Vuelta de tuerca a la gran banca.

Los centinelas del sistema financiero, los mismos que no advirtieron que el mayor descalabro económico en décadas crecía ante sus ojos, enviaron esta semana al G-20 el documento que sintetiza su propósito de enmienda. Como ya anunció hace algo más de un mes el Comité de Basilea, el organismo que los reúne, los supervisores exigirán a las entidades financieras que acumulen mucho más capital de calidad (acciones y reservas) para limitar así las inversiones arriesgadas y tener con qué afrontar las pérdidas en futuras crisis. Pero en el cuadro que resume las nuevas exigencias a la banca falta algo: los requisitos adicionales que se impondrán a las entidades más influyentes en el sistema, aquellas capaces de arrastrar en su caída a las finanzas mundiales.

Es una ausencia llamativa, más aún cuando la crisis financiera se precipitó en septiembre de 2008 tras la quiebra de Lehman Brothers, una entidad que, por su tamaño y por su penetración en los mercados financieros, se ganó a pulso el adjetivo de “sistémica”. La inmensa mayoría de los analistas coincidieron en señalar como un error mayúsculo aquella decisión del Gobierno de EE UU, que dejó caer al banco de inversión. Y, desde entonces, las autoridades nacionales intervinieron con presteza, y con miles de millones de dinero público, ante cualquier situación similar. Y, en paralelo, creció el consenso de que había que forzar a las “entidades sistémicas” a ser más prudentes que el resto.

La dificultad de llevar a cabo este propósito, que los gigantes del sector miran con lupa, ha llevado al Comité de Basilea a desgajar este delicado debate del documento con las nuevas reglas de solvencia. Mientras los ministros de Economía de países avanzados y emergentes ya han podido analizar este fin de semana en Corea del Sur las propuestas generales para elevar los requisitos de capital y liquidez, bautizadas como Acuerdo de Basilea III, el comité de supervisores se ha dado todavía un puñado de semanas más para fijar los criterios “cuantitativos y cualitativos” que permitirán esclarecer cuáles son “entidades sistémicas” y cuáles no. Y hasta mediados de 2011 para definir qué requisitos adicionales deberán cumplir.

La primera parada del debate se antoja ya problemática. Los grandes bancos, que tienen todas las papeletas para ser incluidos en la lista de “entidades sistémicas” (en España, Banco Santander y BBVA están en todas las quinielas), ya han desplegado una batería de argumentos para desarmar la idea de que a mayor tamaño, mayor riesgo. Como botón de muestra, la tribuna que el vicepresidente del Santander, Alfredo Sáenz, publicó en el diario económico Financial Times, 24 horas después del anuncio del Comité de Basilea.

“El foco se ha puesto en un recargo en forma de mayores requisitos de capital a las entidades que se definan como sistémicamente significativas. Pero es un punto de vista demasiado limitado”, afirma en la tribuna el ejecutivo del banco español. Sáenz pone el acento en dos ejemplos (el británico Nothern Rock o la crisis generada por pequeñas entidades estadounidenses a finales de los ochenta) para destacar que la dimensión no siempre es un factor decisivo. Y plantea que, en vez de un recargo de capital a las grandes entidades por su influencia sistémica, se establezca un recargo para todas las entidades, y que sean los supervisores los que gradúen su cuantía según sea la gestión de riesgos (nivel de endeudamiento, política de bonus a los directivos, solvencia, diversidad del negocio, etcétera).

Vicente Cuñat, profesor en la London School of Economics, aprecia buena parte de la argumentación del consejero delegado del Santander, y, por extensión, de la gran banca. “El tamaño, la estructural legal de una entidad o el tipo de negocio no bastan para definir qué es una entidad sistémica, es algo que cambia en el tiempo”. Para ilustrarlo, Cuñat se fija en la experiencia española, que Sáenz optó por no citar en su tribuna. “En España, por el momento en que ocurrió, con la crisis financiera ya muy desarrollada y la preocupación de los mercados, Caja Castilla-La Mancha fue tratada como una entidad sistémica y se intervino, pese a ser una caja pequeña”, recuerda.

Para el profesor de la London School of Economics, “dar una vuelta de tuerca adicional a los grandes bancos” por su influencia en el sistema financiero, además de obviar otros posibles focos de riesgo, podría tener “un efecto negativo sobre la concesión de créditos”. Es este un argumento que emplea a menudo el sector y que el Comité de Basilea rebate, pero que, tras la acumulación de nuevos requisitos generales a la banca, plasmados en el Acuerdo de Basilea III y en las distintas normativas nacionales, vuelve a ganar fuerza.

El Acuerdo de Basilea III, que debe ser refrendado por los líderes del G-20, triplica la ratio de capital de mayor calidad (del 2% al 7% de los activos ponderados por el riesgo de cada operación) que se exigirá a las entidades financieras. Y obligará a los bancos a conservar suficiente liquidez tanto para afrontar un colapso súbito de los mercados, como para cubrir los desfases que puedan surgir por financiarse a corto plazo de forma recurrente para sostener inversiones a largo plazo. Pero también dio un generoso periodo de tiempo al sector para acomodarse a la nueva situación: los nuevos mínimos de capital se aplicarán de forma gradual desde 2013 y no se exigirán de forma completa hasta 2019.

Está por ver si el Comité de Basilea es capaz de salir con buen pie del propósito de definir qué es una entidad sistémica. Fuentes del sector recalcan que podría incluso tener un efecto contraproducente: dar el apellido de sistémica a una entidad es sinónimo, en el mercado, de dar una garantía de que esa entidad será rescatada por las autoridades nacionales en caso de zozobra. Es decir, que su incentivo a tomar decisiones más prudentes sería entonces mucho menor, ya que esa garantía implícita (una triple A en toda regla) les facilitaría tomar dinero en el mercado.

Sobre la vuelta de tuerca adicional que el Comité de Basilea dará a mediados de 2011 hay pocas pistas aún. Los supervisores se inclinan por aplicar a las entidades que finalmente entren en el saco de “sistémicas”, recargos sobre los nuevos y más estrictos requisitos de capital -medios financieros especulan con un 2% adicional-. Además, el Comité de Basilea medita obligar a transformar la deuda emitida por los gigantes del sector en acciones, en caso de crisis, ya sea mediante cláusulas en los contratos (capital contingente) o mediante intervención de los supervisores (deuda bail-in). El objetivo es que las grandes entidades tengan más capacidad de absorber pérdidas y que no sean necesarias (o no tan masivas) las inyecciones de capital público para evitar un colapso del sistema.

Alejandro Bolaños – El País


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