Me llaman la “BienPagá”.

Leyre Pajín se queja, tal vez con razón, de que el montante de su salario mensual se haya aireado en algunos medios de comunicación.. Se habló de que la secretaria de organización del PSOE trincaba veinte mil euros mensuales, limpios de polvo y paja, pero la propia interesada ha aclarado que no, que son sólo cinco mil. “Una miseria” le ha faltado añadir.

A continuación ha aclarado que se embolsa otros 90.000 euros al año por haber sido Secretaria de Estado, pero eso no es un sueldo sino una indemnización que todos los altos cargos se embolsan durante dos años tras dejar el puesto.

Pajín es el ejemplo claro de por qué el sistema no da más de sí. Una señorita que no ha hecho otra cosa en su vida que medrar en un partido político, está con treinta y pocos años trincando doce mil euros mensuales del bolsillo de todos los españoles. Jamás ha trabajado, jamás ha tenido contacto con la economía real, no sabe lo que es una empresa, ni el esfuerzo que se necesita para sacarla adelante, no sabe cómo se crea un puesto de trabajo ni se ha presentado jamás a unas duras oposiciones. Su único mérito es ser socialista. 12.000 euros de trinque al mes, con dos ovarios.

Y si alguien la crítica es por machismo, como acaba de contar en su blog.. ¿Y aún hay quién se pregunta por qué nos vamos al carajo a toda velocidad?

Doña Leire Pajín, dentro de unos días pasará a ocupar su puesto como senadora, en virtud del acuerdo al que han llegado PSOE y PP.

A partir de dicho momento la Sra. Pajín , pasará a disfrutar lo que comúnmente se denomina economía -más que- sostenible y así a hacer los primeros ensayos de futura ley.

Pero vayamos por partes. Pajín, cada mes, cobrará:

  • Sueldo como senadora | 5.500 €/mes
  • Sueldo como secretaria de organización del PSOE | 6.500 €/mes
  • ¡¡¡ Indemnización !!!! como ex-secretaria de Estado de cooperación | * 7.000 €/mes
  • Dietas | 1.800 €/mes

TOTAL | 20.800 €/mes

TOTAL ANUAL | 291.000 €/año

* este cargo lo abandonó en julio, pero mantendrá esta indemnización durante 2 años (como cualquier trabajador, vamos).

Y esto en plena CRISIS en España con 5 Millones de PARADOS . Donde cientos de miles de trabajadores cobran el SALARIO MÍNIMO de 624 €/mes (8.736 €/año) Y donde más de 8 millones de personas están bajo el umbral de la POBREZA.

¿Esta es la política del servicio público y del bien común? ¿O la España del pelotazo y la corrupción legal ?

Ha dicho la Vicepresidenta del gobierno que es indecente que mientras la inflación es -1%,y tengamos más de 4.000.000 de parados, haya gente que no esté de acuerdo en alargar la jubilación a los 70 años.

Nos gustaría transmitirle a esta “Sra. Vicepresidenta” y a todos los políticos, lo que consideramos indecente: INDECENTE , es que el salario mínimo de un trabajador sea de 624 €/mes y el de un diputado de 3.996, pudiendo llegar, con dietas y otras prebendas, a 6.500 €/mes.

INDECENTE , es que un profesor, un maestro, un catedrático de universidad o un cirujano de la sanidad pública, ganen menos que el concejal de festejos de un ayuntamiento de tercera.

INDECENTE , es que los políticos se suban sus retribuciones en el porcentaje que les apetezca (siempre por unanimidad, por supuesto, y al inicio de la legislatura).

INDECENTE , es que un ciudadano tenga que cotizar 35 años para percibir una jubilación y a los diputados les baste sólo con siete , y que los miembros del gobierno, para cobrar la pensión máxima, sólo necesiten jurar el cargo .

INDECENTE , es que los diputados sean los únicos trabajadores (¿?) de este país que están exentos de tributar un tercio de su sueldo del IRPF.

INDECENTE , es colocar en la administración a miles de asesores = (léase amigotes con sueldos que ya desearían los técnicos más cualificados.) INDECENTE , es el ingente dinero destinado a sostener a los partidos, aprobados por los mismos políticos que viven de ellos.

