que se enfrentan a ella. Sólo simulan. No ponen coto a la orgía especulativa y dejan que la banca haga lo que quiera. Como incumplir reiteradamente su papel de financiar a empresas y consumidores. Como no dejar de especular como si el planeta fuera el Monopoly.

Dicen relanzar la economía y apostar por crear empleo, pero limitan el gasto, recortan derechos e imponen austeridades que impiden el crecimiento. Y pasan de puntillas sobre las inmensas fortunas de los poderosos. Para no molestar. Y los enormes gastos militares, ni rozarlos. La organización solidaria Setem denuncia que la banca cómplice de evadir impuestos contribuye a aumentar la pobreza.

El informe “Close to the gap”, elaborado por Red Internacional BankTrack, demuestra que los países empobrecidos y emergentes pierden anualmente 160.000 millones de dólares por evasión fiscal.

Los bancos continúan inventando estratagemas para que sus clientes (y ellos mismos) no paguen impuestos utilizando paraísos fiscales. Esa es la prueba del algodón de la voluntad verdadera de enfrentarse a la crisis: los paraísos fiscales.

El genial caricaturista El Roto lo ha clavado en una ilustración inspirada en el microcuento de Monterroso: Una isla con montones de fajos de billetes sobre su superficie y la leyenda: “Cuando despertaron de las falsas promesas de regeneración financiera, los paraísos fiscales seguían allí”. Es la clave. Y G20, Unión Europea, FMI, OCDE… no han hecho nada para cambiar la situación y actuación de los paraísos fiscales… Nada.

Los presuntos responsables de afrontar la crisis ni siquiera se plantean hacer algo contra esos paraísos. Para quien no recuerde, paraísos fiscales significan legalización del fraude fiscal, evasión de impuestos, blanqueo de dinero negro, refugio de dinero de criminales narcotraficantes, de fondos de terroristas y de fortunas del crimen organizado… Y no es una hipérbole. Ante este panorama de desconcierto, pusilanimidad y cobardía de gobiernos y organizaciones internacionales, volvamos a la pregunta: ¿saben lo que hacen? Nos tememos que sí. Pero no precisamente resolver la crisis, sino sacarle partido.

Michael Hudson, ex economista en Wall Street y profesor de University of Missouri nos cuenta su terrible conclusión: “Utilizan la crisis y la prohibición de que los bancos centrales financien los déficits públicos para penalizar y llevar a la quiebra a los gobiernos, si se niegan a rebajar los salarios. Los planificadores neoliberales pretenden que salarios más bajos en el sector público supondrán salarios más bajos en el sector privado. El objetivo es rebajar los salarios un 30% o más, para disponer de excedente y pagar la deuda, dicen. Falso. Es un proyecto perverso para aguar las reformas democrático-sociales del siglo pasado en Europa. Los gobiernos aún han de imponer más carga fiscal al empleo y al comercio, recortar pensiones y otros gastos públicos. Europa puede caer bajo una dominación neoliberal totalitaria. Contra eso son las huelgas y las manifestaciones. La lucha de clases ha regresado a Europa”.

Xavier Caño Tamayo – Vanguardia (Méjico)

“Los bancos son los auténticos culpables de la crisis”.

Entrevista a Carlos Martínez en El Faro de Vigo

Carlos Martínez habla de asuntos económicos con claridad y contundencia, algo de agradecer en estos tiempos de confusión. Martínez atribuye sin paliativos la responsabilidad de la crisis a los bancos, a sus inventos financieros al amparo de la desregulación, y advierte de que la salida va para largo. Preside ATTAC España, integrada por un movimiento ciudadano internacional que comenzó a gestarse en 1998 en torno a una idea del periodista español asentado en París Ignacio Ramonet. ATTAC lleva casi una década anticipando lo que ahora ha estallado, resultado, a su juicio, de la victoria de los mercados sobre la política. Esta semana participó en Gijón en la escuela de verano de UGT.

¿Dejamos atrás a la crisis, nos quedamos en ella, el fin de esto está cerca?

