Si tiene basura nuclear España la espera.

En medio de una macrocrisis económica, el gobierno de España decidió que se construya el primer Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos de España. Es decir, el primer cementerio nuclear. Para el gobierno se trata de una solución barata y segura. Para políticos y activistas representa un enorme riesgo.

Para abril, el gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero decidirá dónde se construye. La idea de construir este cementerio en territorio español se tomó en el Parlamento, con el apoyo de todos los grupos representados allí, y supondrá una inversión de 900 millones de dólares y la creación de 300 puestos de trabajo en el lugar donde se edifique. Pero mientras para algunos intendentes el proyecto es una salvación ante la falta de alternativas económicas y las altas tasas de desempleo que les afectan, muchos gobiernos autonómicos ven el ATC como un vecino indeseable y se han rebelado y negado a ubicarlo en sus comunidades autónomas, lo que ha provocado enfrentamientos entre políticos del mismo signo, vecinos y organizaciones ecologistas.

El problema está en que en España sólo hay un cementerio nuclear. Es la de Cofrentes, en Valencia (sur). Allí se entierran, bajo toneladas de hormigón, residuos de baja y media intensidad. Los de alta intensidad, es decir, uranio y plutonio, se guardan en las piscinas de las seis centrales nucleares que existen, pero no son suficientes para albergar las más de mil 500 toneladas que cada año se producen en el país. Así que el resto se van a Francia. Un almacenamiento por el que España paga miles de euros al día en concepto de alquiler.

Dado que la energía más barata es la eléctrica y que 19% de la energía eléctrica que se consume en el país es producida por centrales nucleares, existe unanimidad en cuanto a la necesidad de construir el cementerio, aunque muy pocos quieren tenerlo cerca. Al principio, más de 100 pueblos manifestaron su interés cuando escucharon la oferta. Pero ahora sólo quedan tres candidatos cuyas poblaciones se oponen a la construcción y el asunto ha enfrentado a los gobiernos locales con los autonómicos: Ascó, en Cataluña (noreste de España), y Yebra y Villar de Cañas en Castilla La Mancha (centro).

En Ascó ya hay dos centrales nucleares desde hace más de 25 años. Su intendente quiere el ATC porque considera que la industria nuclear es el desarrollo del pueblo y denuncia la falta de algún modelo económico alternativo. Esta postura lo ha enfrentado con su partido, que podría expulsarlo por desobediencia.

El presidente del gobierno catalán, el socialista José Montilla, no quiere el ATC. Aunque no está en contra de la energía nuclear, dice que Cataluña ya produce 40% de la energía nuclear de toda España y cree que debería estar en otra comunidad. Su posición ha sido interpretada como una rebelión contra Zapatero.

Por su parte las organizaciones ambientalistas también se oponen a la construcción del ATC. Dicen que las centrales nucleares son peligrosas y que se han producido muchos accidentes. Denuncian también que los residuos depositados en tal cementerio permanecerán allí por siglos.

En cuanto a la creación de empleos, señalan que la mano de obra que se requiere para una obra así es muy especializada, lo que significa que no será empleado un número significativo de personas del municipio en el que se construya.

El gobierno de Zapatero insiste en que el ATC es la solución más “barata y responsable”. El ministro de Industria, Miguel Sebastián, recuerda que en la actualidad hay cementerios nucleares en países como Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Hungría y Holanda, este último casi idéntico al que se crearía en España.

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