INDECENTE , es que a un político no se le exija superar una mínima prueba de capacidad para ejercer su cargo. (ni cultural ni intelectual.)

INDECENTE , es el coste que representa para los ciudadanos sus comidas, coches oficiales, chóferes, viajes (siempre en gran clase) y tarjetas de crédito por doquier.

INDECENTE , no es que no se congelen el sueldo sus señorias, sino que no se lo bajen.

INDECENTE , es que sus señorías tengan seis meses de vacaciones al año.

INDECENTE , es que ministros, secretarios de estado y altos cargos de la política, cuando cesan, son los únicos ciudadanos de este país que pueden legalmente percibir dos salarios del ERARIO PÚBLICO.

Haz que esto llegue al Congreso a través de tus amigos.

ÉSTA SÍ DEBERÍA SER UNA DE ESAS CADENAS QUE NO SE DEBE ROMPER , PORQUE SÓLO NOSOTROS PODEMOS PONERLE REMEDIO A ESTO, Y ÉSTA, SI QUE TRAERÁ AÑOS DE MALA SUERTE SI NO PONEMOS REMEDIO.

Está en juego nuestro futuro y el de nuestros hijos.

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Más vergüenzas encubiertas.

Piden investigar el robo de 261 bebés desde el franquismo a los años 90

La Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares entrega documentación a la Fiscalía de afectados en todas las Comunidades.

La Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir) ha pedido este jueves a la Fiscalía General del Estado que abra una investigación para identificar a los responsables de una trama que actuó en toda España, sobre todo entre los años 50 a 90, dedicada al robo y posterior venta de niños.

“Necesitamos que se abra una investigación con un criterio unificado en todas las fiscalías”, ha asegurado el abogado de la asociación Enrique Vila Torres, quien ha entregado en la sede de la Fiscalía General documentación sobre 261 casos de afectados de todas las Comunidades Autónomas.

Junto al escrito en el que demandan la actuación del fiscal, la asociación ha entregado partidas de nacimiento falsificadas, pruebas de ADN de algunos afectados, declaraciones de padres que compraron a sus hijos y testimonios de enfermeras o enterradores que narran las irregularidades denunciadas.

“Entiendo que existía una red organizada que tenía capacidad económica, entre los captadores, los intermediarios de padres y las clínicas donde se facilitaban esos niños; evidentemente existía interconexión porque nunca los hijos robados acaban inscritos en las mismas ciudades en los que se robaban o nunca los padres eran de las misma ciudad donde se compraban”, ha indicado el letrado.

Entre otros delitos, considera que se podrían haber cometido, dependiendo de la época en que habrían ocurrido los hechos, suposición de parto y trafico de niños (coger el niño a una mujer para dárselo a otra para que lo inscriba como propio), falsedad en documento público (falsificaciones de los registros civiles) coacciones y engaño a las madres biológicas.

Según el abogado, habría “un primer periodo, los años 40, cuando se cogieron niños de mujeres republicanas que estaban encarceladas, y otro, en la década de los 50, que se convierte en una trama mafiosa con una finalidad económica, en la que participan personas de izquierdas y de derechas y que dura hasta bien entrados los años 90”.

Los afectados han reclamado al Gobierno la creación de un banco de ADN para poder cruzar los datos de los denunciantes, ya que la organización calcula que podrían haber 300.000 “niños robados” en España. No obstante, el presidente de Anadir, Antonio Barroso, ha explicado que se ha llegado a un acuerdo con una entidad privada para que puedan registrar su ADN los afectados que lo deseen “por un precio económico”.

Un centenar de afectados han acompañado al presidente y al abogado a la Fiscalía, portando pancartas y camisetas con lemas como “Si dudas de tu identidad, únete a nosotros, nos podemos ayudar”.

Entre ellas, Rocío García, quien ha explicado que siempre supo que era adoptada (el 14 de mayo de 1980, en la Clínica Santa Cristina de Madrid), y que comenzó a investigar sus orígenes cuando sus padres le comentaron que habían dado un donativo de 50.000 pesetas.

“Creí que era un caso único y para mi sorpresa he descubierto que somos muchos en toda España”, ha dicho Rocío, quien ha explicado que en Anadir hay “hijos irregulares, hijos apropiados, madres que buscan a sus hijos o hermanas que buscan a su gemela, por ejemplo”.