Nosotros advertimos desde hace más de diez años de que si se mantenían las políticas neoliberales, la desregulación de los mercados financieros, podría ocurrir lo que está pasando ahora. Desde esa misma perspectiva, y a la vista de las medidas que se están tomando, hay que decir que la crisis va para largo. No lo decimos solo nosotros, también es la opinión de Krugman, Stiglitz y otros prestigiosos economistas, como Juan Torres o Vicenç Navarro. No es una cuestión de que nos guste ser catastrofistas. Lo peor de la crisis es que produce sufrimiento a mucha gente y, sobre todo, a quienes tienen una posición económica más débil; pero la política de seguir favoreciendo a las oligarquías financieras, a la banca, para entendernos, va a propiciar que la crisis persista más tiempo. No hay medidas de apoyo a la economía productiva, a la economía real.

Sin embargo, no parece que desde la política haya un remedio fiable. Aquí se restringe la inversión en infraestructuras, mientras que Obama lanza un plan de carreteras de una dimensión inusitada.

Europa y Obama llevan la crisis de forma diferente. Yo me inclino por cómo lo está resolviendo Obama, sin estar de acuerdo con lo que está haciendo en su conjunto. En EE UU los sindicatos han sido escuchados y sí se les hace caso, en cuanto que se está expandiendo el gasto y se intenta insuflar aire a la economía productiva. En Europa se hace lo contrario, reducir gasto y provocar ahorro, con un único objetivo: garantizar la solvencia de los bancos. Obama busca una salida al estilo de la que Roosevelt puso en marcha a raíz de la crisis del 29, mientras que en Europa persisten las mismas políticas neoliberales que nos llevaron a esto.

En esta crisis se constata el total fracaso de la política frente al poder económico.

Desde hace años nosotros advertimos de la crisis que se estaba gestando por efecto de la dictadura de los mercados, y reivindico para ATTAC el “copyright” de la frase. Cuando hablábamos de esto hace más de una década la gente nos miraba raro, pero ahora los gobiernos justifican su política por la necesidad de contentar a los mercados y valoran la eficacia de sus medidas a tenor de una supuesta reactivación de la economía que solo son respuestas de la ingeniería financiera. Que los políticos esperen a ver si los mercados sonríen o no ante sus medidas es una constatación de la dictadura de esos mercados. La oligarquía financiera, por usar el lenguaje clásico, que domina en los países centrales del mundo occidental es la que está marcando por dónde tienen que ir las políticas. Y los mercados tienen nombres y apellidos: son los grandes bancos internacionales, los ricos que salen en la lista “Forbes”.

Para ellos las crisis nunca resultan mal.

Lo que ocurre es que el mundo está cambiando mucho, no es lo que era. Hay ciertas zonas del mundo que antes eran muy pujantes y ahora están en decadencia, y otras antiguas tierras de misión que ahora son las que empiezan a mandar. Junto a la crisis económica y social se está produciendo una crisis de valores, una crisis política y un cambio de hegemonía mundial. Esto es algo histórico, estamos viviendo una transición mundial.

¿Una transición hacia dónde?

Hacia un debilitamiento de los países tradicionalmente capitalistas, frente a los que están surgiendo potencias emergentes como China, India, Brasil, Rusia o Sudáfrica. No quiero decir que estos países sean el paradigma, porque están muy dualizados, existen grandes diferencias sociales o una pobreza difusa muy grande, pero en ellos se está conformando una nueva clase dominante que responde a sus intereses de capitalismo nacional. Estos países crecen, mientras que Europa y EE UU están en crisis. También mejoran sus condiciones de vida. Durante los ochos años de mandato Lula ha sacado a bastantes millones de brasileños de la pobreza extrema, ha realizado una política de reparto. Los chinos están empezando a darse cuenta de que tienen que invertir en ellos mismos y en su bienestar, y empieza a haber huelgas para mejorar las condiciones de vida. Esto se ha producido porque en Europa occidental hace tiempo se impusieron unas políticas nefastas de deslocalización y desmantelamiento de la industria. Y barcos siguen haciendo falta, lo mismo que lavadoras o televisores. Si no se fabrican en Europa, pues los harán los chinos. Las propias oligarquías occidentales han ayudado a que este fenómeno se produzca. Tenemos que estar atentos a todos estos cambios y ver si nos interesa seguir siendo aliados de los decadentes o trabajar con otra perspectiva internacional.

