CCOO y UGT aceptan el diálogo social sobre la reforma laboral, los recortes en pensiones y la negociación colectiva.

En lugar de dar continuidad a la huelga general hasta echar abajo los planes, aceptan una nueva fase de una farsa que sólo traerá nuevos recortes (pensiones, negociación colectiva…).

Poco margen para el éxito, ninguno para el fracaso La distancia entre Gobierno y sindicatos dificulta el pacto, pero otra ruptura debilitaría el diálogo social.

La crisis interna de la patronal complica aún más los posibles acuerdos.

“Si vuelve a fracasar, la gente va a decir: ¿Ustedes por qué están ahí?”, analiza Fernando Moreno, antiguo alto cargo de CEOE y abogado de Cuatrecasas. Algo parecido piensa Rodríguez: “El diálogo social tiene que dar frutos, si no, se debilita”. “Ahora, no es momento de pensar en el fracaso”, matiza, aunque añade inmediatamente que si se da el caso, el Ejecutivo gobernará, “no podemos abdicar de eso”.

“Es necesario y urgente abrir el diálogo social”, explica el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, “pero lo necesario es que el Gobierno defina los contenidos”. Probablemente las materias están definidas, lo que sucede es que tanto para UGT como CC OO, no se ha dado el paso previo que reclaman: la rectificación en la reforma laboral. Y sin eso, el margen es muy estrecho.

Los frentes abiertos son el desarrollo de la reforma laboral -que tiene 15 mandatos a desarrollo-, negociación colectiva y cambios en el sistema de pensiones. Tres puntos, solo tres, pero con una envergadura que llevan al catedrático de Derecho Laboral Jesús Cruz Villalón a aconsejar paciencia: “Sería arriesgado y con una seria posibilidad de fracaso abordar los tres temas a la vez”. Pero no hay opción.

La reforma laboral impone plazos a su desarrollo. Por ejemplo, antes de que acabe el año el Gobierno tiene que tener listo el reglamento sobre los expedientes de empleo (entre ellos el de reducción de jornada, el modelo alemán). Será la oportunidad para hablar sobre las causas y el despido -la polémica previsión de pérdidas- a la que se ha referido Gómez en alguna ocasión. En el PSOE, tienen grandes esperanzas en ello. Pero Cruz Villalón replica: “Ahí no veo posibilidad de entrar en las causas, que es la clave. Los reglamentos no pueden modificar la ley”.

Conscientes de esto último, tanto Ramón Górriz, de CC OO, como Ferrer anuncian que ellos acudirán a cuantas convocatorias reciban. “Pero defenderemos nuestro planteamiento”, matiza Ferrer. “Vamos a ir a todos los sitios, pero los reglamentos dan escaso margen, si no se modifican los elementos centrales”, apostilla Górriz.

Más espacio ofrecen las políticas activas de empleo y Trabajo ya tiene plazo: febrero. “Por ahí podríamos empezar con sindicatos y empresarios. También con autonomías”, explica Rodríguez.

“Hay una gran posibilidad en la regulación de los servicios públicos”, comparte el ex director general de Empleo José Ignacio Pérez Infante, “no solo se autoriza a las agencia privadas de colocación [la reforma que el reglamento esté listo antes de fin de año]. Hay materias que no se han tocado como la formación profesional a parados y ocupados. Y hay que mejorar la coordinación con las autonomías. Ahí sí que hay posibilidad de que intervengan y participen los interlocutores sociales”.

Otras asignatura pendiente que deja abierta la reforma, no cuenta, por ahora, con el Gobierno: la reforma de los convenios. Antes de marzo, sindicatos y patronal tienen que pactarla, de lo contrario Gómez actuará. “Tiene que haber un texto legal”, explica Moreno, “es posible un acuerdo exhaustivo, pero es difícil”. Mucho más pesimista es Cruz Villalón, “apenas han comenzado los primeros sondeos, pero una de las partes no tiene interlocutor [en referencia a las elecciones de CEOE]”. Los mismo opina uno de los negociadores. “La patronal está instalada en la crisis”, defiende Górriz, de CC OO.

Si hay algo que centrará la atención en los próximos meses será la reforma de las pensiones. El Gobierno quiere tener listo su proyecto antes de fin de año. Las conversaciones se encuentran ahora en el Pacto de Toledo, donde los grupos políticos todavía no han abordado el punto más conflictivo: el retraso de la edad de jubilación a los 67 años. El nuevo gabinete se ha mostrado partidario de negociar sin aclarar si está dispuesto a renunciar a un punto tan polémico como este. Si no lo hace -y ahí tiene difícil encontrar apoyo en el arco parlamentario- de nuevo se encontrará frente a los sindicatos. Y el diálogo social sumará un nuevo fracaso.

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