Fuente: Memoria Pública


No votes a quienes te engañan, te saquean e intentan restringir tu libertad.

DEFENSOR DEL INTERNAUTA

La Ley Sinde no es lo que parece, ahora es peor.

Y tenemos una vuelta más de Ley Sinde, esta vez ¿para introducir “más” garantías judiciales?… No, lo cierto es que ahora limita más derechos fundamentales, al derecho a la libertad de expresión, le podemos ya sumar la protección de datos personales. En consecuencia, si el resultado es que el Gobierno controlará contenidos en la red y que la piratería seguirá ahí… ¿Cuál es pues la verdadera razón de la Ley Sinde?

25-01-2011 – Asociación de Internautas.

1.- La Ley Sinde permite torear la valoración y la toma de decisiones judicial sobre qué contenidos son lícitos y cuáles no en Internet.

La decisión de la Comisión tendrá carácter vinculante y ejecutivo para las partes. La ejecución de la resolución arbitral (sección primera) de la Comisión de Propiedad Intelectual (órgano administrativo con funciones de arbitraje) se despachará en un “procedimiento ejecutivo judicial”, en un Juzgado, donde el juez ordenará que se cumpla lo dispuesto por la Comisión de Propiedad Intelectual sin opción a valorar o decidir si el contenido que se elimina es o no lícito, sin entrar a valorar el fondo de la cuestión, por la naturaleza propia del proceso judicial que se insta.

La Ley Sinde dice además que: La sección (segunda) podrá adoptar las medidas para que se interrumpa la prestación de un servicio de la sociedad de la información que vulnere derechos de propiedad intelectual o para retirar los contenidos que vulneren los citados derechos siempre que el prestador, directa o indirectamente, actúe con ánimo de lucro o haya causado o sea susceptible de causar un daño patrimonial.

Acordada la medida por la Comisión, solicitará del Juzgado competente la autorización para su ejecución, referida a la posible afectación a los derechos y libertades garantizados en el artículo 20 de la Constitución.

Por si a alguien le quedan dudas, además establece expresamente la ley Sinde:

La decisión (judicial) que se adopte únicamente podrá autorizar o denegar la ejecución de la medida, de nuevo, por motivos de forma, no de fondo, por ser esa la naturaleza de la “resolución de la sección segunda”.

2.- La Ley Sinde obliga a identificar a prestadores de servicios vulnerando los arts. 53.1 y 81.1CE. No es Ley Orgánica, no puede limitar derechos fundamentales.

Ahora además han incluido un juez que ejerce de “mensajero” en las labores de identificación de los titulares de las páginas web que sean “susceptibles de causar un daño patrimonial” en materia de derechos de autor (valoración esta que, insisto, no hace un juez, sino un órgano administrativo), a requerimiento según parece de la primera o segunda sección.

El juez exigirá a la operadora de servicios de telecomunicaciones que identifique al titular de la web, simplemente limitándose a pedir esos datos porque la Ley dice que debe pedirlos, y simplemente se los darán, porque la Ley dice que existe la obligación de entregárselos, sin más. Tienen 24 horas para ello.

Tenemos por tanto una ley ordinaria imponiendo un nuevo supuesto de restricción a la protección de datos de carácter personal, que permite la cesión de datos personales sin consentimiento del afectado, sin posibilidad de que un juez decida si la medida es proporcionada al fin que se pretende, y sin estar ante una de las excepciones que permite el derecho comunitario.

La Ley Sinde habla de: “Identificar al responsable del servicio de la sociedad de la información que está realizando la conducta presuntamente vulneradora, (…) podrán requerir a los prestadores de servicios de la sociedad de la información la cesión de los datos que permitan tal identificación a fin de que pueda comparecer en el procedimiento. Tal requerimiento exigirá la previa autorización judicial.

Según la Sentencia del TJUE (2008) del caso Promusicae Vs Telefónica, “los Estados miembros, a la hora de adaptar su ordenamiento jurídico interno a Directivas 2000/31, 2001/29, 2004/48 y 2002/58, procuren basarse en una interpretación de éstas que garantice un justo equilibrio entre los distintos derechos fundamentales protegidos por el ordenamiento jurídico comunitario, así como el principio de proporcionalidad (…)”.