Al comienzo de la crisis se apuntaba como salida la refundación del capitalismo. Incluso Díaz Ferrán llegó a pedir la suspensión de las reglas del sistema. Dos años después, de eso no queda ni la intención.

Efectivamente, en aquel momento se aceptaban propuestas nuestras como la de la tasa Tobin para gravar los movimientos internacionales de capitales. Se perdieron dos años en los que las fuerzas de la izquierda no supieron reaccionar y esto ha provocado la reorganización de los mercados. Los grandes detentadores de la riqueza pegaron el puñetazo en la mesa y, en estos momentos, estamos en una fase clásica y vieja que consiste en la acumulación de capital. Las políticas de empeorar las condiciones de trabajo, precarizar el empleo, jugar con el miedo de la gente para quitarle derechos son algo muy antiguo. Si Díaz Ferrán pedía menos libre mercado era porque intentaba endosar al Estado sus pérdidas, que es lo que se ha hecho en este tiempo. Ahora volvemos a lo de siempre, a decir que el Estado no sirve y que hay que recortar, lo que también abre nuevos nichos de negocios vinculados a lo que ahora son servicios públicos. Estamos en un momento de marcha atrás y están surgiendo resistencias sociales y sindicales. Hay soluciones que no son complicadas pero que requieren de voluntad política.

Después de renunciar a buscar culpables de la situación ahora se apela a una especie de culpa colectiva que consiste en afirmar que todo esto sobreviene porque vivíamos por encima de nuestras posibilidades.

Echar la culpa de esto a todo el mundo me parece obsceno e insultante para mucha gente. Vivía por encima de sus posibilidades quien podía. La “burbuja inmobiliaria”, propiciada por los bancos, que ahora son los mayores propietarios de vivienda en España, provocó el endeudamiento de las familias, pero la gente no se endeudaba para irse de vacaciones a las Bahamas, se endeudaban para comprarse casa y coche. Los que aquí más se endeudaron fueron las grandes empresas y, sobremanera, las constructoras. Los auténticos culpables de la crisis son los bancos, con toda la ingeniería financiera que han hecho, con las hipotecas basura, presionando a los gobiernos para que se privaticen los servicios. El origen de esta crisis, que no es sólo financiera, sino también social por la pérdida de derechos, tiene treinta años de historia. Predomina una determinada forma de entender la banca, por eso nosotros defendemos la banca pública y nos oponemos a la privatización de las cajas de ahorros.

“Impuestos a los ricos, impuestos a la banca y gravar los movimientos especulativos”

Y su receta…, ¿en qué consiste?

Estamos por la subida de impuestos a los ricos. Los paraísos fiscales se han legalizado a través de las sociedades de inversión colectiva de capital variable (SICAV). Si un profesional urbano paga entre un 25 y un 30 por ciento a Hacienda, Amancio Ortega, el dueño de Zara, paga el 1 o el 2 por ciento. La banca tiene que pagar impuestos. Si aquí se cobrara la tasa que está previsto cobrar a la banca estaríamos hablando de 7.500 millones de euros, que suma un poquito más que el resultado de congelar las pensiones y recortar el sueldo a los funcionarios. Hay que gravar los movimientos especulativos de capital que se producen en todo el mundo, que con una tasa muy baja, con un recargo del 0,01 por ciento, generaría un volumen de dólares para luchar contra la pobreza y sustentar el Estado de bienestar.

Nada rompedor.

Estoy haciendo propuestas socialdemócratas, para que se me entienda, propuestas dentro del sistema, pero como se ha retrocedido tanto en el baile de las ideas, cualquier propuesta de racionalidad democrática parece revolucionaria, y ATTAC no es una organización revolucionaria. Pretendemos que todo lo que decimos sea desde un punto de vista científico comprobable, con las limitaciones que esto tiene en economía.

Entrevista realizada por Andrés Montes

Lo que debería hacerse para salir de la crisis y que no se hace.

