El copago sanitario ya está en los impuestos.

Al sistema sanitario español le aprietan las costuras. Instaurado hace 25 años, y tras el revulsivo que supuso la descentralización que acabó en 2003, arrastra un déficit que ronda los 10.000 millones de euros. Gratuito y casi universal, supone el 6,2% del PIB español. Con esos números, el objetivo de ahorrar es una constante. Y, periódicamente, llegan las propuestas de implantar un copago o tique moderador: que los usuarios paguen una cantidad simbólica, por ir al médico o al hospital, o que participen en gastos como la comida que se les da cuando están ingresados.

La idea no es nueva. Ya en 1991 el informe abril lo sugirió, pero nadie se ha atrevido a aplicarlo. El lunes pasado, en una entrevista a EL PAÍS, el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, volvió a mencionar la idea: “En este momento, a 31 de enero de 2011 [el copago], no está en la agenda inmediata, por más que se utiliza en muchos países. No será en este momento, pero es algo que habrá que reconsiderar en el futuro”, dijo. La declaración encendió las alarmas en el Gobierno. Al día siguiente el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, le desmintió. El ahorro que representa el copago “es muy escaso” y “no merece la pena”, dijo.

También la ministra de Sanidad es tajante. “La postura del Gobierno sobre este asunto no es una postura dogmática, ni siquiera ideológica. Es una postura después de haber estudiado el modelo sanitario de otros países europeos y de ver si merece la pena o no introducir una medida que recaiga directamente en el bolsillo de los ciudadanos en función, no ya de su renta, sino de si necesitan más la sanidad o no. Y en eso no estoy de acuerdo por varias razones: primero, porque no ahorra lo suficiente para garantizar la sostenibilidad del sistema. En segundo lugar, porque puede producir un riesgo serio de inequidad, ya que un ciudadano que tenga que pagarse una radiografía y que tenga problemas económicos puede dejar de hacérsela”.

Debe de ser una de las pocas propuestas sanitarias que despierta unanimidad en los partidos mayoritarios. La exministra de Sanidad y secretaria de Política Social del PP, Ana Pastor, es tajante en su rechazo: “Rotundamente, no”, dice cuando se le pregunta. “Los ciudadanos ya pagan la sanidad con sus impuestos”, afirma. “Lo que se necesita son reformas estructurales, para las que ya están las dos hojas de ruta: la ley de ordenación de las profesiones sanitarias y la de cohesión y calidad [ambas se aprobaron siendo ella ministra]“, afirma.

IU va más allá. Su único diputado, Gaspar Llamazares, que es además presidente de la Comisión de Sanidad del Congreso y médico, cree que las declaraciones como las del secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, “no son gratuitas ni improvisadas”. “Por el contrario, el equipo económico del Gobierno, con la vicepresidenta segunda Salgado al timón [también exministra de Sanidad], realizan manifestaciones de estas características de forma intencionada y en momentos puntuales de la crisis económica”, añade. “Pretenden marcar así el rumbo a otros Ministerios, como el de Sanidad, sin importarles tampoco ignorar al Congreso de los Diputados, que ya ha rechazado en esta legislatura esta fórmula por unanimidad, tras una iniciativa registrada por Izquierda Unida. Y esa unanimidad, por supuesto, incluyó el voto de los diputados socialistas”.

El mismo día 2, el grupo parlamentario IU-ICV-ERC presentó una proposición en la que se afirma que el Congreso de los Diputados reitera su “rechazo de la introducción de fórmulas de copago (euro, tique, etcétera) por parte de los usuarios del Sistema Nacional de Salud, al entender que afectarían gravemente a principios básicos del derecho constitucional a la salud, como la accesibilidad, la universalidad y la gratuidad de la atención integral de salud sin aportar, a cambio, avances significativos en la organización de la demanda y mucho menos en la financiación del Sistema Nacional de Salud”.

Los mismos argumentos son los repetidos por organizaciones como el Foro Español de Pacientes o la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Salud Pública. Pero detrás de esta postura firme, se atisban fisuras. Prueba de que hay una corriente favorable, aunque no lo suficientemente fuerte como para imponerse, ha sido el debate en Cataluña. El melón del copago lo abrió en 2004, durante la primera legislatura del tripartito, la consejera de Salud, Marina Geli. Ya entonces se hablaba de que la época de vacas gordas había tocado fin y que la endeudada sanidad catalana (2.900 millones de euros) necesitaba de “sacrificios individuales”, que se vaticinaban añadidos a la implantación del céntimo sanitario por litro de gasolina. Semanas después, el Gobierno catalán rectificó y aseguró que “nunca impondría” el sistema de copago para financiar el sistema. Pero no había pasado ni un mes cuando Geli anunció que estudiaría el pago de un euro por visita para regular la demanda. Un grupo de sabios consultado por la Generalitat lo descartó. Tanto cambio de opinión responde, en parte, a la disparidad de opiniones en el seno del tripartito. La idea se retomó y se volvió a rechazar en 2008 entre presiones de oposición y pacientes. Con la llegada de Convergència i Unió al poder, el actual consejero, Boi Ruiz, sostiene que no es el momento. “Son medidas a tomar en su momento, pero no ahora”, dijo ante el Parlamento, y defendió que no se puede exigir un sobrecoste a colectivos como los parados o los jubilados.

