Las peripecias de la Deuda Pública española.

2010 está resultando un ejercicio complicado para el gobierno de España y también para las restantes administraciones públicas. Desde el gobierno se trató de hacer frente en 2008-2009 a las consecuencias de la crisis practicando políticas anticiclicas de inspiración keynesianas. Dichas políticas se apoyaron en los denominados “estabilizadores automáticos” y en un mayor empuje del gasto público. Los planes de estimulo de la construcción no residencial, desarrollados a través de los ayuntamientos, financiados por el gobierno de España, pretendieron corregir en parte el hundimiento del sector de la construcción, verdadero responsable del intenso descenso del empleo en la economía española.

Pero en 2010 ha crecido la “burbuja” de la deuda pública a nivel mundial. En este ejercicio se han colocado volúmenes masivos de emisiones de deuda pública, derivados de la financiación de las actuaciones anticíclicas anteriores y del saneamiento de entidades financieras afectadas por la crisis. Tras dos ejercicios de aparición de un déficit publico elevado, la deuda pública española (administración central, autonomías y ayuntamientos) se situaba a fines de 2009 en un nivel (53,2% del PIB) inferior al de la media de la Eurozona (79%)

Los problemas crecieron al conocerse el alcance del déficit público de España, el -11,2% del PIB en 2009, lo que creó alarmas de nuevos aumentos importantes de la deuda pública. A lo anterior se añadió el fuerte endeudamiento alcanzado por hogares y empresas en España. El auge inmobiliario de 1997-2007 se financió complementando los depósitos bancarios con apelaciones a los mercados mayoristas de dinero. Los intensos déficits externos de la fase de auge (que alcanzaron el -10% del PIB en 2007) se financiaron acudiéndo masivamente al ahorro exterior. Las exigencias de nuevas emisiones en 2010 derivadas de dicho endeudamiento se plantearon en un momento de fuerte presión de demanda sobre los mercados de capitales.

El endeudamiento exterior privado pesó, pues, sobre la situación de la deuda pública española. La grave crisis griega de la primera mitad de 2010 afectó a los países con mayores déficits públicos y puso en dificultades a la Eurozona. El escenario de retorno a un déficit público del 3% del PIB en 2013 previsto por el gobierno español pareció insuficiente a los organismos económicos internacionales. El Ecofin de la primera semana de mayo de 2010 forzó a adoptar medidas reductoras del déficit de impacto más inmediato que las previstas inicialmente. En este contexto, el diferencial de la deuda española a diez años con la deuda alemana creció desde el 0,84% en abril de 2010 hasta aproximarse al 2% en mayo. El coste de las emisiones de deuda española a 10 años aumentó así en un 17% entre abril y junio de 2010 (Ver gráfico).

En 2009 no solo habían registrado fuertes descensos las recaudaciones de los principales tributos en España, sino que se anticiparon recursos desde el gobierno a autonomías y ayuntamientos sobre la base de unos ingresos fiscales que no tuvieron lugar. La administración general del estado absorbió en principio los déficits de las restantes administraciones públicas.

En los meses de mayo y junio de 2010, en lo peor de la crisis de Grecia, no solo hubo problemas de colocación de deuda pública en los mercados de capitales, sino que también tuvieron dificultades las emisiones procedentes del sector empresarial de la economía española. Los mercados no se tranquilizaron para España hasta que se publicaron los resultados de las pruebas de “stress” realizadas a bancos y cajas de ahorros a fines de julio. Dichas pruebas evidenciaron una situación de solvencia suficiente de dichas entidades ante eventuales coyunturas problemáticas. El diferencial citado bajó hasta una media de 1,66 puntos porcentuales en agosto de 2010.

El aumento del déficit público irlandés complicó de nuevo en septiembre y octubre de 2010 la situación de los mercados. La deuda española mantuvo el tipo en principio, pero el anuncio a 30 de septiembre de que la Agencia Moody había rebajado la calificación de dicha deuda, desde el nivel Aaa al de Aa1, elevó el diferencial mencionado hasta un 1,80% y endureció la captación de recursos para España en los mercados de capitales.

Tres fueron las razones de Moody para la rebaja: las débiles expectativas de crecimiento de la economía española para los próximos años, el deterioro de la fortaleza financiera del gobierno de España, afectado por el empeoramiento de la situación de la deuda de las autonomías, y las posibles dificultades para atender las obligaciones derivadas de los mayores niveles de deuda que se avecinan. Moody ha estimado en 160.000 millones de euros las emisiones brutas de deuda española en 2011.

El ex presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, dijo en una ocasión que de mayor le gustaría ser mercado de bonos, por su enorme poder. La reacción del gobierno español implica un cambio radical de política económica. Ello ha supuesto, entre otros aspectos, un abrupto recorte del gasto publico, corriente y de inversión, unas elevaciones moderadas de los impuestos indirectos, la reducción o estabilización de algunas prestaciones sociales (véase pensiones) y unas reformas “duras” en el mercado de trabajo y en el sistema financiero. Ello implica un giro de 180 grados en el perfil de la politica económica seguida por el gobierno socialista hasta el primer trimestre de 2010.

No es esta la primera vez que un gobierno socialdemócrata debe de efectuar un fuerte ajuste ante una situación complicada frente al resto del mundo. La cuestión descansa en la necesidad de mantener el rigor de la política económica, a la vez que se intenta lograr que los costes del ajuste se repartan de forma equilibrada entre los diferentes estratos sociales, mientras se impulsa la salida de la crisis y el avance hacia un modelo productivo mas diversificado. Se trata de una tarea difícil, pero no imposible.

Julio Rodríguez López – Consejo Científico de ATTAC España.

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