También explica que el art. 15. 1, de la Directiva 2002/58 establece que “los Estados miembros pueden adoptar medidas legales para limitar el alcance, en particular, de la obligación de garantizar la confidencialidad de los datos de tráfico cuando tal limitación constituya una medida necesaria, proporcionada y apropiada, en una sociedad democrática, para proteger la seguridad nacional -es decir, la seguridad del Estado-, la defensa y la seguridad pública, o la prevención, investigación, descubrimiento y persecución de delitos o la utilización no autorizada del sistema de comunicaciones electrónicas a que se hace referencia en el artículo 13, apartado 1, de la Directiva 95/46”. Ese art. 15.1 de la Directiva 2002/58 ofrece así a los Estados miembros “la posibilidad de establecer excepciones a la obligación de principio de garantizar la confidencialidad de los datos personales que les incumbe en virtud del artículo 5 de la misma Directiva. Sin embargo, ninguna de estas excepciones parece referirse a situaciones que precisen la iniciación de un procedimiento civil. En efecto, tienen por objeto, por una parte, la seguridad nacional, la defensa y la seguridad pública, que constituyen actividades propias del Estado o de las autoridades estatales, ajenas a la esfera de actividades de los particulares (véase, en este sentido, la sentencia Lindqvist, antes citada, apartado 43) y, por otra parte, la persecución de infracciones penales”.

Por otra parte, la Sentencia 292/2000 del Tribunal Constitucional, señala sobre los límites a los derechos fundamentales, que han de ser previstos por una Ley Orgánica, porque de lo contrario, esa “Ley habrá infringido el derecho fundamental porque no ha cumplido con el mandato contenido en la reserva de ley (arts. 53.1 y 81.1 CE), al haber renunciado a regular la materia que se le ha reservado, remitiendo ese cometido a otro Poder Público, frustrando así una de las garantías capitales de los derechos fundamentales en el Estado democrático y social de Derecho (art. 1.1 CE). En concreto, el art. 81.1 CE dice que “son Leyes Orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas (…)”.

La STC 292/2000, dice también que justamente, “si la Ley es la única habilitada por la Constitución para fijar los límites a los derechos fundamentales y, en el caso presente, al derecho fundamental a la protección de datos, y esos límites no pueden ser distintos a los constitucionalmente previstos, que para el caso no son otros que los derivados de la coexistencia de este derecho fundamental con otros derechos y bienes jurídicos de rango constitucional, el apoderamiento legal que permita a un Poder Público recoger, almacenar, tratar, usar y, en su caso, ceder datos personales, sólo está justificado si responde a la protección de otros derechos fundamentales o bienes constitucionalmente protegidos”, todo ello, en función del principio de proporcionalidad y del rango de los derechos en conflicto.

3.- La Ley Sinde prevé modificar la legislación actual para recaudar el canon digital como exige el TJCE… ¿para qué? si ya dicen lo mismo.

“El Gobierno, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente Ley, mediante Real Decreto y con plena conformidad al marco normativo y jurisprudencial de la Unión Europea, procederá a modificar la regulación de la compensación equitativa por copia privada”.

La Ley de Propiedad Intelectual dice lo mismo que el TJCE, los únicos que han dicho lo contrario han sido las asociaciones gestoras de derechos de autor y el Gobierno. Han hecho una interpretación interesada, contraria al derecho comunitario, con el único fin de favorecer el enriquecimiento injusto de un lobby.

Lo que hace falta es que impidan a determinadas asociaciones privadas hacer lo que les viene en gana con las leyes, con los derechos de los ciudadanos y con los presupuestos públicos. Lo que hace falta es que se exijan responsabilidades sin esperar a que venga Europa a decirnos que se han hecho mal las cosas. Lo que vendría muy bien es que quien denuncie bajo el amparo de la Ley Sinde tenga la obligación de depositar una fianza por si el inicial “presuntamente” resulta ser un “inocentemente” lesionado en su derecho a la libertad de expresión.

4.- ¿A quién afectan las medidas de la Ley Sinde?