Suponga que usted estuviera a cargo de la política económica de un país que está en una profunda recesión, es decir, que la economía estuviese de capa caída, no creciese (o si lo hiciese, fuese muy, muy lentamente). ¿Qué es lo que usted debería hacer? Y la respuesta, basada en la experiencia de todas las recesiones anteriores (las habidas en el siglo XX) es fácil de conocer. Usted aumentaría lo más rápidamente posible el gasto público, invirtiéndolo para que produjese empleo y con ello hubiera más personas trabajando, recibiendo salarios, consumiendo productos y servicios y estimulando la economía. También, en caso de que tuviera un Banco Central a su disposición, imprimiría mucho dinero para que los empresarios y los ciudadanos del país pudiesen tener fácil acceso a tal dinero, por lo que debería abaratar su coste, y bajar los intereses de este dinero. Este dinero se traduciría en inversiones y consumo, que es lo que usted desea para estimular la economía. (Para una exposición detallada de las medidas que debieran tomarse ver mis artículos: El error de la austeridad. PÚBLICO, 12.05.10; Otras políticas públicas son posibles y necesarias. SISTEMA DIGITAL, 29.07.10; Alternativas a la austeridad fiscal en España. Center for economic and policy research de Washington, Julio 2010).

Estas son las medidas que se enseñan en los libros de texto de Políticas Públicas, primer curso. Pues bien, la Unión Europea (UE), el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional (FMI) están imponiendo a los países de la UE, políticas opuestas y contrarias a las que he indicado. En realidad están haciendo todo lo contrario. Como resultado de las presiones procedentes de tales instituciones, estos países están desarrollando políticas de austeridad en el gasto público. España e Italia están reduciendo su gasto público en 15.000 millones y 25.000 millones de euros respectivamente. Portugal está recortando su presupuesto de una manera drástica para reducir el déficit del Estado y alcanzar el famoso 3% del PIB en 2013, reduciéndolo 6 puntos del PIB en tres años (España lo está reduciendo incluso más, 7 puntos en 3 años). En Alemania, la canciller Merkel se ha comprometido a alcanzar el equilibrio presupuestario (es decir, déficit cero) en el año 2016, reduciendo el gasto público 10.000 millones por año, cada año hasta entonces. En Francia, el Presidente Sarkozy piensa reducir el gasto público siguiendo el ejemplo alemán para alcanzar un déficit cero, reduciendo el déficit del estado ocho puntos en el mismo periodo, y así país tras país en la UE. Y por si ello no fuera suficiente, el FMI ha recomendado al Banco Central Europeo (que es el único banco en al UE que puede imprimir dinero) que reduzca la producción de moneda y que aumente los intereses bancarios a finales de 2010. Y todo ello está ocurriendo en un periodo en que las economías de la Eurozona están en la mayor recesión que han tenido en los últimos cincuenta años (y la inflación es la más baja desde el año 1953).

Estas políticas son profundamente erróneas y suponen una nota de suicidio económico. Están dañando enormemente a las clases populares de aquellos países. Y se están justificando con una serie de argumentos que no tienen ninguna validez científica. Se está diciendo, por ejemplo, que todas estas políticas son necesarias para no dejar una enorme deuda a nuestros hijos y nietos, ignorando que el efecto de esta austeridad tendrá un efecto muy negativo sobre el nivel de vida de nuestros hijos y nietos, pues, consecuencia de tales políticas, el PIB que recibirán será mucho menor que el que hubieran recibido si no se hubiera ralentizado el crecimiento económico como resultado del descenso del estímulo económico, consecuencia del recorte del gasto público. Las políticas de austeridad están causando una reducción de la tasa de crecimiento económico, con lo cual, el tamaño de la tarta, es decir, del PIB, que hereden nuestros hijos y nietos será mucho menor.