Esta unanimidad contra el copago contrasta con lo que sucede en otros países. En 2004, con Jacques Chirac en la presidencia de la República, Francia impuso el copago sanitario en las consultas médicas. A partir de entonces, los franceses pagan un euro cada vez que acuden al médico, al especialista, se hacen un análisis o una radiografía. La medida tenía dos objetivos: concienciar a la población de que la medicina pública debía usarse con moderación y aliviar algo las exhaustas arcas de la Seguridad Social francesa. Hay pocas excepciones a esta medida. Solo se libran los afectados por una enfermedad de larga duración, los que sufren una baja laboral permanente, los titulares de una pensión por invalidez, los jubilados o las mujeres embarazadas a partir del sexto mes.

En su tiempo, las asociaciones de pacientes -muy poderosas en Francia-, los consumidores y los sindicatos médicos se opusieron con fuerza a este copago. Igual que ahora en España, por cierto. Con el tiempo, aquella medida pionera se ha revelado como la primera de una serie de pequeños recortes en la sanidad pública francesa. “Aquello fue el principio”, recuerda el periodista especializado en asuntos médicos Cyril Dupuis. Es cierto: ya con Nicolás Sarkozy como jefe del Estado, se han producido modificaciones: desde 2008 cada francés debe pagar también 50 céntimos de euro por cada medicamento, cada visita al fisioterapeuta, y para los médicos de enfermería. También tienen que pagar 50 céntimos para el transporte al hospital o al centro médico. Nunca, en cualquier caso, el usuario debe pagar más de 50 euros al año.

Francia no está sola. El copago rige para servicios proporcionados por la asistencia pública, como por ejemplo la consulta de un médico especializado (dermatólogo, ortopeda, etcétera). Y es eje central de la reforma que se aprobó en noviembre pasado. Hasta entonces, el paciente pagaba un 10% del servicio, que suele corresponder a un mínimo de cinco y un máximo de 10 euros. El pago del servicio vale para tres meses, en los que el paciente puede acudir a la misma consulta las veces que quiera sin pagar más. Esta suma, sin embargo, puede ahora ser aumentada por las mutuas, según sus necesidades. “El problema es que esos costes ulteriores los tendrá que soportar únicamente el empleado sin participación alguna del dueño de la empresa”, añade Karl Lauterbach, experto en sanidad del Partido Socialdemócrata, en la oposición, quien condena además la reforma por ser demasiado poco transparente.

El Gobierno defendió la reforma en particular porque permitía ahorrar y porque permitiría bajar los precios de los fármacos. “Esta ley hará el sistema sanitario mejor y más justo”, argumentó el ministro de Sanidad Philipp Rösler.

Quizá la postura que mejor defina lo que piensan los políticos sea la de otro exministro, Bernat Soria, que ha presentado un informe sobre el sistema sanitario patrocinado por el laboratorio Abbott. Soria, como sus excompañeros, recuerda que “el copago ya existe” en los medicamentos, que los trabajadores en activo pagan en parte (el 40% si están en el régimen general de la Seguridad Social). Por eso cree que si se implanta, “sería un repago, un pago adicional e individualizado”. “Parece más razonable plantear una gestión más eficiente y la corresponsabilidad de todos los agentes, por ejemplo, reforzando la figura del personal sanitario”.

Hasta aquí, todo en línea. Pero Soria matiza todo esto con un “de momento”. Lo mismo que dijo el secretario de Estado de Hacienda -”no será en este momento”- o el consejero catalán Boi Ruiz. O subyace en las opiniones de Ana Pastor o Leire Pajín, cuando dicen que “antes” hay muchas cosas por hacer. Lo que no está claro es qué pasará después. Seguro que se vuelve a hablar de copago.

Con información de Clara Blanchar (Barcelona), Antonio Jiménez Barca (París) y Laura Lucchini (Berlín).

Emilio de Benito – El País


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