A cualquier responsable del servicio de la sociedad de la información que está realizando la conducta presuntamente vulneradora de los derechos de propiedad intelectual

Según la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la sociedad de la información, es “Responsable del servicio de la sociedad de la información, o prestador de servicios”, aquella persona física o jurídica que proporciona un servicio de la sociedad de la información.

Y son “Servicios de la sociedad de la información”: todo servicio prestado normalmente a título oneroso, a distancia, por vía electrónica y a petición individual del destinatario. El concepto de servicio de la sociedad de la información comprende también los servicios no remunerados por sus destinatarios, en la medida en que constituyan una actividad económica para el prestador de servicios.

Son servicios de la sociedad de la información, entre otros y siempre que representen una actividad económica, los siguientes:

– La contratación de bienes o servicios por vía electrónica.

– La organización y gestión de subastas por medios electrónicos o de mercados y centros comerciales virtuales.

– La gestión de compras en la red por grupos de personas.

– El envío de comunicaciones comerciales.

– El suministro de información por vía telemática.

¿A quién no afectan las medidas de la Ley Sinde?

No tendrán la consideración de servicios de la sociedad de la información los que no reúnan las características señaladas en el primer párrafo de este apartado y, en particular, los siguientes:

– Los servicios prestados por medio de telefonía vocal, fax o télex. 
- El intercambio de información por medio de correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente para fines ajenos a la actividad económica de quienes lo utilizan. 
- Los servicios de radiodifusión televisiva (incluidos los servicios de cuasivídeo a la carta), contemplados en el artículo 3.a) de la Ley 25/1994, de 12 de julio, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 89/552/CEE, del Consejo, de 3 de octubre, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva, o cualquier otra que la sustituya. 
- Los servicios de radiodifusión sonora, y

– El teletexto televisivo y otros servicios equivalentes como las guías electrónicas de programas ofrecidas a través de las plataformas televisivas.

Ofelia Tejerina – Defensor de Internautas

Asociación de Internautas

Para salir de la crisis hay que acabar antes con el crimen financiero.

Un informe del Foro económico Mundial advierte que el mundo no podrá aguantar otra crisis financiera. El Banco Mundial señala que la crisis de la deuda europea amenaza al crecimiento mundial. El Fondo Monetario Internacional es pesimista sobre sus previsiones y teme que vuelvan a darse episodios de recesión, y los economistas más críticos o premios nobel como Stiglitz o Krugman advierten que todo puede volver a ponerse peor en el año que acaba de comenzar.

Es lógico que predominen esas opiniones. Hasta el momento, a la economía no se le ha dado un verdadero tratamiento sintomático orientado a atacar las causas de los males que padece. A lo sumo, se le han suministrado algunos placebos o sucedáneos: muchas buenas palabras, algunas normas de regulación más estricta que no se han puesto en marcha y que, como ha ocurrido con la europea que dice estar orientada a poner en orden los mercados de CDS más peligrosos, lo único que hacen es facilitar que los bancos, las grandes fortunas y los especuladores vuelvan a ganar cada vez más dinero.

Esta última norma europea aparentemente dedicada a reglamentar la inversión en los llamados hedge funds y, por tanto, según dicen, destinada a limitar el riesgo sistémico que representan para la economía, muestra quizá mejor que ninguna otra el cinismo de quienes tienen el mundo en sus manos. Dicen que van a reforzar la capacidad de supervisión de las diferentes autoridades financieras nacionales europeas y que, para eso, será cada una de ellas la que se encargue de vigilar la entrada de esos fondos en sus respectivos territorios y de establecer si cumplen los estándares necesarios para que puedan operar en Europa (de darle, digámoslo a lo claro, como el “pasaporte” para poder operar en Europa).

¡Qué buenas palabras! Solo que detrás de ella se esconde un objetivo engañoso: de esa manera será más fácil que haya alguna autoridad que sea más generosa a la hora de aplicar los criterios de entrada o autorización de actividad y, como al mismo tiempo se ha establecido que si cualquiera de esas autoridades aprueba la presencia de un fondo éste tendrá ya “pasaporte” para operar en toda la Unión, resulta que de esta forma lo que se facilita es que los fondos de inversión más peligrosos y más generadores de turbulencias podrán operar con más facilidad en toda Europa, y no bajo un control más severo, como se dice.