Otro argumento que se utiliza en la ideología neoliberal que domina los establishments políticos y mediáticos de la UE (incluyendo España) es que hay que “recuperar la confianza de los mercados”, eslogan que se utiliza para subrayar la importancia y necesidad de anteponer los intereses y beneficios bancarios (“de los inversores” se dice) por encima de todo. La situación paradójica es que las propias agencias de valoración de los bonos del estado (muy próximas a los bancos) están indicando que el mayor problema que perciben en los países como España, es “la fragilidad de sus economías”, que es la manera amable de indicar que tales economías no crecen. Así, en el informe de la Agencia Moody donde se habla de revisar la calificación sobre la deuda soberana de España, para bajarla de categoría se lee que la causa de esta decisión es “la débil perspectiva de crecimiento de su frágil economía”. Los economistas neoliberales (que siempre cuentan con enormes cajas de resonancia en los medios de información y persuasión españoles) también utilizan, para justificar tal austeridad, el argumento de que los elevados déficits y la elevada deuda absorben dinero que debiera estar disponible para el mundo empresarial para que invirtiera. Tal argumento ignora que la falta de inversiones se debe precisamente a la escasa demanda creada, resultado de la reducción de los salarios y del gasto público, medidas que ellos están proponiendo. Y así un largo etcétera.

La pregunta que el lector se hará es ¿por qué si estas políticas son tan dañinas, se están llevando a cabo, incluso por gobiernos (como el español) que en periodos de pre-crisis han mostrado tener sensibilidad social y receptividad a los deseos de las clases populares? Y una parte de la respuesta es que la mayoría de gobiernos en la UE son de derechas. Y están aprovechando la crisis para conseguir lo que han deseado durante muchos años, es decir, reducir y/o eliminar el estado del bienestar y bajar los salarios. Y otra parte de la respuesta es el enorme poder del capital financiero -la banca-, que es el mayor beneficiario de estas políticas y tiene un enorme poder político y mediático. No son “los mercados financieros”, sino la banca la que está detrás de todas estas políticas de austeridad, y que son los que promueven el dogma –el dogma neoliberal- que se impone.

En España, la influencia de la banca en los equipos económicos de los gobiernos (sean conservadores o socialistas) ha sido enorme, siendo el Banco de España (cuyo gobernador ultraliberal fue nombrado por el gobierno socialista) el mayor portavoz de tal poder fáctico -la banca-. Véanse las similitudes entre las propuestas del BBVA y las del Banco de España. Sus recetas son: mayor facilidad de despido, menores salarios, menor protección social, menor gasto público social, mayor bajada de impuestos y no subida para las rentas superiores (manteniendo la regresividad fiscal que caracteriza el sistema impositivo español, responsable, en gran parte, de que seamos el país de la UE-15 con mayores desigualdades sociales). Es predecible que las derechas apoyen tales políticas. Y el PP y CIU estén ahí esperando poder llevarlas a cabo lo más pronto posible. Pero, ha sido un gran error de los partidos gobernantes de centro izquierda el seguir tales políticas, que han desmoralizado y desmovilizado a sus bases electorales. País tras país, en la UE, se ha visto un enorme crecimiento de la abstención de aquellas bases en los procesos electorales que han determinado el enorme descenso del apoyo electoral a aquellas opciones de centroizquierda, que me temo ocurrirá también en las próximas elecciones legislativas en España, a no ser que se reviertan tales políticas.

Una última nota. Terminé de escribir este artículo el viernes, muy de mañana. Horas más tarde la noticia del día apareció con grandes titulares. La economía alemana había crecido de una manera muy notable en el último trimestre, presentándose este crecimiento como resultado de las políticas de austeridad seguidas por el gobierno Merkel. Y como era de esperar, el economista ultraliberal más promocionado por la televisión pública catalana, con la típica hipérbola que le caracteriza (instrumentalizada por los nacionalistas neoliberales, definió al gobierno tripartito catalán como el gobierno más parecido al gobierno de Corea del Norte) apareció en el programa de la mañana para señalar tal crecimiento económico, como resultado de las políticas neoliberales de la coalición de derechas gobernantes en Alemania, contrastándolo con el “desastroso” camino seguido por el Presidente Obama que estaba arruinando EE.UU.

En realidad, el crecimiento económico alemán poco tiene que ver con las medidas de austeridad. La economía alemana está basada en las exportaciones favorecidas por el enorme declive del valor del euro, y por el estímulo de la economía estadounidense, asiática y de América Latina. En realidad, tales medidas de enorme austeridad acabaron imponiéndose y retrasaron enormemente tal crecimiento y la euforia que se ha creado (ver artículo próximo en PÚBLICO, sobre este tema).

Artículo publicado en El Plural.

Vicenç Navarro

  • Consejo Científico de ATTAC España.
  • Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra.
  • Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University.