Y ahora viene lo bueno: casi el 80% de los hedge funds está radicado en la City de Londres que es, además, la plaza más tolerante a la hora de permitirles actuar, de modo que lo que ocurrirá no será que disminuya el riesgo sistémico sino todo lo contrario.

Y eso, además, se verá agravado porque en la norma apenas se avanza hacia lo que es fundamental, es decir, el modo en que esos fondos trasladan el riesgo al sistema financiero: por medio del apalancamiento, es decir, de los préstamos que solicitan a las entidades financieras. Ni se limita la cantidad en que pueden apalancarse (que es mucha porque precisamente actúan con muy poco capital propio), ni se obliga a la autoridades a intervenir si hay problemas por esa causa.

También se ha dicho que esta norma europea sirve para luchar contra los paraísos fiscales porque con ella se prohibirá que puedan operar en Europa los fondos que estén situados en ellos, es decir, en países que no garanticen un intercambio activo de información fiscal. Pero también eso es mentira. La norma impide que ese fondo opere en Europa ¡pero no que cualquier entidad europea compre inversiones del fondo! Y, como en este caso, quienes invirtieran en esos hedge funds no tendrían entonces que informar a las autoridades europeas (aunque sean entidades europeas). Resulta entonces que la información sobre el riesgo que haya asumido no saldrá a la luz.

En fin, la norma es una buena prueba de que lo que, ya de por sí escaso, se está presentando como reformas del sistema son en realidad más de lo mismo y que, por tanto, la verdad es que hay una completa falta de voluntad a la hora de imponer medidas de auténtico control de los movimientos especulativos, de las operaciones de alto riesgo que son las que están constituyendo auténticos actos de extorsión a los gobiernos.

Y cuando están dejando que todo siga prácticamente igual hay que decir las cosas muy claras para que nadie se llame a engaño. Lo que ha provocado esta crisis y otras anteriores es la generalización de actividades especulativas y el mantenimiento de un sistema financiero cada vez más vinculado a la realización de actividades claramente criminales. El presidente del gobierno andaluz lo dijo en hace unos días muy claramente: se está produciendo terrorismo financiero (El País 05/05/2010).

Hace unos días, los fondos de inversión especulativos difundían la idea de que Portugal no podría pagar su deuda. Bancos españoles como el BBVA quedarían afectados por eso, puesto que son acreedores de Portugal y de bancos portugueses, y por tanto bajaron sus acciones en los mercados. Los especuladores aprovecharon para comprarlas más baratas. Días más tarde, Portugal tenía que subir el tipo de interés de sus bonos y los propios especuladores compraban los bonos con más rentabilidad. Las acciones del BBVA subían y así los especuladores las vendían con márgenes suculentos. Un gran convite para ellos a costa en este caso del pueblo portugués, pero en otros casos el irlandés, del griego, del mejicano, del argentino… Y eso es simplemente un robo consentido.

Los bancos han acumulado cientos de miles de millones de pérdidas por su conducta irresponsable y después de enriquecer sin límite a sus propietarios y directivos. Han recibido billones de euros para tapar sus agujeros patrimoniales y ayudas legales y financieras para ocultar sus quiebras, todo lo cual lo pagan los pueblos. Eso es un robo muy bien orquestado.

Los super ricos que ven aumentar constantemente sus ingresos y riquezas apenas pagan impuestos y solo los trabajadores y los pequeños y medianos empresarios han de proporcionar los ingresos de los estados. Eso es un robo perfectamente premeditado.

Los bancos y los super ricos operan en paraísos fiscales escondiendo sus beneficios y ocultando sus operaciones sucias de todo tipo. Eso es un robo institucionalizado.

Los ricos obligan a que los recortes de gastos que llevan a cabo los gobiernos se centren en derechos sociales y no en los que les benefician a ellos, como las ayudas a la gran empresa, los militares o las subvenciones para competir con facilidad en los mercados. Eso es un robo a mano armada.

Los bancos cobran comisiones altísimas, obligan a suscribir cláusulas leoninas y a los clientes no les queda más remedio que aceptar lo que le imponen sin que los bancos centrales hagan nada para evitarlo. Eso es un robo en cuadrilla.

Los especuladores manipulan los mercados y alteran el precio de la deuda para exigir después a los gobiernos que apliquen nuevas políticas neoliberales. Eso es un robo con alevosía.

Las grandes empresas, de telefonía, de gas, de electricidad, petroleras… juegan con las empresas como mejor les conviene y cobran precios por encima de los de competencia. Eso es un robo a manos llenas.

Los ricos afirman que no hay dinero para financiar las pensiones públicas pero no dicen nada del dinero que se gasta el gobierno en apoyar a los planes de pensiones privados para que así se nutran los fondos financieros especulativos. Eso es un robo cargado de mentira y de cinismo.

Los especuladores manipulan los precios de las materias primas alimentarias y su precio sube por las nubes provocando hambrunas y millones de muertes. Eso es, como dice Jean Ziegler, un crimen organizado contra la Humanidad.

Estos son simplemente una brevísima e incompleta relación de los crímenes financieros consentidos en nuestra época. Son los que producen que haya crisis financieras, económicas, alimentarias, ambientales… y los que hacen que el mundo sea un verdadero infierno para miles de millones de personas.

Son crímenes que se pueden evitar con decisión y voluntad política. O mejor dicho: son lo primero que habría que evitar, lo que hay que evitar urgentemente, si es que de verdad quisiéramos acabar con la crisis.

Y se puede evitar si la ciudadanía se empeña y se enfrenta de una vez a semejante vergüenza.

Juan Torres López / Alberto Garzón Espinosa – Consejo Científico de ATTAC

Publicado en Altereconomia.org
Ganas de Escribir
Pijus Economicus

El honor de los banqueros.

El Supremo ha condenado al consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, a ochos meses de prisión y a una inhabilitación especial por un asuntillo de 1994, cuando él presidía Banesto y quiso cobrar a toda costa con la ayuda del juez Estevill –ayuda que en su caso nunca era impagable- un préstamo fallido de manera arbitraria. Diecisiete años después de aquellos hechos que llevaron al trullo a tres personas inocentes, el Tribunal ha encontrado culpable a Sáenz de intento de estafa procesal y acusación falsa. La Justicia es lenta y con los banqueros pillados en renuncio se eterniza, como si quisiera equiparar sus vencimientos al de un crédito hipotecario.

El drama para Sáenz no es la pena de prisión sino la de inhabilitación, que debería obligarle a dejar el consejo del banco donde cobra el salario mínimo interprofesional: 10 millones de euros al año. En una especie de sarcasmo, la ley establece que los consejeros de un banco han de ser personas de reconocida honorabilidad comercial y profesional, un requisito grotesco tras una crisis financiera en la que todos los banqueros conservan su honor intacto aunque hayan perdido la vergüenza. En el caso de Sáenz la cosa se complica, ya que tener antecedentes penales con las correspondientes fotografías de frente y de perfil es algo más que un contratiempo. Así que don Alfredo, a sus 67 años, acudirá en amparo al Constitucional, que tampoco tendrá prisas en ver su recurso, para poder jubilarse con todos los pronunciamientos favorables.

Lo de jubilación de Sáenz tiene su miga, siendo pública la pensión que el Santander le tiene reconocida y que asciende, a falta de aplicarle el IPC, a cerca de 90 millones de euros. ¿Deberían los accionistas del banco aceptar sin rechistar que uno de sus ejecutivos, condenado en sentencia firme por un delito doloso, se lleve a casa la suma que un español medio tardaría 3.000 años en obtener trabajando honradamente ocho horas diarias?

Opinan los entendidos que el relevo de Sáenz será inevitable antes incluso de que se pronuncie el Constitucional porque el Santander no puede permitirse semejante daño reputacional en momentos tan turbulentos. De la reputación que Pedro Olabarría y los hermanos José Ignacio y Luis Romero perdieron al ser encarcelados a instancias de Sáenz ni se habla.

Juan Carlos Escudier / Público

Ilustraciones Carlos Azagra. ¡Gracias compañero!

¡Firmeza en defensa de las pensiones públicas!

Comunicado de ATTAC España

El Gobierno, el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea (UE), los grandes medios de comunicación: todos coinciden en que el colapso del sistema público de pensiones es inevitable si no se acometen profundas reformas ya, en particular el aumento de la edad de jubilación. En los años ‘50 -cuando España gastaba el 3% de su Producto Interior Bruto (PIB) para las pensiones- economistas liberales preveían el colapso en 50 años. De hecho, en 2005 se registró un superávit del 1,1%, contrariamente a todas estas previsiones. Incluso en un año muy negativo para la economía, el 2008, el sistema de seguridad social registró un superávit del 1,31% del PIB.

Todas estas previsiones científicamente falsas esconden un único objetivo: permitir a los bancos y al sistema financiero  apoderarse del jugoso negocio de las jubilaciones públicas. Después que las arcas públicas hayan sido vaciadas para salvar a los bancos de la quiebra, a que ellos mismos iban destinados a casa de sus maniobras especulativas, ahora los “mercados” y sus representantes pretenden que sean tod@s l@s ciudadan@s los que paguen las cuentas con los “planes de austeridad”. Estos planes conllevan reducción de sueldos y de gasto social, y privatización de servicios públicos, limitando su universalidad y determinando su acceso según el poder de compra. Al mismo tiempo los beneficios empresariales del sector financiero siguen en bonanza, como si nada hubiera pasado.

La gestión privada de los servicios públicos acarrea mayores costes administrativos, menor atención a las necesidades de los ciudadanos y privilegia las necesidades de los “clientes” más ricos. Además, no se puede dejar el futuro de los jubilados a la merced de las incertidumbres de los mercados. Entre marzo 2008 y marzo del 2009 la rentabilidad de los fondos de pensiones privados ha sido del -6,37% (¡negativa!). Rentabilidades negativas no ocurren solo durante momentos de gran crisis económica como el que estamos viviendo. Entre 1970 y 2007 -en plena “bonanza neoliberal”- se han registrado 117 crisis bancarias en 93 países, y 113 episodios de “estrés” financieros en 17 países.

La sociedad española quiere un sistema de pensiones públicos, solidarios y redistributivo. Una encuesta de la Fundación BBVA en 2009 desveló que el 57,8% de la población prefiere pagar impuestos más altos para mantener un amplio sistema de protección social; el 75,1% piensa que el Estado tiene la responsabilidad principal de asegurar un nivel de vida digno a los ciudadan@s; el 97,4% piensa que el Estado tiene “mucha” o “bastante responsabilidad” a la hora de asegurar una pensión suficiente. Quienes quieren privatizar las pensiones son una pequeña minoría de la población, que tiene un interés personal en el asunto pero -lamentablemente- también una influencia desproporcionada en los círculos políticos y en los medios de comunicación. En contra de este circo mediático las ciudadanía ya se ha expresado con la huelga general del 29 de septiembre. Los militantes de ATTAC son parte de esta ciudadanía comprometida y exigen a los sindicatos firmeza en las negociaciones con el gobierno en defensa de las jubilaciones de todos, para el inmediato retiro de la reforma laboral y de los planes de austeridad.

ATTAC propone fortalecer el sistema público de pensiones actuando sobre los elementos económicos que garantizan su viabilidad para las generaciones futuras. Se necesita más inversión pública para disminuir el desempleo y el empleo precario, aumentar los salarios, promover una distribución más equitativa de la renta, aumentar la productividad del trabajo y su calidad a través de más inversiones en I+D, combatir la economía sumergida y el fraude fiscal, abolir los paraísos fiscales y favorecer las políticas de inserción de la mujer en el mercado de trabajo.

Todo esto el “mercado” no va a conseguirlo. Además los jubilados deben cobrar una pensión digna y adecuada al nivel de la riqueza de nuestro país ¡ya! El gasto social en España es el 62% del promedio de la UE-15. España destina el 19,7% del PIB (datos de 2005) a gastos de protección social, contra el 28,3% de UE-15 (datos elaborados por el economista Vicenç Navarro). Si nos limitamos a los gastos para pensiones de vejez, invalidez o supervivencia, España está en el penúltimo lugar en la UE-15 (datos del 2003) con el 9,8% (14,7% en Alemania). La única reforma que ATTAC revindica es al aumento inmediato de las prestaciones sociales al nivel de los países de nuestro entorno económico.